SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                           Nº 497

Sucre:                                           17 de octubre de 2014

Expediente:                                 LP-116-09-S

Distrito:                                        La Paz 

Magistrado Relator:                Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Gloria Rosario Liendo Cortez, de fojas 97 a 100 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 117 de 26 de marzo de 2009, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de Auto de Vista y Otros, seguido por Marco Antonio Vásquez Lizarazu en contra de la recurrente, los antecedentes y;

II.CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante Auto de fojas 77 a 79 de obrados, pronunciado por  el Juez de Partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró probadas las excepciones opuestas a fojas 43 a 44.

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior  de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº117 de 26 de marzo de 2009, se revocó la resolución apelada, declarando improbadas dichas excepciones, y dispone “debiendo continuarse con la acción intentada”. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 97 a 100 vuelta, Gloria Rosario Liendo Cortez, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, que a continuación se compendia.

III.CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- En el recurso de casación en el fondo, deduce las siguientes denuncias:

La infracción del artículo 253 inciso 1) del Procedimiento Civil porque se refiere al domicilio real y que se omite en la demanda señalar en la demanda de fojas 6, la indicación del domicilio real del actor alegando que se incurre en la interpretación errónea de los artículos 327 inciso 3) y 101, ambos del  Procedimiento Civil, ya que aquella versa sobre el domicilio real y ésta al domicilio legal.

Denuncia que la resolución recurrida viola e interpreta erróneamente los artículos 28 al 31 de la Ley Nº 1760, el artículo 515 del Procedimiento Civil por cuanto la vía para ordinarizar un proceso ejecutivo en proceso ordinario, establece un plazo de 6 meses, plazo que no fue utilizado por el demandante y que al haber transcurrido dicho plazo ha caducado dicho derecho y adquiere calidad de cosa juzgada.

Denuncia que la resolución recurrida viola e interpreta erróneamente los artículos 314 y 315 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 945 y 949 del Código Civil, por cuanto estas normas legales se refieren a la transacción como medio para poner fin al litigio y en el caso concreto se ha presentado el acuerdo transaccional como excepción perentoria y ha puesto fin al proceso ejecutivo.

Denuncia que se ha omitido valorar los documentos de fojas 37 a 42 que versan sobre la demanda preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas del acuerdo transaccional de 10 de diciembre de 1997.

En su recurso de casación en la forma denuncia que en la resolución impugnada no se ha pronunciado sobre la excepción de oscuridad imprecisión y contradicción de la demanda.

Finalmente pide que se case de manera total el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo confirme y mantenga firme y subsistente la resolución impugnada.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Que, por prescripción del artículo 106 del Código Procesal Civil, vigente por mandato de la disposición Transitoria Segunda, numeral 4 Ídem, en cualquier estado del proceso puede declararse de oficio la nulidad de obrados, cuando la ley lo califique expresamente.

En el marco de esa facultad, debe tenerse presente que el debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto,  conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica  en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de  resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

El debido proceso legal, finca entre otros, en la garantía del Juez natural; que se integra por los elementos de la competencia, la  independencia y  la imparcialidad del juzgador.

Tenida cuenta que la competencia, en cuanto medida de la jurisdicción,  solo emana de la ley, es indelegable e improrrogable, salvo por razón de territorio en este último caso, los actos de quienes ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley, son nulos por mandato del artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

Tanto la doctrina contemporánea, cuando la jurisprudencia nacional se han decantado por la extensión de la funciones de saneamiento  por parte del juez, como director del proceso, a la verificación ab initio respecto de los requisitos de fundabilidad de la demanda, a través de la figura de la improponibilidad de la demanda, conocida también como rechazo sin trámite completo.

En ese orden se admite que el examen en abstracto y anticipado del caso, avance sobre las condiciones de fundabilidad (o atendibilidad) de la pretensión, las cuales, por regla, son verificadas por el juez en la sentencia de mérito. Su fundamento finca en el principio de economía procesal y en el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, que consagra el artículo 115-II del Constitución Política del Estado.

Este examen no solo es posible a tiempo de admitir la demanda sino en cualquier momento del proceso, conforme lo admite la doctrina mayoritaria (Morello, Berizonce, Arazi, De la Rúa, Peyrano) opinan que en cualquier momento del proceso que el juez se percate que se encuentra en uno de los supuestos mencionados precedentemente, debe poner fin al proceso declarándolo así. Ello puede suceder antes de dar trámite a la demanda o durante el trámite y nada impediría tampoco que se lo declare a pedido de parte, precisamente en consideración al principio de economía procesal.

Con relación a las hipótesis de improponibilidad la doctrina reconoce la improponibilidad subjetiva o falta de legitimación, que se refiere a la legitimidad sustancial de las partes; la falta de interés, que se refiere al interés de las partes dado que los jueces no efectúan declaraciones abstractas; y la improponibilidad objetiva, que se presenta cuanto la pretensión carece de sustento legal o porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido

La jurisprudencia nacional ha admitido que la improponibilidad de la demanda comprende aquellas pretensiones en las que falta un interés susceptible de ser protegido o demanda imposible, en esta hipótesis cabe encuadrar los casos donde el objeto o la causa que conforma una determinada pretensión son ilícitos, o pugnan con la ley o las buenas costumbres o bien una pretensión que se dirige a algo material o jurídicamente imposible; el segundo supuesto en que el Juez puede ejercer la facultad de rechazar in limine una demanda, lo constituye aquellos casos en los que la ley excluye la posibilidad de tutela jurídica, o demanda objetivamente improponible.

En lo que atañe a las hipótesis de las demandas objetivamente improponibles, Augusto Morello y Roberto Berizonce, señalan que no se limita a verificar si la norma abstracta ampara el caso concreto que en litigio se plantea, sino que, además, debe averiguar, aun oficiosamente, si la admisión de la pretensión no está excluida (ej. cosa juzgada) o prohibida en ese supuesto (objeto y causa ilícita), en cuyo caso se carecería de un interés legítimo jurídicamente protegido. La exclusión de la pretensión también puede darse por caducidad, en los casos en lo que la ley permite su aplicación.

Ahora bien, en el caso en examen la acción ordinaria de revisión del proceso ejecutivo a la que se refiere el artículo 490 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 28 de la Ley Nº 1760, concede facultad para revisar en proceso ordinario lo resuelto en la sentencia ejecutiva, pero no respecto de las resoluciones pronunciadas en ejecución del fallo ejecutivo.  Consiguientemente y dado que en el caso en examen entre las pretensiones originariamente acumuladas, se encuentra la de nulidad del Auto de Vista pronunciado en ejecución de sentencia, dicha pretensión resulta improponible; pues por añadidura ninguna norma legal le otorga competencia, al Juez de Partido, por razón de la naturaleza de la acción, para revisar los fallos pronunciados por otro Juez de Partido en ejecución de fallos ejecutivos y por consiguiente corresponde anular obrados hasta la admisión de la demanda a objeto de que el  Juez a quo observe la demanda conforme a los fundamentos precedentemente precisados.



IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 3) y  275 del Adjetivo Civil, ANULA obrados hasta fojas 9 vuelta inclusive; es decir hasta el estado en que el Juez de la causa observe la demanda de acuerdo a los fundamentos de esta resolución.

4.2.- Sin responsabilidad por ser excusable.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17- IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.