SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: 135 Sucre, 10 de marzo de 2009

DISTRITO: La Paz

PARTES:Ministerio Público a querella de José Richard Chambi Paredes c/ Mario Donato Macias Velasco

Abuso Deshonesto (Declara la extinción de la acción penal)

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Sucre, 10 de marzo de 2009

VISTOS: La remisión dispuesta por este tribunal a efectos de que el Ministerio Público se pronuncie sobre la extinción de la acción penal, formulada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de José Richard Chambi Paredes contra Mario Donato Macias Velasco por el delito de abuso deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 con relación al 310.2) del Código Penal, los antecedentes de la materia, y:

CONSIDERANDO: Que, siendo la extinción de la acción penal, una excepción de previo y especial pronunciamiento, corresponde a éste Tribunal pronunciarse al respecto tomando en cuenta la Sentencia Constitucional Nº 0101/04 de 14 de septiembre de 2004; cuya figura jurídica de extinción de la acción penal, reviste una forma de conclusión extraordinaria del proceso, que se traduce en la imposibilidad de continuar con dicho trámite, desapareciendo el control del Estado sobre el hecho ilícito, así como la posibilidad de ejercitar el ius puniendi, siempre que la demora no sea atribuible al imputado.

En ese entendido, el Ministerio Público, invocando la Sentencia Constitucional Nº 0101/04 y Auto Complementario Nº 0079/04 de 14 y 29 de septiembre de 2004, respectivamente, por requerimiento fiscal de fs. 343 a 344, luego de efectuar consideraciones del principio de legalidad y realizar el cómputo de los actuados, concluyó requiriendo, que el Supremo Tribunal, declare la extinción de la acción penal a favor del imputado.

CONSIDERANDO: Que, el órgano jurisdiccional debe analizar en términos objetivos y verificables los orígenes o motivos de la dilación del proceso y que: "la extinción de la acción penal sólo (procede) puede ser conforme a la Constitución, cuando se constate que la no conclusión del proceso dentro del plazo máximo establecido por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1970 es atribuible a omisiones o falta de diligencia debida a los órganos administrativos o jurisdiccionales del sistema penal y no a acciones dilatorias del imputado o procesado". Resolución complementada mediante Auto Nº 0079/04 de 29 de septiembre de 2004.

En el mismo sentido la Sentencia Constitucional Nº 1042/05 de 5 de septiembre de 2005, establece en sus fundamentos jurídicos, en el punto III.1., que para considerar la extinción de la acción penal, "...la constitucionalidad de la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal, está supeditada a que en su aplicación se respete la interpretación efectuada por esta jurisdicción constitucional, la que ha determinado que el plazo de extinción del proceso no se opera de manera automática con el sólo transcurso del plazo fijado por la disposición procesal, sino que cada caso deberá ser objeto de un cuidadoso análisis para determinar las causas de la demora en la tramitación del proceso penal en cuestión. ...el Auto Complementario 0079/2004-ECA de 29 de septiembre de 2004, ha señalado que serán las autoridades jurisdiccionales competentes que al conocer y resolver la solicitud de extinción del proceso penal que (..) en el caso concreto, determinarán si la retardación de justicia se debió al encausado o al órgano judicial y/o el Ministerio Público,..."

A su vez la Sentencia Constitucional Nº 1365/05 de 31 de octubre de 2005, determinó en sus consideraciones doctrinales, punto III.1.3., que: "así como de la SC 0101/2004 y su AC 0079/2004-ECA, se extraen las sub reglas relativas a las condiciones formales y materiales para la extinción del proceso penal tramitado conforme a las normas del régimen procesal abrogado; 1) es condición formal para la extinción del proceso penal tramitado según el Código de Procedimiento Penal de 1972, que el proceso tenga una duración superior a los cinco años, computables desde: a) la fecha de la publicación del Código de Procedimiento Penal, para los casos que se hubieran iniciado y estuvieren en trámite a esa publicación; y b) la fecha de inicio del proceso para los casos iniciados con posterioridad a la fecha de publicación y con anterioridad a la vigencia plena del Código de Procedimiento Penal; y 2) las condiciones materiales para declarar la extinción del proceso penal regulado por el régimen procesal abrogado, emergen: ... (...) en cada caso concreto, tomando en cuenta, la complejidad del litigio, la conducta del imputado... no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado."

CONSIDERANDO: Que, si bien el presente proceso en su tramitación ha excedido el máximo de tiempo previsto por ley, no es menos evidente que la conducta del procesado no ha influido en la prolongación de dicho trámite:

En efecto, de la revisión exhaustiva de los antecedentes que cursan en obrados, se verifica objetivamente que el proceso se inició el 29 de noviembre de 2000 conforme se evidencia del informe de acción directa de fs. 2 y vlta., se comprueba que el juez emito el auto inicial de la instrucción el 16 de enero de 2001 como se evidencia a fs. 70. Tramitada la fase del sumario, el auto final de la instrucción de sobreseimiento provisional de fs. 139 a 140, se la dictó el 7 de diciembre de 2001, después de 10 meses y 21 días, de haberse dictado el auto inicial de la instrucción.

Posteriormente, el querellante el 15 de marzo de 2002 mediante memorial de fs. 146 a 147 apeló el auto final de la instrucción, que fue revocado por auto de vista de 2 de junio de 2003 conforme consta a fs. 182 a 183, luego de 1 año, 2 meses y 17 días desde que se apeló el auto de sobreseimiento provisional.

En la fase del plenario, el proceso se radicó el 7 de agosto de 2003 conforme se evidencia del decreto de fs. 193, tramitada la etapa de los debates la sentencia se la dictó el 20 de noviembre de 2003 conforme consta a fs. 245 a 249, después de 3 meses y 13 días, desde que se radicó el proceso en el juzgado de partido.

Finalmente el querellante por memorial de fs. 253 a 255 apeló la sentencia, que fue confirmada por auto de vista de 18 de junio de 2004 de fs. 271 a 272, recurrió de casación mediante memorial de fs. 325 a 327 vlta., sin que hasta la fecha haya concluido el proceso con un fallo ejecutoriado, no obstante el tiempo transcurrido desde que se lo inició.

Como se podrá advertir que desde la fecha del inicio del proceso, han transcurrido hasta el presente mas de 8 años, aspecto no aceptable toda vez que sen trata de un proceso simple sin complejidad alguna, conculcándose el derecho que le asiste a todo encausado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, concluyéndose en el presente caso que la conducta del procesado Mario Donato Macias Velasco no se encuentra enmarcada dentro de los actos dilatorios a los que hace referencia la Sentencia Constitucional Nº 0101/2004, consecuentemente se ha lesionado el derecho del imputado a la conclusión del proceso dentro del plazo establecido por la disposición transitoria tercera de la ley 1970, viabilizando de esta manera la concesión de la extinción de la acción penal a su favor.

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fs. 343 a 344, declara LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL instaurado a favor de Mario Donato Macias Velasco por el delito de abuso deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 con relación al 310.2) del Código Penal, que se siguió en su contra a querella de José Richard Chambi Paredes, debiendo cesar todas las medidas que se impusieron en su contra y debiendo procederse al correspondiente archivo de obrados de la presente causa penal.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Fdo. Dr. Teófilo Tarquino Mújica.

Dr. Ángel Irusta Pérez.

Sucre, 10 de marzo de 2009

Proveído.- Jaime René Conde Andrade -Secretario de

Cámara de la Sala Penal Primera.

Libro Tomas de Razón 1/2009