SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 671

Sucre:                        26 de diciembre de2014

Expediente:                   SC-34-2010-S

Distrito:                        Santa Cruz

          Magistrada  Relatora: DRA.  ELISA  SÁNCHEZ MAMANI

I VISTOS:

1.-  El recurso de nulidad, interpuesto por  Melfy Varinia Antelo Baldomar, en  representación de  Mary Luz  Pereira Callau, de fojas  163 a  165 vuelta contra el Auto de Vista N° 542 de fecha 29 de octubre de 2009, dé fojas 161 y vuelta, pronunciado por la  Sala  Civil Primera de la entonces Corte Superior del  Distrito de  Santa Cruz, en  el  proceso ordinario sobre resarcimiento y pago   de  mejoras de  bien   inmueble, seguido por  Nilda Isabel Sagardia García en contra de la   recurrente, la contestación, los antecedentes, y;

II. CONSIDERANDO:

2.1.  Antecedentes  del  Proceso.- Mediante Sentencia de fecha 3 de  octubre de  2006,  cursante  de  fojas   119  a   121  vuelta de obrados, pronunciado por el Juez  de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de  la  ciudad de  Santa Cruz, se declaró probada la demanda  principal de fojas 15 a 16 vuelta, y su complementación de  fojas   20,  en lo que corresponde a las mejoras incorporadas por ella en el inmueble materia y  objeto de  Litis e improbada  en cuanto a los daños y perjuicios causados por la demandada y en su mérito se  dispuso que  la demandada  cancele las  mejoras incorporadas  en  el  inmueble como ser:  La barda, la  verja, el piso  de  cerámica, el rellanado con tierra y el arreglo del techo, a determinarse mediante avalúo pericial en ejecución de sentencia.

Que,  en grado de apelación, la Sala  Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de  Santa Cruz, por  Auto  de Vista  de fecha 29 de octubre de 2009,  se confirmó en todas  sus  partes la Sentencia apelada, con costas.

Contra el referido Auto  de Vista, por memorial cursante de fojas 163 a 165  vuelta, Melfy Varinia  Antelo Baldomar, en representación de  Mary Luz  Pereira Callau, interpone  recurso de nulidad, que  se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Luego de referir como antecedente que el origen es un proceso penal por despojo en el cual fue declarado culpable el esposo de la demandante y ésta fue excluida del  mismo, alega   que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 59-II del Código de Procedimiento Civil, la demandante no tenía personería  para haber incoado  la demanda,  ya que se tiene probado que  no es poseedora  de buena fe y  que  no  han sido valoradas las  pruebas  dentro del proceso.

Denuncia que no han sido  valorados los  procesos penales que se encuentran  ejecutoriados, testimonios de fojas  77 a 85;  que de  acuerdo al  testimonio la  demandante negó  su  participación en el delito de despojo y como consecuencia de esa  negación no fue  declarada ni  autora  ni  culpable de  despojo pero  que  está demostrado de  acuerdo a este  proceso que  sí cometió delito de despojo, que  actualmente  ocupa ilegalmente este   inmueble  e inicia la presente acción civil y se pregunta ¿Que  mejoras puede demandar  una   persona  que   negó  el  delito de  despojo y  que nunca ha estado en posesión del mismo?; añade que  el Tribunal ad quem y el Juez  no valoraron de forma objetiva el origen de la demanda  ni  ha  interpretado  que  la  misma tiene   un   carácter dilatorio para  perpetuarse en el inmueble como se prueba con el Amparo Constitucional interpuesto contra el Juez  que  conoce el proceso de reparación de daño  emergente del delito de despojo, y  que  la  falta   de  apreciación de  esta   prueba  es  una   ofensa contra  el  poder jurídico que tiene   su   apoderada.  Luego se pregunta  "¿Cómo  ha  podido   construir   mejoras   "se" la demandante  nunca  ha   estado  en  posesión  del  inmueble de acuerdo  al   testimonio  del   proceso  penal",  y   agrega  que   el Tribunal de  alzada no  ha  valorado esta   situación y  se  queja sobre los  años   que  ha  vivido la  demandante  en  el inmueble y que su  apoderado ha pagado alquileres y  que  la  demandante está  confundiendo a las  autoridades para   que  no  se  ejecute el desapoderamiento.

Señala que  el presente proceso ordinario solo pretende parar la ejecución  del   desapoderamiento,  abusando   de   las   chicanas legales ha  logrado obtener una   sentencia favorable para   seguir detentando ilegalmente el inmueble de su  apoderada; añade que toda  vez que  el Tribunal de  alzada no  ha  valorado las  pruebas producidas en este  proceso pide  que  las  mismas sean  valoradas por el  "Tribunal de Alzada" principalmente  las   siguientes: Proceso penal por  delito de despojo que  dio origen a esta  acción civil para retardación de justicia; proceso de reparación de daño y  entrega  del  bien   inmueble, obstrucción  a  la  ejecución del mandamiento de desapoderamiento, recurso de Amparo constitucional contra el Juez  Segundo de Sentencia que  conoció el proceso de  reparación de  daño  y  fue  demandado, declarado dilatorio e improcedente.

Finalmente pide  que  se declare anulado el proceso ordinario por falta  de personería en la demandante.

3.2. Contestación a  Recurso de Casación.- El recurso no ha sido contestado.

3.3. Fundamentos del Fallo.-  En razón a que se pretende la nulidad del proceso, amerita referirse a la nulidad procesal. En ese   orden,  conviene     recordar  que Lino Enrrique  Palacio ( Manual de Derecho Procesal Civil, tomo I, Décima Edición Actualizada), señala que  "La nulidad procesal es la privación de efectos imputada a los  actos  del proceso que  adolecen de algún vicio,  en  sus   elementos esenciales y  que,  por  ello,  carecen de aptitud para  cumplir el fin al que  se hallen destinados"

Conforme lo  reconoce  la   doctrina  autorizada,   las   nulidades procesales, como  especie de  sanciones procesales,  tienen una aplicación restrictiva y fincan en principios que  emergen de los sistemas  francés  e  italiano  y   que   se hallan  recogidos  por nuestro legislador. Estos  principios son  el de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación  y protección.

En mérito al principio de legalidad o especificidad, la nulidad se sanciona  solo  en  los  casos   previstos por  ley  expresa  (pas  de nullité sans  texte); se encuentra   recogido por  el artículo 251-1) del  Código de  Procedimiento Civil y  ahora   en  el  párrafo 1 del artículo        105 del  Código  Procesal  Civil.   Sin   embargo  este principio se  torna   relativo por   la  inserción  de  las   llamadas nulidades implícitas o virtuales  a  las  que  abre camino  el artículo 90-1)  del  Código Adjetivo Civil y  ahora  el párrafo II del artículo 105  del Código Procesal Civil.

En  virtud al   principio de  trascendencia   no  existe nulidad  sin perjuicio (pas  de nullité sans   grief). Este  principio se  configura por  tres  condiciones: 1) alegación del perjuicio sufrido; 2) acreditación del  perjuicio y  3)  interés jurídico  que   se  intenta subsanar.  "No puede  pedir  la nulidad quien  ha  contribuido con su  conducta a  la  producción del  vicio" (Lino E.  Palacio). Este Principio se encuentra  recogido en  el artículo 106-II  del  Código Procesal Civil.

El principio de  convalidación.- No prosperará  la  nulidad  cuando medie consentimiento   expreso o tácito  de la  parte perjudicada. Este  principio tiene su fundamento en  el carácter dispositivo del proceso civil. El consentimiento es expreso cuando  la   parte perjudicada  realiza el  acto   procesal  ratificando  el acto viciado. Es tácito cuando la  parte interesada no efectúa el reclamo en  la primera   oportunidad,  deja  pasar el tiempo, permitiendo que opero la  preclusión  de  su  derecho impugnaticio.  Este   principio se  encuentra   recogido en  el  artículo  258-3)  del   Código de Procedimiento Civil y de  manera más  amplia en  el párrafo II del artículo  107  Código  Procesal  Civil, que  dispone:  "No  podrá pedirse  la  nulidad  de  un  acto,  por  quien  la  ha   consentido, aunque  sea  de  manera  tácita", y en  el mismo sentido el artículo 17-III de la ley del Órgano Judicial,  señala  "La  nulidad  sólo procede       ante irregularidades  procesales reclamadas oportunamente  en  la tramitación  de los  procesos."

En atención  al  principio de protección  no se puede alegar la propia torpeza  como fundamento del pedido de nulidad (nemo auditur propriam turpitudinem   allegans). Se encuentra  recogido ahora en  el párrafo II del  artículo  106  del  Código Procesal Civil. Además  de   los   señalados   principios,   también   se   rige   por   el principio de finalidad de las  formas o de instrumentalidad   de las nulidades  procesales,  en   cuya  virtud  las   nulidades   no   tienen como objetivo comprobar y declarar el  incumplimiento de las formas procesales,  pues los  actos procesales  son  válidos si han cumplido sus efectos,  no   obstante   que   hubiese  algún  defecto formal; este   principio de  alguna  manera  se  encuentra   recogido en  el artículo  91  del  Código de  Procedimiento Civil, ahora  en  el artículo  107-1) del  Código Procesal Civil.

De lo relacionado  precedentemente se puede concluir  que si bien es cierto  que por el carácter de orden  público de las normas  procesales, el    cumplimiento de las  mismas  es obligatorio, conforme prevé el  artículo 90  del  Código de Procedimiento Civil, no  puede perderse de vista  que  las  formas procesales son  en  realidad garantía del  debido proceso legal  y en última instancia del derecho de defensa en juicio; por consiguiente tales   formas procesales no  tienen finalidad en  sí mismas, pues   el objeto de  los  procesos es  la  efectividad de  los derechos reconocidos por  la ley sustantiva, conforme dispone el artículo 91 del Código de  Procedimiento Civil.

En  el caso  en  examen la  apoderada de  la  recurrente  pretende que  se  anule el proceso porque dizque la  demandante  no  tiene personería para  demandar el pago  de las   mejoras introducidas en el  inmueble  que   es   objeto  del   Litigio, de acuerdo a lo estipulado por  el  artículo  59-U  del  Código de  procedimiento Civil, porque no es poseedora de buena fe.

Como se  advierte la  apoderada  de  la  recurrente  confunde la legitimación procesal ad processum (a las  que  está  vinculada la personería        de las partes)  con la legitimación  procesal  ad causam, que es a la que se refiere la titularía  del  derecho subjetivo  sustancial. Tan  evidente es esa  confusión que pretende fundar la supuesta impersonería de la demandante y por consiguiente la  causa  de  nulidad del  proceso nada   menos que  en  lo dispuesto en  párrafo II del  artículo 59  del  Código de Procedimiento Civil; lo cual  resulta impertinente en  el caso  en examen, pues   la  demandante  ha   deducido  su   demanda  por derecho propio y no  invocó la  representación  sin  mandato por su  esposo, que  es  a  lo que  se  refiere dicha   norma  invocada, razón por  la  cual  dicho precepto legal  no  es  aplicable en  este caso  y por  consiguiente no  es  verdad que  exista defecto legal que justifique nada  menos que  anular todo el proceso, como se pretende en el recurso, consecuentemente esta denuncia deviene en infundada.

El supuesto hecho de que hubiera existido posesión de buena fe por  parte   de la  actora invocado como fundamento para  negarle personería  para   demandar,  como se  tiene   dicho en  realidad implica cuestionamiento a la legitimación ad  causam, lo mismo que  lo relativo a la valoración probatoria. Estos aspectos atañen al  ámbito  del  juzgamiento  sobre  el  fondo del   asunto,  cuyo examen correspondería dentro  del  recurso  de  casación en  el fondo y  de  ninguna  manera  dentro  del  recurso  de  nulidad, razon por  la  cual  el Tribunal Supremo no  puede examinar el fondo de estas  denuncias.

En mérito a las consideraciones precedentes y respecto de la denuncia sobre la  cual el Tribunal Supremo abrió competencia para  examinar el fondo de las  denuncias, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273  del Código de Procedimiento Civil.

IV.  POR  TANTO:

4.1.-  La Sala  Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del  Estado Plurinacional de  Bolivia, con  la  facultad conferida por  la disposición Transitoria Octava, los artículos 41 y 42-I- 1) de la Ley del Órgano Judicial, y los  artículos 271-1) y 272-2) del  Código de  Procedimiento Civil, declara  INFUNDADO el recurso de nulidad, cursante de fojas 163 a 165 vuelta  de obrados, interpuesto por Melfy Varinia Antelo Baldomar, en representación de  Mary Luz Pereira Callau, sin costas por no haber  sido contestado el recurso.

Regístrese, Comuníquese y devuélvase