SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                  Nº 450

Sucre:                                 3 de octubre de 2014

Expediente:                         O-58-09-S

Distrito:                                 Oruro

Magistrada Relatora:           Dra. Elisa Sánchez Mamani                              

I.VISTOS:

1. El recurso de casación en el fondo de fojas 346 a 350 vuelta, interpuesto por Julia Felipe Colque, contra el Auto de Vista Nº 096/2009 de 23 de julio, cursante de fojas 340 a 343 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal seguido por Julia Felipe Colque contra Jaime Saldaño Hidalgo, Gilka Maritza Ayala Gutiérrez y José Zarate Murillo; la contestación a fojas 354 y vuelta, el auto de concesión del recurso a fojas 362, los antecedentes del proceso, y:


II.  CONSIDERANDO:

2.1.Antecedentes del proceso

Que tramitada la causa, el Juez Sexto de Partido en lo Civil de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 214/2009 de 2 de mayo, de fojas 305 a 306 vuelta, declarando improbada la demanda de usucapión decenal del terreno de 296,25 mts², signado con el lote Nº 1, del Manzano B, ubicado en calle San Felipe entre Antofagasta y Pasaje Arce de la Zona Este de la ciudad de Oruro.

En grado de apelación interpuesta por Julia Felipe Colque, de fojas 312 a 318, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, pronunció el Auto de Vista Nº 096/2009 de 23 de julio, confirmando la Sentencia, con costas.

Esa resolución de segunda instancia motivó que la demandante, mediante memorial de fojas 346 a 350 vuelta, interpusiera recurso de casación en el fondo, bajo los siguientes argumentos:


III. CONSIDERANDO:

3.1.Denuncias del Recurso de Casación:

1. La recurrente efectúa un relato respecto a los antecedentes del proceso, refiriendo que ocupa el inmueble que pretende usucapir, de forma pacífica y continuada por mas de veinte años, desde que éste era un basural abandonado y sin propietario reconocido, llevando a cabo mejoras en el mismo, según habría quedado plenamente demostrado por la prueba documental cursante a fojas 116 a 118 de obrados, así como por las facturas de luz, la certificación extendida por la Junta vecinal “Rosario I”, el informe pericial, las actas de declaración testifical de cargo y la inspección.

2. Sobre la relación procesal y la sentencia, señala que las declaraciones testificales de cargo fueron uniformes al manifestar que su persona vive en ese lugar por más de diecisiete años, que desde la instauración de la demanda hasta la fecha de presentación de su recurso de casación- ya serían más de veinte años, además de que nadie lleva la cuenta exacta del tiempo que sus vecinos ocupan un bien inmueble. Sin embargo, salvando los diferentes años que dieron los testigos de cargo, definitivamente fueron más de diecisiete años, tal cual señala en su demanda. En consecuencia, y existiendo prueba que acredita su demanda, indica que la sentencia de primera instancia es ilegal e injusta, insuficientemente fundamentada, imprecisa y contradictoria, dado que no especifica el valor que se otorga  a los elementos de prueba, vulnerando la garantía del debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a una resolución explanado de forma detallada.

3. Con referencia al Auto de Vista, indica que esta resolución fue realizada sin compulsar debidamente los fundamentos de la apelación ni efectuar la revisión de las pruebas, incurriendo de esta manera el Tribunal ad quem, en las mismas conculcaciones que se hubieran cometido en el pronunciamiento de la sentencia. Refiere que el Auto de Vista impugnado en una parte de su redacción señaló que “…el tiempo no es corroborado con ninguna prueba idónea…” siendo así, toda esta documentación, de que se trata, cuando no es prueba”.

4. Indica que, de su parte refuto el informe pericial y pidió la complementación al mismo para que existiera certeza y veracidad en cuanto a la data de las construcciones, pero la autoridad judicial no dio curso a ese petitorio, pese a que la perito dirimidor no pudo ingresar al inmueble en el cual supuestamente se practicó la pericia.

5. Refiere que, en el Auto de Vista impugnado, se señaló que su posesión pacífica hubiere sido interrumpida por un proceso administrativo, empero no se corroboró esta afirmación con un medio de prueba legal que acredite tal aspecto, habiéndose procedido a resolver la apelación planteada sin respaldo probatorio que hubiere valorado el juzgador.                                                                                                                                           

6. Indica los siguientes motivos como fundamentos del recurso: a) Que, por la prueba aportada al proceso, se llega a acreditar la procedencia de su demanda puesto que ella la recurrente- dio cabal cumplimiento al  138 del Código Civil; b) El respaldar una resolución de segunda instancia en un informe de un perito dirimidor que fue rechazado y refutado por ella, resulta una frontal conculcación de sus derechos y garantías, puesto que ella cumplió con lo establecido en el  138 del Código Civil, que es tiempo y posesión del bien inmueble que pretende usucapir; c) Que se indicó como hecho probado el que la pacífica posesión hubiera sido interrumpida por un proceso administrativo, sin indicar cuál, o si cursa en obrados prueba de ello; d) Que no se mencionó ni se valoró la prueba aportada de su parte; e) Que Gilka Maritza Ayala Gutiérrez, no tiene relación treintañal anterior sobre el bien inmueble a usucapir, siendo propietaria desde la gestión 2004, por lo que se trataría de un caso clásico de loteadora, ya que cuando ella la recurrente- empezó a ocupar el lote, éste no tenía dueño, en cuyo mérito reconocer a la demandada como dueña del inmueble, sería una conculcación a su garantía del debido proceso; f) Que se aplicó erróneamente lo establecido por el  397 del Código Adjetivo Civil, puesto que toda la prueba acredita y hace referencia a su demanda; y, g) Que la jurisprudencia señala “si bien según el artículo 1507 del Código Civil las acciones reales prescriben en el término de cinco años, mediante la pérdida de los derechos y por la sola omisión de su ejercicio en el transcurso de ese tiempo para ser considerada como título adquisitivo, precia que sea acreditada la posesión continuada y no interrumpida que evidencie el abandono de quienes por título propietario, son dueños de los inmuebles respecto de los cuales se alega esta prescripción (usucapión) que se alcanza sin más título que el de la posesión (G.J. 1299, p.57)”.

Señala además que, “de acuerdo al  138 del Código Civil, no es necesario acreditar otro requisito que el de la posesión continuada con el ánimo de dueño por el tiempo indicado para que se opere tal prescripción (usucapión) (G.J. Nº 1587, página 40)”

Finaliza su recurso con su petitorio en el cual menciona que ante la carencia de valoración de todas las pruebas que cursan en el proceso, en que incurre el Auto de Vista Nº 096/2009, solicita se dicte resolución casando esa resolución de segunda instancia y en lo principal del litigio se declare probada la demanda.

3.2. Contestación al recurso de casación

José Zarate Murillo, contesta al recurso de casación planteado por la demandante indicando que, el recurso de casación esta sometido a requisitos formales que determinan su admisión, por lo que se debe precisar en él la acusación de aquellas normas que constituyen el fundamento del Auto de Vista, que cualquier omisión de las formas procesales debe reclamarse en la instancia que corresponde so pena de preclusión, que la recurrente no cumple con los requisitos establecidos por el  257 del Código de Procedimiento Civil, debido a que realiza una defectuosa confección de su memorial, donde se omite acusar violación o infracción del  empleado por el Tribunal ad quem en el pronunciamiento de su Auto de Vista, realizando por el contrario una valoración subjetiva en forma parcial de algunas piezas del cuaderno procesal, hecho que determina la improcedencia del recurso al no cumplir con lo requisitos exigidos por el  “258-2”.

Indica “valoración subjetiva parcial, que no toma en cuenta las literales cursantes a fojas 23, 37, 103, 104, 105, 106, 107, 135 y 136, en particular las certificaciones de la Junta vecinal Rosario I que hacen conocer fehacientemente que empezaron a realizar algunos trabajos por las madrugadas recién desde la gestión 2004, es más certificaciones que son firmadas por las mismas personas certifican que hubieran vivido 17 años, por lo que se establece que no son fehacientes, empero que los informes periciales (dos) son concretos al señalar que la construcción no pasa los 4 a 5 años”.

Solicita se conceda el recurso de casación y se lo declare infundado, con costas.

3.3. Fundamentos del Fallo.-

Antes de considerar el contenido del recurso de casación corresponde señalar algunos aspectos que viabilizan el recurso de casación.-

Sobre la procedencia del recurso de casación

El recurso de casación es asimilable a una demanda de puro derecho, consiguientemente, la misma debe cumplir con la exigencia contenida en el  258 del Código de Procedimiento Civil, que en su inciso 2) establece que en el recurso de casación se “deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.

En el contexto establecido precedentemente, el recurso de “casación en el fondo” se relaciona con el error “in judicando” que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, sus fundamentos sustanciales; cuando se violan leyes sustantivas.

Así, corresponde señalar que, cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el  253 en sus incisos 1), 2) y 3) del citado Procedimiento Civil. Por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador.

Entonces, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias; 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”; como se encuentra escrito dicho articulado tiene tres causales.

El primero de los incisos todavía conlleva tres supuestos, los mismos que se deben entender de la siguiente manera: cuando se dice que ha existido violación de la norma se entiende que hay una incorrecta aplicación de normas legales (no aplicación correcta), la interpretación errónea, consiste en que el fallo recurrido ha otorgado a la norma sustantiva un sentido equivocado, ha confundido el alcance o protección de la norma sustantiva y la aplicación indebida es que se ha aplicado la norma sustantiva a hechos no regulados por aquellas.

La segunda causal del  253 del Adjetivo Civil, se refiere a que el fallo recurrido haya emitido disposiciones contradictorias, nótese que la norma alude a la parte dispositiva, o decisum del fallo, y no al contenido de la parte considerativa  o motivación, este último caso es impugnable por la forma por la falta de motivación o ausencia de motivación o hasta incongruencia.

La tercera causal se refiere al error de hecho o al error de derecho en la valoración de la prueba; la primera de ellas  consiste en que en el fallo recurrido se ha confundido el contenido del medio de prueba, cualquiera que sea ella, testifical, documental, pericial, inspección u otras.

Ahora corresponde señalar que todo medio de prueba siempre tiene un contenido en que se describen actos o hechos, entonces el error de hecho se produce cuando los de instancia han confundido el contenido de esos medios de prueba. Por ejemplo, el fallo puede indicar a un color azul, empero el medio de prueba refiere a un color verde, el fallo puede señalar que una marca Suzuki, cuando el contenido del medio de prueba se refiere a una marca Isuzu, o que el fallo refiera a Bs. 5.000.-, cuando el contenido del probatorio refiere a Bs. 50.000.-, y de esta manera señalar qué punto de hecho hubiera sido demostrado con el referido medio de prueba.  En cambio cuando se trata del error de derecho, la misma resulta recurrible cuando el medio de prueba que los de instancia han confundido el valor probatorio; ejemplo: declaraciones testificales con el valor probatorio de una confesión, para recurrir sobre  la misma, de acuerdo al Código Civil, corresponderá señalar que unas son valoradas de acuerdo a las reglas de la prueba tasada y otras de acuerdo a las reglas de la sana critica, así pues en el caso de la prueba tasada puede que el Juez no haya otorgado el valor que la ley le señala a cierto medio de prueba, como sería obviar un certificado emitido por autoridad competente o documento privado suscrito por las partes contratantes, que se encuentra regulado por la prueba tasada, no sucede lo mismo con las pruebas que deben ser sujetas a la valoración por la sana critica, en ellas se deberá observar si al momento de valorarlas el Juez  ha apreciado conforme a la lógica, ciencia y experiencia, que resultan ser las directrices que regentan a la valoración de la prueba del sistema de la sana critica.

Este recurso en el fondo siempre busca una deliberación en lo sustancial de la controversia, en la que se tenga que analizar si la otorgación a las partes ha sido la correcta o no y en qué medida. 

Del recurso de casación formulado por la recurrente

Ahora de la revisión del recurso de casación, se constata que la recurrente no ha cumplido con lo establecido por el  258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, referido al deber del recurrente de  señalar sobre qué causal impugna el Auto de Vista, con la debida fundamentación, obviamente que cada causal busca sustentar una pretensión que defina la controversia mediante la emisión del Auto Supremo, lo que no ha ocurrido en el proceso, pues la recurrente en su memorial de recurso de casación sólo ha efectuado una relación cronológica parcial de algunos actos generados en el proceso, la cita de medios probatorios  los efectúa en forma de alegatos, aspecto que impide que este Tribunal pueda considerar sobre qué causal ha tratado de impugnar la recurrente, ya que al hacer alusión a los supuestos defectos en la valoración de la prueba por parte de los juzgadores, no especifica si los mismos serían por error de hecho o error de derecho, así mismo, en cuanto a la apreciación o valoración de las pruebas, no demostró de manera objetiva el error manifiesto en el que hubieran incurrido los juzgadores, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos.

Tampoco señaló o especificó en cuál de los ordinales que prevén la procedencia del recurso de casación en el fondo, sustenta su recurso, el cual es impreciso en su confección, aspecto que impide que este Supremo Tribunal ingresa a dilucidar la problemática presente y menos aún efectúe la labor de censurar la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de grado, puesto que no existe el suficiente sustento que amerite ello.

Por lo expuesto, y dado de que se trata de un recurso de casación carente del tecnicismo necesario, requerido para su comprensión y análisis, y no pudiendo suplirse de oficio las omisiones en las que incurrió la recurrente, corresponde fallar conforme los artículos 271 inciso 1) y 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil.


IV. POR TANTO:

4.1 La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del  42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, y las disposiciones establecidas en los s 271 numeral 1) y 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 346 a 350 vuelta. Con costas.

4.2 Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 1500.-, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, Notifíquese y Devuélvase.