SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: No. 530 Sucre 17 de noviembre de 2006

DISTRITO: Cochabamba

PARTES : Ministerio Público c/ Celestino Sarmiento Guamán.

Tráfico de sustancias controladas.

MINISTRA RELATORA: Dra. Beatriz A. Sandoval de Capobianco.


VISTOS: el recurso de casación de fojas 78 a 80 interpuesto por Amalia Arancibia Garrón, Fiscal de Sustancias Controladas, impugnando el Auto de Vista de fojas 72 a 75, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Celestino Sarmiento Guamán, por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto por el artículo 48 con referencia al inc. m) del Art. 33 de la Ley Nº 1008.

CONSIDERANDO: que, a fojas 27 a 29, el Tribunal de Sentencia de Villa Tunari, tercera sección de la provincia Chapare del Dpto. de Cochabamba, declaró al imputado Celestino Sarmiento Guamán, autor del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto en el Art. 48 con referencia al inc. m) de la Ley Nº 1008, condenándolo a la pena de 10 años de reclusión y al pago de 10.000.- días multa a razón de Bs.- 0.20 centavos por día multa. Resolución contra la cual el imputado planteó el recurso de apelación restringida y la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba por Auto de Vista cursante en folios 72 a 75, declaró: a) Procedente el recurso de apelación restringida formulado por el acusado, con costas, b) Anula la sentencia Nº 22/04 de fojas 27 a 29, y, c) Ordena la reposición del juicio por otro tribunal; con los fundamentos que siguen: 1) Que no habiéndose establecido la flagrancia del hecho, no se debía proceder a la requisa o registro del inmueble del imputado, sin previa resolución fundada del juez, debiendo haber cumplido con los requisitos de validez legal del mandamiento de allanamiento -Art. 180 del C.P.P.- y al no haber procedido de ese modo, los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la fiscal asignada al caso, incurrieron en un procedimiento ilícito, que incide en el valor de las pruebas obtenidas, y, 2) El registro del domicilio del acusado, sin orden del juez, vulnera el debido proceso y la garantía consagrada en el Art. 21 Constitucional que determina "Toda casa es un asilo inviolable, de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita y de día sólo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito in fraganti"; circunstancia que determina la exclusión probatoria del referido medio de prueba, con ello el defecto de nulidad absoluta que refiere el Art. 169-3 del C.P.P., por lesión al debido proceso -Art. 16-IV C.P.E., con relación al Art. 1 del C.P.P., lo que infringe el Art. 21 Constitucional-.

CONSIDERANDO: que, Amalia Arancibia Garrón, fiscal de sustancias controladas, recurre de casación de fojas 78 a 80, impugnando el Auto de Vista cursante a fojas 72 a 75, que declaró procedente las cuestiones planteadas en el recurso de apelación restringida, anulando la sentencia Nº 22/04 de folios 27 a 29 y ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal; bajo los siguientes argumentos:

1.- Que el Tribunal de Alzada consideró que el Tribunal de Sentencia de Villa Tunari, al dictar el fallo condenatorio, habría violado el debido proceso al no haber admitido la exclusión probatoria de la requisa o registro del domicilio, obtenido a través de un procedimiento ilícito, por lo que el registro del domicilio del imputado, sin resolución fundada del Juez en lo Penal, habría vulnerado el Art. 21 Constitucional y el Art. 180 del Código de Procedimiento Penal, con ello se hubiera incurrido en defectos absolutos, que no se habría establecido la flagrancia del hecho, que el acta de requisa, tampoco evidenció dicho extremo, Tribunal, que considera que no se debía proceder a la requisa o registro del domicilio del imputado, sin la resolución fundada del Juez, sin tomar en cuenta que como resultado del registro del inmueble se encontró 654 gramos de cocaína.

2.- Afirma que se efectuó una errónea aplicación del Art. 21 de la Constitución Política del Estado, norma que determina la excepción cuando se trata de delito flagrante, precepto que le faculta allanar un domicilio sin mandamiento, lo que justifica obviar las formalidades contenidas en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal; al respecto invoca los Autos Supremos Nº 291/03 de 3 de junio de 2003, Nº 477/04 de 25 de agosto de 2004 y Nº 376/03 de 01 de agosto de 2003, concernientes a la flagrancia en delitos de narcotráfico, cuando se encuentran sustancias controladas en domicilios, pudiendo prescindirse de la orden de allanamiento.

Pide al Tribunal Supremo, se deje sin efecto la resolución impugnada y establezca la doctrina legal aplicable.

Recurso que fue admitido por Auto Supremo Nº 321/06 cursante de fojas 125 a 126 y vuelta.

CONSIDERANDO: que, de la revisión y análisis cuidadoso de los precedentes invocados por la recurrente, como contradictorios al Auto de Vista objeto del recurso, analizados cada uno de ellos se evidencia que aquéllos no contradicen al caso de autos, que desglosados tenemos:

I.- El Auto Supremo Nº 477/04 de 25 de agosto de 2004, versa sobre los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y complicidad, proceso dentro del cual el Tribunal Supremo, declaró INFUNDADOS los recursos de casación planteados por los sujetos procesales, con el antecedente que a tres co-procesados los sancionó por el delito de tráfico de sustancias controladas -Art. 48 de la Ley 1008 con el agravante del artículo 53 de la misma Ley-, imponiéndoles la pena de 12 años y 6 meses de presidio, para cada uno; al otro co-imputado, lo declaró autor del delito de tráfico, que prevé el artículo 48 con relación al artículo 53 ambos de la Ley N° 1008, condenándole a la pena de 13 años de presidio; a los otros 2 co-procesados, autores del delito de complicidad en el tráfico de sustancias controladas, incurso en la sanción del Art. 48 con referencia al Art. 76 todos de la misma Ley, imponiéndoles a cada uno la pena de 8 años y 4 meses de presidio y a los últimos 3 co-encausados los absuelve de culpa y pena del delito de tráfico de sustancias controladas que prevé el artículo 48 con relación al artículo 33 inc. m) ambos de la Ley 1008, por no existir prueba plena en contra de los mismos y según el artículo 244-1 del CPP; fallo que apelado, fue confirmado por la Corte de Alzada.

II.- El Auto Supremo Nº 376/03 de 01 de agosto de 2003, trata de los delitos de tráfico de sustancias controladas y encubrimiento, recurso que mereció el fallo de Infundado de conformidad con el Art. 307 numeral 2) del Código de Pdto. Penal anterior, consiguientemente no contradice al de la especie.

III.- El Auto Supremo Nº 291/03 de 03 de junio de 2003, comprende el delito de tráfico de sustancias controladas, previsto por el Art. 48 de la Ley Nº 1008 en grado de tentativa con referencia al Art. 8vo. del Código Penal, proceso en el cual el Tribunal Supremo, casa la resolución recurrida y declara al procesado autor del delito de tentativa de tráfico de sustancias controladas, imponiéndole la pena de 10 años de presidio; precedente que no contrapone a éste proceso.

En este sentido tenemos que los fallos revisados, no constituyen precedentes contradictorios al caso de autos, conforme lo establecido por el Art. 416 de la Ley Nº 1970, que dice: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema.

CONSIDERANDO: que, revisados de manera detallada los merituados Autos Supremos citados, estas circunstancias no contradicen a éste proceso; en cuanto a los cuales se afirmó que el Auto de Vista objeto del recurso, no tomó en cuenta que en el registro del inmueble encontraron 654 Grs. de droga, contraviniendo el Art. 21 Constitucional relativo a la excepción cuando en un delito flagrante se encuentran sustancias controladas en un domicilio, sin embargo del análisis que antecede líneas arriba, se desprende que, si bien todos ellos tienen como denominador común procesos por delitos emergentes de la Ley Nº 1008, éstos no guardan similitud con los hechos que corresponden al caso de autos que fue resuelto en sujeción de lo estipulado en la primera parte del Art. 413 del CPP que dispone "Cuando no sea posible reparar, directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal"; por lo tanto ninguno de los aspectos denunciados por la recurrente que contemplan los artículos 21 Constitucional y 180 del C.P.P., son evidentes, y respecto a los cuales, en el recurso de casación, para los efectos estatuidos en el artículo 416 del mencionado Código, no se demostró que el sentido jurídico asignado en el Auto de Vista impugnado coincida con el de los precedentes propuestos, pues el Tribunal Ad-quem al anular la resolución pronunciada por el a-quo, obro conforme la atribución que le otorga el Art. 51-2 del C.P.P.; toda vez que los principios jurídicos enseñan que "Donde está el hombre, allí esta el derecho" y "El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo".

Que, por lo expuesto precedentemente y efectuado el análisis respectivo, se concluye que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados en los términos exigidos por el Art. 416 y la segunda parte del Art. 419 de la Ley 1970, por lo que corresponde declarar infundado el recurso.

POR TANTO: la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la intervención de la Ministra y Presidenta de la Sala Penal Segunda Dra. Rosario Canedo Justiniano convocada para el efecto, de conformidad a los Arts. 59 numeral 1) de la Ley de Organización Judicial, 50 inc. 1) y 419 de la Ley 1970, declara INFUNDADO el recurso de casación, formulado por Amalia Arancibia Garrón, Fiscal de Sustancias Controladas de fojas 78 a 80.

RELATORA: Ministra Dra. Beatriz A. Sandoval de Capobianco

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Fdo. Dra. Beatriz A. Sandoval de Capobianco.

Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Sucre 17 de noviembre de 2006

Proveído.- Abog. Sandra Magaly Mendivil Bejarano - Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera.