SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 418

Sucre:                                19 de septiembre de 2014

Expediente:                        SC-82-09-A

Distrito:                                Santa Cruz

Magistrado Relator:          Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en la forma interpuesto por Alejandro José Bajda Krvina en representación de la empresa LES-TEK S.R.L. contra el Auto de Vista Nº 626 de 2 de enero de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre cumplimiento de obligación, seguido por Augusto Gregory Arze Santa Cruz en representación de Jorge Bernal Ugarte contra el recurrente, el auto que concede el mismo de fojas 128 vuelta, la consiguiente respuesta de fojas 128, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I: de la Relación de Causa: que, el Juez Octavo de Partido de en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, pronunció el Auto Nº 681 de 23 de julio de 2008 (fojas 67 y vuelta), declarando improcedente la declinatoria de competencia en razón de territorio, con costas.

Deducida la apelación por el demandado, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz,  mediante Auto de Vista Nº 626 de 2 de enero de 2009 (fojas 112 a 113), confirmó el auto apelado; con costas.

Finalmente, Alejandro José Bajda Krivina en representación de la empresa LES-TEK S.R.L., presentó recurso de casación en la forma el 15 de abril de 2009, cursante de fojas 120 a 126 vuelta.

CONSIDERANDO II: de los Fundamentos del Recurso de Casación: que, el demandado Alejandro José Bajda Krivina, representante legal de la empresa LES-TEK S.R.L., en su recurso de casación en la forma de 15 de abril de 2009 (fojas 120 a 126 vuelta), citando el artículo 254 incs. 1) y 4) del Código de Procedimiento Civil, señaló que interpone recurso de casación contra el Auto de Vista Nº 626 y su complementario de 17 de enero de 2009, puesto que el Juez a quo no tendría competencia en razón de territorio para conocer y sustanciar la causa de origen, ya que tanto su persona como la nombrada, tendrían su domicilio sobre el kilómetro 32 de la carretera a Trinidad con jurisdicción Cotoca, extremo que puede ser verificado por la Licencia de Funcionamiento adjunta, por lo que debía ser tramitado por el Juez de Partido de esa localidad, documental que no se habría tomado en cuenta, vulnerándose los principios del juez natural, seguridad jurídica, competencia en razón al territorio y el debido proceso, por presentar su demanda fuera de la jurisdicción territorial de la localidad de Cotoca en concomitancia del Juez a quo.

Alegó que no se tomó en cuenta que el actor confesó en el memorial presentado el 10 de enero de 2009, que el Juez de Partido de Cotoca sería el competente, puesto que solicitó que la citación con la demanda sea mediante exhorto dirigido a dicha autoridad, conforme lo prevé el artículo 404.II del Código de Procedimiento Civil, extremo que también habría sido reconocido por el Juez a quo al otorgar el citado exhorto, solicitando la declinatoria del Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial y se pase el proceso al Juez Noveno de la misma materia, en conformidad con los artículos 10 incisos 1), 13, 14 y 19 del señalado Código concordantes con los artículos 1 incisos 12), 15, 27 y 30 de la Ley de Organización Judicial en aplicación del artículo 31 y 32 de la Constitución Política del Estado.

Indicó que, el actor presentó la misma demanda contra la empresa LES-TEK S.R.L., en dos juzgados diferentes buscando direccionar la causa a que la misma llegue al Juzgado Octavo de Partido en lo Civil y Comercial y no así al Juzgado Décimo Primero de la misma materia, éste último donde ingresó en primera instancia la demanda, habiendo modificado su nombre por el de ALEJO BADA y la identidad del actor por el de su abogado en la segunda oportunidad presentada, para burlar al sistema y posteriormente corregir dichos extremos, violándose el artículo 3 incs. 1), 3) y 5) del Código de Procedimiento Civil.

Denunció que la demanda presentada en su contra sería contradictoria ya que por un lado pidió el cumplimiento de obligación y por otro solicitó el pago de daños y perjuicios, cuando el documento privado base de la obligación se encontraría caducado en sus plazos y se estaría resuelto por cesación en el pago del contratante por los servicios prestados, por lo que no cumpliría con los requisitos establecidos por ley.

Señaló que se debe tomar en cuenta lo establecido en los artículos 24 y 29 del Código Civil, respecto a lo entendido por domicilio y que este a su vez es irrenunciable, por lo que la tramitación del proceso fuera de éste les obligaría a renunciar al domicilio, por lo que el demandante le dejaría en un estado de indefensión, por cuanto le es difícil dejar su domicilio y trasladarse a Santa Cruz para asumir defensa.

CONSIDERANDO III: de los Fundamentos de la Resolución.-

que, el artículo 272 incisos 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el recurso (de casación),…: 2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258”.

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el incisos 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso citado precedentemente, como un requisito de contenido, señala textualmente que “El recurso (de casación)…: 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”, advirtiéndose que el precepto legal que nos ocupa contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse dentro del recurso.

Así, se tiene que el artículo 258 incisos 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

Del estudio y análisis de los antecedentes del recurso de casación, se tiene que el recurrente denuncia que tanto el Tribunal ad quem como el Juez a quo no tomaron en cuenta la documental adjunta al expediente a tiempo de conocer la declinatoria de competencia que planteó por falta en razón de territorio, por cuanto tendría su domicilio en Cotoca y la empresa que representa estaría en el kilómetro 32 de la carretera a Trinidad con jurisdicción en dicha localidad, por lo que existiendo una autoridad competente en Cotoca, la demanda debió ser presentada ahí y no así en la ciudad de Santa Cruz.

Ahora bien, conforme a la previsión del artículo 10 incisos 2) del Código de Procedimiento Civil, señala que regirán las reglas de competencia siguientes: “En las demandas por acciones personales, el juez del domicilio del demandado, el del lugar donde debe cumplirse la obligación, o de donde fue suscrito el contrato, a elección del demandante”. En ese sentido, a partir de dicha normativa, se tiene establecido que la persona que vea conveniente a sus intereses iniciar una demanda por acciones personales, el legislador le concedió la opción de elegir el lugar donde puede presentar la misma, existiendo tres presupuestos a saber: 1.- Ante el Juez del domicilio del demandado; 2.- Ante el Juez del lugar donde debe cumplir la obligación; 3.- Ante el Juez donde se suscribió el contrato; es así que, conforme revela el contrato suscrito entre Jorge Bernal Ugarte y Alejandro Bajda, se tiene que el mismo fue firmado en la ciudad de Santa Cruz el 14 de noviembre de 2004 (fojas 1 a 4), siendo la demanda presentada por el primero de los nombrados contra el último en la ciudad de Santa Cruz el 17 de agosto de 2007 (fojas 19 a 23), consiguientemente eligió el presupuesto 3 citado en líneas precedentes; vale decir, el demandante presentó su demanda de cumplimiento de obligación y pago de daños y perjuicios ante el Juez de turno de la ciudad de Santa Cruz, lugar donde se suscribió el contrato antes referido, por lo que este Tribunal Supremo de Justicia no encuentra vulneración alguna a los artículos 10 inciso 1), 13, 14 y 19 del Código Adjetivo Civil, concordantes con los artículos 1 inciso 12), 15, 27 y 30 de la Ley de Organización Judicial en aplicación del artículo 31 y 32 de la Constitución Política del Estado, por lo que no corresponde pronunciarse respecto a la denuncia del recurrente de no haberse tomado en cuenta la Licencia de Funcionamiento adjunta al expediente en cuanto a su domicilio, por consiguiente no corresponde evidente la vulneración de los principios al Juez natural, a la seguridad jurídica, a la competencia en razón al territorio y al debido proceso con relación a la derecho a la defensa, menos hace a la renuncia del domicilio previsto en los artículos 23 y 29 del Código Civil.

Con relación a la violación del artículo 404.II del Código de Procedimiento Civil, al no haberse tomado en cuenta la “confesión espontánea” denunciada por el recurrente respecto a que el propio demandante hubiese confesado al solicitar se proceda a la citación con la demanda mediante exhorto dirigido al Juez de Partido de Cotoca, no corresponde pronunciamiento por este Tribunal, por cuanto dicho instituto no es aplicable al caso de autos en la etapa procesal que dio origen al presente recurso, como tampoco corresponde referirse sobre la declinatoria de competencia al Juzgado Noveno de Partido en lo Civil y Comercial impetrada por el recurrente, puesto que no fue el motivo de remisión a esta instancia.

Asimismo, sobre lo referido por el recurrente respecto a la presentación de la demanda de origen en dos oportunidades, siendo radicada la primera presentada en el Juzgado Décimo Primero de Partido en lo Civil y Comercial y en forma posterior recayendo ante el Juez Octavo de la misma materia, se tiene que dicho aspecto no merece consideración alguna en razón a que conforme lo tiene establecido el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil “La jurisdicción y competencia del Juez, ante quien se interpone una demanda, se abrirá con la citación de ésta al demandado…”, consiguientemente, al haberse procedido a citar con la demanda se abrió la competencia del Juez a quo. Corresponde evidente que la demanda en primera instancia fue presentada por el abogado apoderado de Jorge Bernal Ugarte contra Alejo Bada como representante legal de LES-TEK S.R.L., el 17 de agosto de 2007 (fojas 19 a 23), no es menos evidente que en forma posterior, el 26 de septiembre de igual año, el demandante modificó la demanda aclarando que la misma se inició contra Alejandro Bajda, representante legal de LES-TEK S.R.L. (fojas 26 a 30 vuelta), por lo que dicho extremo fue enmendado en el proceso, no encontrándose violación alguna del artículo 3 incisos 1), 3) y 5) del Código Adjetivo Civil.

Finalmente, teniéndose la denuncia de que la demanda presentada contra el recurrente carecería de los requisitos establecidos por ley, siendo la misma contradictoria en sus partes, cabe señalar que dicho extremo tampoco merece consideración por cuanto no fue motivo de origen del recurso de casación.

Del razonamiento citado, corresponde emitir fallo conforme a la previsión de los artículos 271 incisos 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 incisos 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículo 271 incisos 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Alejandro José Bajda Krvina, representante legal de la empresa LES-TEK S.R.L., cursante de fojas 120 a 126 vuelta; con costas.

Se regulan honorarios profesionales en Bs. 1500.- para efectos de costas procesales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.