SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 661

Sucre:                        19 de diciembre de2014

Expediente:                CH-5-2010-S

Distrito:                        Chuquisaca

Magistrada  Relatora: Dra.  Elisa  Sánchez Mamani

I.- Vistos:

1.-   El   recurso   de   casación1   en   el   fondo  y   en   la   forma, interpuestos   por    Pablo  Alaca  Chamoso  y   Catalina  Jesús Serrudo de Alaca, de fojas  651  a 654  vuelta, contra el Auto  de Vista N° SCII 341  de  13 de noviembre de 2009, pronunciado por la   Sala    Civil   Segunda  de   la   entonces  Corte  Superior  de Chuquisaca,  en   el  proceso ordinario doble sobre nulidad  de escritura privada reconocida de  compraventa, y  otros, seguido por   Julian  Alaca Jesús   y  Otros,  en   contra  de  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, los antecedentes, y;

II. CONSIDERANDO:

2.1.   Antecedentes     del   Proceso.-  Que,  mediante sentencia de fojas  578  a 581,  se declaró improbada la demanda principal de fojas  25 a 30 y probada la demanda reconvencional de fojas  149 a  fojas   154  de  prescripción adquisitiva y  acción negatoria, sin costas; y dispuso la  subinscripción en  Derechos Reales, previa verificación de metros cuadrados total, la obligación de YPFB de amurallar   o   enmallar  todo   el   perímetro  del   inmueble  por seguridad,  y mandó a ejecución  de sentencia la averiguación de daños y perjuicios.

Que,   en   grado  de   apelación,  la   Sala   Civil   Segunda  de   la entonces Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, por Auto de Vista  N° SClI-341 de  13 de noviembre de 2009, de fojas  640  a 644   vuelta,  confirmó totalmente  la   sentencia  apelada,  con costas en  ambas instancias para  los  recurrentes  Pablo Alaca y Catalina  Jesús   de  Alaca; asimismo  anuló  parcialmente   el  Auto N°  770/2009   de   1°  de   septiembre   del   2009,  cursante a fojas 611   en la parte que concede el recurso de apelación  planteado extemporáneamente    por los demandantes  Julián,  Paulina  y Gregoria Getrudes  Alaca  Jesús,   respecto de quienes  declaró ejecutoriada la sentencia ..

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 651 a 654 vuelta,   Pablo Alaca Chamoso y Catalina   Jesus Serrudo de Alaca, interpusieron  recurso de casación  en  el fondo y en  la forma, en los términos  ahí  consignados.

III.CONSIDERANDO:

3.1  Fundamentos  del  Fallo.-  Así   planteado   el   recurso, corresponde efectuar las  siguientes consideraciones:

Que,  por  disposición del  artículo 106 del  Código Procesal Civil, vigente por   mandato  de  la   disposición Transitoria  Segunda, numeral   4   Ídem,  en   cualquier  estado  del   proceso  puede declararse  de  oficio la  nulidad  de  obrados,  cuando  la  ley  lo califique expresamente.

En   el  marco  de  esa   facultad,  debe   tenerse  presente  que   el debido proceso legal  constituye una   esencial    garantía constitucional normativa de los justiciables, la  cual    compele a los  órganos jurisdiccionales, en  cuanto mediatizadores del conflicto,  conocer y  resolver   las  controversias de  relevancia jurídica   en  estricta sujeción a las  formas procesales que  rigen los  procesos de  conocimiento ordinarios, cuya  teleología última es la de   resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que  son  de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

El debido proceso legal, finca  entre  otros, en  la garantía del juez natural; que    se  integra  por  los  elementos  de  la competencia, la  independencia y  la imparcialidad del juzgador.

Tenida cuenta  que   la  competencia, en   cuanto  medida de  la jurisdicción,   solo    emana   de    la    ley,    es    indelegable  e improrrogable, salvo por  razón de territorio en  este  último caso, los  actos  de  quienes  ejerzan jurisdicción  o  potestad  que   no emana de  la  ley,  son  nulos por  mandato del  artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

El Tribunal Supremo de Justicia, en el Auto Supremo N° 405  de 1 de noviembre de 2012, y en el Auto Supremo N° 534  de  14 de diciembre de  2012, ha  dejado sentado que  hay  contrato administrativo cuando una   de  las  partes  contratantes  es  un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato está   orientado a  la  satisfacción de  alguna  necesidad o  bien común  o   es   de   interés  general  de   la   comunidad,  lo   que determina una   regulación especial. De esta  manera habrá contratos administrativos en  el  ámbito de  los  cuatro órganos que  conforman el poder estatal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.

Al respecto el artículo 47 de la Ley N° 1178 en  su parte final señala  que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza ...".

En  ese  sentido el artículo 32 del D.S,  29190 establecía que  "los contratos que  suscriben las entidades públicas para  la provisión de bienes, obras, servicios generales y servicios de  consultoría, son  de naturaleza administrativa".

Los contratos administrativos por  su  naturaleza se  diferencian de  los   contratos  privados y  en   mérito a  ello  se  encuentran sujetos        a   un    régimen  de   regulación  especial,  en   el   que primordialmente rige el Derecho Público.

La abrogada Constitución Política del  Estado, bajo  el principio de  unidad jurisdiccional, que  reconocía la  Carta Fundamental, establecía  en  su  artículo  116-III que  la  facultad  de juzgar  en  la vía  ordinaria,  contenciosa  y  contenciosa administrativa y  la  de hacer ejecutar 10 juzgado correspondía a la  Corte Suprema y  a los tribunales respectivos.

En  ese  sentido el artículo  117 -1) de  la  abrogada Constitución Política del Estado reconocía a la Corte Suprema como máximo Tribunal  de   justicia   ordinaria,   contenciosa  y   contenciosa­ administrativa de  la  República y,  en  ese  marco, a  través del artículo   118-7  se   establecía  como  atribución  de   la Corte Suprema de Justicia la de resolver las  causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las  demandas contencioso-administrativas a las  que dieren lugar las  resoluciones del  mismo; en  ese  mismo sentido el artículo 55-10) de  la  abrogada Ley de  Organización Judicial (Ley N°  1455), establecía como atribución de Sala  Plena de la Corte  Suprema  de Justicia la de: "Conocer  las    causas contenciosas que  resultaren  de  los  contratos,  negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso­ administrativas a que  dieren lugar las  resoluciones del  mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estado.

De las  normas descritas precedentemente se establece que  en el anterior marco constitucional y legal, el legislador reconoció a la Corte Suprema de Justicia  la  competencia para   conocer de  los procesos  contencioso-administrativos; normativa  que   no asignaba a los juzgados ordinarios en materia civil competencia para   conocer y  resolver los  conflictos surgidos a  raíz   de  los contratos administrativos.

Dentro de  ese   contexto corresponde señalar  que   en   materia contenciosa y  contenciosa-administrativa, el  Código de Procedimiento Civil en  su  Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las   normas  que   regulan  el   trámite  y   sustanciación  de   los procesos         "contenciosos y  resultante de  los     contratos,  negociaciones y concesiones del  Poder Ejecutivo" y del  "proceso contencioso administrativo a  que  dieren lugar las  resoluciones del Poder Ejecutivo", respectivamente.

Establecido lo  anterior  podemos concluir que   el  marco legal anterior a la  Constitución Política del  Estado Plurinacional y a la  Ley  N°  025   Ley  del  Órgano Judicial  (que  reconocen a  la jurisdicción  contenciosa-administrativa como jurisdicción especializada a  ser  desarrollada por  Ley especial), atribuía a la Corte  Suprema  de   Justicia   la   competencia  para    conocer y resolver de los procesos contenciosos derivados de los contratos del  Órgano Ejecutivo -contratos administrativos-, competencia que  por  determinación del artículo 10-1de la Ley N° 212  "Ley de Transición para  el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de  la  Magistratura y  Tribunal Constitucional Plurinacional" ha  sido prorrogada a la Sala  Plena del  Tribunal  Supremo de  Justicia;  en  efecto la  citada norma señala:  "La   Sala    Plena del Tribunal  Supremo  de   Justicia conocerá  las    causas contenciosas   que  resultaren  de  los contratos, negociaciones y concesiones del  Órgano ejecutivo, y de  las   demandas  contenciosas-administrativas,  a  que   dieren lugar las  resoluciones del mismo; hasta que  sean  reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada"

Consiguientemente los  tribunales  de  la  jurisdicción  ordinaria civil, no    tienen   competencia  para     resolver  sobre   litigios originados en  la  celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de  los  contratos administrativos, aspecto que  corresponde a la jurisdicción        contenciosa-administrativa,   reconocida   por    la actual Constitución Política del  Estado como una   Jurisdicción especializada, en la última parte  del artículo 179-1 que dispone: (... existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y,  en  ese  mismo sentido por  el artículo 4-3)  de  la  Ley del  Órgano Judicial;    ésta  última   norma en  su disposición   transitoria décima  determina  que     la  regulación  de  la  jurisdicción especializada   será   desarrollada  por     Ley. La contención emergente de los contratos  administrativos  corresponde   en   su trámite  al Tribunal  Supremo  de Justicia  en  su  Sala  Plena, como un     proceso    contencioso.    Escenario    procesal    que  deberá mantenerse  hasta  que el órgano legislativo dote de la normativa adecuada como una Jurisdicción   especializada,  dispuesta así por la actual Constitución Política del  Estado,  en  la última  parte del  artículo  179  parágrafo  I  que  dispone:  (...  existirán jurisdicciones   especializadas   reguladas   por   la   ley)  y,   en   ese mismo   sentido por el artículo  4-3)  y  en su  disposición transitoria  décima de  la  Ley  del  Órgano Judicial,  posición  legal que  no es contraria  al Derecho comparado,  lo privado regido por la   jurisdicción  civil  y  lo  administrativo    por  la  jurisdicción Contenciosa - Administrativa.

Se deja establecido, que  nuestra  arquitectura  constitucional  y legal, anterior y  actual,  no  confirió a  la jurisdicción ordinaria civil  la  competencia  para    la   tramitación  de   la   contención derivada de contratos administrativos, por  la naturaleza misma de estos, su  sustanciación en juzgados de materia civil, como es el  caso, le  otorgó un   marco erróneo de  legalidad sin  que  se considere de  dónde nace  su  competencia, 10 cual  no  puede ser consentido por   el  actual  Tribunal  Supremo  de   Justicia,   en virtud   de   la    sumisión   constitucional  y   legal    en    que    se encuentra, sin  que  signifique restricción al acceso a la justicia, que  no  es  el  caso, es  más   bien   la  predominancia del  debido proceso para   los  justiciables,  que  no  debe   apartarse  del  juez natural, pues   él es  la  garantía de  otorgar la  seguridad jurídica regida bajo un  principio de legalidad.

Ahora bien,   en   el  caso   en   examen, en   la  demanda  se  han acumulado originariamente varias pretensiones,  entre   ellas  la de nulidad de escritura privada reconocida de  compraventa  N° 35/81  de  17 de marzo de  1981, otorgada por  ante  el Dr. Andrés Cosulich Iturricha, Notario de Gobierno, Hacienda y Minas del Departamento de Chuquisaca,  de la parcela de terreno denominada  Cinchi Punta,  parte    desintegrada  del  ex  fundo Ckora  Ckora,  ubicada  en   el   cantón  San   Lázaro,  provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, venta efectuada por Pablo Alaca Chamoso y  Catalina Jesús  de  Alaca a  favor de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos. El  referido contrato, cuya nulidad  se   pretende,  evidentemente  constituye  un    contrato administrativo; pues   interviene como comprador una   entidad estatal  como es  Yacimientos Petrolíferos Fiscales  Bolivianos, proyecto Ampliación      Gasoducto  Monteagudo-Sucre,  representada por José Kreidler Guillaux, el Jefe  del proyecto y Mario Lora Urcullo, Jefe Administrativo los personeros  de Y.P.F.B.,y con intervención del Fiscal del Distrito y el Contralor Departamental; además los  terrenos objeto del  contrato tenían por  finalidad la  instalación de  la  Estación de  comprensión y futuras  ampliaciones, es  decir    forma parte   de  las  propiedades afectadas a dicho proyecto de utilidad pública;  y porque dicha transferencia  ha   tenido lugar  en  el  marco del  procedimiento voluntario que  preveía el Decreto Ley General de Hidrocarburos, de 28  de marzo de  1972. Por ello, esta  pretensión y en realidad todas  las   que   emergen de   la   señalada  relación  contractual Administrativa, no  es  de  competencia de  los jueces ordinarios en  materia civil; de lo cual  resulta que  los jueces de  instancia, han  conocido  y resuelto   un  asunto   que  no  era  de  su competencia, y que  correspondía a la  Sala  Plena de la entonces Corte Suprema de  Justicia  de  la  Nación y  ahora  al  Tribunal Supremo  de  Justicia.   La  actuación   de  los  jueces  en  un   asunto que no es de su competencia, implica la violación a  la garantía constitucional  del juez  natural,  en  su elemento de competencia, por cuyo  motivo no  queda  más   remedio que  anular  obrados. Dado  que  en  la  demanda  se  ha     deducido  pretensiones reivindicatoria  y  mejor  derecho propietario  para     las  cuales podría  tener  competencia  los jueces ordinarios,  correspondía que   el  Juez  a  quo  observe  la  demanda,   pues  la  acumulación originaria  de    pretensiones  es  posible  cuando todas las pretensiones  son de  competencia   del  mismo  Juez,  conforme dispone el artículo 328 del Código de Procedimiento  Civil.

En mérito a las consideraciones  precedentes  corresponde fallar conforme disponen  los  artículos  271-3) y 275,   ambos  del  Código de  Procedimiento  Civil.

IV.  POR  TANTO:

4.1. -  La Sala Civil Liquidadora del  Tribunal  Supremo  de Justicia  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia, con   la  facultad conferida por  la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I -  1) de la Ley N° 025  del  Órgano Judicial de 24  de junio   del 2010, así  como del  parágrafo II del  artículo 8 de la  Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta   fojas  30 vuelta  inclusive, disponiendo  que el  Juez  a  quo observe la demanda de  acuerdo  a los fundamentos de la presente resolución.

Sin responsabilidad por  ser excusable.

Cumpliendo lo  previsto por  el  artículo  17  -  IV de  la  Ley  del Órgano Judicial,  comuníquese la  presente  decisión al  Consejo de la Magistratura a los fines  de ley.

Fue  de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Regístrese,  notifíquese  y devuélvase.