SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                  Nº 454

Sucre:                3 de octubre de 2014

Expediente:                SC-99-09-S

Distrito:                Santa Cruz

Magistrada Relatora:        Dra. Elisa Sánchez Mamani  

I. VISTOS:

1.- EL recurso de nulidad, interpuesto por Julio Cesar Joaquin Paz Burgos, en representación de Emilio Ecos Daza, de fojas 468 a 471, contra el Auto de Vista Nº 282 de 24 de julio de 2009, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre nulidad de contrato por anatocismo, seguido por el recurrente en contra del Banco Unión S.A.,  la contestación, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 421 a 426,  el Juez de Partido Octavo en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, declaró improbadas la demanda principal sobre nulidad de documentos y daños y perjuicios, de fojas 241 a 244, así como las excepciones perentorias y reconvención planteadas por memorial de fojas 267 a 269.

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista  Nº 282 de 24 de julio de 2009, de fojas 465 a 466, confirma la sentencia apelada, con costas. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 468 a 471, Julio Cesar Joaquín Paz Burgos, en representación de Emilio Ecos Daza, interpone recurso de nulidad, que se compendia a continuación.


III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Denuncia que el Tribunal ad quem ha omitido pronunciamiento respecto de los agravios relativos a la falta de valoración de la pruebas.

Denuncia también que el Tribunal ad quem no se pronunció sobre el agravio referido a que la sentencia es ultra petita.

Finalmente denunciando la violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, pide que se anule obrados con reposición hasta la sentencia, con costas.

3.2. Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito de fojas 472 y vuelta, Richard Cuellar Arredondo, en representación del Banco Unión S.A., contesta al recurso de casación, señalando esencialmente que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso y que dicho recurso carece de la motivación y fundamentación requerida por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil.

3.3 Fundamentos del Fallo.- Previamente y respecto del juicio de procedencia, corresponde precisar que el recurso que se examina se encuentra presentado dentro del plazo legal, que previamente apeló de la sentencia, que el Auto impugnado se encuentra dentro de las resoluciones recurribles de casación y en torno al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, se ha tenido presente el entendimiento establecido en la sentencia Constitucional Nº 2210/2012, de 8 de noviembre. Consiguientemente,  adoptando el rol activo que demanda el nuevo orden constitucional y la concepción informalista y no rigorista ni ritualista, el Tribunal Supremo concluye que el recurso contiene los datos necesarios que permiten examinar el fondo de las denuncias del recurso de casación en la forma.

Superado como se halla el juicio de procedencia se pasa a examinar el fondo de las denuncias. El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales  que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez.

El proceso civil boliviano se finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a los hechos y las peticiones de las partes legitimadas formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a esos hechos, a esas peticiones y referirse a esas partes; esto es a lo que se le llama congruencia ( factual, objetiva y subjetiva) “la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”,( SC 0358/2010-R de 22 de junio, entre otros); y ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

En lo que atañe al fallo de segunda instancia, la congruencia implica la estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación, conforme lo tiene previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. En segunda instancia se viola el principio de la congruencia, en cuanto elemento del debido proceso legal, cuando el Tribunal ad quem, omite  pronunciamiento expreso y exhaustivo sobre alguno de los agravios invocados por el apelante o cuando se excede en el pronunciamiento, ya sea otorgando más de lo pedido o fuera de lo pedido; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por la causal prevista en el artículo 254-4) y el efecto señalado en el artículo 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, el recurrente alega que el Tribunal ad quem omitió pronunciamiento en torno al agravio que denuncio en apelación referente a que en sentencia el Juez a quo no habría valorado la prueba.

En el escrito de apelación de fojas 429 a 434 vuelta, el apelante, hoy recurrente, efectivamente se quejó que en sentencia no fueron analizadas y menos evaluadas la prueba documental que presentó, alegando que la sentencia carece de motivación.

Asimismo se quejó que en ninguna parte de la demanda reconvencional se reconvino por la legalidad y sin embargo en la parte resolutiva declara válido y legal el contrato de préstamo de dinero suscrito bajo el instrumento público Nº 1.348/90 de 27 de noviembre de 1990, denunciando que la sentencia incurrió en incongruencia. 

En el auto de Vista impugnado evidentemente el Tribunal ad quem ha omitido pronunciamiento expreso y exhaustivo en torno a  si es o no cierto que el Juez a quo incurrió en omisión de valoración de la prueba documental de cargo y por consiguiente si resulta cierto o no cierto que la sentencia incumple con la exigencia de la motivación y fundamentación. Del mismo modo el Tribunal ad quem tampoco se pronuncia respecto a que el Juez a quo habría emitido más de lo pedido en la sentencia respecto a la declaración de validez del documento de préstamo cuestionado.

Consecuentemente al Tribunal ad quem al haber omitido pronunciamiento expreso y exhaustivo respecto a las denuncias formuladas en el recurso de apelación, evidentemente ha violado el principio de congruencia, haciendo de su fallo citra petita y por consiguiente incurriendo en la causal de casación en la forma previsto por el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.



IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, y los artículos 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA llanamente el Auto de Vista cursante de fojas 465 a 466 de obrados inclusive, disponiendo que el Tribunal ad quem emita un nuevo Auto de Vista en forma congruente, exhaustiva y motivada, sea de forma inmediata y sin someter la causa a turno, previo sorteo.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal ad quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17- IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.