SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 470

Sucre:                                10 de octubre de 2014

Expediente:                        O-72-09-S

Distrito:                                Oruro

Magistrado Relator:        Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación de nulidad y/o casación en el fondo de fojas 115 a 116 y vuelta, interpuesto por Rosa Balbina Beltrán Mendoza contra el Auto de Vista Nº 140/2009 de 30 de septiembre de 2009, cursante de fojas 108 a 112 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso Ordinario de Anulabilidad Absoluta de Matrimonio, seguido por la recurrente en contra de Juan Bautista Alavia Mur, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I.- De la relación de la causa: que, la Jueza Primero de Partido de Familia de la capital, mediante Sentencia de fojas 76 a 78, de fecha 27 de junio de 2009, declaró IMPROBADA la demanda de Anulabilidad Absoluta de Matrimonio de fojas 5 vuelta, aclarada a fojas 28, interpuesta por Rosa Balbina Beltrán Mendoza, en contra de Juan Bautista Alavia  Mur, e igualmente Improbado el resarcimiento de daños y perjuicios interpuesto por la actora. Con costas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198-I) del Código de Procedimiento Civil.

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 140/2009 de fecha 30 de septiembre de 2009, cursante de fojas 108 a 112 vuelta, CONFIRMÓ la sentencia de fojas 76 a 78 de obrados, de fecha 27 de junio de 2009. Con costas en ambas instancias.

A fojas 113, se evidencia que la recurrente Rosa Balbina Beltrán Mendoza, en fecha 02 de octubre de 2009, fue notificado con el Auto de Vista de fojas 108 a 112 vuelta, y como consecuencia de ello, la recurrente en fecha 10 de octubre de 2009, formuló Recurso de Nulidad y/o Casación en el Fondo (fojas 115 a 116 vuelta), es decir que el recurso fue presentado dentro del término establecido en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II.- Denuncias del Recurso de Nulidad y/o Casación: que, el auto de vista recurrido no ha tenido en cuenta que la juez de origen hubiera incurrido en inobservancia porque en su momento no ha cumplido con su deber de exigir las pruebas que finalmente fueron observadas y exigidas en su sentencia, dejando en Indefensión a la recurrente y violando de esta manera los artículos 3-1) y 4-4) del Código de Procedimiento Civil y por ello corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo al tenor del artículo 252 de la misma normativa legal.   

Denuncias del recurso de casación en el fondo: que, la jueza de origen ni el tribunal de alzada no han tenido en cuenta que la recurrente desde el mes de enero del año 1993, hasta la fecha (presentación de la demanda) es decir por el lapso de dieciséis años la recurrente vive sola, debido a que en fecha 02 de enero de 1993, se presentó ante la recurrente una mujer que responde al nombre de Sabina Muriel Aquino, quién señaló y reclamó que la persona con la cual había contraído matrimonio la recurrente, era su esposo de nombre Juan Alavi Tapia, con el cual había contraído matrimonio el año 1961, situación que en ese momento y hasta la fecha no fue desmentida mucho menos observada por el demandado quién contrariamente admitió dicha situación, motivo por el cual en fecha 02 de febrero de 1993, la recurrente se llegó a separar de manera definitiva del demandado y para dicho efecto el demandado suscribió un Documento Privado mismo que data de fecha 02 de febrero de 1993, (documento que ha sido de conocimiento de la autoridad judicial) en el cual confiesa lo manifestado precedentemente. Denuncia que, la prueba de cargo aportada por la recurrente no ha sido debidamente compulsada conforme establece el artículo 1297 del Código Civil. Incurriendo de esta manera en error en la apreciación de la prueba y violando el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III.- De los Fundamentos jurídicos del Fallo:

Con referencia al Recurso de Casación y/o nulidad se tiene que:

"Según la doctrina, la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso". De manera complementaria, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0170/2005-R de 28 de febrero, determinó que las situaciones que pueden dar lugar a la nulidad de actuaciones judiciales son: la evidente vulneración de derechos y garantías fundamentales de la persona, y/o la expresa sanción de la ley con la nulidad de determinados actos u omisiones. Entendimiento desarrollado por la SC 0944/2004-R de 18 de junio, al expresar: "…en una interpretación sistematizada de la norma prevista por el artículo 251 del CPC y en concordancia práctica con el conjunto de normas previstas por la referida ley procesal, se puede inferir que, precisamente, en el marco referido por dicha norma, es válido y legal declarar la nulidad de un acto procesal cuando éste se ha constituido desconociendo o infringiendo una norma procesal y vulnerando un derecho fundamental o garantía constitucional. En efecto, la norma prevista por el artículo 90 del CPC dispone lo siguiente: I.- “Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la Ley”. II. “Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este Artículo serán nulas". Es decir, que un acto procesal constituido infringiendo las normas procesales, sin dar estricto cumplimiento a lo previsto por ella o realizando una interpretación contraria al sentido que fue establecido por el legislador, o por la Constitución Política del Estado, no puede tener eficacia jurídica, deviniendo dicho acto en nulo”. Finalmente, debemos señalar que puede darse lugar la nulidad de obrados en los casos en que de manera efectiva se evidencie la indefensión en la parte demandada o en terceros, a objeto de que se repare el proceso donde hubo lesión a derechos fundamentales.

Al respecto, debemos manifestar que en el caso de autos se ha imprimido el procedimiento establecido por ley, es decir que el proceso se ha llevado a cabo sin que exista ningún vicio de nulidad que afecte el normal desarrollo de la tramitación de la presente causa, razón por la cual este Tribunal después de realizar una minuciosa revisión del expediente, no ha encontrado el más mínimo indicio de que se hubiera incurrido en ninguna de las violaciones denunciadas por la recurrente. Por lo que la denuncia en este aspecto deviene en Infundada.

Con referencia al Recurso de Casación en el Fondo se tiene que:

que, Inicialmente, cabe señalar que el artículo 253 inciso 3) segunda parte del Código de Procedimiento Civil, dispone que procederá el recurso de casación en el fondo: cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de hecho, esto es cuando se demuestra objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, evidenciándose dicho error por documentos o actos auténticos.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo del litigio "error in judicando", caso en el cual los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del Adjetivo Civil y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio. El recurso de casación en el fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo "case" la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba.

En el caso de autos, la Juez de origen no se ha se percatado que en el Auto de Relación Procesal de fojas 32 vuelta, conminó a la parte demandante como hechos de probanza los siguientes: “Probar lo expuesto en los artículos 80 y 83 del Código de Familia”. 

Esta situación ha sido probada de sobremanera por la parte demandante, pues la misma al presentar la demanda de Anulabilidad Absoluta de Matrimonio por ante la Jueza de origen, adjunto en calidad de prueba documental un Certificado de Matrimonio (fojas 1 y 27 de obrados) demostrando y probando que en fecha 02 de enero de 1993, en la ciudad de Oruro, contrajo matrimonio con el señor Juan Bautista Alavia Mier, en la creencia de que este era la persona que figuraba en los documentos presentados para la celebración del matrimonio y que este gozaba de libertad de estado, sin embargo de ello, a los pocos días de la celebración del matrimonio se enteró que la persona con la que había contraído matrimonio, había estado casado anteriormente y que dicho matrimonio había sido celebrado en fecha 01 de abril de 1961, es decir que el mismo hombre con el cual la demandante había contraído matrimonio, había estado casado con anterioridad (32 años antes de la celebración de su matrimonio) con la señora Sabina Muriel Aquino, con la observación de que el mismo ciudadano en esa época figuraba con el nombre de Juan Alavi Tapia.

Ahora bien, como consecuencia de lo manifestado precedentemente la demandante (ahora recurrente) Rosa Balbina Beltrán Mendoza, al enterarse reclamo al demandado Juan Bautista Alavia Mur, las irregularidades suscitadas y el demandado admitió dicha situación, y al margen de ello, el mismo demandado en fecha 02 de febrero de 1993, suscribió un documento (fojas 10 y 44 de obrados) en el cual reconoció todo lo señalado anteriormente, es decir que el demandado de manera textual reconoció que, en fecha 01 de abril de 1961, había contraído Matrimonio Civil con la señora Sabina Muriel Aquino, y en esa época utilizó el nombre de Juan Alavia Tapia, dicho Matrimonio se había celebrado en la localidad de Quillacollo, Cochabamba. Por ese motivo el demandado de manera voluntaria suscribió el referido documento de separación, otorgando las más amplias garantías a favor de la demandada. Se debe tener en cuenta que la separación se ha efectivizado desde la fecha de suscripción del referido documento (02 de febrero de 1993) hasta la presente fecha, no existiendo en obrados ningún documento que desvirtué lo aseverado. Esta situación no ha sido valorada para nada por la juez de origen y no ha sido subsanada por el Tribunal de Alzada.   

En este sentido y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 del Código de Familia, la demandante Rosa Balbina Beltrán Mendoza, en fecha 22 de agosto de 2008, inició la presente demanda de Anulabilidad Absoluta de Matrimonio.

En estas circunstancias y de la minuciosa revisión del expediente se llega a la firme conclusión de que las pruebas de cargo de fojas 1 a 4, 10 a 13, 19 a 20, 27, 44, 52, 63 a 65 de obrados, presentadas por la demandante ahora recurrente Rosa Balbina Beltrán Mendoza, no han sido apreciadas mucho menos valoradas por el Tribunal de Alzada y por la Jueza de origen, conforme manda el artículo 1286 del Código del Procedimiento Civil, habiendo incurrido de esta manera en error en la apreciación de la prueba, pues la juez de origen debió valorar las pruebas documentales de fojas 1 y 2, consistente en los Certificados de Matrimonio en las cuales se evidencia que el señor “Juan Bautista Alavia Mur” y Juan Alavi Tapia, son la misma persona, situación que fue acreditada por la parte demandante, con la prueba documental de cargo de fojas 10 y 44 de obrados, y el cual tiene todo la fuerza probatoria que le otorga el artículo 1297 del Código Civil, pues mediante el referido documento el propio demandado reconoce que él, es la misma persona que había contraído matrimonio con la señora Sabina Muriel Aquino, en fecha 01 de abril de 1961, en la localidad de Quillacollo, Cochabamba, utilizando el nombre de: JUAN ALAVI TAPIA; en el mismo documento el mismo demandado reconoce que, en fecha 02 de enero de 1993, también había contraído Matrimonio Civil con la señora Rosa Balbina Beltrán, y en esa ocasión utilizó el nombre de: JUAN BAUTISTA ALAVIA MIER, esta situación ha sido plenamente demostrada con el documento de fojas 10 y 44 de obrados.

Finalmente cabe recordar a la Juez de origen y al Tribunal de Alzada que, el artículo 180-I) de la Constitución Política del Estado Plurinacional, regula lo referente a la verdad material como uno de los principios a los que está sometida la jurisdicción ordinaria y es en razón a este principio, no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Por lo que, el actuar del Juez a quo y del Tribunal ad quem, obligan al Tribunal Supremo a dar aplicación de los artículos 253 numeral 3), 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de haber incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, CASA el auto de vista recurrido, declarando PROBADA la demanda de Anulabilidad Absoluta de Matrimonio de fojas 5 vuelta vuelta; debiendo en ejecución de sentencia proceder a librarse las ejecutoriales de ley a efectos de la cancelación del vinculo en litis. Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese notifíquese y devuélvase.