SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: 258 Sucre, 24 de abril de 2009

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES:Ministerio Público c/ Manuel Cárdenas Quispe, Paulina Paisig Delgado y John Anderson Vela Haro

Tráfico de Sustancias Controladas (Declara infundado el recurso de casación)

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Sucre, 24 de abril de 2009

 

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por John Anderson Vela Haro de fs. 459 a 460, contra el Auto de Vista de 21 de abril de 2004 de fs. 457 a 458, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Manuel Cárdenas Quispe, Paulina Paisig Delgado y el recurrente por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: Que, el Tribunal Tercero de Partido de Sustancias Controladas de la ciudad de Santa Cruz, pronuncia la sentencia de 18 de septiembre de 2003 de fs. 430 a 441, que declara al procesado Manuel Cárdenas Quispe, autor de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008; imponiéndole la pena de 10 años de presidio a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Cárcel de Palmasola ), así como el pago de 400 días multa a razón de 5 bolivianos por día, más costas. La Autoría del recurrente John Anderson Vela Haro en el delito de transporte, tipificado por el art. 55 de la Ley 1008 imponiéndole la sanción de 8 años de presidio, 300 días multa a razón de 4 bolivianos por día y costas, siendo absuelto por el delito de tráfico, al igual que la coprocesada Paulina Paisig Delgado.

Apelada la decisión por John Anderson Vela Haro (fs. 444) y el representante del Ministerio Público (fs. 445), es confirmada mediante Auto de Vista de 21 de abril de 2004 (fs. 457 a 458), circunstancia que motiva a que el 7 de mayo de 2004 (fs. 459 a 460), el procesado John Anderson Vela Haro interponga el recurso de casación que ahora se analiza.

CONSIDERANDO: Que, el procesado recurre de casación en los términos que se exponen a continuación:

I. Que fue detenido el 6 de junio de "200" (sic), cuando se encontraba en la estación ferroviaria de Santa Cruz, intentando abordar el tren rumbo a Puerto Quijarro, oportunidad en la que efectivos de la FELCN detectaron la presencia de sustancias controladas en la maleta que llevaba.

II. Que, el fallo de primera instancia determinó que Manuel Cárdenas era el propietario de la cocaína incautada, y el encargado de custodiar el traslado de la droga desde Perú hasta San Pablo-Brasil, realizando todas las actividades necesarias.

III. Que, en cuanto a su participación no se realizó una valoración adecuada de la prueba, ni se consideraron aspectos subjetivos que constituyen parte de la imputación penal objetiva, conforme señala el art. 13 del Código Penal, pues su accionar fue motivado por la coerción ejercida por Manuel Cárdenas, hecho que excluye la presencia de dolo y culpa; además, que de un análisis objetivo la subsunción correcta de los hechos, determinan que su conducta se configura a los alcances del art. 23 del Código Penal, al evidenciarse que su participación fue accesoria.

IV. El Auto de Vista que confirma la sentencia, vulnera sus derechos al debido proceso y a la valoración efectiva y motivada de la prueba aportada, ya que la insuficiente labor investigativa no ha podido reunir los elementos necesarios para establecer con criterios de veracidad su culpabilidad.

VI. Que, el hecho que se juzga fue erróneamente calificado, con evidente violación de la ley sustantiva, incurriéndose en la causal de casación establecida por el art. 298 incs. 1), 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal.

Con los citados fundamentos, impetra se case el auto de vista recurrido y se determine una condena por el delito de complicidad en el transporte de sustancias controladas.

CONSIDERANDO: Que, del análisis del expediente se tienen los siguientes antecedentes: La sentencia de primera instancia (fs. 430 a 441), pronunciada el 18 de septiembre de 2003, por el Tribunal Tercero de Partido de Sustancias Controladas de Santa Cruz, que declara al procesado John Anderson Vela Haro autor del delito de transporte de sustancias controladas, tiene como fundamento el hecho de que el procesado cumplió con la función de realizar el transporte de la sustancia controlada desde Lima-Perú, teniendo como destino final la población de Puerto Quijarro, por lo cual iba a recibir el pago de $us. 2.000.- consumándose el delito de transporte, por lo que existen suficientes pruebas para fundar una condena en su contra.

El Auto de Vista de 21 de abril de 2004 (fs. 457 a 458), pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, confirmó la sentencia, fundamentando que el tribunal inferior al dictar sentencia mixta - teniendo presente la absolución de Paulina Paisig Delgado-, procedió conforme manda el art. 243 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la prueba plena existente contra el recurrente John Anderson Vela Haro, al haberse demostrado que el otro procesado que era el propietario de la droga, le entregó para que sea trasportada a Puerto Quijarro, siendo que ambos admitieron los hechos investigados y la prueba de cargo no dejó lugar a duda sobre esos hechos.

CONSIDERANDO: Que, del examen de los antecedentes cursantes en el proceso se puede advertir que el tribunal de apelación efectuó una correcta valoración de los elementos de prueba al confirmar la sentencia de primera instancia que declaró al procesado John Anderson Vela Haro, como autor del delito de transporte de sustancias controladas, de acuerdo al art. 55 de la Ley 1008; pues, se establece inobjetablemente, que el 6 de junio de 2000, en la estación ferroviaria de Santa Cruz, se detectó en el interior de la maleta del procesado 10.694 gramos de cocaína; conforme se desprende de las actas de operativo de fs. 8 a 9, acta de incautación y pesaje de fs. 10, así como del certificado de análisis de laboratorio de fs. 13; sustancia que era transportaba desde Lima - Perú a Puerto Quijarro, quedando establecido que el Ministerio Público demostró que el procesado ha sometido su conducta al citado delito que es de carácter formal, teniendo en cuenta que el transporte de sustancias controladas de un lugar a otro sin autorización legal por cualquier medio de transporte se halla penado por ley y queda consumado en el momento en que se descubre e incauta la droga.

Consecuentemente, al estar acreditada la autoría del recurrente, así como el cuerpo del delito, conforme la exigencia del art. 133 del Código de Procedimiento Penal; se llega a la convicción de que la Corte ad quem al confirmar la sentencia de primera instancia no ha incurrido en las infracciones que se acusan.

POR TANTO:La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en desacuerdo con el requerimiento fiscal de 28 de octubre de 2004, con la atribución conferida por el art. 59 numeral 1) de la Ley de Organización Judicial y en aplicación del art. 307 numeral 2) del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso planteado por John Anderson Vela Haro de fs. 459 a 460 de obrados.

Regístrese, hágase conocer y devuélvase.-

RELATOR MINISTRO: Dr. Teófilo Tarquino Mújica

Fdo. Dr. Teófilo Tarquino Mújica.

Dr. Ángel Irusta Pérez.

Sucre, 24 de abril de 2009

Proveído.- Jaime René Conde Andrade -Secretario de

Cámara de la Sala Penal Primera.

Libro Tomas de Razón 2/2009