SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 26/2012

EXPEDIENTE: Santa Cruz 07/2012 Sucre, 15 de febrero de 2012

DISTRITO: SANTA CRUZ

PARTES: Ministerio Público, María Luisa Crespo de Reynaldo contra Julio César Vargas Vaca.

DELITO: robo agravado


VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por María Luisa Crespo de Reynaldo (fs. 448 a 453 vlta.) y el Ministerio Público (fs. 457 a 461 vlta.), impugnando el Auto de Vista Nro. 144/2011 emitido el 29 de marzo de 2011 (fs. 438 a 441) por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso penal seguido por los recurrentes en contra del procesado Julio César Vargas Vaca, con imputación por la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del Código Penal, con relación al art. 20 del mismo cuerpo legal.

CONSIDERANDO: Que el Tribunal Séptimo de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nro. 06/2010 de 25 de mayo de 2010 (fs. 331-344), que declaró al procesado Julio César Vargas Vaca, autor y culpable del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del Código Penal, con relación al art. 20 del mismo cuerpo legal, condenándolo a la pena privativa de libertad de ocho años de reclusión, a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, así como al pago de costas a calificarse conforme al art. 272 del Código de Procedimiento Penal. Sentencia que fue apelada por el procesado Julio César Vargas Vaca, cuyo recurso de apelación restringida fue admitido y declarado procedente mediante Auto de Vista Nro. 144/2011 de 29 de marzo de 2011 (fs. 438 a 441) emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, resolución ahora recurrida en casación.

Que los recursos de casación interpuestos contra esa decisión por María Luisa Crespo de Reynaldo y el Ministerio Público, admitido por Auto Supremo de 30 de enero del presente año 2012, (fs. 474 a 477), fue presentado invocando como precedentes los Autos Supremos Nros. 259 de 6 de mayo de 2011 y 472 de 8 de diciembre de 2005, exponiendo como argumento que no obstante el incumplimiento de los plazos establecidos para fallar en esa norma de orden procedimental, no acarreará la pérdida de competencia por parte del Tribunal que incumple el plazo.

CONSIDERANDO: Que efectuado el análisis pertinente, sobre la base de los datos del proceso y lo acusado por los recurrentes, se llegó a las siguientes conclusiones: a) El Presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia reinstala las audiencias de 21 de mayo de 2010 (a horas 09:00 y 15:30, dando continuidad a los alegatos de la víctima, del imputado, deliberación del Tribunal y pronunciamiento de Sentencia), en atención al informe de Secretaría sobre la asistencia de las partes procesales incluyendo la presencia de los jueces ciudadanos en sala; b) Según el Acta de Audiencia de Lectura de Sentencia de 25 de mayo de 2010 (fs. 345), el Presidente de dicho Tribunal al momento de hacer constar la hora de instalación de la audiencia (17:45) anunció que los jueces ciudadanos acaban de hacerse presentes en sala; luego al informar la Secretaria del Tribunal que las partes fueron legalmente notificadas,
indicó que sí estaban el imputado Julio Cesar Vargas Vaca y su abogado defensor, quienes manifestaron que al no encontrarse los jueces ciudadanos y haber transcurrido la hora señalada, se retiran de la Sala de Audiencias. Por lo cual señalan nuevo día y hora de audiencia para el día viernes 4 de junio del 2010 a horas 17:00.; c) Es así que el día y hora señalada en la anterior audiencia, consta previo informe de Secretaría sobre la asistencia de las partes procesales y jueces ciudadanos, que el Presidente del Tribunal instala formalmente la audiencia de lectura de sentencia.

El Tribunal de Alzada respecto a las actas de audiencias de fecha 21, 25 de mayo y 4 de junio de 2010, expresó su extrañeza ante la falta de firmas de los jueces ciudadanos en dichas Actas. Esto evidencia que sus consideraciones se limitan a verificar únicamente este aspecto, sin referir que dichas audiencias se instalaron previa formalidad de informe sobre la asistencia de las partes procesales y de los jueces ciudadanos por Secretaría, siendo que ni la misma defensa impugnó la falta de firmas de los jueces ciudadanos en las actas señaladas excepto la de fecha 25 de mayo de 2010, tal cual se puede advertir en el contenido del recurso de apelación restringida, quedando de esa manera convalidadas dichas actas; en función a que no se solicitó su subsanación oportunamente siendo aplicable por lo tanto al caso de autos el art. 170 del Código de Procedimiento Penal, a mayor abundamiento, tampoco corresponde en derecho resolver dicho aspecto al no haber sido invocado como violación en forma oportuna, por lo que en virtud a lo dispuesto en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz debió circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados en el recurso de apelación restringida.

En cuanto al precedente contradictorio Auto Supremo Nro. 259 de 6 de mayo de 2011 invocado por ambos recurrentes, se tiene que si bien éste fue emitido posteriormente al Auto de Vista de 29 de marzo del mismo año 2011, obviamente el Tribunal de Alzada no pudo haber conocido que la Corte Suprema de Justicia modularía el Auto Supremo Nro. 131 de 13 de mayo de 2005 en el que basó su fallo; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en su labor de sentar jurisprudencia ha establecido doctrina legal aplicable en cuanto al incumplimiento de plazos, el mismo que ya no acarrearía la pérdida de competencia y la nulidad de lo actuado sino la retardación de justicia; por lo que se encuentra demostrada la contradicción con el Auto de Vista impugnado, en conformidad a la citada doctrina legal aplicable que indica: "Como evidentemente, los Autos Supremos citados en calidad de precedentes contradictorios por la hoy recurrente, han superado y modulado la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 131 de 13 de mayo de 2005, en el que se funda el Auto de Vista recurrido, y en ese sentido, han establecido que, en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado, sino la retardación de justicia que amerita la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios públicos negligentes. Asimismo, los precedentes contradictorios mencionados, han deslindado claramente que para la invocación de defectos absolutos, es necesario que se especifique con meridiana precisión el agravio que se hubiere causado con determinada actuación procesal, sin cuya identificación no es posible valorar y visualizar el defecto absoluto en cuestión, y en consecuencia, la actuación procesal impugnada no constituye ni configura un defecto absoluto en sí, por el que se pueda proceder a la anulación de dicho actuado (...)."

Por lo que, al emitir el Tribunal de Alzada el Auto de Vista de 29 de marzo de 2011, sustentándose en una jurisprudencia modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación resuelto por Auto Supremo Nro. 259 de 6 de mayo de 2011 que dejó sin efecto la doctrina legal establecida en el Auto Supremo Nro. 131 de 13 de mayo de 2005, ha incurrido en contradicción puesto que la demora en la audiencia de lectura de sentencia efectuada después de los tres días previstos en el art. 361 del Código de Procedimiento Penal no conlleva a la pérdida de competencia ni a la nulidad de lo actuado, menos aún si el procesado no identificó con precisión en su recurso de apelación restringida la trascendencia del agravio que se le habría causado.

Asimismo, respecto al argumento del procesado inserto en la contestación a los recursos de casación, corresponde manifestar que desde la audiencia de celebración del juicio de fecha 8 de enero de 2010, se habituaba llamar a los jueces ciudadanos con mandamientos de comparendos a cada audiencia señalada.

Además de ello, cabe destacar que tanto el imputado como su abogado defensor en la audiencia señalada para el día 25 de mayo de 2010, no aguardaron la autorización del Director de la Audiencia (Presidente del Tribunal) para retirarse, sino más bien se marcharon por decisión propia, motivo por el cual se suspendió dicha audiencia. Lo que ocasionó que impetren luego la nulidad del proceso por presunta pérdida de competencia; de ahí que dicha situación no puede ser utilizada para disponer la anulación total de la Sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal; ello conforme al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa garantizados por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, constituyéndose por tanto el Auto de Vista recurrido en una resolución arbitraria. Puesto que se consideran defectos absolutos cuando las resoluciones lesionen derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y contenidos en el Código de Procedimiento Penal, situación que no se ha acreditado en el caso de autos.

A su vez, respecto al segundo precedente contradictorio Auto Supremo Nro. 472 de 8 de diciembre de 2005, alegado por el Ministerio Público, se establece que: "se considera defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o auto de vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución en normas sustantivas, adjetivas, penales, sustantivas o corresponden a Convenios o Tratados internacionales, omisión que constituye un defecto insalvable porque genera incertidumbre e los sujetos procesales, este defecto se inscribe en el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal en relación al art. 169 inc. 3) también del Código de Procedimiento Penal (...), resulta perjudicial y contradictorio, contra el principio de celeridad que rige el juicio oral, público y contradictorio, el anular la sentencia indebidamente por defectos que hayan sido convalidados por las partes."

Conforme a ello, corresponde manifestar a este Tribunal que los de Alzada al fundamentar su resolución en la falta de firmas de los jueces ciudadanos en las actas de audiencias y afirmar con este hecho que eso demuestra la inasistencia de los mismos, desconociendo que de forma expresa se informo por Secretaría del Tribunal de la presencia de los mismos al inicio de cada audiencia y sin tomar en cuenta que el motivo por el cual se originó la problemática analizada se suscitó cuando la lectura integral de la sentencia fue efectuada después de los tres días previstos en el art. 361 del Código de Procedimiento Penal (por causas imputables al procesado y su abogado defensor); no obstante en ningún momento fundamentaron cuál la trascendencia del agravio que presuntamente se habría causado con tal acto procesal, optando por proceder de forma directa a anular totalmente la sentencia emitida y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, de tal manera forzaron la aplicación de los art. 413 y 169 inc. 3). del Código de Procedimiento Penal y a su vez incumplieron lo dispuesto en el art. 124 de la misma ley adjetiva penal, al carecer el Auto de Vista recurrido de la debida fundamentación para así poder lograr la convicción de dicha resolución, la cual necesariamente debe contener la trascendencia del presunto agravio ocasionado, cuyo alcance haya motivado la anulación total de la sentencia y la reposición del juicio por otro tribunal.

Finalmente, merced a lo precedentemente expuesto, corresponde establecer la siguiente:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

En el supuesto que la audiencia señalada para la lectura integral de la sentencia en su parte dispositiva, no se realice en el plazo máximo de los tres días prescrito en el art. 361 del Código de Procedimiento Penal, dicho incumplimiento a tal plazo en ningún momento puede acarrear la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado; constituyendo retardación de justicia que da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal de los funcionarios públicos presuntamente negligentes, situación que no debe ocasionar perjuicios a las partes, lo cual implicaría vulneración a los principios de celeridad, inmediatez y acceso a una justicia pronta y oportuna.

No basta que la ley establezca una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento; tal nulidad debe ser expresa, específicamente prescrita por ley. Otro de los presupuestos esenciales para la procedencia de la declaración de nulidad de un acto procesal, es el principio de trascendencia plasmado en la máxima "no hay nulidad sin perjuicio"; por lo que, en virtud de estos requisitos, no es viable admitir la declaración de la nulidad por la nulidad misma, por ello, el litigante que invoca el vicio formal debe probar que el mismo le acarreó un perjuicio cierto e irreparable, el cual sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad expresamente dispuesta por ley. Tampoco procede la nulidad de obrados cuando hayan sido convalidados los defectos procesales que podrían dar lugar a la misma, debido al consentimiento de las partes, o a la falta de reclamo oportuno, conforme las disposiciones legales insertas en los arts. 398 y 408 del Código de Procedimiento Penal.

En conclusión, ante el supuesto de la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, los de Alzada deben necesariamente fundamentar con precisión cuál las razones que conllevan a sostener dichos supuestos; es decir, debe identificar específicamente el agravio causado con determinada actuación procesal, lo cual implica exponer cuál el daño ocasionado, para así poder lograr la convicción de la imposibilidad de reparar directamente tal inobservancia legal o errónea aplicación de la misma, conforme a lo dispuesto en el art. 124, concordante con el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal. De modo que, el Tribunal se vea obligado a anular la sentencia y a ordenar la reposición del juicio por otro tribunal, ello en estricto cumplimiento del art. 413 del Código de Procedimiento Penal, concordante con el art. 115 parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado.

Por todo lo expuesto, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituyen un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido y disponer se dicte nuevo Auto de Vista conforme a la doctrina legal mencionada y a las normas legales aplicables al caso concreto, para que las omisiones observadas sean subsanadas.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y el art. 419 del Código de Procedimiento Penal DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 144 emitido el 29 de marzo de 2011 por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz (fs. 438 a 441); y, dispone que la indicada Sala Penal Segunda pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal establecida y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto; sin responsabilidad por ser excusable debido a que el precedente contradictorio Auto Supremo Nro. 259 de 6 de mayo de 2011 invocado por los recurrentes, es de fecha posterior a la emisión del Auto de Vista impugnado.

En aplicación del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano