SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                  Nº 440

Sucre:                                 26 de septiembre de 2014

Expediente:                         CH-48-09-S

Distrito:                                 Chuquisaca

Magistrada Relatora:           Dra. Elisa Sánchez Mamani  

I. VISTOS:

1.1.- EL recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Jorge Antonio Zamora Tardío, en representación de Eduardo Aníbal y Daniel Williams Guzmán Fortún, de fojas 980 a 986 vuelta; y el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Miltón Guzmán Fortún, cursante de fojas 989 a 993 contra el Auto de Vista Nº 221 de 4 de julio de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre nulidad de contrato de venta, seguido por Hermelinda Daza y Otros, en contra de Daniel Guzmán Fortún y Otros, la contestación, los antecedentes, y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia cursante de fojas 655 a 660,el Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, declaró probada en parte la demanda de fojas 10 a 12, aclarada a fojas 15 a 16; e improbada las excepciones de falta de acción y derecho opuestas a fojas 26 a 28, 32 a 33, 78 y 166 a 168; la excepción de validez legal de documento opuesta a fojas 32 a 33 y fojas 78; y la prescripción opuesta a fojas 166 a 168, sin costas; desestimada la excepción de impersonería opuesta a fojas 32 a 33 y 78; consiguientemente declaró nula la transferencia de los inmuebles sitos en las calles 25 de mayo Nº 132 y Junín Nº 1006 esquina Capitán Echeverría de la ciudad de Sucre, efectuada por Serafina Fortún Vda. de Guzmán a favor de Daniel Guzmán Fortún, Eduardo Guzmán Fortún, René Guzmán Fortún, Jaime Guzmán Fortún, Javier Guzmán Fortún y Miltón Guzmán Fortún respectivamente, en lo que atañe a la afectación de la legítima de cuatro quintas partes que integraban el patrimonio de Serafina Fortún Vda. de Guzmán respecto de dichos inmuebles.

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 221 de 4 de julio de 2009, de fojas 959 a 963 vuelta, revoca en forma parcial la sentencia apelada y pronunciándose en el fondo declaró probada la demanda de fojas 10 a 12 vuelta y aclaración de fojas 15 a 16 y por tanto nulas en su integridad, las transferencias realizadas de los inmuebles de calle 25 de mayo Nº 132 y Junín Nº 1006 esquina Capitán Echeverría, y mandó que en ejecución de sentencia se proceda a la cancelación en el Registro de Derechos Reales. Asimismo confirmó el Auto definitivo de fojas 892 vuelta, con costas.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 980 a 986 vuelta, Jorge Antonio Zamora Tardío en representación de Eduardo Anibal y Daniel Williams Guzmán Fortún, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo; y mediante escrito de fojas 989 a 993, Miltón Guzmán Fortún, interpone recurso de casación en el fondo, los cuales se compendian a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Respecto del recurso de Casación interpuesto por Jorge Antonio Zamora Tardío en representación de Eduardo Anibal y Daniel Williams Guzmán Fortún.- En el recurso de casación en la forma  se denuncia que se ha incurrido en la causal de casación prevista en el artículo 247 de la Ley de Organización Judicial, al haberse notificado mediante edíctos con la sentencia y su auto complementario a sus representados Daniel Guzmán Fortún y Eduardo Guzmán Fortún cuanto por el Auto Supremo Nº 50 de 5 de febrero de 2007 y del Auto de Vista SCII-087/2008 de 12 de marzo correspondía notificarles personalmente ya que por memoriales que presentó el hermano de sus representados se hizo conocer que sus representados Daniel Guzmán Fortún vive en la república Bolivariana de Venezuela, vía parque central, edificio el Tejar, departamento 7-K y de Eduardo Guzmán Fortún en la ciudad de Montero del departamento de Santa Cruz, plaza 2 de diciembre, acera oeste Nº 40; y por haber dispuesto la notificación mediante edíctos a una persona ( René Guzmán Fortún) fallecida hace 8 años atrás; defectos que fueron denunciados reiteradamente. Denuncia también la vulneración del artículo 63 numeral 6 del Código de Procedimiento Civil, que regula sobre la cesación de la representación, alegando que el Juez a quo no cumplió nada de lo que dispone dicha norma  y que sin embargo el Tribunal ad quem afirma que no corresponde la nulidad de obrados que solicitó el hermano de sus representados en su memorial de fojas 790 a 793 de obrados. Finalmente alegando la vulneración del artículo 247 de la Ley de Organización Judicial y el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, e invocando la causal prevista en el inciso 7 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y la aplicación del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial y el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, pide anular el proceso hasta el estado de que se notifique personalmente a sus representados con la sentencia y el auto complementario de fojas 663.

En el recurso de casación en el fondo, denuncia la aplicación indebida de los artículos 1066 del Código Civil; alegando que la escritura pública Nº 239/1997 refiere sobre la venta de dos inmuebles que realizó la madre de sus representados a sus hijos, consiguientemente no se trata de una disposición testamentaria como erróneamente entiende el Tribunal ad quem, ni se trata de un acto de donación o legado sino de un contrato típico de compraventa por lo que no constituye un acto de liberalidad. Asimismo denuncia la aplicación indebida del artículo 1059 del Código Civil, ya que dado que a la muerte de Francisco Guzmán Ontiveros ( padre de sus representados), la Sra. Serafina Fortún Vda. de Guzmán tenía la facultad de enajenar hipotecar o gravar el 50 % que le correspondía a título ganancialicio y una quinta parte del otro 50% que le correspondía a título sucesorio respecto de los dos inmuebles, por cuya razón la nulidad sería parcial que solo alcanzaría a las otras cuatro quintas partes restantes que también transfirió a sus hijos. También denuncia la aplicación indebida del artículo 1065 del Código Civil, porque el acto de disposición que describe la escritura pública Nº 239/1997 no se trata de ninguna donación o legado  sino un contrato típico de compraventa a título oneroso, por lo tanto no se trata de ninguna liberalidad y porque la venta efectuada por Serafina Fortún Vda. de Guzmán la hizo a favor de sus hijos, es decir a favor de sus futuros herederos forzosos.

Denuncia la violación del artículo 550 del Código Civil, ya que  cuando se produjo la transferencia de los dos inmuebles, la madre de sus representados era propietaria del 50 % por derecho ganancialicio y de una quinta parte del otro 50 % a título sucesorio, por lo que podía trasferir libremente sus inmuebles a sus hijos respetando esos porcentajes, lo que demuestra que la escritura pública es parcialmente nula.

Denuncia que el Auto de Vista y su complementario contiene disposiciones contradictorias, alegando que si en criterio de la Corte ad quem se ha vulnerado el artículo 549-3) del Código Civil, por lógica deducción resultaría que la escritura pública Nº 239/1997 tendría causa y motivo lícitos y sin embargo en forma contradictoria en la parte resolutiva del Auto de Vista, se declara probada la demanda y nulas en su integridad las transferencias realizadas de los dos inmuebles.

Denuncia la violación del artículo 584 del Código Civil al declarar nula la venta, ya que no existe en el Código Civil alguna norma que prohíba, expresa o tácitamente, la venta de bienes muebles entre padres e hijos.

Denuncia que el Tribunal ad quem ha incurrido en error de hecho al considerar que la escritura pública Nº 239/1997 contiene una disposición testamentaria o suprimiría la legítima de los herederos forzosos de la Sra. Fortún Vda. de Guzmán, cuando dicha escritura se trata de un contrato típico de compra venta a título oneroso que tiene un objeto y causa o motivo lícitos.

Finalmente pide que se anule obrados hasta el estado que se notifique personalmente a sus representados con la sentencia y el auto complementario de fojas 663 o alternativamente case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda de fojas 10 a 12 y aclaración de fojas 15 a 16.

Por su parte el recurrente Miltón Guzmán Fortún, denuncia la aplicación indebida de los artículos 1066 del Código Civil; alegando que la escritura pública Nº 239/1997 refiere sobre la venta de dos inmuebles que realizó la madre de sus representados a sus hijos, consiguientemente no se trata de una disposición testamentaria como erróneamente entiende el Tribunal ad quem, ni se trata de un acto de donación o legado sino de un contrato típico de compraventa por lo que no constituye un acto de liberalidad. Asimismo denuncia la aplicación indebida del artículo 1059 del Código Civil, ya que dado que a la muerte de Francisco Guzmán Ontiveros (padre de sus representados), la Sra. Serafina Fortún Vda. de Guzmán tenía la facultad de enajenar, hipotecar o gravar el 50 % que le correspondía a título ganancialicio y una quinta parte del otro 50% que le correspondía a título sucesorio respecto de los dos inmuebles, por cuya razón la nulidad sería parcial que solo alcanzaría a las otras cuatro quintas partes restantes que también transfirió a sus hijos. También denuncia la aplicación indebida del artículo 1065 del Código Civil, porque el acto de disposición que describe la escritura pública Nº 239/1997 no se trata de ninguna donación o legado  sino un contrato típico de compraventa a título oneroso, por lo tanto no se trata de ninguna liberalidad y porque la venta efectuada por Serafina Fortún Vda. de Guzmán la hizo a favor de sus hijos, es decir a favor de sus futuros herederos forzosos.

Denuncia la violación del artículo 550 del Código Civil, ya que  cuando se produjo la transferencia de los dos inmuebles, la madre de sus representados era propietaria del 50 % por derecho ganancialicio y de una quinta parte del otro 50 % a título sucesorio, por lo que podía trasferir libremente sus inmuebles a sus hijos respetando esos porcentajes, lo que demuestra que la escritura pública es parcialmente nula.

Denuncia que el Auto de Vista y su complementario contiene disposiciones contradictorias, alegando que si en criterio de la corte ad quem se ha vulnerado el artículo 549-3) del Código Civil, por lógica deducción resultaría que la escritura pública Nº 239/1997 tendría causa y motivo lícitos y sin embargo en forma contradictoria en la parte resolutiva del Auto de Vista, se declara probada la demanda y nulas en su integridad las transferencias realizadas de los dos inmuebles.

Denuncia la violación del artículo 584 del Código Civil al declarar nula la venta, ya que no existe en el Código Civil alguna norma que prohíba, expresa o tácitamente, la venta de bienes muebles entre padres e hijos.

Denuncia que el Tribunal ad quem ha incurrido en error de hecho al considerar que la escritura pública Nº 239/1997 contiene una disposición testamentaria o suprimiría la legítima de los herederos forzosos de la Sra. Fortún Vda. de Guzmán, cuando dicha escritura se trata de un contrato típico de compra venta a título oneroso que tiene un objeto y causa o motivo lícitos.

Finalmente pide que se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda de fojas 10 a 12 vuelta y aclaración de fojas 15 a 16.

3.2. Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escritos de fojas 1010 a 1013, Hermelinda Daza, contesta al recurso de casación alegando que el recurso de casación interpuestos por Jorge Zamora Tardío en representación de Eduardo Anibal y Daniel Williams Guzmán Fortún, y el recurso de casación de Miltón Guzmán Fortún, han sido presentadas fuera de plazo; también señala que los recursos no cumplen con el requisito previsto en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil porque no individualizan las leyes violadas y no fundamentan la violación por lo que son improcedentes; que no corresponde la nulidad de obrados por la notificación mediante edíctos de una persona fallecida y menos corresponde el reclamo por otros derechos y que no se hizo dicho reclamo en apelación; que el proceso se encuentra debidamente saneado y no se puede esgrimir causales de nulidad inexistentes, que no existe acciones contradictorias porque se admitió la demanda por nulidad de contrato y que el supuesto vicio esta convalidado por no haber sido observado oportunamente; que llama la atención como se aduce que no hay norma jurídica que prohíba la venta de bienes entre padres e hijos, olvidándose de la existencia del artículo 1066 del Código Civil, la ilicitud de la causa está en que Serafina Fortín Aramayo Vda. de Guzmán, efectúa una venta de dos inmuebles sin tener derecho propietario  sobre la totalidad de los mismos y peor desconociendo el derecho que le correspondía a su esposo fallecido Edgar Guzmán Fortún, y que vender cosa ajena, además de ser contrario al orden público, llega a configurar delito; alega también que el error de hecho en la apreciación de la prueba no es un aspecto recurrible. Finalmente pide denegar los recursos, y en caso de ser concedidos que se los declare improcedentes o si se ingresa al fondo se los declare infundados.

3.3 Fundamentos del Fallo.- En su tramitación el recurso de casación se sujeta a las reglas previstas en los artículos 257 al 282 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el artículo 90 parágrafo I del mismo código adjetivo civil dispone que “Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley”.

En la revisión del proceso y previo a emitir pronunciamiento en la forma o fondo del recurso de casación y de advertirse la existencia de motivos de nulidad que afecten al orden público, que se hubieren o no denunciado, el juez o tribunal de casación de oficio está facultado a declarar la nulidad reponiendo hasta el vicio más antiguo. Superada esa etapa, corresponde el análisis del recurso de casación en la forma a efectos de verificar la existencia de infracción a las formas esenciales -vicios procesales- del proceso denunciadas por el recurrente y finalmente ingresar al recurso de casación en el fondo, en razón a que no tendría sentido analizar el fondo cuando existe vulneración a normas procesales.

La nulidad es entendida como la sanción por la cual la ley priva de efectos a un acto jurídico, en materia procesal Eduardo Couture, señala: “Siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico mediante las cuales se hace el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por ley”, formalidades que hacen al debido proceso y garantía de respeto a derechos a fundamentales.

Generalmente la nulidad de un acto procesal opera a pedido de parte cuya interposición podrá hacerse en cualquier etapa del proceso en que se presente la infracción a la norma procesal. También podrá darse de oficio conforme manda el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido del anterior artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y del actual artículo 106 del Código Procesal Civil, al prescribir la nulidad de oficio por inobservancia a la norma procesal o infracción al orden público, esto significa la facultad conferida por la Ley para que el juez o tribunal que conozca en grado de casación la causa, revise de oficio, sin necesidad de pedido de parte, con la finalidad de resguardar el respeto a las normas procesales establecidas, cuyo cumplimiento de acuerdo al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, es obligatorio. Lo que sin duda se traduce en el resguardo y materialización de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes intervinientes en el proceso y asegurar una correcta administración de justicia. Cabe resaltar que esta facultad privativa conferida por la ley para invalidar un acto procesal de oficio, es aun al margen del recurso de casación conforme previene el artículo 258 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil.

Es decir que, el recurso de casación podrá plantearse en el fondo y en la forma de manera simultánea, pudiendo el Tribunal de Casación, previo a efectuar el análisis sea en la forma o en el fondo, revisar de oficio si en el transcurso de la tramitación de la causa se infringieron normas procesales que afecten el orden público y que amerite la nulidad de obrados por existir afectación a derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes.

Dicho de otro modo, el juez o tribunal de casación está facultado por expresa disposición del artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido del anterior artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y del actual artículo 106 del Código Procesal Civil, a anular o invalidar de oficio todo proceso en cual advierta inobservancia a la norma procesal o infracción a las formas procesales que interesan al orden público, sin ingresar o pronunciarse sobre el recurso de casación en el fondo o en la forma, cuya finalidad, como se dijo precedentemente, es precautelar por el respeto a las normas procesales que son de cumplimiento obligatorio tendientes a efectivizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes y que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad a efectos de asegurar una correcta administración de justicia.

En el marco de estas disposiciones y por otro lado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la Sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ese mismo sentido el artículo 1451 del Código Civil, prevé que lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes.

El litisconsorcio sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto.

En ese marco, de la revisión del proceso se evidencia que de fojas 10 a 12 vuelta y 15 a 16, los actores interpusieron demanda sobre nulidad de contrato de venta de dos inmuebles ubicados en calle Junín y calle 25 de Mayo respectivamente y celebrado el 24 de julio de 1997, dirigiendo su acción en contra de Serafina Fortún Vda. de Guzmán, René, Jaime, Javier, Miltón, Daniel y Eduardo Guzmán Fortún, demanda que fue admitida por la Jueza de la causa el 10 de julio de 1999, conforme consta a fojas 16 vuelta. Empero anteriormente, de fojas 3 a 4, 5 y vuelta, cursan certificados de Derechos Reales donde se inscribe que los inmuebles en litis también se hallan registrados a nombre de Carlos, Alfredo y Francisco Guzmán Fortún.

El artículo 90 del Código de Procedimiento Civil establece que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio; y, las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas.

De lo expuesto, se tiene que la demanda de fojas 10 a 12 vuelta y 15 a 16, fue interpuesta exclusivamente en contra de Serafina Fortún Vda. de Guzmán, René, Jaime, Javier, Miltón, Daniel y Eduardo Guzmán Fortún, sin considerar que la sentencia que recaiga sobre la demanda, también afectará indudablemente los derechos de Carlos, Alfredo y Francisco Guzmán Fortún; de ahí que correspondía a la Jueza a quo integrarles a la litis, a los efectos del artículo 194 del Código Adjetivo Civil, al no haberlo hecho incumplió el deber que le impone el artículo 3 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, por permitir que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad. Por su parte, le correspondía al Tribunal ad quem advertir este vicio y anular obrados disponiendo la integración a la litis de Carlos, Alfredo y Francisco Guzmán Fortún, omisión que se encuentra sancionada con nulidad prevista por el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido del anterior artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y del actual artículo 106 parágrafo I del Código Procesal Civil.

Los Jueces y Tribunales de alzada deben tener presente que la integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados importa que deban ser sometidos al proceso, además que debe ser tarea no sólo de las partes, sino del Juez a quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad. Sólo así, las decisiones que adopte, serán útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada alcanzarán a todos y a quienes deriven sus derechos de aquélla, tal como lo impone el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, y los artículos 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta la admisión de 10 de julio de 1999, de fojas 16 vuelta, inclusive, a efectos de que se integre a la litis a Carlos, Alfredo y Francisco Guzmán Fortún.

4.2.- Con responsabilidad por no ser excusable la omisión de la Jueza a quo y Tribunal de alzada, que se gradúa en Bs. 300 per cápita, descontable de sus haberes.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, Notifíquese y Devuélvase.