SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº. 98/2012

EXPEDIENTE: Cochabamba 47/2012 Sucre, 3 de mayo de 2012

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Ministerio Público y Segundina Loza Rocha contra Reynaldo Loza Cayo y Constancio Quiroga Rocha

DELITO: asesinato


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Reynaldo Loza Cayo (fs. 300 a 303) y Constancio Quiroga Rocha (fs. 310 a 311), impugnando el Auto de Vista emitido el 20 de junio de 2011 por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (fs. 269 a 276), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Segundina Loza Rocha contra los recurrentes por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que dicho recurso tuvo origen en los siguientes antecedentes: 1.- Sustanciado el caso por el Tribunal de Sentencia Nro. 2 de Cochabamba, dictó Sentencia Nro. 25/2010 de 19 de mayo de 2010 declarando a los imputados Reynaldo Loza Cayo y Constancio Quiroga Rocha autores del delito de asesinato, condenándolos a cumplir la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto; 2.- Dicha Sentencia fue recurrida en Alzada por ambos imputados, las que fueron declaradas improcedentes por el Tribunal de Apelación (fs. 269 a 276), dando con ello origen a los recursos de casación que fueron examinados a efectos de su admisibilidad.

Que por Auto Supremo Nro. 70/2012 de 10 de abril del 2012, fue admitido únicamente el Recurso de Casación planteado por Reynaldo Loza Cayo, quien argumentó que: a) El Auto de Vista es contradictorio a sus propios fundamentos; b) Los Vocales no corrigieron o subsanaron la fijación de la pena observada en apelación restringida, la que carece de fundamentación de atenuantes y agravantes, falta de fundamentación en derecho que contradice los A.S. Nros. 518 de 17 de diciembre de 2006 y de fecha 26 de noviembre de 2004; c) El Tribunal de Alzada incumplió lo establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal en relación con los arts. 15 y 59 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial, vulnerando el derecho al debido proceso, incurriendo en vicios de nulidad. Sobre éste punto cita como precedentes contradictorios los A.S. Nros.199805 - Sala Civil -1-096 y 200104-Sala Penal-2-157; d) El Tribunal de Alzada pudo subsanar la Sentencia realizando una correcta valoración de la prueba y la tipificación, la que se basa en medios o elementos no incorporados legalmente al juicio y en hechos inexistentes, no acreditados o en defectuosa valoración de la prueba, dictando un Auto de Vista modificando la pena. Invocó como precedentes contradictorios los A.V. de fecha 3001199200528417 dictado por la Sala Penal Primera; el de 29 de agosto de 2006 dictado por la Sala Penal Tercera y el Nro. 301199200606600 dictado por la Sala Penal Primera. Finalizó pidiendo que se establezca la doctrina legal aplicable y se devuelvan actuados ante la Sala que dictó el Auto de Vista impugnado para que pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal que se establezca.

CONSIDERANDO: Que conforme el Auto de Admisión Nro. 70/2012 de 10 de abril de 2012, el análisis del presente recurso, se circunscribe a la verificación de las denuncias efectuadas en la citada resolución.

Realizada la revisión y el análisis de los actuados correspondientes, éste Tribunal Supremo, arribó a las siguientes conclusiones:

1. Respecto a la primera denuncia referente a que el Auto de Vista es contradictorio a sus propios fundamentos, ya que pese a la fundamentación realizada y a el autor citado, el Tribunal de Alzada concluyó que su persona es autora del delito de asesinato, dando por bien hecha la sentencia máxima de treinta años, sin dar a conocer con que pruebas se demostró la comisión del delito de asesinato, por lo que la fundamentación vulnera sus derechos y garantías. En consideración a ésta alegación es necesario precisar que la casación es un recurso de carácter formal que está sujeto a los requisitos y presupuestos establecidos legalmente en función a su finalidad que es la de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal en los fallos judiciales, ofreciendo protección jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley; esta labor es conocida en la doctrina como nomofiláctica, por lo que su objetivo es el de uniformar la jurisprudencia, para ese efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, ante la interposición de un recurso, resuelve en base al derecho objetivo la probable contradicción existente entre el fallo impugnado, con otro dictado por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia o las Sala Penales de las Cortes Superiores de Distrito (Tribunales Departamentales de Justicia); contradicción que se demuestra cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente invocado. Ahora bien, en el caso de autos, respecto a la contradicción alegada, por inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva (error in judicando), el recurrente no invocó precedente contradictorio, razón por la cual este Tribunal se ve imposibilitado de emitir pronunciamiento sobre dicho motivo de impugnación. Por otra parte, respecto la vulneración de derechos y garantías constitucionales que alega, éstas no fueron identificadas, no expresa cuales fueron esos derechos y garantías a que se refiere, tampoco el acto vulneratorio y muchos menos el daño que le fue ocasionado, razón por la que esta denuncia resulta infundada.

2. Con referencia a la denuncia de que los Vocales no corrigieron o subsanaron la fijación de la pena observada en apelación restringida, la que carece de fundamentación de atenuantes y agravantes, falta de fundamentación en derecho que contradice los AA.SS. Nros. 518 de 17 de diciembre de 2006 y de 26 de noviembre de 2004, es preciso hacer hincapié que de acuerdo a la normativa vigente en el Código de Procedimiento Penal, en la interposición de un recurso de casación, para que sea admitido y resuelto en el fondo, el impetrante no sólo debe cumplir con los requisitos de una demanda nueva de puro derecho; sino, tal cual ya ha sido expresado en inciso anterior, debe también observar las formalidades previstas en los artículos 416 y 417 del ya referido Código que establece la exigencia de ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista invocando el o los precedentes contradictorios a momento de interponer la apelación restringida, precisando de manera inexcusable el sentido contradictorio de los procedentes invocados con el Auto impugnado; es decir, los precedentes invocados como contradictorios y el Auto de Vista impugnado, deben ser similares en cuanto al hecho resuelto; vale decir, que en lo fáctico, histórico y legal deben concurrir elementos comunes que los cataloguen de similares, para así poder establecer si en una situación de hecho similar el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. No siendo suficiente la simple mención o trascripción del precedente, sino que corresponde señalar en forma clara el hecho similar y precisar la contradicción existente.

Por otra parte, los Autos de Supremos citados como precedentes contradictorios deben estar plenamente identificado, es decir, a momento de invocarlos, no solo se debe cumplir con las condiciones antes descritas, sino, debe señalarse el número de Auto, la fecha de emisión y la Sala que emitió el Auto Supremo, datos imprescindibles, cuya omisión, hace imposible su identificación y su correspondiente ubicación en el sistema a efectos de verificar su existencia y la doctrina legal aplicable establecida en el referido Auto Supremo; esto, con la finalidad de verificar la contradicción indicada y en su caso, probada la misma, establecer la doctrina legal aplicable. Si fueran Autos de Vista los invocados, el recurrente tiene la carga procesal de acompañar los mismos a efectos de su verificación.

Bajó los parámetros legales señalados, analizados los precedentes invocados se concluye que:a) El Auto Supremo Nro. 518 de 17 de diciembre de 2006 invocado como contradictorio en el caso de autos, no cumple con los requisitos de aplicabilidad por no tener aspectos fácticos ni jurídicos similares, pues en el precedente invocado se juzga el delito de lesiones gravísimas previsto y sancionado por el art. 270 nral. 3 del Código Penal, cuya problemática versa sobre la vulneración a los art. 4

13, 114 y 399 del Código de Procedimiento Penal, en cuya doctrina legal aplicable, en la parte citada por la recurrente, se establece de manera general que: "Si el Tribunal de Apelación advierte que existe falta o existe contradicción en la fundamentación de la sentencia apelada, es deber de dicha autoridad corregir o complementar el fundamento jurídico aludido...", entendiéndose que los Vocales recurridos, a pesar de advertir la falta de fundamentación en la Sentencia, no subsanaron la omisión. En cambio, en el caso de autos, se juzga el delito de asesinato sancionado por el art. 252 de la Ley Penal sustantiva, estableciéndose de la revisión de obrados que los Vocales hoy recurridos, no advirtieron ningún tipo de falta de fundamentación, contrariamente, a fs. 172 vlta., en los párrafos segundo y tercero, extractando parte de los fundamentos de la Sentencia, llegan a la conclusión de que es correcta la aplicación del art. 252 incs. 2), 3) y 6) del Código Penal a la conducta de ambos imputados, señalando además que el fundamento del Tribunal lleva al entendimiento inequívoco de que ambos imputados participaron en el hecho en calidad de autores, de lo que se tiene que los hechos no son similares, tampoco el o los tipos penales, por lo que el Auto Supremo citado como contrario al Auto de Vista impugnado, no resulta contrario por los razonamientos expuestos. Debe tomarse en cuenta que el delito de asesinato, tiene como sanción legal la pena de treinta años, consecuentemente, al ser una pena determinada, no puede ser regulada conforme a las atenuantes generales o la concurrencia de uno o mas incisos del art. 252 del Código Penal (agravantes); por otra para la aplicabilidad del art. 39 inc. 1) de la norma legal precitada, deben concurrir atenuantes especiales, situación que no fue fundamentada por el recurrente; b) El Auto Supremo de 26 de noviembre de 2004 citado por el recurrente como precedente contradictorio, carece de numeró, razón por la que no puede ser identificado en sistema, lo que imposibilita verificar su existencia, así como la presunta contradicción aludida por la parte, consecuentemente no se considera como precedente válido.

3. La alegación concerniente a que el Tribunal de Alzada incumplió lo establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal en relación con los arts. 15 y 59 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial, vulnerando el derecho al debido proceso, incurriendo en vicios de nulidad, citando sobre éste punto como precedentes contradictorios los AA.SS. Nros. 199805 - Sala Civil -1-096 y 200104-Sala Penal-2-157, resulta infundada, pues es menester señalar que si bien este Tribunal ha consentido como una causal para la admisión del recurso de casación las denuncias referidas a la existencia de defectos absolutos en el trámite del proceso, empero también ha señalado que las mismas deben estar formuladas dentro del marco de los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal; por ello, resulta insuficiente la simple enunciación del defecto o la vulneración de un derecho fundamental, sin que el recurrente cumpla con la obligación de precisar, no solo la norma quebrantada, sino detallar con precisión el agravio, restricción o disminución del derecho o garantía, y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; en el caso de autos el recurrente se limitó a señalar que el Tribunal de Alzada, incumplió dar aplicación al art. 398 del Código de Procedimiento Penal relativo a los arts. 15 y 59 nral. 1) de la Ley de Organización Judicial (derogada), inobservando los requisitos precedentemente señalados, citando inclusive el art. 59 de la Ley de Organización Judicial que corresponde a las atribuciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, atribuciones que bajo ningún aspecto pudo inobservar el Tribunal de Alzada por no ser de su competencia; sin embargo analizado el Auto de Vista se verifica que la resolución ha dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal, respondiendo de manera completa y fundamentada a cada uno de los cuestionamiento realizados en la alzada.

Respecto a los Autos Supremos invocados en calidad de precedentes contradictorios: AA.SS. Nros. 199805 - Sala Civil -1-096; 200104-Sala Penal-2-157, no constituyen precedentes contradictorios, por haber sido emitidos en mérito a recursos de apelaciones deducidos contra sentencias dictadas en procesos tramitados en sujeción a las normas del Código de Procedimiento Penal de 1972, sistema procesal penal, haciéndose inaplicables para el caso de autos. Por otra parte se advierte que uno de los Autos Supremos citados corresponde a materia civil, lo que resulta antitécnico a los efectos de la comparación, pues como ya ha sido expresado, los precedentes invocados como contradictorios al Auto de Vista impugnado, deben ser similares en cuanto a lo fáctico, histórico y legal debiendo concurrir elementos comunes que los cataloguen de similares, razón por la que esta alegación resulta infundada.

4. Finalmente en cuanto a la denuncia referente a que el Tribunal de Alzada pudo subsanar la Sentencia realizando una correcta valoración de la prueba y la tipificación, la que se basa en medios o elementos no incorporados legalmente al juicio y en hechos inexistentes, no acreditados o en defectuosa valoración de la prueba, dictando un Auto de Vista modificando la pena, invocando para el caso como precedentes contradictorios los AA.VV. de fecha 3001199200528417 dictado por la Sala Penal Primera; el A.V. de 29 de agosto de 2006 dictado por la Sala Penal Tercera; A.V. Nro. 301199200606600 dictado por la Sala Penal Primera; es menester recordar al impetrante que el juicio oral, destinado a la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, presenta varias características, entre las cuales se destaca la forma contradictoria, oral, pública y continua; el mismo que a su vez se halla sujeto a los principios de inmediación y concentración, bajo éstos parámetros, el Tribunal de Sentencia establece la existencia o no de un hecho y la culpabilidad o no del acusado, consecuentemente la valoración de la prueba corresponde únicamente al Tribunal de mérito, en razón del principio de inmediación; en tanto que los Tribunales de Alzada tiene como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano, analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica (lógica, experiencia común y la psicología), sin que le este permitido revalorizar la prueba, ni alterar los hechos tenidos como probados por el Tribunal de Sentencia.

De igual forma, se recuerda al recurrente que tal cual ha sido expresado en el inciso "a)" de la presente resolución, los Autos de Supremos o Autos de Vista invocados en calidad de precedentes contradictorios, necesariamente deben ser similares en cuanto a los hechos, lo histórico y lo legal, en ese entendido, los Autos de Vista citados y acompañados para ésta alegación no constituyen precedentes contradictorios, pues el caso de autos se tramita por el delito de asesinato, en el cual el recurrente fue condenado a treinta años de presidio sin derecho a indulto , en razón de que el delito acusado fue probado, sentencia que se halla debidamente fundamentada, la que fue confirmada en Alzada, previa verificación de las denuncias realizadas en apelación restringida, las que fueron absueltas una a una también de manera fundamentada, expresando ambas resoluciones de manera lógica y coherente las razones por las que arribaron a las respectivas conclusiones; en tanto que:

El A.V. de fecha 3001199200528417 (corresponde a la numeración, no a la fecha) dictado por la Sala Penal Primera, es emitido en un proceso por el delito de trafico de sustancias controladas (art. 48 relativo al 33 de la Ley Nro 1008), que se resuelve en base al principio iura novit curia, por haber observado el Tribunal de Alzada que la acusación no probó que la imputada sea propietaria de la sustancia controlada.

El A.V. de 29 de agosto de 2006 dictado por la Sala Penal Tercera, emitido dentro el tramite por el delito de transporte de sustancias controladas (arts. 55 y 48 relativo al 33 de la Ley Nro 1008), en cual, Luciano Veliz Romero (citado en el recurso de casación a efectos de la contradicción), fue condenado por el delito de transporte de sustancias controladas, sin comprobarse que él tenía conocimiento de que en el vehículo en que se encontraba, se transportaban sustancias controladas.

El A.V. Nro. 301199200606600 dictado por la Sala Penal Primera, emitido en un proceso por delitos de transporte y tráfico de sustancias controlada (arts. 55 y 48 relativo al 33 de la Ley Nro 1008), Auto de Vista que resuelve sobre la base de la teoría de dominio del hecho, por haber condenado a uno de los recurrentes sin comprobarse que él tenía conocimiento de que lo que transportaba por encargo, se trataba de sustancias controladas.

Consecuentemente, los Autos de Vista analizados no cumplen con los requisitos de aplicabilidad por no tener aspectos fácticos ni jurídicos similares.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el parágrafo segundo del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Reynaldo Loza Cayo (fs. 300 a 303), impugnando el Auto de Vista emitido el 20 de junio de 2011 por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (fs. 269 a 276), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Segundina Loza Rocha contra el recurrente y Constancio Quiroga Rocha por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Magistrado Relator)

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano