SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: No. 317 Sucre 24 de agosto de 2006

DISTRITO : Tarija

PARTES : Ministerio Público c/ Juan Domingo Lagrota.

Tráfico de sustancias controladas.

MINISTRA RELATORA: Dra. Beatriz A. Sandoval de Capobianco.


VISTOS: el recurso de casación de fojas 110 a 116, interpuesto por Juan Domingo Lagrota, impugnando el Auto de Vista Nº 25/2005 de 8 de julio de 2005 de fojas 93 a 97, pronunciado por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por el delito de tráfico de sustancias controladas, previsto por el artículo 48 con relación al artículo 33 inciso m) ambos de la Ley Nº 1008, sus antecedentes, y,

CONSIDERANDO: que, de fojas 56 a 67, el Tribunal de Sentencia de Yacuiba, declara a Juan Domingo Lagrota, autor de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto en el artículo 48 con relación al artículo 33 inciso m) de la Ley Nº 1008, condenándole a la pena de quince años de presidio, a cumplir en el penal de esa ciudad, al pago de 500 días multa a razón de Bs. 1.- por día, más costas y gastos a favor del Estado, averiguables en ejecución de sentencia. Dispone la confiscación definitiva de los bienes incautados a favor del Estado, consistentes en un camión trailer, marca Fiat, con placa de control UYX-872 de la Argentina, con motor Nº 02-031-0926545010078-A, chasis Nº 619N1-B-15362, junto a un acople marca golondrina, modelo A-860, serie 1995 Nº 6435, placa de control ALRA-489, un tanque bajado del referido camión, un celular marca motorola mod. 55339A, serie MSN935, GWE 6Z00 y la suma de 1600.- dólares americanos. Resolución que apelada, fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito de Tarija, a través del Auto de Vista Nº 25/2005 de fojas 93 a 97, que declaró sin lugar el recurso de apelación restringida y confirma a la vez la sentencia impugnada.

CONSIDERANDO: que, Juan Domingo Lagrota recurre de casación de fojas 110 a 116, impugnando el Auto de Vista Nº 25/2005 de fojas 93 a 97, denunciando:

1.- Que en el juicio se introdujo como prueba un tanque de combustible, objeto que no estaba en poder del Secretario, tampoco codificado, que no cumple con el requisito de pertinencia, porque no indicó que se iba ha probar, y no tiene el acta de secuestro, violando el artículo 56 de la Ley Nº 1970, el debido proceso y el derecho a la defensa.

2.- Que el Tribunal A-quo admitió y consideró en la sentencia un video, entregado por un Policía en plena audiencia del juicio oral, no codificado, ni colocado en sobre, menos puesto en su conocimiento, violando el principio de la contradicción, normas del debido proceso y de derecho de defensa y artículo 169 inciso 3 de la Ley Nº 1970. Que se violó su derecho de presunción de inocencia, artículos 6 y 16 de la Constitución Política del Estado, al haber sido exhibido ante los medios de comunicación, enmanillado y obligado a participar como testigo de las actuaciones policiales.

3. Que el Tribunal A-quo violó el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, al considerar como fundamento de la sentencia su declaración, contraviniendo el principio de la autoincriminación y la garantía de la declaración a favor del imputado.

4. Que se vulneró el artículo 370 inc. 6) de la Ley Nº 1970, por qué ninguno de los testigos señaló cómo se vinculaba la grasa de color beis encontrada en un bote en el galpón, con la encontrada en los paquetes (de sustancias controladas), ni quien encontró el bote; elementos que influyen para el pronunciamiento de la sentencia y fijación de la pena.

5. Que se violó el artículo 205 del mismo Código adjetivo penal, porque a la perito, no se le exigió su carnet profesional, pese a ello el Tribunal le asignó valor probatorio, infringiendo el artículo 213 de la citada ley procesal penal, al no haber un informe sino un interrogatorio, ni haber formulado conclusiones, ni permitirle realizar observaciones.

Como precedentes contradictorios, invoca los Autos Supremos Nº 97 de 18 de febrero de 2004, Nº 280/04, 284/04 y 287 de 13 de mayo de 2004.

Pide, al Tribunal Supremo, se anule obrados hasta el vicio más antiguo. Recurso admitido mediante el Auto Supremo Nº 286/05 cursante en folios 121 a 122.

CONSIDERANDO: que, de la revisión y análisis cuidadoso de los precedentes invocados por el recurrente, como contradictorios al Auto de Vista objeto del recurso, se evidencia que aquéllos no contradicen al caso de autos. En efecto:

I.- El Auto Supremo Nº 97 de 18 de febrero de 2004, resuelve un caso sobre el delito de peculado en el que admite un recurso de casación, al haber el Tribunal Ad-quem, omitido conceder al apelante el término de los tres días que señala el Art. 399 de la Ley Nº 1970, con el fin de que amplíe o corrija su recurso, bajo apercibimiento de rechazo.

II.- El Auto Supremo Nº 280 de 13 de septiembre de 2004, versa sobre el delito de lesiones graves, en el que se declara inadmisible el recurso de casación, conforme lo previsto por el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal.

III.- El Auto Supremo Nº 284 de 13 de mayo de 2004, resuelve un proceso sobre delitos de acción privada de despojo y perturbación de posesión, admitiéndose el recurso de casación, debido a que el Tribunal de Alzada, no aplicó el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, para conminar al apelante que subsane los defectos de forma o amplíe su recurso.

IV.- El Auto Supremo Nº 287 de 13 de mayo de 2004, versa sobre los delitos de falsedad material e ideológica, admitiéndose el recurso de casación, al no haberse concedido al recurrente el término de tres días, para fines que subsane dicho recurso a tenor del artículo 399 de la Ley Nº 1970.

De los fallos precedentemente revisados, se colige que no constituyen precedentes contradictorios al caso de autos, conforme lo establecido por el artículo 416 de la Ley Nº 1970, que dice: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia o por la sala penal de la Corte Suprema. Fallos supremos que corresponden a admisión e inadmisión de recursos, a ello se agrega que conforme el artículo 399 de la citada ley, el ahora recurrente fundamentó su recurso de apelación restringida, aspecto que consta de fojas 89 a 92 de obrados.

CONSIDERANDO: que, en el caso de análisis, estas circunstancias no contradicen al presente proceso; porque según las resoluciones de instancia la conducta del imputado fue subsumida al delito endilgado, calificado el hecho en el artículo 48 de la Ley Nº 1008, que dice: "El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años..."

Constituye circunstancia agravante el tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores.

Este artículo comprende toda conducta contemplada en la definición de tráfico dada en el inciso m) del artículo 33 de esta ley.

A su vez, el Art. 33 de la misma Ley establece, que para efectos de la presente ley se entiende por: a) Sustancias controladas, las sustancias peligrosas o sustancias fiscalizadas, los fármacos o drogas naturales o sintéticas consignadas en las listas I, II, III, IV y V del anexo de la presente ley,...

El inc. m) de la citada ley, refiere que: Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas, todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, financiar actividades contrarias y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas.

Que, según los fallos de instancias de fojas 56-67 y 93 a 97, respectivamente, se estableció, que en Yacuiba, con la frontera de Argentina (San José de Pocitos), el 04 de febrero de 2004, aproximadamente a horas 13:30, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, detuvieron al ciudadano argentino Juan Domingo Lagrota, quien conducía un camión trailer con placa argentina Nº UYX-872, llevando 135.250 gramos de clorhidrato de cocaína, dentro del tanque izquierdo de combustible, en un compartimiento especial, tanque que fue desarmado (bajado) por Ernesto Fernández -mecánico-, en el cual se encontró 133 paquetes que contenían la droga, Severo Llusco Pinto, en su condición de electricista, reconoció al imputado, como a la persona que condujo dicho motorizado, Yolanda Machicao Lozada, profesional que fungió como perito, estableció en el dictamen de laboratorio, que la sustancia controlada es clorhidrato de cocaína, la prueba documental del acta de registro de vehículo, la prueba de campo de narco test, el acta de secuestro de la droga, el acta de pesaje, de inspección ocular realizado por el Juez Instructor, acta de advertencia de derechos constitucionales, solicitud para dictamen de laboratorio de toxicología, informe emitido por la Aduana Nacional sobre ingresos y salidas del imputado de Bolivia, formulario de cadena de custodia, placas o muestrarios fotográficos y evidencias físicas, sobre la muestra del clorhidrato de cocaína, acta de aprehensión del imputado, acta de secuestro de bienes y dineros, elementos de los cuales se estableció, que el ahora recurrente, poseía dolosamente la droga, la tenía en depósito o almacenamiento en el compartimiento del tanque de gasolina al lado izquierdo del motorizado, conduciendo el mismo, transportaba la droga.

Consecuentemente, la pretensión del imputado en cuanto a que se anule obrados, hasta el vicio más antiguo, no tiene asidero legal, toda vez que la denuncia, relativa a que se introdujo en el juicio un tanque de gasolina, que no fue codificado por el Secretario del Tribunal, ello no es evidente, porque su solicitud fue resuelta por el Tribunal de Sentencia de fojas 16 y vuelta, en el sentido que el tanque de gasolina -evidencia física- consta en la acusación, con la que fue notificado el imputado, el acta de ensobre, faccionada por el Secretario del Tribunal, firmada por el abogado defensor, quien estuvo presente, codificada con el Nº MP. 1, conforme consta del acta de fojas 74.

Que en cuanto a que se hubiera violado el principio de contradicción, las normas del debido proceso y el derecho a la defensa, lo que constituiría un defecto absoluto, porque se hubiera considerado y admitido un video, dicha petición fue rechazada, en el juicio oral, aspecto que se desprende de fojas 23 vuelta a 24 de obrados, en consecuencia no existe la violación de los derechos y garantías denunciados.

Tampoco se infringió el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, toda vez que la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia, en sus conclusiones no consideró la declaración del imputado, para pronunciar la resolución e imponer la sanción de presidio, que observa.

Asimismo, no se vulneró el artículo 370 inc. 6) de la Ley Nº 1970, porque el órgano jurisdiccional, tomó en cuenta cada una de las pruebas judicializadas, otorgando el valor correspondiente, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorgó determinado valor.

De igual manera, no se infringió el artículo 205 del mismo Código adjetivo penal, ya que del registro del acta del juicio oral, se colige que la perito, en su condición de bioquímica, realizó el dictamen sobre la muestra de la sustancia controlada, aspecto que se desprende de fojas 28 a 29 de obrados, por consiguiente, las supuestas violaciones no son ciertas.

Finalmente, las resoluciones ahora impugnadas, fueron el resultado del análisis de las pruebas judicializadas dentro del juicio oral, valoradas conforme a procedimiento, emitiendo el fallo respectivo a tenor de los artículos 124, 171, 173, 360, 362 y 365 de la Ley Nº 1970, en la que se estableció la autoría del imputado; conducta que se subsumió en el tipo penal que prevé el artículo 1008 de la Ley Nº 1008; por lo que las supuestas denuncias argüidas no son evidentes.

Que, por lo expuesto precedentemente y efectuado el análisis respectivo, se concluye que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados en los términos exigidos por el artículo 416 y la segunda parte del artículo 419 de la Ley Nº 1970, por lo que corresponde declarar infundado el recurso.

POR TANTO: la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad a los artículos 59 numeral 1) de la Ley de Organización Judicial, 50 inciso 1) y 419 de la Ley Nº 1970, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Juan Domingo Lagrota de fojas 110 a 116.

RELATORA: Ministra Dra. Beatriz A. Sandoval de Capobianco.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García.

Dra. Beatriz A. Sandoval de Capobianco.

Sucre 24 de agosto de 2006.

Proveído.-M. Sc. David Baptista Velásquez - Secretario de Cámara

de la Sala Penal Segunda (En suplencia legal).