SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                  Nº 432

Sucre:                                 26 de septiembre de 2014

Expediente:                         O-55-09-S

Distrito:                                 Oruro

Magistrado Relator:           Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 199 a 200 y vuelta, interpuesto por Deuracio Teodoro Quispe Fulguera representado por el abogado Tito Rolando Ramos Bermudez, contra el Auto de Vista Nº130/2009 de 15 de septiembre de 2009, cursante de fojas 189 a 196 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro el proceso de Ordinario de Declaración Judicial de Paternidad seguido por Victoria Ramírez Condori, en contra del recurrente, la contestación al recurso de fojas 203 y vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I.- De la relación de la causa: que, el Juez de Partido Quinto de Familia de la ciudad de Oruro, mediante Sentencia N°43/2009 de fecha 24 de junio de 2009 cursante de fojas 164 a 166, Falla declarando PROBADA la demanda de Declaración Judicial de Paternidad incoada por Victoria Ramírez Condori contra Deuracio Teodoro Quispe Fulguera, de fecha 8 de octubre de 2008, (fojas 4-4) e IMPROBADA la demanda reconvencional de fecha 28 de noviembre de 2008, (fojas 26-27), planteada por Deuracio Teodoro Quispe Fulguera, imponiéndoles por daños y perjuicios la suma de bolivianos cinco mil (Bs. 5.000.-), sin costas por ser juicio doble.

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 130/2009 de fecha 15 de septiembre de 2009, cursante de fojas 189 a 196 vuelta, CONFIRMÓ el auto de fojas 23-24, y la sentencia de fojas 164 a 166 de fecha 24 de junio de 2009. En la vía disciplinaria se llama severamente la atención al a quo, por no conceder la apelación diferida correctamente. Con costas en ambas instancias.

En este sentido y de la revisión de obrados, se evidencia que a fojas 197, el demandado Deuracio Teodoro Quispe Fulguera, en fecha 18 de septiembre de 2009, fue notificado con el Auto de Vista que cursa de fojas 189 a 196 vuelta, el cual fuera emitido en fecha 15 de septiembre de 2009, y como consecuencia de ello, el demandado (ahora recurrente) en fecha 26 de septiembre de 2009, formuló Recurso de Casación en el Fondo (fojas 199 a 200 vuelta), es decir que el recurso que ahora nos ocupa fue presentado dentro del término establecido en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II.- Denuncias del Recurso de Casación en el Fondo: que, el auto de vista recurrido hubiera incurrido en violación del artículo 253-1) del Código de Procedimiento Civil y en una mala interpretación y errónea aplicación de los artículos 208, 209 del Código de Familia y de los artículos 397, 399 400 del Código de Procedimiento Civil, señalando para dicho efecto que, el juez de origen ha basado sus sentencia en simples declaraciones que han realizado los testigos de la parte demandante  y por ello se hubiera infringido el artículo 207 del Código de Familia, pues no se hubieran valorado correctamente las declaraciones realizadas por los testigos de Victoria Ramírez Condori. Que, se ha interpretado incorrectamente lo que dispone el artículo 119 de la Constitución Política del Estado. Que, se ha hecho una errónea aplicación de lo que dispone el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, al no haber aceptado que el demandado se someta a la prueba de A.D.N., obrando unilateralmente a favor de la demandante. Que, se hubiera realizado una mala interpretación del artículo 208 del Código de Familia, pues ninguno de los testigos de cargo ha podido demostrar que el demandado hubiera tenido acceso carnal con la demandante. Que, el auto de vista recurrido hubiera violado la seguridad jurídica y el debido proceso y la indefensión. Que, el Tribunal de Alzada en varios casos de oficio hubiera aplicado el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, inclusive el artículo 3-1) del Código de Procedimiento Civil, y en el caso de autos de forma unilateral, ingresa a analizar la apelación que se ha interpuesto a fojas 172 a 173 vuelta, sin antes haber providenciado al otrosí 1º, del memorial de fecha 21 de julio de 2009 cursante a fojas 174 de obrados. Que, el tribunal de alzada vulnera el artículo 19-I) de la Constitución Política del Estado, es decir la igualdad de oportunidades de las partes, por ello solicita y pide se ANULE el auto y de vista y la sentencia recurrida conforme dispone el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil.       

CONSIDERANDO III.- De los Fundamentos jurídicos del Fallo: que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el recurso (de casación),…: 2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258”.

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso antes mencionado, a la letra indica que: “El recurso (de casación) deberá citar en términos claros, concretos y preciso, sic.., la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.

Como se puede advertir, el precepto legal contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse al interior del recurso.

Así, se tiene que el mencionado artículo 258 inciso 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del Tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

Con estos antecedentes de orden doctrinal y del desentraño y cotejo del recurso de casación, se llega a las siguientes conclusiones:

Con referencia al Recurso de Casación en el Fondo se tiene que: el auto de vista recurrido ha realizado una correcta valoración tanto de la prueba testifical cursante de fojas 120-121, 122-123, 124-124 vuelta, 125-125 vuelta, 126-126 vuelta, a la cual se le ha dado la eficacia probatoria que le otorga el artículo 1330 del Código Civil, pues en el presente caso la prueba testifical resulta más decisiva, al margen de ello se debe tener en cuenta que ha sido el propio demandado el que durante la sustanciación del proceso, se ha negado a realizarse la prueba de A.D.N., para poder determinar con exactitud la paternidad del menor, en este sentido y para mayor abundancia a fojas 41 de obrados, se tiene el testimonio Nº174/2001, referente al Acta de Reconocimiento de hijo que realizan la demandante y el demandado por ante la Oficial de Registro Civil Nº4-99-05, de la capital Oruro, a favor del menor Luis Gustavo Quispe Ramírez, en el cual se acredita y evidencia que lo afirmado por el demandado en el sentido de que nunca habría tenido relaciones con la demandada es falso, pues antes ya habían tenido otro hijo y prueba de ello, es el Reconocimiento de Hijo que ambos progenitores habían realizado en el año 2001. Entonces podemos afirmar que la resolución de alzada, ha sido emitida dentro del marco de la pertinencia prevista en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, es decir que ha otorgado una respuesta motivada y fundamentada al recurso de apelación formulado por el recurrente, pues dicho recurso carece de técnica recursiva, es decir que el recurrente no ha identificado ni especificado de manera clara y detallada en qué consisten los agravios causados por el tribunal de origen en la emisión de la sentencia, no siendo ciertas ni evidentes las infracciones denunciadas por el recurrente. Por lo que la denuncia en este aspecto resulta infundada.

Por otra parte, y de la revisión de los datos de obrados, podemos afirmar que durante la sustanciación del proceso, tanto la parte demandante como el demandado han gozado y tenido la igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asisten y si alguna de las partes se hubieran sentido agraviada por algún acto de la autoridad jurisdiccional, la parte agraviada tenía todo el derecho de reclamar oportunamente e interponer los recursos que la ley les otorga, situación que no ha acontecido en el caso de autos.

El tribunal de alzada, ha obrado de manera correcta al confirmar los actos realizado por el juez de origen, referente a la orden emitida por dicha autoridad para que el demandado se realice la prueba de A.D.N., pues dicha orden tiene su facultad y asidero legal en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, al margen de tener en cuenta que dicha situación fue solicitada de manera oportuna por la parte demandante (fojas 71 y concedida por el juez de origen a fojas 71 vuelta).

En cuanto a las declaraciones testificales de cargo cursante de fojas 120-121, 122-123, 124-124 vuelta, 125-125 vuelta, 126-126 vuelta, a la cual se le ha dado la eficacia probatoria que le otorga el artículo 1330 del Código Civil, se tiene que las mismas han sido contestes y uniformes en tiempo y lugar y dicha situación ha sido respaldada por la documental de fojas 41 y vuelta, por lo que la denuncia del recurrente referida a la mala interpretación del artículo 208 del Código de Familia, resulta Infundada.

De igual forma, y por la revisión del expediente no se evidencia que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, hubiera sido emitida violando

la seguridad jurídica, el debido proceso y dejando indefensión al demandado ahora recurrente, es decir que el demandado denuncia la violación de estos derechos y garantías constitucionales, pero no dice de qué manera o de qué forma se le hubieran violentado estos derechos o con que actos jurisdiccionales o a que fojas hubiera ocurrido esta situación, por lo que la denuncia en este aspecto resulta infundada.

De igual manera, el Tribunal de Alzada al analizar y resolver la apelación formulada por el demandado (fojas 172 a 173 vuelta) ha obrado dentro de los parámetros previstos en el artículo 235 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por lo que no ameritaba la nulidad denunciada por el recurrente. 

Por último, de la revisión minuciosa de obrados debemos señalar que, no se evidencia que el tribunal de alzada hubiera vulnerado de alguna forma lo previsto en el artículo 19-I) de la Constitución Política del Estado, referente a la igualdad que tienen las partes para poder ejercer sus derechos y facultades durante la sustanciación del mismo. 

El Tribunal de Alzada al haber Confirmado la Sentencia emitida por el Juez de origen, ha realizado una correcta valoración de toda la prueba de cargo y de descargo ofrecidas por la demandante y por los demandados, pruebas que fueron valoradas  de acuerdo a lo establecido en el artículo 397-I) del Código de Procedimiento Civil, conforme al prudente criterio y sana crítica, por lo que no que no se evidencia infracción de ninguna naturaleza. Por lo que la denuncia en este aspecto resulta Infundada.

En este sentido, debemos manifestar que este Tribunal después de realizar una minuciosa revisión del expediente, no ha encontrado el más mínimo indicio de que el Tribunal de Alzada, hubieran incurrido en ninguna de las violaciones denunciadas por el recurrente. Por lo que la denuncia en este aspecto deviene en Infundada.

Finalmente cabe recordar al recurrente que el artículo 180-I) de la Constitución Política del Estado Plurinacional, regula lo referente a la verdad material como uno de los principios a los que está sometida la jurisdicción ordinaria.

Entonces diremos que, del desentraño del Auto de Vista recurrido, se tiene que los Vocales suscriptores de dicho Auto, han efectuado un examen correcto de todas las pruebas en su conjunto.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo cursante de fojas 199 a 200 vuelta, interpuesto por el recurrente Deuracio Teodoro Quispe Fulguera. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de mil quinientos bolivianos.

Regístrese notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi Fdo. Abog. Santusa Pizarro Camata 

Registrado en Libro de Tomas de Razón: Primero