SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                             Nº 429

Sucre:                                            26 de septiembre de 2014

Expediente:                                    SC-89-09-S

Distrito:                                            Santa Cruz

Segunda Magistrada Relatora:    Dra. Elisa Sánchez Mamani

       I.VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Benedicto Layme Choquehuanca, de fojas 186 a 190 contra el Auto de Vista Nº 225 de fecha 30 de junio de 2009, de fojas 181 a 182, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble sobre resarcimiento de daños y perjuicios y cumplimiento de obligación, seguido por el recurrente en contra de Layza Vargas Leaño, la contestación, los antecedentes y; 

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Mediante Sentencia de fecha 24 de enero de 2009, cursante de fojas 164 a 166 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, se declaró improbada la demanda de fojas 66 a 69, e improbada la reconvención.  

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista de fecha 30 de junio de 2009, se confirmó la “demanda”, con costas.  

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 186 a 190, Benedicto Layme Choquehuanca, interpone recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.

III.  CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias Recurso de Casación.- En el recurso de casación en el fondo, señala que el Auto de Vista arriba indicado y confirmando simplemente la demanda con costas, le deja en duda si lo resulto con este Auto de Vista es por la sentencia o por la demanda, dejándole en indefensión en violación del artículo 192 del Código de Procedimiento Civil. Luego asevera que no se habría valorado las pruebas literales producidas, tales como las que constan a fojas 24 a 65, que no se ha valorado las literales de 1 a 65 y al no valorar estas pruebas se viola lo establecido en el artículo 476 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente pide que “se case en el fondo el Auto de la Recurrencia, ANULANDO hasta la sentencia de primer grado” y que mediante Auto Supremo se declare probada su demanda condenando a la demandada Layza Vargas Leaños al pago de daños y perjuicios que alcanza a Bs. 31.673 más el cumplimiento de la suma de $us 7.000.

3.2. Contestación al Recurso de Casación.- No existe contestación. 

3.3. Fundamentos del Fallo.- Según la  doctrina procesal, el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

Tenida cuenta que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia de segunda instancia;  en reiterados fallos, verbi gratia el Auto Supremo Nº 70 de 11 de febrero de 2003, entre otros, que marcan línea jurisprudencial, la entonces Corte Suprema de Justicia, ha dejado delineado que el recurso de casación, según el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, podrá ser en el fondo y en la forma; el primero está reservado para los casos enumerados en el artículo 253 del mismo cuerpo legal, en tanto que el segundo procede por violación de las formas esenciales del proceso, cuando la sentencia o auto de vista recurrido hubiere sido dictado en los casos previstos en el artículo 254 del mismo Adjetivo. Consiguientemente corresponde que el casacionista formule sus denuncias y peticiones de forma coherente, de manera tal que dentro del recurso de casación en el fondo debe denunciar errores de juzgamiento y en consecuencia pedir el pronunciamiento de fondo que pretenda; en cambio dentro del recurso de casación en la forma debe denunciar errores de procedimiento y el pedido debe ser de nulidad.

Ahora bien, por mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, en el recurso no solo se debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que  también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.  

En mérito al principio dispositivo que rige en el  proceso civil, el recurrente delimita el Thema decidendum del fallo casacional, pues el Tribunal limitará su pronunciamiento a las alegaciones esgrimidas por el recurrente en el recurso, que a la sazón se constituye  en el acto de constitución del recurso extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo el requisito de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo 258-2) del Código Adjetivo Civil; pues dicha norma contiene un imperativo en propio interés del recurrente, ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el tribunal ingrese a resolver el fondo del asunto, pues en tal caso el recurso deviene en improcedente, por mandato del artículo 272-2) del Código de Procedimiento Civil; lo cual implica que el recurso debe bastarse por sí mismo. Por ello, el Tribunal de casación, previamente, debe efectuar un juicio de admisibilidad del recurso de casación, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por ley,  pues sólo en el supuesto que el recurso cumpla con tales requisitos, que son de admisibilidad o procedencia, corresponderá que el Tribunal de casación ingrese a realizar el juicio de fundabilidad del recurso, pronunciándose sobre el fondo.

Sobre el cumplimiento del juicio de procedencia, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia Nº 0001/2013-L, de 4 de enero de 2013, señala “el Tribunal de casación previo a la resolución de la problemática planteada debe verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 258 del citado Código, conforme se expuso en el Fundamento Jurídico III.5.1, pues dicha labor no hace más que plasmar el principio de legalidad previsto por el art. 180.I de la CPE; desarrollado en la SC 1639/2010-R de 15 de octubre, que reiterando el entendimiento asumido en la SC 062/02 de 31 de julio, mencionó: “Que, el principio de legalidad en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por la ley…”. Así, para el cumplimiento de los fines previstos para el recurso de casación es necesario que el recurso planteado precise la ley o las leyes que se consideran violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, de ser posible en una redacción clara y didáctica para evitar que el Tribunal de casación se aparte de los puntos cuestionados, conforme prevé el art. 258 inc. 2) del CPC, ya que sólo de esta manera se podrá delimitar el accionar del Tribunal de alzada y exigir luego el pronunciamiento sobre cada uno de los puntos que fueron cuestionados por las partes -pertinencia de las resoluciones judiciales conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.5.1 del presente fallo-; es decir, el deber de las autoridades demandadas de pronunciarse sobre lo resuelto por el inferior y los fundamentos expresados en el recurso de casación…

En el caso en examen, se trata de un recurso manifiestamente defectuoso, pues el recurrente interpone recurso de casación en el fondo dentro del cual formula denuncias relativas a las formalidades del fallo de segunda instancia y si bien es cierto que pide que se anule obrados hasta la sentencia, sin embargo al mismo tiempo ( no de forma subsidiaria) pretende que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el fondo del asunto estimando su demanda; dichas peticiones así formuladas resultan contradictorias entre si, pues en casación no se puede anular los fallos de instancia y al mismo tiempo pronunciarse sobre el fondo del asunto; pues, o bien se anula los fallos para que los de instancia se pronuncien nuevamente o en cambio se casa el Auto de Vista y en consecuencia se pronuncia sobre el fondo del asunto; y si bien es posible formular ambos pedidos, en tal caso se lo debe efectuar de forma subsidiaria pero de ninguna manera se debe pedir que se estimen ambos pedidos al mismo tiempo. Luego se cuestiona la valoración de prueba documental y testifical; empero se lo efectúa de manera incompleta, pues no se denuncia errores de hecho o errores de derecho en la apreciación probatoria, olvidando el recurrente que, por regla, la valoración de la prueba es atribución exclusiva de los jueces de instancia y que en casación solo es posible la revisión de dicha valoración excepcionalmente cuando se denuncia error de hecho o error de derecho en la apreciación de la prueba, en la forma prevista por el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil, lo cual no acontece en el caso en examen, a ello debe añadirse el defecto de la petición del recurso de pronunciamiento simultaneo por la nulidad de fallos y el fondo del asunto.

Las manifiestas deficiencias del recurso advertidas, implican incumplimiento del requisito previsto por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, y en razón a que dichas deficiencias no pueden ser suplidas de oficio por el Tribunal Supremo, corresponde resolver conforme a lo previsto por los artículos 271 - 1) y 272-2)  Ídem.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava,  los  artículos 41 y  42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 186 a 190 de obrados, interpuesto por Benedicto Layme Choquehuanca,  sin costas por no existir contestación al recurso.

Primera Magistrada Relatora Dra. Ana Adela Quispe Cuba, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo.Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi Fdo. Abog. Santusa Pizarro Camata 

Registrado en Libro de Tomas de Razón: Primero