SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: 32 Sucre, 05 de febrero de 2009

DISTRITO: Pando

PARTES: Ministerio Público y Linda Flor Brasilda Villalobos c/ Miguel Becerra Suárez, David Bautista Sánchez y Petter Alex Pardo Paniagua.

Estelionato y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes (Rechaza la solicitud de extinción de la acción penal)

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Sucre, 05 de febrero de 2009

 

VISTOS: La solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso formulada por Miguel Becerra Suárez, David Bautista Sánchez y Petter Alex Pardo Paniagua (fojas 458 a 461), en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Linda Flor Brasilda Villalobos, por los delitos de Estelionato y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, previstos y sancionados por los artículos 337 y 153 del Código Penal, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que, los impetrantes expusieron en forma cronológica los principales actos desarrollados en el proceso, manifestaron que desde su inicio transcurrieron más de tres años sin que exista sentencia ejecutoriada, que la mora procesal es atribuible al Ministerio Público, a los órganos jurisdiccionales y a la parte querellante, motivo por el cual solicitaron que al amparo previsto por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal se declare la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

CONSIDERANDO: Que, la tramitación del proceso dentro un plazo razonable es una de las garantías internacionalmente reconocidas a las personas. En ese sentido, en armonía con lo establecido en el numeral X del artículo 116 de la Constitución Política del Estado que reconoce la celeridad como condición esencial de la administración de justicia, el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal dispone que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía. Dichas disposiciones internas coinciden con lo expuesto en el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, aprobada y ratificada por nuestro Estado mediante Ley número 1430 de 11 de febrero de 1993.

Que, respecto al "plazo razonable", los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo a su vez la jurisprudencia emitida sobre la materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adoptaron la teoría del "no plazo", en virtud a la cual no puede establecerse con precisión absoluta cuando un plazo es razonable y cuando no, ya que no es posible cuantificarlo en días, semanas, meses, años, por lo que cualquier plazo legal establecido o precisado por el ordenamiento interno de los Estados, no tiene carácter vinculante para establecer la razonabilidad o no de la duración de un proceso, porque no es posible establecer criterios abstractos para determinar el plazo razonable. En consecuencia se debe hacer un análisis acerca de lo razonable a la luz de los hechos específicos correspondientes a cada caso.

Que, por ello se entiende que, si bien el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal estableció un plazo de tres años de duración máxima del proceso, ese plazo constituye únicamente un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional número 0101/2004 de 14 de septiembre de 2004 y el Auto Complementario 0079/2004-ECA día 29 del mismo mes y año.

Que, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa, lo cual sucede cuando se producen actos o se emiten resoluciones de carácter impropio por los funcionarios administrativos o jurisdiccionales encargados del proceso penal.

Que, la garantía del plazo razonable tiene el fin de proteger al imputado de aquellos actos injustificados que únicamente dilatan la tramitación del proceso y la resolución final provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al imputado.

Que, la Sentencia Constitucional número 0033/2006-R de 11 de enero, preciso que el trámite de extinción de la acción penal está sujeto a que el recurrente demuestre su pedido mencionando las piezas procesales con las que acredita que la demora o dilación del proceso es atribuible al órgano jurisdiccional o al Ministerio Público, precisando de manera puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada. Consiguientemente quien solicite la extinción de la acción penal debe fundamentar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por Ley, es atribuible al órgano jurisdiccional o al Ministerio Público.

Que, en el caso de autos los impetrantes se limitaron a exponer en forma cronológica los principales actos del proceso, no habiendo fundamentado razonablemente, de qué forma esos actos demoraron indebidamente la tramitación de la causa; por otra parte omitieron proporcionar a este Tribunal los antecedentes necesarios para constatar el inicio del proceso a efectos de efectuar el cómputo de duración máxima del proceso previsto por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal, omisión que no puede ser suplida de oficio por este órgano jurisdiccional.

Que, entre los antecedentes que fueron remitidos a esta Corte Suprema de Justicia no existe ninguna prueba que permita establecer el inicio del proceso, en efecto, de la revisión del legajo únicamente se evidencia que, a raíz de la acusación presentada por el Ministerio Público y Linda Flor Brasilda Villalobos contra Miguel Becerra Suárez, David Bautista Sánchez y Petter Alex Pardo Paniagua por el delito de estelionato, ampliada posteriormente por resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, desde el 1 de junio de 2005 hasta el 11 del mismo mes y año se desarrolló la audiencia de juicio oral que finalizó con sentencia de 15 de junio de 2005, que declaró la absolución de los imputados, resolución apelada tanto por el Ministerio Público como por la parte querellante, resuelta por la Sala Penal y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando mediante Auto de Vista Nº 30/2005 de 5 de octubre, que revocó la sentencia impugnada y declaró a los procesados autores del delito de estelionato, fallo recurrido en casación por los imputados, dando lugar al pronunciamiento del Auto Supremo número 69, de 20 de marzo de 2006, que dejó sin efecto el fallo impugnado, en cuyo mérito la Sala Penal y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando emitió Auto de Vista número 22/2006 de 23 de junio, que motivó la interposición del recurso de casación por parte del Ministerio Público y la querellante, recursos que dieron lugar a la emisión del Auto Supremo número 33 de 26 de enero de 2007 mediante el cual la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el fallo impugnado, en cuyo cumplimiento la Sala Penal y Administrativa del Distrito de Pando emitió Auto de Vista número 08/2007 de 18 de abril que anuló totalmente la sentencia apelada y ordenó la reposición del juicio por el Tribunal Segundo de Sentencia, resolución recurrida en casación por los imputados, habiéndose recibido antecedentes en esta Corte Suprema de Justicia de la Nación el 4 de mayo de 2007 y admitido el recurso mediante Auto Supremo número 516, de 11 de octubre del mismo año.

Que, de los antecedentes expuestos se advierte que en la tramitación de la presente causa, ciertamente el plazo previsto por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal ha sido superado, sin embargo, no es ostensible que los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público hubiesen realizado actos o emitido resoluciones de carácter impropio que impliquen indebida dilación del proceso; fueron las partes y a su turno también los imputados, quienes a raíz de los distintos medios de impugnación que la ley les reconoce, provocaron que la causa no hubiera sido definida dentro el plazo fijado por la norma precedentemente señalada, en consecuencia no siendo evidente la vulneración del derecho de los imputados a ser juzgados dentro un plazo razonable, no es procedente la extinción de la acción penal.

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, RECHAZA la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso formulada por Miguel Becerra Suárez, David Bautista Sánchez y Petter Alex Pardo Paniagua, debiendo proseguir el trámite de la causa hasta su conclusión.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Fdo. Dr. Teófilo Tarquino Mújica.

Dr. Ángel Irusta Pérez.

Sucre, 05 de febrero de 2009

Proveído.- Jaime René Conde Andrade -Secretario de

Cámara de la Sala Penal Primera.

Libro Tomas de Razón 1/2009