SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 19/2012

EXPEDIENTE: Oruro 13/2012 Sucre, 06 de febrero de 2012

DISTRITO: Oruro

PARTES: Ministerio Público c/ Juan Carlos Tapia Huanca y Ofelia Lupinta Callacopa

DELITO: tráfico


VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Juan Carlos Tapia Huanca (fs. 118 a 121), y Ofelia Lupinta Callacopa (fs 131 a 134 vlta.), impugnando el Auto de Vista Nro. 21/2011 de 11 de noviembre de 211 (fs. 94 a 98 vuelta) emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes por el delito de trafico de sustancias controladas previsto por el artículo 48 con relación al artículo 33 inciso m de la ley 1008.

CONSIDERANDO I: Que en mérito a la acusación formulada por el Ministerio Público, concluido el juicio, el Juez de Sentencia en lo Penal No 2 de la ciudad de Oruro, a través de la Sentencia Nº 117/2010 de 05 de mayo de 2011 (fs. 63 a 69 vuelta) resolvió condenar a Juan Carlos Tapia Huanca y Ofelia Lupinta Callacopa, declarándolos autores del delito de trasporte de sustancia controladas, tipificado por el art. 55 de la ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (ley 1008), imponiéndoles a cada uno de los imputados penas graduales, a Juan Carlos Tapia Huanca se le impuso la pena de once años de presidio y a Ofelia Lupinta Callacopa se le impuso la pena de nueve años de presidio a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de Oruro, así como al pago de 500 días multa a razón de Bs. 0,50 centavos de boliviano, con costas a favor del Estado a ser calificado en ejecución de sentencia.

Sentencia contra la cual los procesados interpusieron los recursos de apelación restringida (fs. 73 a 74 vuelta) y (fs.77 a 79 vuelta) recursos que fueron resueltos por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro por Auto de Vista Nº 21/2011 de 11 de noviembre de 2011 (fs. 94 a 98 vuelta), mediante el cual se los declaró improcedentes.

Contra el mencionado Auto de Vista, los procesados interpusieron recursos de casación en el orden siguiente:

1.- Juan Carlos Tapia, mediante su recurso de casación (fs. 118 a 121), alegó:

Que en el caso de autos existe errónea aplicación de la ley y calificación de los hechos, al haberse vulnerado el principio de congruencia, ya que el juez de sentencia aplicando este principio se aparta de la acusación y dicta sentencia condenatoria por el delito de transporte de sustancias controladas y no así por el delito de tráfico de sustancias controladas.

Que en el Auto de Vista, el juzgador en forma expresa subsume los hechos en cuanto se refiere a la participación de los acusados al tipo penal de cohecho activo previsto y sancionado por el art. 67 de la Ley Nro. 1008, empero extrañamente en la parte resolutiva del recurso de apelación restringida confirma la sentencia dictada por el inferior, condenándolo al ilícito de transporte de sustancias controladas, contradiciendo su posición inicial que a su criterio es correcta pues no se aparta de los hechos.

Que el Tribunal de Alzada si bien realiza una explicación de la norma correctamente aplicable al presente caso, no la aplica en cuanto a los hechos de acuerdo a la prueba producida en juicio oral, existiendo una errónea calificación de los hechos, toda vez de que su persona no se encontró en ningún momento en el interior del vehiculo que transportaba las sustancias controladas, mas al contrario se estableció que su persona fue quien se acercó a la policía de la tranca con la finalidad de sobornarlo, figura penal muy distinta al transporte de sustancias controladas; y hace mención a la Sentencia Constitucional Nº 0506/2005 de 10 de mayo de 2005.

Que se produce un error in iudicando, en la sentencia recurrida, en cuanto a la justicia, la sana critica e inteligencia, cuando se omite aplicar a un hecho la norma que genuinamente lo conceptualiza, correspondiendo tipificar como cohecho activo previsto en el artículo 67 de la ley 1008, y a su vez hace referencia al Auto Supremo No 431 de 11 de Octubre de 2006, señalando que el tribunal que incurra en una inadecuada subsunción del delito al margen del hecho fáctico, las pruebas concurrentes y las circunstancias que motivaron la comisión, vulnera el principio de legalidad generando inseguridad jurídica en la sociedad.

Que existen defectos absolutos en la sentencia pronunciada por el juez, al igual que la resolución de vista recurrida de casación, que implican la carencia de fundamentación en dichas resoluciones, así como la errónea subsunción del hecho delictivo en el tipo penal por el que fue condenado y la defectuosa valoración de la prueba, aun mas si en el inciso c) parágrafo segundo de la parte resolutiva de la resolución recurrida existe una contradicción en la norma, toda vez que en primera instancia indica que el delito de transporte de sustancias controladas es de carácter formal y en el mismo párrafo posteriormente señala que los delitos de la ley del régimen de la coca de sustancias controladas no son de carácter formal sino de resultados, haciendo mención a los AA.SS. Nros. 111/2005 y 236/2005.

Arguye que en el presente recurso no invoca precedente contradictorio por no ser exigible conforme señala el Auto Supremo Nº 401 de 18 de agosto de 2003, al tratarse de una situación verdaderamente injusta e interpretación innovadora de la norma ante la violación flagrante al procedimiento y defectos absolutos como expresa el A.S. Nro. 101 de 1 de abril de 2005 y A.S. Nro. 102 de 1 de abril de 2005.

Finaliza pidiendo que se establezca la doctrina legal aplicable y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.

2.- Ofelia Lupinta Callacopa, a tiempo de plantear su recurso de casación (fs. 131 a 134 vuelta), alegó:

Que la sentencia dictada en su contra conlleva inobservancia a las reglas previstas para la deliberación y redacción de sentencia y la valoración defectuosa de la prueba, ya que la sentencia no cumple con el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que si bien la sentencia la sanciona a una pena privativa de libertad de nueve años, sin embargo no señala a que clase de privación de libertad se refiere, ya sea de reclusión o presidio, asimismo no señala donde cumplirá su sanción de pena privativa de libertad, por otra parte no establece cuando o en que fecha y gestión concluirá la sentencia, además se dice 500 días pero tampoco la sentencia establece que días.

Que existe una valoración defectuosa de la prueba en la apelación restringida que se sustentó en el sentido de que el Ministerio Público a mas de producir prueba documental solo presentó un testigo, siendo que la carga de la prueba corresponde al fiscal, quien cuenta con todos los medios disponibles para una adecuada investigación, toda vez que las presunciones no condicen con la estructura actual del procedimiento.

Que en ninguna de las causales se hace referencia a la conducta realizada por su persona y que los requisitos de deliberación de la sentencia deben ser claros y precisar en la sentencia, la pena, donde empieza, cuando termina y donde se cumplirá, aspecto que no cumplió la sentencia; y en cuanto a la valoración de la prueba se tiene que el Juez de Sentencia Nº 2 en lo penal, realizó errónea valoración de la prueba, puesto que el Ministerio Público no aportó prueba, mas al contrario su persona logro la declaración de un testigo quien señaló que su persona no tenia conocimiento de lo que se estaba transportando; empero el mismo no fue valorado, mas al contrario se ratificó la sentencia mencionada.

Que el Auto de Vista dictado por la Sala Penal Segunda al fundar su resolución en el sentido de que su persona acepta la calificación del delito de transporte de sustancias controladas y no así en la calificación del delito de trafico de sustancias controladas se estaría vulnerando su derecho a la seguridad jurídica, mas aún si se advierte que existió una errónea valoración de la prueba, con una mala redacción de la sentencia en la cual no se señala donde se cumplirá la condena, cuando empezará y cuando terminará, circunstancia que se constituye en un defecto absoluto.

Que el tribunal de alzada al ejercer control jurisdiccional esta ejerciendo también control constitucional como establece el articulo 228 de la Constitución Política del Estado con relación al artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal referente a los defectos absolutos, por lo que resulta de mayor relevancia que el tribunal de alzada cometa uno o mas defectos absolutos, cuando es llamado por la Constitución Política del Estado a que el proceso penal se desarrolle con una efectiva tutela judicial, correspondiendo además que sus resoluciones sean debidamente fundamentadas; en cuanto a este aspecto cita como precedente contradictorio el Auto Supremo No 431 de 15 de octubre de 2005.

Concluyó pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se disponga que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, emita nuevo Auto de Vista de acuerdo a la línea Jurisprudencial citada.

CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, se debe cumplir las condiciones formales previstas en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado; 3) Que se señale en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso en contra de la sentencia por causar agravio, debiendo acompañarse como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.

CONSIDERANDO: En ese sentido analizado los argumentos expuestos por los procesados se llega a establecer las siguientes conclusiones:

En cuanto al recurso de casación planteado por Juan Carlos Tapia Huanca:

1.- Que el recurrente si bien presentó el recurso de casación dentro del plazo de los cinco días previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal, omitió anexar la única prueba admisible, como es la copia de la apelación restringida en la que se debió invocar el precedente contradictorio, conforme determina el párrafo segundo del referido artículo.

2.- El procesado al interponer el recurso de casación cita y adjunta distintos Autos Supremos y la Sentencia Constitucional Nº 1401/2003-R con el fin de reforzar su pretensión jurídica, sin embargo, no invoca los Autos Supremos como precedentes contradictorios, mas al contrario refiere que en mérito al Auto Supremo Nº 401 de 18 de agosto de 2003 no se invoca en el recurso ningún precedente contradictorio, limitándose a señalar la existencia de defectos absolutos y a repetir in extenso los argumentos expuestos en su apelación restringida cuando la naturaleza del recurso de casación es completamente diferente, por lo que incumple con el requisito de invocar el precedente contradictorio y por ende omite establecer con precisión la situación de hecho similar y la contradicción en términos precisos entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios citados.

3.- De la lectura de la apelación restringida interpuesta por el recurrente se advierte, tal y como se mencionó líneas precedentes, que también incumplió con el requisito de invocar el precedente contradictorio a tiempo de interponer dicho recurso contra la sentencia impugnada, ya que el recurrente en conocimiento de los agravios sufridos debió en esa oportunidad de manera obligatoria invocar los precedentes contradictorios, mas aún si se considera que los precedentes enunciados en su recurso de casación ya eran conocidos por el procesado a momento de interponer su apelación restringida.

4.- Si bien el Tribunal Supremo ha consentido como una causal para la admisión del recurso de casación las denuncias referidas a la existencia de defectos absolutos en el trámite del proceso; empero, las mismas deben ser oportunamente reclamadas y estar plenamente demostradas, resultando insuficiente manifestar la carencia de fundamentación en las resoluciones, la errónea subsunción del hecho delictivo en el tipo penal por el que ha sido condenado y la defectuosa valoración de la prueba, sin que el recurrente cumpla previamente con la carga procesal de detallar con precisión y probar objetivamente cuál es el acto procesal que ha restringido el derecho o garantía vulnerado y explicar el resultado dañoso que ha sido emergente del defecto, casos en los cuales excepcionalmente el recurrente se encontrará eximido de realizar la respectiva invocación de los precedentes, lo contrario involucra incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa procesal para la admisibilidad del recurso.

En cuanto al recurso de casación planteado por Ofelia Lupinta Callacopa se advierte:

1.- Que la recurrente presentó el recurso de casación dentro el plazo de los cinco días previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal, anexando la copia de la apelación restringida, si bien en la misma no se invoca precedente contradictorio, se tiene que en el recurso de casación interpuesto invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo Nº 431 de 15 de octubre de 2005, al producirse recién la contradicción con el Auto de Vista Nº 21/2011 de 11 de noviembre de 2011, asimismo se advierte que la recurrente señala de forma precisa la contradicción existente entre el precedente contradictorio invocado y el Auto de Vista Impugnado, cumpliendo de esta manera con lo establecido por la segunda parte del artículo precedentemente citado.

2.- Al margen de lo mencionado, dentro del recurso de casación interpuesto se hace alusión y se denuncia la existencia de defectos absolutos en los que hubiera incurrido el tribunal de alzada, respecto al artículo 396 numeral 3 con relación al artículo 169 numeral 3 y artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, por no haber el tribunal de alzada proporcionado una efectiva tutela judicial a la procesada ante la violación flagrante del procedimiento, por lo que corresponde revisar la posible existencia de aquellas violaciones denunciadas a los derechos y garantías constitucionales.

3.- Consecuentemente, el recurso de casación interpuesto por esta procesada cumple y reúne los requisitos de procedencia previstos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la ley del Órgano Judicial y art. 418 del Código de Procedimiento Penal declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Tapia Huanca (fs 118 a 121) por la falta de cumplimiento de los requisitos formales exigidos por ley; y ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ofelia Lupinta Callacopa (fs. 131 a 134 vta.) contra el Auto de Vista Nro. 21/2011 de 11 de noviembre de 2011, dictado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro; y, en consecuencia se dispone que por Secretaría de Cámara se remitan fotocopias legalizadas de la Sentencia, del Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, a efecto de lo previsto en el citado art. 418, parágrafo segundo del mismo cuerpo legal.

Regístrese y notifíquese.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas (Presidente)

Dr. Jorge Isaac Von Borries Mendez

NTE MÍ. Dra. Sandra Magaly Mendivil Bejarano