SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 20/2012

EXPEDIENTE: La Paz 05/2012 Sucre, 07 de febrero de 2012

DISTRITO: La Paz

PARTES: Ministerio Público, Martha Remedios Carrasco Alba contra Ana María Luque

DELITO: falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Ana María Luque de Patty (fs. 978 a 983), impugnando el Auto de Vista Nro. 187/2011 de 29 de septiembre de 2011 emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz (fs. 963 a 966) en el proceso seguido contra la recurrente a querella de Martha Remedios Carrasco Alba por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; y

CONSIDERANDO: Que para los fines de emisión de la resolución que al respecto corresponda, se cuentan con los siguientes antecedentes:

1.- El Tribunal Tercero de Sentencia de la ciudad de El Alto declaró a Ana María Luque de Patty autora de la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, imponiéndole la pena de privación de libertad en reclusión de seis años y seis meses.

2.- La procesada interpuso recurso de apelación restringida (fs. 931 a 933 y vlta.) que fue resuelto por el Auto de Vista impugnado (fs. 963 a 966) por el que se declaró improcedente la apelación restringida y confirmó la sentencia dictada.

3.- Contra el mencionado Auto de Vista, la procesada interpuso recurso de casación que es objeto de análisis con los siguientes argumentos: a) Expresa que se señaló las normas violentadas, particularmente, el art. 370 incs. 1, 4, 5 y 6, tanto en el memorial de apelación como en la fundamentación, refiriendo que hizo notar que dentro de la fundamentación probatoria, en las pruebas del Ministerio Público, figura un informe pericial que ignora porqué se lo incorporó legalmente al juicio, pues pese a que fue observado no fue sometido al principio de contradicción, y desconociendo que en la fundamentación de alegatos se indicó que no podía ser valorado, fue incluido en la prueba aportada por el Ministerio Público reconociéndole un valor legal; b) El Tribunal de Alzada no consideró las violaciones a la presunción de inocencia y al indubio pro reo en las que incurrió el Tribunal de Sentencia y que fueron denunciadas, denotando las afirmaciones contenidas en el segundo considerando del Auto de Vista que el Tribunal no estableció con certeza, si se usó o no el testimonio o si se sabía que el mismo era falso y quien usó ese documento eludiendo una fundamentación probatoria sin poderse adecuar su conducta a algún tipo penal, por lo que no existe en la sentencia fundamentación alguna que establezca la motivación del Tribunal para la imposición de la condena pues no refieren cuál o cuáles son las pruebas que generaron en el Tribunal la certeza de su culpabilidad, omitiendo valorar o considerar los precedentes contradictorios que invocó en la apelación restringida, siendo ellos los siguientes: A.S. Nro. 183/2007 de 6 de febrero de 2007, A.S. Nro. 305/2006 de 25 de agosto de 2006, A.S. Nro. 104/2004 de 20 de febrero de 2004, A.S. Nro. 444 de 15 de octubre de 2005 y A.S. Nro. 369/2007 de 5 de abril de 2007; c) Haciendo referencia al tercer considerando del Auto de Vista que impugna, expresa que de acuerdo a la jurisprudencia sentada, para el caso de denuncia de violación a principios, garantías y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado que se demuestra objetivamente, procede la admisión del recurso de casación excepcional o eventualmente de oficio, aspecto que fue obviado tanto por el Tribunal de sentencia como por los Vocales, pues dieron por probada una suposición que nunca fue demostrada con prueba fehaciente más allá de la duda razonable e impusieron una condena por una conducta que no ha sido probada; d) Alude que no se aplicó el precedente contradictorio contenido en el A.S. Nro. 431 de 11 de octubre de 2006, pues se emitieron una Sentencia y un Auto de Vista injustos contra una disposición de aplicación obligatoria; y, e) Existe violación a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, así como al art. 167 del Código de Procedimiento Penal, pues en su caso, primero se presumió su culpabilidad y luego se dictó una sentencia en base a prueba que fue observada.

Concluye su recurso de casación, indicando que al existir la violación a sus derechos y garantías constitucionales, de conformidad al art. 169 inc. 3) y art. 370 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal así como la violación del Auto Supremo invocado, solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se disponga se realice un nuevo juicio de reenvío por otro tribunal.

CONSIDERANDO: Conforme se tiene del Auto Admisorio Nro. 5 de 27 de enero de 2012, el análisis del presente recurso se circunscribe a la verificación de la posible concurrencia de defectos absolutos que fueron reclamados en las instancias correspondientes y que según la recurrente vulneran derechos y garantías constitucionales.

La Constitución Política del Estado reconoce y garantiza el ejercicio del debido proceso que en puridad viene a constituirse en un fundamento esencial del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que entre sus fines y funciones esenciales tiene la de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados por la Constitución.

En el A.S. Nro. 08 de 30 de enero de 2012 se señaló que en la configuración actual, "(...) el debido proceso se encuentra comprendido por una serie de derechos que vienen a constituirse en sus elementos configurativos y que hacen que el mismo opere en tres dimensiones, esto es, como derecho, como garantía y como principio, por lo que su respeto y vigencia debe ser precautelada en todo proceso judicial lo cual involucra que sus elementos constitutivos sean también respetados, siendo uno de ellos el derecho a recurrir de los fallos (...)". Un derecho íntimamente vinculado al derecho a recurrir es el derecho a la tutela judicial efectiva cuyo núcleo contempla que en todo proceso judicial se garantice un mecanismo eficaz que permita a los justiciables reestablecer una situación jurídica vulnerada constituyéndose a la vez en una garantía del derecho de recurrir pues este último posibilita se active el control de los decisorios por los Tribunales de mayor jerarquía e involucra hacer abstracción de los excesivos formalismos que impidan el acceso a la justicia.

Ahora bien, uno de los parámetros para considerar la efectivización del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de recurrir, es que toda resolución contenga una motivación coherente con el ordenamiento jurídico, que exponga de forma clara, concreta y precisa los fundamentos que llevaron al juez o tribunal a resolver el caso, respondiendo a todos los aspectos demandados o cuestionados. En ese entendido, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez o tribunal sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en dicho supuesto, el derecho al debido proceso se tendrá cumplido y con ello el derecho de recurrir y por supuesto la tutela judicial efectiva, derechos garantizados por los arts, 119 y 115 de la Constitución Política del Estado, respectivamente.

Dentro del ordenamiento procesal penal vigente, el derecho de recurrir se halla contemplado en el art. 394 del Código de Procedimiento Penal y comprende el principio pro actione el cual se encuentra implícito al interior del art. 399 del mismo compilado procesal y consiste no sólo en la imposibilidad de rechazar por defectos de forma el recurso de apelación restringida sin que previamente se conceda al recurrente un plazo para subsanar los defectos observados, sino también en que las resoluciones no acudan a fundamentos o defectos de forma para resolver el fondo de un determinado asunto utilizando para ello argumentos evasivos.

En el caso de autos, la recurrente denunció que se introdujo un informe pericial como prueba siendo que el mismo había sido observado, sin embargo, no se evidencia dicho extremo en las actas que cursan en obrados, ni se advierte que la recurrente hubiese solicitado la exclusión probatoria de aquel informe por lo que tampoco existía óbice alguno para que dicha prueba sea tomada en cuenta a momento de emitirse la sentencia.

Con relación a las denuncias referidas a que el Tribunal de Alzada no consideró las violaciones a la presunción de inocencia y al indubio pro reo en las que incurrió el Tribunal de Sentencia, a la inexistencia de fundamentación probatoria en la sentencia, y en suma, a que no existe en dicha sentencia fundamentación alguna que establezca la motivación del Tribunal para la imposición de la condena debido a que no refieren cuál o cuáles son las pruebas que generaron en el Tribunal la certeza de su culpabilidad, omitiendo valorar o considerar los precedentes contradictorios que invocó en la apelación restringida; una vez analizado el Auto de Vista impugnado, es evidente que adolece de una adecuada y suficiente fundamentación pues no absuelve todos los aspectos cuestionados de la sentencia contenidos en el recurso de apelación restringida, y en su caso, acude a fundamentos que corresponden a la forma y no así al fondo cuando en su oportunidad y conforme a derecho los Vocales de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de La Paz no otorgaron el plazo correspondiente para subsanar aquellos posibles defectos, así se tiene demostrado en virtud al contenido del último párrafo del último considerando del Auto de Vista impugnado que se constituye en una transcripción de los arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal para que con carácter genérico concluyan los Vocales que el "apelante no refiere expresamente si se estaría inobservando o aplicando erróneamente alguna disposición legal, sin referir disposición legal que se encontraría violada, sus fundamentos y la aplicación que pretendería (...)" SIC. Lo antedicho se constituye en una argumentación evasiva del fondo de la pretensión jurídica de la recurrente que la deja en evidente estado de indeterminación respecto a los puntos por ella cuestionados o impugnados.

Por lo precedentemente expuesto, corresponde establecer la siguiente doctrina legal aplicable.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

De acuerdo al entendimiento ratificado por el A.S. Nro. 12 de 30 de enero de 2012, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porqué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados.

En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el art. 398 del citado compilado procesal pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, no siendo suficiente acudir a fundamentos evasivos y referidos a defectos que conforme al art. 399 del Código de Procedimiento Penal pudieron ser observados en su oportunidad en el marco del respeto al principio pro actione.

De lo expuesto, se evidencia que es un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del art. 419 del citado Código, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y art. 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 187/2011 de 29 de septiembre de 2011 emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz (fs. 963 a 966), ordenando que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial de de La Paz, pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.

En aplicación del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

ANTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano