SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 673

Sucre:                        26 de diciembre de2014

Expediente:                   B-5-2010-S

Distrito:                        Beni

          Magistrada  Relatora: DRA.  ELISA  SÁNCHEZ MAMANI

I.    VISTOS:

El recurso de nulidad fojas 89 a 90, interpuesto por Rubens Rivarola Muñoz en representación legal de la Alcaldía Municipal de Santa Ana del Yacuma, contra el Auto de Vista N° 027 /10 de 25 de marzo de 2010, cursante de fojas 84 a 85 vuelta, pronunciado por la Sala Civil de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Beni, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de contrato inserto en la escritura pública N° 026/99, seguido por la institución hoy recurrente a través de su representante contra José Hernán Dorado Natusch en su condición de Gerente propietario de la Empresa Constructora Moxos; la respuesta al recurso cursante a fojas 92 a 93 vuelta, el auto de concesión del recurso a fojas 94, los antecedentes del proceso, y:

II.  CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.

Que, mediante Auto de 3 de diciembre de 2009, cursante de fojas 63 a 65 vuelta, pronunciado por el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad, se declaró probada la excepción previa de cosa juzgada de fojas 38 a 39, interpuesta por José Hernán Dorado Natusch y se dispone se eleve en consulta ante el superior en grado.

En grado de apelación, interpuesta por el representante de la institución demandante, cursante de fojas 68 a 69 vuelta, la Sala Civil de la que fue Corte Superior de Justicia del Distrito de Beni, pronunció el Auto de Vista N° 027/10 de 25 de marzo de 2010  por el cual confirmó el Auto de fecha 3 de diciembre de 2009.

La resolución de segunda instancia,  motivó que Rubens Rivarola Muñoz en representación legal de la Alcaldía Municipal de Santa Ana del Yacuma, interponga recurso de nulidad o casación en la forma, bajo los siguientes argumentos:

III. CONSIDERANDO

3.1. Denuncias del Recurso de nulidad:

El recurrente, sobre el derecho de efectuar peticiones ante la autoridad natural y de ser oído, señala que el Tribunal ad quem a momento de dictar su resolución no se pronunció sobre las protecciones constitucionales establecidas en los artículos 24, 115 parágrafo 1 y 120 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, refiriendo que su poderconferente jamás fue oído y mucho menos procesado sobre los vicios de nulidad que contiene el contrato N° 026/99, con lo cual se habría infringido el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que, sobre la prueba de la negación del derecho de ser oído y que se procese la nulidad del contrato N° 026/99 el Tribunal de alzada señaló que existe identidad de cosa demandada; que así también, la vocal relatora del auto recurrido, en el proceso - anterior- que dice ser similar a la presente causa, en forma reiterativa formuló excusa,  por consiguiente en esta causa actuó sin competencia, por expresa determinación del artículo 8 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil, cayendo en la nulidad prevista en el artículo 9 del mismo Adjetivo Civil. Por lo que acusa violación de las protecciones constitucionales establecidas en los artículos 24, 115, 119 parágrafo 1, 120 parágrafo 1y 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y solicita se disponga la nulidad del Auto de Vista recurrido.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

Que, por mandato del artículo 106 del Código Procesal Civil, vigente por mandato de su disposición Transitoria Segunda, numeral 4 ídem; en cualquier estado del proceso puede declararse de oficio la nulidad de obrados, cuando la ley lo califique expresamente.

En el marco de esa facultad, debe tenerse presente que el debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales -en cuanto mediatizadores del conflicto-, conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

El debido proceso legal, finca entre otros, en la garantía del juez natural; que se integra por los elementos de la competencia, la independencia e imparcialidad del juzgador.

Teniendo en cuenta que la competencia, en cuanto medida de la jurisdicción, sólo emana de la ley, es indelegable e improrrogable, salvo por razón de territorio, en este último caso los actos de quienes ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley, son nulos por mandato del artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

El Tribunal Supremo de Justicia, en el Auto Supremo N° 405 de 1 de noviembre de 2012, y en el Auto Supremo N° 534 de 14 de diciembre de 2012, dejó sentado que, hay contrato administrativo cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial. De esta manera habrá contratos administrativos en el ámbito de los cuatro órganos que conforman el poder estatal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.

Al respecto el artículo 47 de la Ley N° 1178, en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza...".

En ese sentido el artículo 32 del Decreto Supremo 29190 establecía que "los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría, son de naturaleza administrativa".

Los contratos administrativos por su naturaleza se diferencian de los contratos privados y en mérito a ello se encuentran sujetos a un régimen de regulación especial, en el que primordialmente rige el Derecho Público.

La abrogada Constitución Política del Estado, bajo el principio de unidad jurisdiccional, que reconocía la Carta Fundamental, establecía en su artículo 116 parágrafo III, que la facultad de Juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contenciosa administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado, correspondía a la Corte Suprema y a los tribunales respectivos.

En ese sentido el artículo 117 parágrafo I de la abrogada Constitución Política del Estado, reconocía a la Corte Suprema como máximo Tribunal de Justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa-administrativa de la entonces República y, en ese marco, a través del artículo 118 punto 7, se establecía como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso­ administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo; en ese mismo sentido el artículo 55 inciso 10) de la abrogada Ley de Organización Judicial (Ley N° 1455), establecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la de: "Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estado.

De las normas descritas precedentemente se establece que, en el anterior marco constitucional y legal, el legislador reconoció a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los procesos contencioso-administrativos; normativa que no asignaba a los juzgados ordinarios en materia civil competencia para conocer y resolver los conflictos surgidos a raíz de los contratos administrativos.

Dentro de ese contexto corresponde señalar que en materia contenciosa y contenciosa-administrativa, el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos "contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo" y del "proceso contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo", respectivamente.

Establecido lo anterior, podemos concluir que el marco legal anterior a la Constitución Política del Estado Plurinacional y a la Ley N° 025 del Órgano Judicial (que reconocen a la jurisdicción contenciosa-administrativa como jurisdicción especializada a ser desarrollada por Ley especial), atribuía a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer y resolver de los procesos contenciosos derivados de los contratos del Órgano Ejecutivo - contratos administrativos-, competencia que por determinación del artículo 10 parágrafo I de la Ley N° 212 "Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional", ha sido prorrogada a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; en efecto la citada norma señala: "La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada"

Consiguientemente los tribunales de la jurisdicción ordinaria civil, no tienen competencia para resolver sobre litigios originados en la celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de los contratos administrativos, aspecto que corresponde a la jurisdicción contenciosa-administrativa, reconocida por la actual Constitución Política del Estado como una jurisdicción especializada, en la última parte del artículo 179 parágrafo I, que dispone: "...existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley", y; en ese mismo sentido por el artículo 4 inciso 3) de la Ley del Órgano Judicial; ésta última norma en su disposición transitoria décima, determina que la regulación de la jurisdicción especializada será desarrollada por Ley.

La contención emergente de los contratos administrativos corresponde en su trámite al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, como un proceso contencioso. Escenario procesal que deberá mantenerse hasta que el Órgano Legislativo dote de la normativa adecuada como una jurisdicción especializada, dispuesta así por la actual Constitución Política del Estado, en la última parte del artículo 179 parágrafo I que dispone: "(…) existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley ". Siguiendo ese mismo sentido el artículo 4 inciso 3), en su disposición transitoria décima, de la Ley del Órgano Judicial; posición legal que no es contraria al Derecho comparado, en la cual se establece que lo privado estará regido por la jurisdicción civil y lo administrativo por la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Se deja establecido, que nuestra arquitectura constitucional y legal, anterior y actual, no confirió a la jurisdicción ordinaria civil la competencia para la tramitación de la contención derivada de contratos administrativos, por la naturaleza misma de estos y su sustanciación en juzgados de materia civil no corresponde. Así, en el caso presente, el Juez a quo al haber admitido la demanda para su consideración, no ha advertido su falta de competencia respecto a esa problemática sometida a su conocimiento, habiendo entrado a conocer la causa otorgándole un marco erróneo de legalidad, sin considerar de dónde nace su competencia; aspecto que no puede ser consentido por éste Tribunal Supremo de Justicia, el cual en virtud de la sumisión constitucional y legal en que se encuentra, sin que signifique restricción al acceso a la justicia, que no es el caso, sino más bien la predominancia del debido proceso para los justiciables, y la garantía de otorgar la seguridad jurídica regida bajo un principio de legalidad.

Ahora bien, en el caso en examen, la Litis -demanda- versa sobre un "Contrato de ejecución de obra por adjudicación del  Proyecto Camino Vecinal Santa Ana - Carnavales" en el Municipio de Santa Ana de Yacuma, cuya nulidad pretende el demandante, hoy recurrente.

Esta pretensión de la señalada relación contractual administrativa, no es de competencia de los jueces ordinarios en materia civil; de lo cual resulta que los jueces de instancia, han conocido y resuelto un asunto que no era de su competencia, y que correspondía a la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora al Tribunal Supremo de Justicia, en su conocimiento y resolución.

La actuación de los jueces en un asunto que  no es de su competencia, implica la violación a la garantía constitucional del  juez   natural, en su elemento de competencia, por cuyo motivo  no queda  más   remedio  que anular obrados.

En mérito a las consideraciones  precedentes corresponde fallar conforme dispone el artículo 106 del Código Procesal Civil, y anular obrados de oficio, en virtud de la incompetencia en razón de materia, con la que actuaron tanto el Juzgador a quo como los de alzada.

IV. POR TANTO

4.1. La Sala Civil  Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado P1urinaciona1 de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I inciso 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del artículo 106 del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fojas 14, sin reposición; es decir hasta la admisión de la demanda, debiendo la parte actora accionar ante la autoridad competente.

4.2. Sin responsabilidad por ser excusable.

4.3. Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 Parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines que correspondan.

El suscrito Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos es disidente ya que considero que  se debería Anular el Auto de Vista N°027/ 10 de 25 de marzo de 2010, cursante de fojas 84 a 85 vuelta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.