SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                                  Nº 463

Sucre:                                                 9 de octubre de 2014

Expediente:                                         O-63-09-S

Distrito:                                                 Oruro

Segunda Magistrada Relatora:           Dra. Elisa Sánchez Mamani

I.VISTOS:

1. El recurso de casación en el fondo de fojas 168 a 170, interpuesto por Esther Milania y Omar Arturo, ambos Vélez Soto, contra el Auto de Vista Nº 190/2009 de 5 de noviembre, pronunciado por la Sala Civil Primera de la que fue Corte Superior de Justicia del Distrito de Oruro, dentro del proceso ordinario de nulidad de minuta y escritura pública, seguido por los recurrentes contra Justina Vincenty Huanca Vda. de Vélez, el auto de concesión del recurso a fojas 175, los antecedentes procesales, y:

II. CONSIDERANDO:

2.1.Antecedentes del proceso.

Durante la tramitación de la causa, el Juez Quinto de Partido en lo Civil de la ciudad de Oruro, pronunció la sentencia Nº 378 de 8 de agosto de 2009, que declaró improbada la demanda de fojas 5 a 6. Sin costas

En grado de apelación deducida por los demandantes, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 190/2009 de 5 de noviembre, cursante de fojas 162 a 165, confirmó la sentencia apelada; con costas en ambas instancias.

La resolución de segunda instancia, motivó que los demandantes Esther Milania Vélez Soto  y Omar Arturo Vélez Soto, interpongan recurso de casación en el fondo, el cual se pasa a considerar.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación:

Los recurrentes, presentaron su casación bajo los siguientes argumentos:

Que el Auto de Vista hoy recurrido ha conculcado, infringido e inobservado los artículos 549 incisos 1) y 3) y el 552 del Código Civil, además de los artículos 24 y 25 de la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858, al no haberse declarado la nulidad de la Escritura Pública Nº 513/1998 de 23 de octubre, escritura que habría sido suscrita mediante falsificación de firmas de su padre quien supuestamente es el transferente en ese contrato, pues según indican, su padre Arturo Vélez Aiza falleció el 27 de diciembre de 1982, pero aparece transfiriendo a favor de Marco Vélez Soto y Justina Vincenty Huanca de Vélez, el inmueble objeto de la litis, en fecha 21 de octubre de 1998, o sea mucho tiempo después de su fallecimiento. Habiendo demostrado tal extremo con documentos tales como la minuta de fecha 21 de octubre de 1998, la Escritura Pública Nº 513 de 23 de octubre de 1998, el protocolo, el testimonio y el certificado de defunción que se ofreció como prueba al proceso.

Añade, que el informe pericial cursante a fojas 61 a 64 de obrados,  demuestra de forma terminante que la firma que se le atribuye a su finado padre habría sido falsificada por imitación burda, lo mismo ocurriría en la Escritura Pública Nº 513; y que dicho informe no fue objetado ni observado por la demandada, haciendo por lo tanto plena fe y constituyendo prueba plena, el cual no habría sido valorado por el Tribunal ad quem, infringiendo de esta forma los artículos 1331 y 1332 del Código Civil y 430 y 441 de su procedimiento.

Finaliza su recurso solicitando se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare probada su demanda y consiguientemente la declaración de nula y sin valor alguno la minuta de fecha 21 de octubre de 1998 y su Escritura Pública Nº 513 y se proceda a la cancelación de la matrícula registrada en Derechos Reales.

3.2. Fundamentos de la resolución

Los recurrentes denunciaron que el Auto de Vista hoy recurrido conculcó, infringió e inobservó los artículos 549 incisos 1) y 3) y el 552, del Código Civil, además de los artículos 24 y 25 de la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858, al no haberse declarado la nulidad de la Escritura Pública Nº 513/1998 de 23 de octubre, escritura que habría sido suscrita mediante falsificación de firmas de su padre quien supuestamente es el transferente en ese contrato, pues según indican, su padre Arturo Vélez Aiza falleció el 27 de diciembre de 1982, pero aparece transfiriendo a favor de Marco Vélez Soto y Justina Vincenty Huanca de Vélez, el inmueble objeto de la litis, en fecha 21 de octubre de 1998, o sea mucho tiempo después de su fallecimiento. Habiendo demostrado tal extremo con documentos tales como la minuta de fecha 21 de octubre de 1998, la Escritura Pública Nº 513 de 23 de octubre de 1998, el protocolo, el testimonio y el certificado de defunción que se ofreció como prueba al proceso. Agregando que el informe pericial cursante a fojas 61 a 64 de obrados, indica y demuestra que la firma que se le atribuye a su finado padre habría sido falsificada por imitación burda, lo mismo ocurriría en la Escritura Pública Nº 513; y que dicho informe no fue objetado ni observado por la demandada, haciendo por lo tanto plena fe y constituyendo prueba plena, el cual no habría sido valorado por el Tribunal ad quem, infringiendo de esta forma los artículos 1331 y 1332 del Código Civil y 430 y 441 de su procedimiento; en ese entendido corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones:

Sobre los Principios y Valores ético-morales de la Constitución Política del Estado Plurinacional

Se debe hacer referencia a que entre los valores que guían al Estado Plurinacional de Bolivia, consagrados en artículo 8 de la Constitución Política del Estado, se encuentran la igualdad, solidaridad, reciprocidad, respeto, armonía, bienestar común y la justicia social, los cuales, a su vez se complementan con los principios ético-morales en la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico boliviano y los actos de los miembros de la sociedad, razonamiento orientado en lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0112/2012 de 27 de abril de 2012 y 919/2014 de 15 de mayo.

Estos valores y principios constitucionales hacen a las bases de la sociedad boliviana, son los pilares fundamentales, en la filosofía del Estado. En este entendiendo es preciso también hacer referencia a la primacía de la que goza la constitución, en cuanto a la aplicación preferente en relación a toda las normas que rigen en el ordenamiento jurídico boliviano.

Esa primacía constitucional, exige de los Jueces del Órgano Judicial un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación de la Constitución conjuntamente la norma legal.

Puesto que la norma fundamental a diferencia de la ley, no se aplica por el método de la subsunción sino que por el contrario se utiliza el método en complementación y ponderación en relación a la ley. Razonamiento que tiene base en lo ya establecido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0112/2012 de 27 de abril de 2012.

Todos los principios y valores ético-morales, tienen un efecto de irradiación y transversalidad en todo el ordenamiento jurídico boliviano y la conducta que deben seguir todos los miembros de la sociedad boliviana. Por lo que guían la acción del Órgano Judicial y su interacción con la sociedad boliviana, en este entendido es preciso citar lo señalado en la Sentencia Constitucional N° 1138/2004-R de 21 de julio que textualmente dice: “El principio de seguridad jurídica refuerza la idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales”.

Postulados que son orientados en las Sentencias Constitucionales antes citadas que deben ser observados y cumplidos por los administradores de justicia cuando tienen en sus manos la resolución de controversias donde las partes buscan por sobre todo justicia, pues están en el deber imperativo de impulsar la nueva justicia, todo en virtud de consumar el fin y principio supremo que persigue todo el ordenamiento jurídico boliviano, la justicia material, ya que respecto a la actividad de impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta sus decisiones en la aplicación de formas y ritualismos establecidos en las normas, sino que dentro el razonamiento efectuado por los Jueces deben prevalecer el análisis e interpretación de los principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, con miras al vivir bien, en respeto de la moral y las buenas costumbres de la sociedad boliviana, rebatiendo los males que afecten de alguna manera la buena convivencia de la sociedad.

Sobre la falsificación de documentos y sus efectos jurídicos.-

La falsificación de instrumentos privados o públicos se considera una forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia.

Ahora bien los efectos jurídicos que devienen de un hecho ilícito deben tener en relación al actor, efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables al actor que incurrió en el acto ilícito. En consecuencia un hecho ilícito debe generar para el autor efectos de reproche, no de consolidación de un derecho adquirido por un ilícito, que conciba efectos benignos para el mismo, como el que podría darse en el caso de Autos, si se reconoce validez a una transferencia que deviene de una falsificación. Ahora bien, la recriminación si bien opera esencialmente en la vía del derecho penal, también debe irradiarse en la esfera del derecho civil, en el cual debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito.

Aunque el artículo 554 inciso 1) del Código Civil, establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los que la conducta no constituye un ilícito reprochable a su autor.

Ahora bien, aplicando lo antes expuesto, en el caso de Autos se tiene que de fojas 5 a 6, Esther Milania Vélez Soto y Omar Arturo Vélez Soto, interpusieron demanda de nulidad de la Escritura Pública Nº 513/1998 de 23 de octubre, manifestando que su ahora fallecido hermano Marcio Vélez Soto y su esposa Justina Vincenty Huanca se habría adjudicado en calidad de compra-venta un inmueble ubicado en la calle Tarija Nº 142 de la ciudad de Oruro, de quien en vida fue su padre Luis Arturo Vélez Aiza, ello mediante la falsificación de la firma y rúbricas de su progenitor; dado que a fojas 55 a 67 se tiene informe pericial grafotécnico que determina que la firma a nombre de Luis Arturo Vélez Aiza, estampada en los documentos de minuta de fecha 21 de octubre de 1998 y Escritura Pública 513/1998 de 23 de octubre, son falsificadas por el método de imitación burda; a fojas 2 se tiene certificado de defunción del señor Luis Arturo Vélez Aiza; en este entendido los jueces de instancia hacen una subsunción de los hechos a lo previsto por el artículo 554 inciso 1) del Código Civil, que dice el contrato será anulable por falta de consentimiento, manifestando que el demandante habría confundido la nulidad con la anulabilidad.

Establecido lo anterior corresponde puntualizar que el Tribunal Supremo como administrador de justicia no puede convalidar una transferencia originada en un hecho ilícito como causal de anulabilidad basada en una ilegalidad, ya que en el caso de Autos se ha probado la falsedad de la Minuta de fecha 21 de octubre de 1998 y Escritura Pública Nº 513/1998 de 23 de octubre, con el que Marcio Vélez Soto hoy fallecido- y su esposa Justina Vincenty Huanca, obtuvieron el derecho propietario del ya mencionado inmueble; esta infracción genera alteración del orden jurídico, y por lógica debe acarrear reproche, ya que la falsificación de los instrumentos públicos, como se fundamento supra, entra en pugna con el interés público y los principios y valores éticomorales, consagrados en la Constitución Política del Estado.

En virtud a este razonamiento, este Tribunal Supremo, a través del Auto Supremo Nº 275/2014, concordante con la jurisprudencia sentada por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0919/2014 de 15 de mayo, ha establecido que no se puede reconocer una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la posibilidad de que en aquellos casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, este acto se subsuma a una causal de anulabilidad, dando en consecuencia la posibilidad de la confirmabilidad del ilícito. Esto supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Puesto que toda falsedad supone un engaño, y todo engaño es contrario a la moral, dado que quebranta el ordenamiento jurídico; consecuencia de ello, en virtud a los valores ético morales reconocidos en la Constitución Política del Estado, toda falsedad debe merecer reproche del ordenamiento jurídico porque de lo contrario se afecta la armonía social. Pretender que un acto que se origina en una falsedad produzca eficazmente efectos favorables para quien es el autor o beneficiario de esa falsedad resulta inaceptable en un Estado Constitucional, como el nuestro.

En este sentido, La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0919/2014, sobre el tema señalo: “…allí donde se demuestre manifiesta ilicitud, debido a la falsedad de instrumentos públicos o privados, su invalidación no puede depender únicamente por la vía de la anulabilidad, sino de la nulidad; toda vez que, desde una interpretación teleológica, la nulidad de contratos, cuyos casos están establecidos en el artículo 549 del Código Civil, se fundamenta en la necesidad de proteger el bien común en su dimensión objetiva, por cuya razón el acto jurídico es inconfirmable y su accionamiento es imprescriptible; por su parte la anulabilidad, cuyas causales están establecidas en el artículo 554 del Código Civil, tiene la finalidad de garantizar a las partes, el cumplimiento de las normas legales en la “formación del contrato”, a causa, por ejemplo de los vicios del consentimiento, dolo o violencia, entre otros establecidos en la norma (dimensión subjetiva).

Un entendimiento contrario tendría como efecto la convalidación de actos manifiestamente ilícitos, que contravienen los principios ético-morales de la sociedad plural, entre ellos el vivir bien, rompiendo la armonía y el equilibrio en las relaciones del conjunto de la sociedad (dimensión objetiva); por lo tanto más allá de las formas y formalidades, no puede efectuarse la simple subsunción respecto de un hecho de manifiesta ilicitud como es la “falsificación” a una causal de anulabilidad, más aún tomando en cuenta que conforme lo entendió el Tribunal Supremo de Justicia una característica del acto anulable es la posibilidad de operar su confirmación, situación contraria al orden constitucional en el caso de la falsedad.

Por otra parte, desde un enfoque descolonizador si bien las normas civiles, son resultado de la compilación de códigos europeos ajenos a la realidad boliviana, deben ser aplicadas e interpretadas descolonialmente de forma coherente con los preceptos constitucionales; consecuentemente, entre el principio de vivir bien o suma qamaña (artículo 8.I CPE); en este sentido, el consentimiento es una garantía sobre la que se sostiene una sociedad plural, pues sin el consentimiento no existe acuerdo, consenso ni obligación o derecho alguno, siendo parte esencial de la autodeterminación. (la negrilla y la cursiva nos pertenecen)

En consecuencia, resulta evidente que se habría valorado la prueba de cargo en relación a los hechos ilícitos confirmados en el proceso, dando impunidad a esos actos que serían infracciones a la buena fe, las buenas costumbres y el orden público, por lo que corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los artículos 271 inciso 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO

4.1. La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, y los artículos 271 inciso 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista N° 190/2009 de 5 de noviembre, cursante de fojas 162 a 165, y resolviendo en el fondo, declara probada la demanda de fojas 5 a 6 sobre nulidad de minuta y escritura pública, disponiendo en consecuencia la nulidad de la Minuta de 21 de octubre de 1998 y de la Escritura Publica Nº 513/1998 de 23 de octubre y, se proceda a la cancelación en el Registro de Derechos Reales de la Matrícula 4011010009937 a nombre de Marcio Vélez Soto y Justina Vincenty Huanca de Vélez, respecto al inmueble ubicado en calle Tarija Nº 142 de la ciudad de Oruro.

4.2. Sin responsabilidad por ser error excusable. 

Primera Magistrada Relatora Dra. Ana Adela Quispe Cuba, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, Notifíquese y Devuélvase.