SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                  Nº 436

Sucre:                                 26 de septiembre de 2014

Expediente:                         SC-91-09-S

Distrito:                                 Santa Cruz

Magistrado Relator:           Dr. Javier Medardo Serrano Llanos                              

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 157 a 158 y vuelta, interpuesto por Jessica Parada Roberts, contra el Auto de Vista Nº 300/2009 de 25 de junio cursante a fojas 154 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de extinción de autoridad paterna, seguido por la hoy recurrente contra Bernardo Daza de la Rosa; la contestación al recurso de fojas 159 a 161, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I.- De la relación de la causa: que, mediante Sentencia Nº 40/2009 de 5 de mayo, cursante a fojas 131 y vuelta, pronunciado por el Juez Primero de Partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Santa Cruz, se declaró improbada la demanda sobre extinción de la autoridad paterna, de fojas 6 a 7.

Interpuesta la apelación por la parte demandante, a fojas 138 y vuelta, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 300/2009 de 25 de junio, a fojas 154 y vuelta, confirmando la sentencia apelada; con costas.

Contra esa resolución, por memorial cursante de fojas 157 a 158 vuelta, Jessica Parada Roberts, interpuso recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II.- Denuncias del Recurso de Casación en el fondo: que, la recurrente, interpuso recurso de casación, bajo los siguientes argumentos: que, no ha existido en las instancias anteriores, una valoración de las pruebas de cargo aportadas por la demandante durante este proceso ordinario, en la cual demostró que el demandado abandonó a sus hijas menores de edad y nunca se acordó de ellas, desde la Sentencia de divorcio. Que, demandado habría vulnerado lo establecido en los artículos 14, 15, 20 y 21 del Código de Familia, con relación a lo establecido en los artículos 2, 5 13, 27 y 31 de la Ley 2026.

Que, la Resolución de primera instancia en su parte considerativa no hace una valoración adecuada de los hechos, como de las pruebas aportadas durante este proceso familiar. Que, de los informes técnicos cursantes a fojas 110 a 121, se evidencia que el demandado, habría sido un fármaco dependiente (a la cocaína y a la marihuana) y que por sí sólo, eso constituye abandono de su propia personalidad y sus obligaciones, por lo que correspondería la extinción de la autoridad paterna.


CONSIDERANDO III.- De los Fundamentos jurídicos del Fallo: que, así planteado el recurso, corresponde  efectuar las siguientes consideraciones: que, para la declaración de la nulidad es necesario circunscribirnos al ámbito de la tutela judicial y constitucional, a efectos de garantizar que el desarrollo del proceso se enmarque al resguardo de los derechos de las partes, por lo que el fundamento para la declaración de oficio de las nulidades procesales radica en la lesión a la garantía del debido proceso. Al respecto, el doctrinario del derecho Alsina, sostiene que “las nulidades esenciales son las que se pueden declarar de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional”.

En este entendido, dentro del ordenamiento procesal civil la nulidad de oficio se encuentra establecida conforme facultaba el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y ahora el artículo 106 del Código Procesal Civil, con vigencia anticipada por mandato de la Disposición Transitoria Segunda numeral 4 Ídem, concordante con el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, que indica que todo Juez o Tribunal, en cualquier estado del proceso puede declarar de oficio la nulidad de obrados; ello cuando la ley lo califique expresamente.

Disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Código Adjetivo Civil, que otorga calidad de orden público a las normas procesales y por tanto el cumplimiento obligatorio de las partes, a través de la sucesión de actos procesales desarrollados dentro del proceso. De igual forma, el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (vigente al momento en que el Tribunal de Alzada pronunció la resolución recurrida), establecía que, los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, (a fin de establecer) si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso, las sanciones pertinentes.

La presente problemática, se trata de un proceso tramitado en observancia de normativa especial, en lo relativo a plazos, cual es el caso del artículo 284 del Código Niño, Niña y Adolescente, que establece que las sentencias y resoluciones dictadas, podrán ser apeladas en el plazo de tres (3) días -a partir de su notificación a las partes-. Debiendo estarse sólo de forma supletoria al Código de Procedimiento Civil, esto por disposición expresa del artículo 294 del Código Niño, Niña y Adolescente.

Así, de la revisión de obrados se constata que emitida la Sentencia Nº 40/2009 de 5 de mayo en Primera Instancia, la demandante ahora recurrente- fue notificada con ésta en fecha 8 de mayo de 2009, situación que se evidencia por la diligencia cursante a fojas 136, habiendo planteado su recurso de apelación en fecha 12 de mayo de 2009; es decir, cuatro días después de su notificación con la Sentencia, por lo que la interposición de su recurso resulta ser extemporánea, por estar fuera del plazo previsto en el artículo 284 del Código Niño, Niña y Adolescente.

En cuyo mérito no correspondía que el Tribunal de Alzada la confirmara, puesto que ello presupone una declaración valorativa, sobre el fondo del asunto y conocimiento de los antecedentes procesales del caso; contrariamente, correspondía que se pronuncie sobre la inadmisibilidad del recurso de apelación extemporáneamente planteado y en consecuencia debió declarar la ejecutoria de la sentencia; ya que los plazos procesales son de obligatorio cumplimiento, y una actuación en contrario por parte de los juzgadores provocaría una lesión al debido proceso. Y en el caso de autos, si bien los juzgadores ad quem analizaron que no procedía la impugnación por estar fuera del plazo previsto, no resolvieron conforme correspondía.


POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, y aplicando lo dispuesto por el artículo 106 del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta el Auto de concesión del recurso de fojas 142, inclusive, y en conciencia declara ejecutoriada la Sentencia.

Siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal Ad quem, no se impone responsabilidad de multa.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba, en relación a la fundamentación y a la anulación hasta el auto concesorio.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi Fdo. Abog. Santusa Pizarro Camata 

Registrado en Libro de Tomas de Razón: Primero