SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 82/2012

EXPEDIENTE: La Paz 42/2012 Sucre, 19 de abril de 2012

DISTRITO: La Paz

PARTES: Ministerio Público, Victor Mamani Quispe contra Isaac Armando Cori Mamani

DELITO: homicidio


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Isaac Armando Cori Mamani (fs. 532 a 533), impugnando el Auto de Vista Nro 81/2011 de 10 de enero de 2012 (fs. 513) emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Victor Mamani Quispe contra Isaac Armando Cori Mamani, por los delitos de homicidio y asesinato, previstos por los arts. 251 y 252 num. 2) y 3) del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes: 1) Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto, por Sentencia Nro 210/2011 de 4 de octubre de 2011 (fs. 473 a 479) declaró a Isaac Armando Cori Mamani, autor del delito de homicidio, tipificado por el art. 251 del Código Penal, condenándolo a la pena de cinco años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, así como al pago de costas a favor del Estado, y la reparación del daño civil ocasionado a la víctima, que serán calificadas en ejecución de sentencia, a su vez lo absuelve por el delito de asesinato previsto por el art. 252 num. 2) y 3) del Código Penal; 2) El acusador particular y el procesado Isaac Armando Cori Mamani interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 487 a 493 y 494 a 495), contra dicha Sentencia; obteniendo como resultado que el Tribunal de Alzada únicamente se pronuncia sobre el recurso de apelación restringida planteado por el acusador particular admitiéndolo, y con las facultades otorgadas por el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, repara directamente la inobservancia de los arts. 37 y 38 del Código Penal, condenando a Isaac Armando Cori Mamani, por la comisión del delito de homicidio imponiéndole la pena privativa de libertad de diez años de reclusión a cumplir en la Penitenciaria de San Pedro de la ciudad de La Paz; 3) El imputado recurre en casación el Auto de Vista referido (fs 532 a 533), alegando que dicha resolución entra en contradicción, al señalar que el Tribunal de Sentencia, no habría considerado los argumentos respecto al bien jurídico protegido que es la vida, la actividad desplegada por el acusado, y las circunstancias que llevaron a la comisión del tipo penal, incurriendo en error de derecho comprobado por los mismos datos del cuaderno procesal, al tipificar el accionar al ilícito como homicidio e imponerle una pena de diez años, aplicando erróneamente el precepto legal que da lugar a una pena que no corresponde, puesto que con el razonamiento en el que se funda el Auto de Vista su conducta se enmarcaría en el art. 254 del Código Penal, (homicidio por emoción violenta), y no en el delito de homicidio. Por otro lado señaló que al formular recurso de apelación restringida, denunció que la Sentencia incurrió en lo previsto por el art. 370 inc. 6) de la ley adjetiva penal, puesto que se basa en hechos inexistentes, no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba; sin embargo, la Sala Penal Segunda, sin considerar los argumentos expuestos ni revisar el cuaderno procesal en forma adecuada, lo condena a la pena de diez años.

Concluyó pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se establezca doctrina legal aplicable.

CONSIDERANDO: Conforme se tiene del Auto Admisorio Nro. 61/2012 de 2 de abril de 2012, el análisis del presente recurso se circunscribe a la verificación de lo denunciado respecto a la existencia de defectos absolutos, corresponde emitir la resolución de fondo que en derecho corresponda, a tal efecto del estudio y análisis exhaustivo del proceso es menester referir lo siguiente:

Primero.- En lo relativo a la denuncia de que la sentencia incurre en lo previsto por el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal "que se basa en hechos inexistentes, no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba", al condenarlo por el ilícito de homicidio sin existir prueba; y que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de La Paz sin revisar el cuaderno procesal en forma adecuada lo condena a la pena de diez años, es preciso manifestar en primera instancia antes de ingresar a considerar si el aquo valoró correctamente la prueba; que el Tribunal de Alzada así como el Tribunal de Casación se encuentran impedidos de valorar nuevamente la prueba producida en el juicio, toda vez que su labor se limita a revisar si el Juez o Tribunal de la causa, en la tarea de la valoración de la prueba, aplicaron coherentemente las reglas de la sana crítica racional, consistentes en la lógica, psicología y la experiencia; toda vez que la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quienes bajo el principio de inmediación al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquieren la convicción de la existencia o no de los hechos acusados, a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba, que se traducen en el fundamento de la Sentencia.

Con relación a los parámetros de una correcta valoración de la prueba, el art. 173 del Código de Procedimiento Penal prescribe "El Juez o Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida"; la valoración de la prueba permite determinar la cuestión fáctica del problema para subsumirlo posteriormente en el derecho positivo aplicable al caso, la labor del Tribunal que conoce el juicio, consiste en enterarse de los hechos acusados, así como los hechos que el imputado opone en su defensa, ingresando posteriormente a la valoración de la prueba que fue válidamente introducida y producida en el proceso, actividad que permite lograr el convencimiento acerca de la verdad de los acontecimientos que sustentan las pretensiones de las partes; sin embargo, en esta labor se puede presentar deficiencias en la aprehensión de los medios probatorios, el análisis crítico de ellos o la obtención del resultado. Se presenta insuficiente o contradictoria fundamentación probatoria intelectiva, cuando existe incorrección o defecto en el desarrollo de la tarea crítica para la valoración de las pruebas; estaremos ante un vicio in iudicando cuando consista en un error de apreciación, resultando dar por cierto lo que no aparece probado o viceversa; dar por no probado lo que conforma a los elementos de convicción que cursan en obrados resulta cierto; el vicio será in procedendo cuando surge de una deficiente aplicación de las reglas de la sana crítica racional, consistente en un razonamiento incorrecto debido a que el juzgador se apartó de los criterios legales de la lógica, la psicología y la experiencia o por ser contradictoria.

De la revisión del contenido de la Sentencia, se evidencia que el Tribunal de la causa efectuó la valoración de la prueba producida en el juicio siguiendo los criterios de la sana crítica racional, que consiste en la lógica, psicología y experiencia, toda vez que realizó la fundamentación probatoria descriptiva de las evidencias periciales, testificales, documentales de las pruebas producidas por el Ministerio Público, así como de la prueba testifical del imputado, haciendo hincapié de que el acusador particular no produjo prueba alguna, al haberse adherido a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; asimismo en previsión de los arts. 13, 124, 173 del Código de Procedimiento Penal realiza la fundamentación probatoria intelectiva, señalando que se valoraron las pruebas admitidas, producidas e incorporadas al juicio durante la sustanciación de los debates públicos y orales, prosiguiendo con la exposición de la relación entre el factum y la prueba aportada, puntualizando las conclusiones a las que lleva cada una de las pruebas; por otra parte realiza la subsunción del hecho al tipo penal acusado. En ese entendido se advierte que la apreciación del Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto es resultado de la valoración integral y conjunta de toda la prueba esencial producida, llegando a la conclusión de que el comportamiento y conducta del acusado se adecua al tipo penal de homicidio previsto por el art. 251 del Código Penal, y no así al tipo penal de asesinato acusado por el querellante; razonamiento que es correcto puesto que no se aparta de los criterios legales de la lógica, psicología y experiencia, toda vez que explica los fundamentos de su convicción, respondiendo al mandato contenido en el art. 173 del Código de Procedimiento Penal.

De lo anteriormente señalado se tiene que el Tribunal de la causa, no basó su fallo en defectuosa valoración de la prueba, al contrario valoró adecuadamente la prueba de cargo y de descargo producida en el juicio oral y contradictorio, consecuentemente la sentencia no adolece del defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal.

Segundo.- En lo que corresponde a la denuncia de que el Auto de Vista incurre en contradicción y recae en error de derecho al tipificar el accionar al ilícito de homicidio previsto por el Art. 251 del Código Penal imponiendo la pena de diez años, aplicando erróneamente dicho precepto legal, dando lugar a una pena que no corresponde, puesto que con el razonamiento en el que se fundó el Auto de Vista, la conducta se enmarcaría en el art. 254 del Código Penal (homicidio por emoción violenta) y que debido a este error de derecho se le fue agravada la pena; es menester señalar que conforme la previsión contenida en el art. 342 del Código de Procedimiento Penal, la base del juicio constituye la acusación pública o la del querellante, sin embargo esta calificación del tipo penal realizada en estas acusaciones son provisionales; toda vez, que es en el juicio oral, público y contradictorio, después del desfile probatorio y del análisis de la prueba incorporada a juicio, que el Juez o el Tribunal de Sentencia realiza la subsunción del hecho o hechos al tipo o tipos penales que correspondan; en el caso de autos Isaac Armando Cori Mamani fue acusado formalmente por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de homicidio sancionado en el art. 251 del Código Penal (fs 2 a 4) y por el acusador Particular Víctor Mamani Quispe, por la supuesta comisión del delito de asesinato previsto en el art. 252 num. 2) y 3) del Código Penal (Fs 34 a 38); el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto mediante Auto de 23 de febrero de 2011 aperturó el juicio contra Isaac Armando Cori Mamani por los delitos de homicidio y asesinato (Fs.86); y por sentencia de 04 de octubre de 2011, condenó al imputado a la pena privativa de libertad de cinco años, por la comisión del delito de homicidio previsto en el art. 251 del Código Penal, toda vez que los elementos probatorios introducidos en juicio dieron certeza y convicción plena de que su conducta y la acción del acusado se adecuó al tipo penal de homicidio, por cuanto Isaac Armando Cori Mamani fue quien a tiempo de protagonizar una pelea con Fernando Mamai Poma, utilizó un arma punzo cortante con la que le cortó la traquea, provocándole una lesión letal, que determinó su fallecimiento; por otra parte respecto a la acusación de asesinato incurso en el art. 252 inc. 2) y 3) del Código Penal, es absuelto, en mérito a que la prueba no generó convicción al Tribunal sobre la responsabilidad penal del acusado. De lo que se infiere, que el procesado adecuó su conducta al tipo penal de homicidio, no existiendo error en la subsunción de la conducta del justiciable en el marco descriptivo de la ley penal y menos aún violación de ninguna norma penal ni constitucional, habiendo los jueces de instancia obrado conforme previene el art.365 del Código de Procedimiento Penal.

Por otra parte es preciso recalcar que los Tribunales de Alzada al encontrarse abstraídos del conocimiento de la prueba, bajo el principio de inmediación no se encuentran facultados para valorar parcial o totalmente la prueba y tampoco para modificar el tipo penal de un delito; toda vez, de que si advierten que no es posible reparar directamente la inobservancia o errónea aplicación de la ley, anularán total o parcialmente la Sentencia y ordenarán la reposición del juicio por otro juez o Tribunal, sin embargo cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia, no es necesario la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de Alzada lo resolverá directamente, conforme determinan los arts. 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal, rectificando los errores de derecho en la fundamentación que no haya influido en la parte dispositiva, así como los errores u omisiones formales y los que se refieren a la imposición o el cómputo de la pena, sin que ello signifique revalorización de la prueba, es en ese entendido que con la facultad otorgada por los artículos citados, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz reparó directamente la inobservancia de los arts. 37 y 38 del Código Penal, con referencia a la fijación de la pena impuesta, y no estableció la tipificación del delito como refiere erróneamente el recurrente, puesto que modificó la pena de cinco años impuesta por el Tribunal de la causa, condenando al imputado a la pena privativa de libertad de diez años, por la comisión del delito de homicidio previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal, con el fundamento de que el Tribunal de Sentencia al imponer la pena no consideró las agravantes respecto al bien jurídico protegido que en este caso es la vida, además de haber omitido la actividad desplegada por el acusado, quien si bien se encontraba bajo el efecto del alcohol, habría quitado la vida a Fernando Mamani Poma con un arma punzo cortante, con la que cortó la traquea de su víctima, provocando hemorragia, la cual asegura el resultado, y simplemente lo hace a causa de los problemas familiares existentes y la discusión protagonizada dentro de la carpa en la cual se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, fundamentos que son cuestionados por el recurrente al ser contradictorios, en virtud a que el razonamiento realizado por los Señores Vocales dan a entender que la conducta del acusado se enmarcaría en el delito de homicidio por emoción violenta previsto por el art. 254 del Código Penal y no por el delito de homicidio, dando lugar a una pena que no corresponde. Al respecto es preciso señalar que hay contradicción cuando existe dos juicios que son incompatibles entre si, no siendo posible que ambos sean verdaderos al mismo tiempo, o cuando hay una afirmación que expresa lo contrario, en el caso presente, de la lectura detallada del Auto de Vista, se advierte que evidentemente existe una contradicción en los argumentos esgrimidos para modificar el quantum de la pena; toda vez, que el Tribunal de Alzada modifica la pena privativa de libertad del acusado de cinco a diez años, manifestando de que el Tribunal de la causa no consideró las agravantes, debiendo este aspecto haber sido considerado, al igual que la actividad desplegada por el acusado; sin embargo la fundamentación que los Vocales realizan respecto a las agravantes de la pena que dieron lugar a una condena de diez años, se asemejan más a una argumentación del tipo penal de homicidio por emoción violenta, ya que hace referencia a que el Sr. Isaac Armando Cori Mamani quitó la vida a Fernando Mamani Poma, simplemente a causa de los problemas familiares existentes y la discusión protagonizada dentro la carpa en la cual se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, fundamentación que da a entender de que el hecho se produjo a consecuencia de un estado de ánimo incontrolable del imputado a causa de una discusión familiar, aseveraciones que generaron incertidumbre en el imputado, al ser incongruentes, vagas e insuficientes que no demuestran que son consecuencia de un análisis integral de todos los antecedentes, ya que se omitió explicar claramente cuáles son los aspectos, circunstancias y razonamientos que dieron lugar a la modificación del quantum de la pena, incurriendo en el defecto de falta de fundamentación infringiendo así el art. 124 del Código de Procedimiento Penal.

Asimismo al margen de que en el Auto de Vista no existe suficiente fundamentación en cuanto a los parámetros considerados para la determinación de la agravación de la pena; se advierte de que el Tribunal de Alzada no se pronunció respecto a la apelación restringida interpuesta por el imputado Isaac Armando Cori Mamani (fs. 494 a 495); toda vez, de que el Auto de Vista sólo resuelve el recurso de apelación restringida del acusador particular Victor Mamani Quispe, coligiéndose de que los fundamentos expresados por el Auto de Vista son insuficientes, vulnerándose así lo establecido por los Arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, al no encontrase debidamente fundamentado y no haber resuelto la apelación restringida del acusado Isaac Armando Cori Mamani.

De lo expuesto, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, lo que amerita en aplicación del art. 419 del código adjetivo, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, y establecer:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

Conforme a lo dispuesto por los arts. 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal, es facultad del Tribunal de Alzada ante la evidencia de que concurre en el fallo de mérito errores u omisiones formales que se refieren a la imposición o el cómputo de la pena, modificar directamente el quantum de la pena, sin embargo esta corrección debe realizarse observando los principios constitucionales, procesales y los aspectos contemplados en los arts. 37 y 38 del Código Penal, debiendo contener suficiente fundamentación, emitiendo criterios jurídicos correspondientes al tipo penal y al caso concreto, en el que se explique de manera clara y expresa cuáles son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena, señalando las razones objetivas que determinan la reforma, sin que los argumentos vertidos sean incongruentes e imprecisos; asimismo el Auto de Vista debe absolver con la debida motivación y cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad, logicidad, todos y cada uno de los puntos contenidos en los recursos de apelación restringida interpuestos, por que la inadvertencia del pronunciamiento de un aspecto reclamado en la apelación restringida, así como la omisión de resolver en su integridad cualquiera de los recursos de apelaciones restringidas interpuestos por las partes, se constituye en un vicio de incongruencia omisiva ( citra petita o ex silentio), y en consecuencia una infracción del deber de fundamentación que vulnera los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, y atenta contra el derecho al debido proceso.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y art. 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 81/2011 emitido el 10 de enero de 2012 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de La Paz (fs. 513), ordenando que la misma Sala Penal, pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.

En aplicación del Art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias del presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Magistrado Relator)

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano