SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 87/2012

EXPEDIENTE: Pando 51/2012 Sucre, 24 de abril de 2012

DISTRITO: Pando

PARTES: Paola Andrea Peinado Montalvo contra Alfredo Huanca Crespo

DELITO: abuso de confianza


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Paola Andrea Peinado Montalvo (fs. 102 a 103), impugnando el Auto de Vista de 25 de enero de 2012 (fs. 91 a 92) emitido por la Sala Penal, Administrativa Coactiva Fiscal y Tributaria del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en el proceso penal seguido por la recurrente contra Alfredo Huanca Crespo, por el delito de abuso de confianza con agravantes, previsto por el art. 346 en relación con el inc.3) del art. 349 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:

Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Juez de Sentencia único de la ciudad de Cobija, por Sentencia Nro 3/2011 de 19 de septiembre de 2011 (fs. 64 a 67) absolvió de pena y culpa al imputado Alfredo Huanca Quispe, del delito de abuso de confianza con agravantes, tipificado por el art. 346 con relación al inc. 3) del art. 349 del Código Penal, debido a que la prueba aportada no fue suficiente para generar en el juzgador total y plena convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, con costas en previsión del art. 270 del Código de Procedimiento Penal.

La querellante Paola Andrea Peinado Montalvo interpuso recurso de apelación restringida (fs. 75 a 78), contra la indicada Sentencia; recurso que fue resuelto por la Sala Penal, Administrativa Coactiva Fiscal y Tributaria del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Auto de Vista de 25 de enero de 2012, confirmando la Sentencia impugnada.

Que siendo esos los antecedentes, la recurrente formuló recurso de casación contra el Auto de Vista referido, alegando que el criterio adoptado por los Vocales se encuentra fuera de todo contexto legal, toda vez que contradice a la amplia jurisprudencia y la Constitución Política del Estado, puesto que el Auto de Vista no resolvió los puntos observados en la apelación restringida, por el contrario de forma ultrapetita se va mas allá y establece que la vía penal es de ultima ratio, cual si fuese una apelación a un incidente de prejudicialidad, violando así el debido proceso, toda vez que el incidente planteado por el querellante de prejudicialidad fue desestimado y al no haberse formalizado apelación este incidente se encuentra ejecutoriado, invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 411 de 20 de octubre de 2006 y 359 de de 26 de junio de 2009.

Concluyó pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado en mérito los precedentes contradictorios invocados y la doctrina legal citada.

CONSIDERANDO: Que el recurso de casación en análisis fue admitido por Auto Supremo Nro. 67/2012 de 10 de abril de 2012, corresponde en esta fase, efectuar el pronunciamiento conforme a los límites y alcances establecidos en dicho Auto Supremo.

El art. 416 del Código de Procedimiento Penal establece que "existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido, no coincide con el sentido del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma pero con alcance diverso"; en ese entendido para su aplicabilidad los precedentes invocados deben contener aspectos fácticos similares; toda vez, de que el recurso de casación tiene como principal finalidad otorgar igual trato a similares situaciones fácticas, quedando directamente vinculado con el respeto al principio de igualdad.

Que de la revisión cuidadosa de los precedentes invocados por la recurrente, como contradictorios al Auto de Vista objeto del recurso, analizados se establecen las siguientes conclusiones de orden legal:

Primero.- En lo relativo al Auto Supremo Nro 411 de 20 de octubre de 2006, se tiene que versa sobre los delitos de malversación y peculado, delitos que son de acción penal pública, cuya problemática es atinente a la omisión del pronunciamiento respecto a cada uno de los puntos apelados, no obstante la reserva de recurrir en la sustantación de los incidentes producidos en juicio oral sobre la ilegalidad de la prueba pericial producida, así como la interpretación defectuosa del tipo penal y valoración defectuosa de la prueba; en cuya doctrina legal se estableció que "al no haberse pronunciado el Tribunal Aquo sobre todos los motivos en que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que en el conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente de un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) y en consecuencia la infracción del principio Tamtum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación, que se constituye en defecto absoluto, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes". Precedente que cotejado, no cumple con los requisitos de aplicabilidad al no contener aspectos fácticos similares; toda vez, de que en el presente proceso se advierte que el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista emitido, resolvió todos los puntos y denuncias planteadas por la querellante en su apelación restringida, respecto a la acusación de que la sentencia se basa en la valoración defectuosa de la prueba en violación a la sana crítica y libertad probatoria; toda vez, que en el segundo considerando de la resolución, se hace referencia de que el juez aquo obró correctamente, al haber valorado las pruebas de cargo y de descargo, basado en lo establecido por los arts. 6, 407, 408, 171, 172, 173, 330, 364 del Código de Procedimiento Penal, haciendo hincapié de que se admitió como medio de prueba todos los elementos lícitos de convicción que conducen al conocimiento de la verdad, excluyendo de toda eficacia probatoria los actos que vulneran derechos y garantías, procediendo a la valoración de la prueba producidas en juicio oral y público, aplicando las reglas de la sana crítica; fundamentación que es correcta en mérito a que al Tribunal de Alzada sólo le corresponde examinar la operación misma de la valoración de la prueba, que hubiese realizado el juzgador de acuerdo a los criterios de la sana crítica, puesto que en virtud al principio de inmediación el Tribunal de Apelación no puede valorar prueba, en virtud a que el Juez de la causa es el único que tiene la posibilidad de la valoración de la prueba.; por lo tanto el fallo supremo de mérito citado como contradictorio al Auto de Vista impugnado, no contradice al mismo por haberse pronunciado sobre todos los motivos en que se fundó el recurso de apelación restringida de la querellante.

Segundo.- En lo que corresponde al Auto Supremo Nro. 359 de 26 de junio de 2009; este versa sobre los delitos de estafa y estelionato, donde la problemática se centra en la omisión del Tribunal del juicio de resolver la excepción de incompetencia en la Sentencia, y de que el Tribunal de Apelación en el Auto de Vista emitido, sin mayor fundamentación determinó la aplicación de la primera parte del art. 413 del Código de Procedimiento Penal, anulando totalmente la sentencia y disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal, cuando debió resolver directamente esta omisión, dictando nueva Sentencia por ser evidente de que no era necesario la realización de un nuevo juicio al ser una excepción de puro derecho; estableciéndose doctrina legal que en su parte pertinente refiere que " Es deber del Tribunal de Apelación y de todo administrador de justicia realizar una adecuada motivación de las resoluciones que pronuncie, porque constituye un elemento esencial del debido proceso, que permite a las partes asumir conocimiento sobre el razonamiento intelectivo desarrollado por los juzgadores; en ese entendido, es pertinente señalar que la falta de fundamentación constituye un defecto absoluto en la tramitación de la causa, por lo que el Tribunal de Casación, en resguardo de los principios del debido proceso, seguridad jurídica, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva, establece que cada punto impugnado en el recurso de apelación debe ser resuelto sobre la base de un argumento jurídico individualizado, sólido y convincente, pronunciando una resolución congruente y exhaustiva, por otro lado, los Tribunales de Alzada aplicando debidamente el principio de economía procesal, y sobre todo el de legalidad, deben observar estrictamente lo dispuesto por el art. 413 del Código de Procedimiento Penal en su párrafo último". Dichos aspectos no son similares y no contradicen al Auto de Vista impugnado, porque la problemática es distinta al caso de autos; toda vez, que el Tribunal de Alzada anuló totalmente la sentencia sin una fundamentación adecuada, ante la falta de pronunciamiento del Tribunal de Sentencia respecto a la excepción de incompetencia planteada por los imputados, sin embargo en el presente proceso, el Auto de Vista no anuló la sentencia, al contrario resolvió de manera fundamentada los puntos del recurso de apelación restringida interpuesta por la querellante, no siendo evidente que en la resolución se hubiese analizado o resuelto el incidente de prejudicialidad al que hace referencia, por lo que el entendimiento del Auto Supremo invocado como precedente, no contradice al caso sub lite.

Que, por lo expuesto anteriormente y efectuado el análisis respectivo, se concluye que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados en los términos exigidos por el art. 416 y la segunda parte del art. 419 de la Ley 1970, por lo que corresponde declarar infundado el recurso.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por por Paola Andrea Peinado Montalvo (fs. 102 a 103), impugnando el Auto de Vista de 25 de enero de 2012 (fs. 91 a 92) emitido por la Sala Penal, Administrativa Coactiva Fiscal y Tributaria del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en el proceso penal seguido por la recurrente contra Alfredo Huanca Crespo, por el delito de abuso de confianza con agravantes, previsto por el art. 346 en relación con el inc.3) del art. 349 del Código Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Magistrado Relator)

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano