SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                  Nº 445

Sucre:                                 2 de octubre de 2014

Expediente:                         LP-104-09-S

Distrito:                                 La Paz

Magistrada Relatora:           Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 202 a 204, interpuesto por Jacqueline Magariños Gonzales contra el Auto de Vista Nº 043/2009 de fecha 2 de febrero de 2009, cursante a fojas 198 a 199 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de Usucapión Decenal Extraordinaria seguido por la recurrente contra Miguel Fernando de la Borda Crespo, contestación al recurso de fojas 206 a 208 vuelta, los antecedentes del proceso, el auto de concesión del recurso de fojas 209; y,

CONSIDERANDO I:

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz, emitió Sentencia  Nº 106/2008 de fecha  29 de marzo, cursante a fojas 166 a 169 vuelta, declarando: IMPROBADA la demanda  de fojas  9 a 10 de obrados, PROBADA EN PARTE la reconvención de fojas 56 a 60 vuelta e IMPROBADA la excepción de falta de acción y derecho, sin lugar a los daños y perjuicios demandados en la reconvención por no haber sido probados oportunamente, disponiéndose que dentro el tercero día de su ejecutoria de la Sentencia se proceda a la reivindicación del inmueble bajo alternativas legales de expedirse mandamiento de desapoderamiento.

Que, en grado de apelación incoada por la recurrente, la Sala Civil Tercera de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz CONFIRMÓ la Sentencia de fojas  166 a 169 vuelta, con costas.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN: Contra el Auto de Vista, Jacqueline Magariños Gonzales, al amparo del artículo 257 y 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil interpuso recurso de casación en el fondo y casación en la forma, con los siguientes argumentos:

Refiere que la resolución recurrida hizo una mala y errónea interpretación de la Ley, violando el principio de sana critica, ingresando en una apreciación subjetiva de las pruebas aportadas por el demandado,  y que no se tomó en cuenta las pruebas aportadas por su parte; al haberse considerado solamente en la Sentencia las pruebas de fojas 198 a 199 siendo las mismas fotocopias de una declaración informativa ante las oficinas de la Policía Nacional, efectuada por su madre Matilde Magariños; asimismo, refiere que el demandado no demostró documentalmente la existencia de la compraventa del terreno objeto de la Litis.

Manifiesta que tanto la Sentencia como el Auto de Vista recurrido,  dejaron de lado la prueba testifical, literales, confesión provocada y de inspección ocular, no otorgándoles el valor probatorio que le asignarían los artículos 176, 381 y 397 del Código de Procedimiento Civil.

Refiere, que la resolución recurrida hizo una valoración de pruebas inexistentes dentro el presente caso al afirmar que el demandado había vivido con sus tres niños, misma que sería una apreciación subjetiva del principio de la sana crítica apartándose de la imparcialidad del juzgador;  resultando ser contrario al debido proceso.

Denuncia que en la valoración de la prueba no se hubiese tomado en cuenta la inspección judicial cursante a fojas 126 a 127, conforme lo establecido por los artículos 1283, 1285, 1286 y 1334 del Código Civil y artículos 376, 381 y 397 del Código de Procedimiento Civil, haciéndose una valoración errónea.

Manifiesta que las declaraciones testificales de fojas 134 a 136 no necesariamente tendrían que ser  exactas, al ser la causa un proceso ordinario de hecho y por el tiempo transcurrido y con la valoración de las pruebas debió aplicarse la presunción establecida por Ley.

Denuncia que existirían contradicciones en la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista recurrido puesto que con los datos del proceso se demostrarían otros hechos diferentes a los establecidos en la  resolución emitida por el Ad quem, apartándose del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil al haber resuelto hechos más allá de lo solicitado y al contrario hubiese realizado una valoración, una defensa parcializada y explicita de las pruebas del demandado otorgándoles un valor fuera de las normas jurídicas, sin tomar en cuenta las pruebas de cargo.

Por último, en amparo de los artículos 250, 253 incisos 1) y 3), 254 inciso 4), 255, 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, solicita  se le conceda  el recurso de casación en el fondo y en la forma para que este Tribunal Supremo de Justicia se sirva revocar el Auto de Vista y la Sentencia, declarando probada mi demanda en toda forma de derecho.

CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que, en reiteradas oportunidades tanto la Corte Suprema de Justicia como este Tribunal Supremo Liquidador, han precisado que el recurso de casación en el fondo y en la forma constituyen dos medios distintos de impugnación procedentes en supuestos también diferentes y que persiguen resoluciones igualmente distintas.

En ese sentido se ha señalado que a través del recurso de casación en la forma el recurrente puede cuestionar errores de procedimiento en la sustanciación de la causa o errores formales en la resolución impugnada, denuncias que no puede hacerlas a través del recurso de casación en el fondo, de hacerlo confunde los alcances y motivos de procedencia de uno y otro medio de impugnación.

En el caso que se analiza la recurrente  manifiesta interponer recurso de casación en el fondo y en la forma, sin embargo de manera confusa y contradictoria introdujo en su recurso sin disgregar y diferenciar del uno y del otro en su reclamación, más aun cuando  la misma procede a realizar una exposición de lo actuado en la presente causa.

Sin embargo, pese de haber interpuesto su recurso de manera general y sin efectuar una distinción en el planteamiento de su recurso, en observancia  de los nuevos lineamientos que ha establecido la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012, que permite una flexibilidad en la exigencia de los requisitos, que debe imprimirse en el recurso de casación, no obstante su notoria falta de técnica jurídica en la interposición de su recurso, pasamos a considerarlo, sólo con fines de dar respuesta a sus denuncias erradamente planteadas, así diremos entonces:

La recurrente denuncia que el Auto de Vista hubiese realizado una mala valoración de la prueba, una mala y errónea interpretación de la Ley, violando el principio de la sana crítica, hubiese ingresado en una apreciación subjetiva tomado en cuenta como prueba fundamental una fotocopia  consistente de una declaración informativa para la emisión de la resolución recurrida, que conforma la sentencia.

En primer lugar, es menester referir que  la valoración de la prueba "consiste en el análisis crítico e integral del conjunto de elementos de convicción reunidos y definitivamente introducidos al proceso; análisis que persigue la obtención, como resultado, de un juicio final de certeza o de probabilidad con respecto al fundamento práctico de las pretensiones hechas valer. Presupone, el agotamiento de la etapa introductiva con el momento de recepción, la que viene a complementar necesariamente por ser el único camino autorizado para obtener en el proceso el mérito sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados en las alegaciones" CLARIA OLMEDO, JORGE A. Ob.cit. Derecho Procesal. Tomo II, pág. 188 - 189.

La finalidad de la valoración de la prueba, no es buscar una verdad absoluta, sino adquirir un convencimiento de certeza de los hechos o de la certidumbre o verosimilitud de los hechos controvertidos y eso es suficiente para la eficacia del derecho procesal. Con la valoración de la prueba el juzgador no sólo debe buscar la verdad formal sino la verdad material que justifique y legitime el sentido de la sentencia. Al respecto el autor Parajeles señala: "El ideal de todo juzgador es lograr una armonía entre la verdad formal y la verdad real, eso es lo óptimo y sobre ese anhelo descansa la potestad jurisdiccional de todo administrador de justicia". PARAJELES, GERARDO. Ob. Cit. Lineamientos del Moderno Proceso Civil...página 210.

Dentro del contexto referido, conviene precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios deben efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, lo que significa que, el juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente.

De lo anteriormente expuesto, se encuentra su respaldo dentro de nuestra normativa en lo previsto por el artículo 1286 del Código Civil, que a la letra dice: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio". En concordancia con esta disposición sustantiva, el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo I establece que: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica".

En merito a lo precedentemente expuesto, es menester  manifestar que conforme el artículo 1311 del Código Civil establece que las copias fotográficas u otras obtenidas por métodos técnicos para la reproducción directa de documentos originales, harán la misma fe que éstos si son nítidas y si su conformidad con el original auténtico y completo se acredita por un funcionario público autorizado, previa orden judicial o de autoridad competente, o, a falta de esto, si la parte a quien se opongan no las desconoce expresamente, por lo que en cumplimiento a dicha disposición la recurrente podía  observar en su  debida oportunidad si creyese que dicha prueba no merecía el valor probatorio que le asignaría la ley; sin embargo, de la revisión de dicha prueba cursante a fojas 99 y vuelta de obrados, se evidencia que la parte demandada conforme el escrito de fojas 113 y vuelta, presenta como prueba documental las pruebas cursantes a fojas 112, mismas que no fueron observadas por la recurrente en el momento oportuno. Sin embargo la prueba aludida por la recurrente, es una copia  original que lleva las firmas de los suscribientes e incluso del Fiscal de Materia que intervino en dicho actuado y más aún  cuando el  artículo 398 del Código de Procedimiento Civil  señala “ Toda vez que la Ley exigiere prueba escrita o que la naturaleza de los hechos la precisare, las partes están obligadas a presentar documentos”, es decir, que en observancia de esta normativa la partes están obligadas a desvirtuar sus pretensiones con la presentación de medios probatorios, en consecuencia  su denuncia ante estas instancia  no tiene asidero legal, por haber precluido y consentido el mismo.

Además, la recurrente no tomó en cuenta en la interposición de su recurso, que el error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, es decir que cuando los juzgadores de instancia, ignorando el valor que le atribuye la ley a cierta prueba, le asignan un valor distinto, situación que se extraña en el planteamiento de la presente acción; al no haberse especificado este aspecto en la denuncia de mala valoración de las pruebas relacionadas con las pruebas literales incursas en el expediente, la prueba de confesión judicial, así como las pruebas testifícales de cargo; es decir, no es suficiente referir de manera general error de derecho o error de hecho en la apreciación de las pruebas o aplicación errónea o falsa de la ley tal como lo hizo la  recurrente.

Sin embargo, de la revisión de obrados se evidencia que los juzgadores de instancia, han valorado la prueba dentro de los parámetros de la sana crítica con prudente criterio, y tomando en cuenta las circunstancias, de ahí que, las conclusiones a las que arribaron, son el resultado de la apreciación y valoración de las pruebas producidas en el proceso, a través de su análisis crítico y de manera conjunta, integral y armónica, precisas y concordantes;  por lo que resultan impertinentes los términos del recurso, en cuanto a la denuncia de errónea apreciación de la prueba documental incursa en el expediente, confesión judicial, inspección judicial cursante a fojas 126 a 127  y la declaración  testifical de cargo, en virtud a que, si bien es cierto que por disposición del artículos 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, los juzgadores deben en primer lugar apreciar las pruebas de acuerdo al valor que les otorga la ley, y si ésta no determina otra cosa, recién podrán hacerlo conforme a su prudente criterio, no evidenciándose infracción alguna .

En cuanto a la denuncia de que en la etapa preparatoria, el demandado sólo hubiese demostrado haber adquirido el inmueble objeto de la litis de su señor padre el año 1997 conforme estaría demostrado mediante prueba literal de fojas 24 a 26, al efecto corresponde señalar  que dicha afirmación no es verdadera, en virtud que de la revisión de la prueba referida se evidencia que el demandado  suscribió la Minuta de Compra venta en fecha 10 de noviembre de 1987 y protocolizada en fecha  10 de noviembre del mismo año, registrado en Derechos Reales bajo la Partida Nº 3588, Fojas 3588 del Libro Primero “A”  en fecha  11 de diciembre de 1987, y a partir  de este momento el demandado entro en posesión  del lote de terreno,  ya que la posesión conforme el artículo 87 del Código Civil señala lo siguiente: “I. La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real”, consiguientemente de ese concepto evocan dos elementos constitutivos: 1) el corpus possessionis, actos materiales, uso, transformación de la cosa y 2) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta, como si se tratara de legítimo propietario.

La Ex Corte Suprema de Justicia  mediante Auto Supremo Nº 150 de 22 de abril de 2002, ha señalado lo siguiente: “La acción reivindicatoria (actio vinditio rei) no solo supone la desposesión material del bien inmueble, sino la existencia del derecho de propiedad o dominio cuando es el propietario el que acciona. El dominio confiere al titular la posesión civil o jus possidendi como la natural o corporal o jus possesionem. El artículo 1453 del Código Civil consulta esta doctrina, máxime cuando el titular del dominio está privado de algún modo de la posesión corporal y el bien está poseído por otro. Defiende esta acción real la posesión como el dominio o derecho de propiedad, a diferencia de las acciones netamente posesorias o interdictas… ”, criterio que ha sido adoptado por este Tribunal Supremo de Justicia, en sentido que el propietario que reclama la reivindicación de una cosa, no requiere haber estado en posesión anterior de la misma o que haya sufrido una desposesión o eyección, para viabilizar la reivindicación pretendida, tan sólo se requiere acreditar su título de propiedad y su ubicación, lo cual aconteció en la presente causa y la parte demandada no demostró o acreditó estar en posesión de dicho bien inmueble por más de 10 años, máxime  si mediante  la denuncia  por  ante la Policía Técnica Judicial  consignado con el Nº de caso 938/98 por el delito de despojo del bien inmueble objeto de la Litis y en fecha 5  de septiembre del 2000 demostró que no abandono el  referido bien inmueble. Asimismo se tiene, que por certificación de fojas  140 emitida por autoridad competente, se evidenció que el demandado, registró ante la entidad Municipal  por la dirección de Catastro Urbano en fecha  12 de enero de  1999 con el Código catastral Nº 44-1007-15, lo que demuestra  que el demandado no descuido su propiedad, regularizando  ante las instancias pertinentes su propiedad, máxime si hizo uso y ejercicio de su derecho propietario conforme establece las normativas legales vigentes, no habiendo demostrado la recurrente los presupuestos para la procedencia de la usucapión decenal y extraordinaria conforme dispone el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, se concluye que, los jueces de instancia han efectuado una valoración conjunta, integral y armónica de los elementos probatorios producidos en el proceso, conforme a la valoración que le otorga la ley con la facultad incensurable que les confiere los artículos 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, normas legales que facultan a los Tribunales de grado a valorar la prueba de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, facultad privativa que es incensurable en casación; pues el fallo no puede basarse exclusivamente en una sola prueba documental, como afirma la recurrente, existiendo en este proceso otros elementos de juicio, por lo que no se advierte que se haya incurrido en error de derecho ni de hecho, ni aplicación errónea o falsa de los indicados artículos.

Por último, la recurrente de forma errónea denuncia violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, manifestando que el Auto de Vista recurrido resuelve  hechos más allá de lo solicitado, con referencia a la valoración de sus pruebas ofrecidas, al caso referimos que una vez más la recurrente no entendió el mandato de la Ley en la interposición del recurso de casación  tanto en la forma como en el fondo, ya  que  acusa la vulneración de la referida norma legal en la apreciación de la prueba, la cual es una causal de  casación de fondo, por consiguiente no tiene sustento legal dicha denuncia. Sin embargo es menester dejar en claro que  la resolución emitida por el Ad-quem se circunscribió  a los puntos expresamente resueltos por el inferior y que  fueron objeto de  apelación en observancia al mandato de la norma citada. Por consiguiente el fallo pronunciado por el Tribunal Ad-quem ha efectuado una correcta aplicación de la Ley en los límites y alcances de sus propias atribuciones y facultades.

En consecuencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde resolver en la forma establecida por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación contenido en el memorial de fojas 202 a 204, interpuesto por Jacqueline Magariños Gonzales, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.