SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: 401 Sucre, 27 de julio de 2009

DISTRITO: Cochabamba

PARTES:Ministerio Público c/ Rosenda Claure de Morales

Transporte de Sustancias Controladas (Declara la extinción de la acción penal)

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Sucre, 27 de julio de 2009

VISTOS: La solicitud de extinción de la acción penal de 23 de enero de 2007 (fojas 169 y vuelta) dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rosenda Claure de Morales, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas previsto y sancionado en el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, radicado en esta Corte Suprema de Justicia con el recurso de casación impetrado por la procesada, los antecedentes; y

CONSIDERANDO: Que, en el caso de autos, el Auto de apertura de proceso penal data del 8 de junio de 2000 (fojas 35); luego de sus consideraciones y trámite de ley, el Juzgado Segundo de Partido de Sustancias Controladas, pronunció Sentencia el 25 de abril de 2003 (fojas 128 a 129), que declaró a Rosenda Claure de Morales, autora del delito de transporte de sustancias controladas, delito que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, condenándola a sufrir la pena de 8 años de presidio a cumplir en la Cárcel Pública de la ciudad de Cochabamba y 500 días multa a razón de Bs.1 por día, mas costas al Estado así como daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia. Dicho fallo fue confirmado mediante Auto de Vista de 15 de diciembre de 2003 (fojas 145 y vuelta); interpuesto el recurso de casación por la procesada, el expediente fue radicado en este Tribunal el 10 de septiembre de 2004.

El Ministerio Público, requirió porque se disponga la no extinción de la acción penal a favor de la procesada, al encontrarse su conducta dentro de los actos dilatorios del proceso.

CONSIDERANDO: Que, la extinción de la acción penal, por su naturaleza jurídica, constituye un incidente de previo y especial pronunciamiento, en mérito a ello, corresponde que este Tribunal resolver de oficio o a petición de parte, conforme al marco establecido en el Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo dispuesto por la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal, las causas tramitadas conforme al régimen procesal anterior deben ser concluidas en el plazo máximo de cinco años, computables a partir de la publicación de dicha norma; según entendimiento de la Sentencia Constitucional N° 0101/2004 RDN: "(.) vencido el plazo (.), el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado". En dicho contexto la Sentencia Constitucional N° 1365/2005-R, fijó reglas de cómputo de plazo para la extinción del proceso penal tramitado con el Código de Procedimiento Penal de 1972, que el proceso tenga una duración superior a los cinco años, computables desde: "a) la fecha de la publicación del Código de Procedimiento Penal, para los casos que se hubieran iniciado y estuvieren en trámite a esa publicación; y b) la fecha de inicio del proceso para los casos iniciados con posterioridad a la publicación y con anterioridad a la vigencia plena del Código de Procedimiento Penal."

CONSIDERANDO: Que, del análisis integral del proceso y computado el tiempo de duración del mismo desde la notificación de la imputada con el Auto de apertura del Proceso Penal a la fecha, se arriba a la certidumbre de haber transcurrido mas de 8 años, hecho que indudablemente vulnera el principio de celeridad, así como al juzgamiento en tiempo razonable, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Disposición Transitoria Tercera de la parte final de la Ley 1970.

En ese mismo contexto el artículo 116-X de la Constitución Política del Estado, establece como condición de la administración de justicia, la celeridad en la tramitación de los procesos, así también el artículo 1 numeral 13) de 1a Ley de Organización Judicial estatuye que la justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación y resolución de las causas; en consecuencia al haber transcurrido abundantemente el plazo de duración previsto por la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal por causa no atribuible a la procesada corresponde aplicar dicha normativa al caso de autos, con la finalidad que se establezca y conozca su situación jurídica de la imputada, máxime si el supuesto acto dilatorio consistente en la inasistencia a la audiencia pública (fojas 101), fue debida y oportunamente justificada, así como la utilización de recursos ordinarios que se encuentran previstos legalmente en mérito al derecho a la defensa de la imputada, razón por la cual dichos actos no pueden ser entendidos como dilatorios del proceso.

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en desacuerdo con el requerimiento fiscal y en cumplimiento de la Disposición Final Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal Ley N° 1970, declara LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL por transcurso del tiempo, a favor de Rosenda Claure de Morales, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas tipificado en el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, debiendo en consecuencia cancelarse todas las medidas impuestas en contra de la procesada y el archivo definitivo de obrados.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Fdo. Dr. Teófilo Tarquino Mújica.

Dr. Ángel Irusta Pérez.

Sucre, 27 de julio de 2009

Proveído.- Jaime René Conde Andrade -Secretario de

Cámara de la Sala Penal Primera.

Libro Tomas de Razón 3/2009