SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 414

Sucre:                                19 de septiembre de 2014

Expediente:                        LP-96-09-S

Distrito:                                La Paz

Magistrada Relatora:        Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas  504 a 513 vuelta, interpuesto por Franz Eduardo Flores Asturizaga y Valentin Armando Cherro Chuquimia, contra  el Auto de Vista Nº 009/2009 de fecha  7 de enero  de 2009, cursante a fojas 500 a 501, pronunciado por la Sala Civil Primera de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de mejor derecho de propiedad, reivindicación y pago de daños y perjuicios seguido por Mario Rico Galarza, Valentin Armando Cherro  Chuquimia y Franz Eduardo Flores  Asturizaga contra Mario Flores Mayta y la reconvención por pago de daños y perjuicios y acción negatoria, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso de fojas 520 a 522, el auto de concesión del recurso de fojas 535; y,

CONSIDERANDO I:

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, la Juez de Partido  Noveno en lo Civil y Comercial de La Paz emitió sentencia Nº 162/2008 de fecha 6 de junio de 2008, cursante a fojas 411 a 414, declarando: 1.- IMPROBADA la demanda Principal de fojas 18-21, subsanada a fojas 25 de obrados; 2.-IMPROBADA la demanda reconvencional de fojas 45-47 al igual que las excepción perentoria de Cosa Juzgada formulada por el demandado. 2.- IMPROBADA la tercería coadyuvante formulada a fojas 95 a 96, sin costas.

Que, en grado de apelación incoada por los recurrentes, la Sala Civil Primera de la que fue Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, confirma  la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN: Contra el Auto de Vista, Franz Eduardo Flores Asturizaga y Valentin Armando Cherro Chuquimia, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma con los siguientes argumentos:

En la argumentación de su escrito de casación  los recurrentes realizaron una exposición señalando la documentación presentada y los medios probatorios incursos en el expediente que demostrarían la ubicación exacta y real de sus lotes de terreno, como así sus límites y colindancias entre los cuatro lotes, y que los mismos no hubiesen sido considerados en su integridad, como medios de fuerza probatoria y eficacia jurídica en cuanto a su derecho de propiedad, y que al ser omitidos se recayó en la infracción y quebrantamiento de los preceptos constitucionales y procesales.

Asimismo, señalaron actuaciones que consideraría a favor del demandado cursantes a fojas  56, 256, 203-205, reiterado por fojas 230-231,247-248, 257, el acta cursante fojas 260, documentos de fojas 223-245, las diligencias de fojas 270 y decreto de fojas 278. Que hubiesen solicitado  a fojas 279 pronunciamiento a sus escritos de fojas 169-177, 261, 267-269,277-278 por memorial de fojas 279 y que no se  ordenó  la solicitud de franquear testimonios e informes de fojas 303, las objeciones fundamentadas de fojas 330, 337, 341, 342, actas de juramento de reciente obtención del demandado de fojas 340 y 353 y que a fojas 397 reiterado por fojas 398, 400, 401, 404 se solicitaría que el Oficial de Diligencias cumpla con notificaciones y además señala que la solicitud de fojas 402  y ordenado por fojas 396 vuelta no se hubiese cumplido y que todas estas actuaciones señaladas demostrarían la violación normas procesales del Código de Procedimiento Civil.

Refiere que con la documentación cursante en obrados se hubiese cumplido con los artículos 1283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil y que tuvieran mejor derecho propietario y reivindicación.

Manifiesta la violación de los artículos 232, 233 parágrafos I- 4) y II, 235-II  y 331 del Código de Procedimiento Civil  y articulo 1334 del Código Civil y normas concordantes con las mismas.

Nuevamente los recurrentes señalan actuaciones procesales incursas en el expediente  que hubiesen sido desconocidos en la resolución Nº 009 al considerar que el terreno en Aillu Cupi-Chico es diferente del terreno de la Prolongación calle Muñoz Cornejo de la zona Sopocachi y por la venta ilegal de sus lotes de terreno hubiesen sido agraviados y  existiría violación del artículo 105 del Código Civil.

Refiere que el Ad quem, no consideró la prueba de fojas 436-466 y que se demostraría la parcialización de mala fe que iría en contra de su propiedad debidamente registrado en Derechos Reales y que la parte demandada no hubiese presentado ninguna documentación debidamente registrado a su nombre ante dichas oficinas.

Nuevamente señalan los artículos 232, 233-I y II, 235 del Adjetivo Civil y articulo 1334 del Sustantivo Civil, alternativamente se señala la violación de los artículos 337, 427, 373, 374-1) y 3), 375-1), 379, 381, 383-1), 398, 399 y 400 del Código de Procedimiento Civil y transgresión de los artículos 105, 452, 584, 1283, 1285, 1287, 1289, 1309, 1311, 1538, 1540-1), 1453, 1454 del Código Civil, Ley de fecha 15 de noviembre de 1887 y articulo 7-1) de la anterior Constitución Política del Estado.

Por ultimo solícita a este Tribunal Supremo se emita un fallo justo y real en consideración de la prueba literal esencial, invariable, decisiva, concluyente y definitiva al haberse dictado por los de instancia con infracción de leyes y con  una indebida aplicación de estas y que en amparo de los artículos 250, 253, 254 incisos 4) y 7) y 258 y 274 del Código de Procedimiento Civil se pueda CASAR la Resolución 009/2009 de fojas 500 de obrados y deliberando en el fondo se declare PROBADA la demanda de fojas 411 a 414, sin costas por ser doble instancia.

CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que, en reiteradas oportunidades tanto la Ex Corte Suprema de Justicia como este Tribunal Supremo Liquidador, han precisado que el recurso de casación en el fondo y en la forma constituyen dos medios distintos de impugnación procedentes en supuestos también diferentes y que persiguen resoluciones igualmente distintas.

En ese sentido se ha señalado que a través del recurso de casación en la forma el recurrente puede cuestionar errores de procedimiento en la sustanciación de la causa o errores formales en la resolución impugnada, denuncias que no puede hacerlas a través del recurso de casación en el fondo, de hacerlo confunde los alcances y motivos de procedencia de uno y otro medio de impugnación.

En el caso que se analiza los recurrentes en la síntesis de su escrito interpusieron recurso de casación en el fondo y en la forma, sin embargo, de manera confusa y contradictoria introdujeron sin disgregar y diferenciar del uno y del otro en su reclamación, tan sólo se dedicaron a exponer los antecedentes del proceso y señalar algunas piezas procesales consistentes en medios probatorios, de lo que se deduce que son aspectos referidos al fondo, aparentemente por falta de apreciación y mala valoración de la prueba, violación de algunas normas que señala y una mala interpretación de la Ley por lo que en su parte in fine de su escrito de casación solicita se case el Auto de Vista recurrido.

Por las razones anotadas, tomando en cuenta que el recurso interpuesto es en el fondo y no en la forma, este tribunal abocará su consideración y análisis única y exclusivamente a las cuestiones de fondo, soslayando las aparentes infracciones de forma, y para ingresar a considerar éste recurso de casación, es necesario tener en cuenta los nuevos lineamientos que ha establecido la Sentencia Constitucional  Nº  2210/2012, que permite una flexibilidad en la exigencia de los requisitos que debe imprimirse en el recurso de casación, que a pesar de su notoria falta de técnica jurídica en su interposición, pasamos a considerar, sólo con fines de dar respuesta a sus denuncias erradamente planteadas, así diremos entonces:

Establecidos los parámetros para resolver el presente recurso, se tiene que por memorial de fojas 18 a 21 vuelta, Mario Rico Galarza, Valentin Armando Cherro Chuquimia y Franz Eduardo Flores plantearon demanda de mejor derecho de propiedad, reivindicación, desapoderamiento y pago de daños y perjuicios, bajo la argumentación que Mario Flores Mayta aduciendo tener título de propiedad estuviese  procediendo a la venta de sus lotes de terreno a terceras personas  ubicadas  en Cupi-Chico zona Sopocachi, Prolongación calle Muñoz Cornejo, los mismos estuviesen registrados en Derechos Reales hace 32 años atrás, bajo  los siguientes datos: 1) Testimonio Nº 241 de 15 de noviembre de 1973  que acreditaría la titularidad de Mario Rico Galarza de un lote de terreno sobre una superficie de 500 mts.2 registrado bajo la Partida Nº 2036, FS. 2036 Libro 1º “A” de 16 de noviembre de 1973; 2) Testimonio Nº 199 de 12  de septiembre de 1973 que acreditaría la titularidad de Armando Cherro de un lote de terreno con una superficie de 1.500 mts2, registrado bajo la Partida Nº 1625, FS. 1625, Libro 1º”A” de 12 de septiembre de  1973, y; 3) Testimonio Nº 207 de 15 de noviembre de 1973 que acreditaría la titularidad  de un lote de terreno de Franz Eduardo Flores Asturizaga sobre una superficie de 1500 mts2 registrado bajo la partida Nº 2106, fs. 2106, Libro º “A” de 15 de noviembre de 1973.

Sin embargo por providencia de fecha 7 de marzo de 2005, cursante a fojas  23, el A quo observo la demanda principal exigiendo entre algunos requisitos para la admisibilidad de la demanda, los planos de propiedad aprobados, a esto la parte demandante mediante escrito de fojas  25 y vuelta,  solicitó la admisión argumentando que la demanda cumple con las reglas establecidas y con la documentación adjunta acreditarían su derecho propietario.

Admitida la demanda el demandado contesto negativamente a la misma, argumentando que en ningún momento su padre Macario Flores Quispe hubiese transferido algún lote de terreno a los demandantes, (siendo el verdadero vendedor  el señor Carlos Flores y no así el mencionado por el demandado). Sin embargo en el Otrosí de su escrito de contestación  el demandado refiere y argumenta que los demandantes estuviesen reclamando otros lotes que se encontrarían ubicados en otro lugar  de su propiedad, más precisamente en lo Taludes de Cupi-Chico y en vía de reconvención demandó el pago de daños y perjuicios, Acción Negatoria y declaratoria de inexistencia  de derechos.

Luego de la sustanciación de la causa, el A-quo declaró improbada la demanda principal formulada por los recurrentes fundamentando su determinación con el fundamento que  no existe precisión en cuanto a la ubicación de los lotes de terreno que los actores afirman ser propietarios (que en el fondo no se encontraría cuestionado) y la ubicación de los lotes  objeto de la Litis. Apreciación que fue confirmada por el Tribunal de alzada en la resolución recurrida.

En ese marco corresponde precisar que, ante la demanda de mejor derecho de propiedad, reivindicación interpuesto por los demandantes, es pertinente precisar lo siguiente:

La acción reivindicatoria, prevista en el artículo 1453 del Código Civil, es una acción de defensa de la propiedad. Al respecto Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que: "la reivindicación es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión". En otras palabras la acción de reivindicatoria es la que tiene el propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario.

La acción reivindicatoria es una acción real, pues nace del derecho de propiedad que tiene este carácter; y está dirigida a obtener el reconocimiento del citado derecho y la restitución de la cosa a su dueño. La acción real de reivindicación, es la que la ley le otorga al propietario de una cosa singular de la que no está en posesión, para que la ejerza contra la persona que está poseyéndola.

Para la procedencia de la referida acción son tres los presupuestos esenciales: 1) el derecho de propiedad de la cosa por parte del actor; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación o singularización de la cosa reivindicada. Consiguientemente la prueba de la acción reivindicatoria debe estar dirigida a demostrar esos tres presupuestos o requisitos, es decir quien demanda la reivindicación de un bien inmueble debe demostrar: 1) el derecho de propiedad de quien se pretende dueño; 2) la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3) la posesión de la cosa por el demandado.

Al respecto el autor "Arturo Alessandri" señala: ”que corresponde al reivindicador demostrar los supuestos de la acción reivindicatoria, precisando seguidamente cuáles son los principales puntos que deben ser probados, a saber: a) el dominio.- El reivindicador debe probar, dice, su derecho de dominio sobre la cosa que pide le sea restituida (...); b) la posesión de la cosa por el demandado.- el reivindicador está en la necesidad de probar que el demandado es el actual poseedor de la cosa que pretende reivindicar (...); c) la identificación de la cosa reivindicada.- el actor debe determinar e identificar la cosa que pretende reivindicar, es decir, demostrar que ella es la misma que el demandado posee”.

En el sub lite, los actores han demostrado su derecho de dominio sobre los lotes de terreno motivo del litigio, conforme consta en las literales de  fojas 2 a 4 en la que Mario R. Galarza G. es titular de un lote de terreno ubicado en  Cupi-Chico con una superficie de 1500 mts2 y  que  en la misma no se especifica con precisión la ubicación exacta, ni colindancias, solamente  de manera referencial en su cláusula sexta señala: ª El lote de terreno materia del presente contrato tiene como límites: Partiendo del riachuelo que pasa por la propiedad empezando de  abajo hacia arriba con un frente de 20 mts por 25 mts de profundidad, tomando la forma de rectángulo, colinda al Oeste con el lote de Macario Flores..”. De la prueba de fojas 6 a 8  de obrados se evidencia  que Armando Cherro Chuquimia  es propietario de un lote de terreno ubicado en  la zona Cupi-Chico  y  de igual forma en su cláusula sexta señal: ”El lote de terreno materia de este contrato, tiene como limites partiendo del riachuelo que atraviesa por la propiedad empezando de abajo hacia arriba , tiene un frente de  30 metros de ancho, por 50  metros de profundidad, tomando la forma de rectángulo y colinda al Oeste con el lote del señor Franz F. Flores..” , y de la prueba  fojas 10 a 12 vuelta se constata  que  Franz Eduardo Flores A., es propietario de un lote de terreno ubicado en Cupi-Chico de una superficie de  1500 mts2 y en su cláusula sexta de igual forma establece: “El lote de terreno materia del presente contrato tiene como limites partiendo del riachuelo que atraviesa por la propiedad empezando de abajo hacia arriba con un frente de 30 metros de ancho por 50 de profundidad tomando la forma rectangular..” en esta mucho menos se menciona alguna colindancia. De lo que se infiere que en los mismos no se consignaron el número de Lote o  número de manzano para su precisión, ni mucho menos todas las colindancias, los cuales puedan permitir su ubicación exacta de los referidos lotes de terreno objeto de la causa.

Asimismo de la prueba literal cursante a fojas  70 a 80, se evidencia que se sustancio un proceso civil voluntario sobre bienes vacantes seguido a denuncia de Macario Sergio Flores, María Luiza Z. de Rodríguez, Jaime Gallardo Ballesteros, José Luis Velarde Ramírez, Mario Rico Galarza, Franz Eduardo Flores y Valentín Armando Cherro (estos tres últimos demandantes en la presente causa) con la argumentación:” Que desde hace más de cuarenta años  por muerte de su presunto propietario se encuentran como bienes vacantes los terrenos ubicados en la calle Muñoz Cornejo Prolongación pasando el rio Cotahuma-Sopocachi de esta ciudad, con una superficie de 30,00 hectáreas aproximadamente, teniendo como límites al Norte en la parte del cerro denominado Grande donde están los lotes de terreno de Mario Galarza, Franz Eduardo Flores, Macario Flores, Oscar Rodríguez y Armando Cherro, con el rio Cotahuma y por el resto con el mismo …”(textual). De los mencionados puntos ut supra, se concluye que los lotes de terreno objeto de la Litis, según  la denuncia de los propios demandantes serian colindantes al lado Norte con los terrenos objeto del proceso de bienes vacantes por lo que no existe relación de correspondencia  con la prueba literal  de fojas 15 de obrados  y demás medios probatorios e incluso se señala como ubicación de los terrenos objeto de bienes  y vacantes  la calle Muñoz Cornejo Prolongación pasando por el rio Cotahuma-Sopocachi, y más aún  se menciona que al Oeste  colindaría con la parte del camino principal de acceso-prolongación Muñoz Cornejo pasando por el rio Cotahuma con una profundidad de unos ciento veinte metros hacia Llojeta con la ladera del segundo riachuelo pequeño que bajo de la serranía de  Llojeta  y en la parte del cerro denominado Grande con las propiedades de Mario Rico Galarza, Franz Eduardo Flores, Macario Flores, Oscar  Rodríguez, Armando Cherro…”; en consecuencia bajo estas referencias esta totalmente impreciso la ubicación de  los lotes  de terreno reclamados por los actores e incluso debió  darse intervencion al Ministerio de Educación en representación del Estado Plurinacional de Bolivia en su condición de colindante de estas propiedades que se reclama para mayor referencia, y así evitar cualquier afectación que pudiera darse a la propiedad estatal, ya que por Auto  de fecha  10 de abril de 1992 dentro el referido proceso se declaró las 30 hectáreas propiedad del Estado representado por el Ministerio de Educación y Cultura.

Asimismo  de la Certificación de fojas  122 a 123 de obrados emitida por el Arq. Juan Ángel Rojas en su condición de Jefe de Unidad de la Dirección de Urbanizaciones y Remodelación del Gobierno Municipal de La Paz, se evidencia que la inspección al ex fundo Cupi-Chico Sopocachi, prolongación calle Muñoz Cornejo no tenía como objeto  el trámite de planimetría y el objeto fue verificar la denuncia de construcciones clandestinas, así en su punto 2 ante  la solicitud de que manifieste que  dicha inspección fue para señalar la ubicación de los terrenos objeto de la Litis, el  arquitecto Juan Ángel Rojas manifiesta: “que  en la inspección tres personas desconocidas se apersonaron señalando que en el sector existían conflictos de derecho de propiedad, impidiendo el acceso“, de lo que se infiere en ningún momento se estableció la ubicación exacta de los  lotes reclamados, tal como pretende la parte actora.

De la prueba literal cursante a fojas 124 a 128, no se establece la identificación exacta de los lotes de terreno reclamados por los actores, ya que solamente se indica la calle final General Armaza Sopocachi, en virtud que en la Audiencia de inspección ocular de fecha  23 de febrero de 2007  se instaló la misma en la zona Cupi-Chico Alto Sopocachi, no llegando a establecerse con precisión y exactitud la ubicación o el lugar donde estuviese los lotes de terreno, ya que según la afirmación de la parte demandante existiría una modificación en la topografía del lugar al existir deslizamientos  y que ahora los cuatro lotes de terreno serian indivisibles, máxime que cuando el Juez interrogó al demandante : “este sería el riachuelo que se mencionan en las Escrituras”, la parte demandante respondió:” el curso del rio ha cambiado, porque todo esto era rio antes”, con dicha aseveración  no existe el presupuesto de la identificación de los lotes de terreno cuando en las escrituras se menciona  “partiendo del riachuelo que atraviesa por la propiedad empezando de abajo hacia arriba”, máxime  si cuando el Juez señalo que en todo ese lugar que afirma la parte demandante que son los terrenos reclamados, están ocupados por construcciones existentes, señalando una especie de túnel, y la existencia de una casa blanca y todos ellos abarcarían los  3.500 mts2 y entre  estos  estaría  la propiedad de Macario Flores. De lo que se evidencia que  Mario Flores Mayta  en su condición de demandado no se encuentra en posesión alguna de los  mismos, sino de terceras personas ajenas a la presente causa, en consecuencia también debió  dirigirse la demanda  contra estas personas para obtener mayores datos que puedan conllevar a la identificación exacta  de los lotes de terreno  reclamados, y así no se pueda dejar  en indefensión a terceras personas, para que la  ejecución de  la sentencia sea  más efectiva; y así establecer la reivindicación  y  mejor derecho propietario que reclaman  los demandantes.

Con relación a la denuncia que no se hubiese valorado la prueba literal cursante a fojas 438 a 440, se tiene que de la revisión de la misma se evidencia  que de igual forma que la prueba preconstittuida presentada conjuntamente con la demanda en su cláusula sexta señala: “El lote objeto de venta tiene como limites, partiendo de riachuelo que pasa por la propiedad-empezando de abajo hacia arriba….sicc….colinda al Oeste con el lote del doctor Cherro….”, por consiguiente si bien se señala una sola colindancia,  sin embargo en la inspección ocular no  se  identificó debidamente los lotes de terreno objeto del litigio no existiendo correlación con las demás pruebas literales, lo cual una vez  más se reitera  que la parte actora  no cumplió con la carga de la prueba exigida por el A quo en su debida oportunidad y tratar mediante Certificaciones que no son conducentes a la identificación  de la cosa demandada, toda vez que la prueba literal de fojas 440 se señala zona Sopocachi calle final Armaza y la prueba de fojas 441 y 442  señala como dirección Prolongación Muñoz-Sopocachi, es evidente que en las  pruebas literales  no existe concordancia, ni coincidencia en la ubicación de los referidos lotes, máxime si la prueba literal de fojas 448 de obrados  en lo referente a la ubicación es de manera general indicando” pastales en Cupi-Chico de esta ciudad y en lo referente a los linderos no se consigna ningún dato, es en tal virtud que el Ad quem en la resolución recurrida valoró correctamente  la prueba incursa, en consecuencia una vez más  esta denuncia es infundada.

En consecuencia de lo  precedentemente expuesto, se tiene que la parte actora no demostró la identificación de la cosa a reivindicar y que el demandado se encuentre en posesión de los mismos, como señalamos anteriormente a través de la prueba descrita.  De lo que se concluye que al no cumplir los actores con dichos requisitos o presupuestos para reivindicar los lotes de terreno ahora en litigio, es evidente que en obrados no cursa ninguna prueba que acredite que los lotes de terreno que reclaman los actores se encuentren efectivamente identificados, por consiguiente, las pruebas literales que alude los recurrentes, no demuestran ese aspecto, por consiguiente resulta insuficiente para establecer su identificación y precisión exacta de los lotes de terreno  de titularidad de los actores.

En la acción reivindicatoria la carga de la prueba pesa sobre el reivindicante, conforme prevé el artículo 1283 del Código Civil, que dispone que: "quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión", y en ese mismo sentido el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil establece que: "la carga de la prueba incumbe: 1) al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho (...)". Resultando por ello injustificado pretender que el juez de oficio deba salvar la inacción probatoria del actor tal como lo hizo mediante providencia de fojas 23, toda vez que si bien esa es una facultad probatoria del juez de la causa, no es menos evidente que la aportación probatoria corresponde esencialmente a las partes y en este caso a los demandantes, misma que no fue cumplida, conforme se tiene señalado, en virtud que no cursa en el expediente planos demostrativos debidamente  aprobados o en su caso legalizados por la Autoridad competente del Gobierno Autónomo Municipal de  la Paz o en su caso  una planimetría o plano Geo referenciado que permita  mediante coordenadas establecer la ubicación de los lotes de terreno objeto de la Litis, tal cual fue exigido por el A quo mediante decreto de fecha 7 de marzo de 2005, a objeto de  establecer seguridad jurídica en las resoluciones que emite una Autoridad jurisdiccional en el marco de sus funciones como administrador de justicia. 

Por otro lado los recurrentes razonan en sentido de que aún con esa omisión debió acogerse favorablemente su demanda de mejor derecho de propiedad y reivindicación, aspecto que resulta igualmente injustificado, toda vez que uno de los presupuestos para  el mejor derecho propietario, es que se demuestre que sobre un mismo bien existen dos o más titulares cuyo mejor derecho se pretende sea declarado judicialmente. Dicho de otra manera, quien demanda el reconocimiento de mejor derecho de propiedad sobre un bien debe demostrar que respecto a ese bien el demandado también ostenta título de propiedad, en el caso de autos el demandado Mario Flores Mayta no acredito por medio probatorio alguna titularidad sobre los lotes de terreno en litigio, más aun cuando debió dirigirse la demanda contra los actuales poseedores.

Expuestos los antecedentes del proceso, el tenor del artículo  1545 del Código Civil, está referido a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro derecho de propiedad de un mismo inmueble; es decir que cuando se demanda el mejor derecho propietario, el actor reconoce que el demandado cuenta con derecho propietario sobre el mismo inmueble alegando tener la titularidad preferente o superior al del demandado, es decir se debe tener en cuenta que se debe tomar en cuenta que para establecer el mejor derecho propietario es que el inmueble sea el mismo, es decir que se esté hablando de un mismo inmueble aspecto que necesariamente tiene que ser probado no solo documentalmente sino físicamente para determinar la identidad común en la litis requisito sine qua non para viabilidad de la demanda de mejor derecho propietario. A tal efecto los juzgadores a tiempo de resolver a quien correspondían el mejor derecho propietario no solo deben confrontar ambos títulos de propiedad para determinar a quién le es preferente, sino establecer físicamente de que se trate de un mismo inmueble. Respecto a la reivindicación, definida ésta como la acción real que le asiste al propietario "no poseedor" frente al poseedor "no propietario", conforme señala el artículo 1453 del Código Civil, el Juez deberá determinar la reivindicación de la cosa de quien la posee o detenta; sin embargo si el demandado opone título de propiedad corresponderá al Juez, con carácter previo analizar y compulsar ambos títulos y determinar de quién es el derecho propietario preferente y recién ordenar la reivindicación del inmueble a favor de quien corresponda, en el sub lite, mediante audiencia ocular se demostró que los predios donde se instaló la audiencia se encontraban en posesión de terceras personas y no así Mario Flores Mayta que el mismo no acredito con prueba derecho propietario alguno.

En  consecuencia, en merito a lo  precedentemente  expuesto, se tiene que en ambas acciones la identidad del bien inmueble resulta una cuestión esencial, constituyendo por ello uno de los presupuestos que el actor debió probar, consiguientemente al no haberse identificado de manera precisa el inmueble en litigio, no existe posibilidad de acoger la demanda de reivindicación ni la de mejor derecho de propiedad, en mérito a que ambas pretensiones suponen la necesaria identificación del inmueble. Aspecto que no fue probado como correctamente lo establecieron los Tribunales de instancia.

Si bien los recurrentes acusan infracciones de fondo presuntamente cometidas por el Tribunal de segunda instancia, no existe claridad en sus planteamientos, simplemente se dedican a trascribir actuaciones procesales que en algunos casos resultan impertinentes en casación,  es así en lo referente a  la denuncia de violación de los artículos  452, 584, 1287, 1309, 1311, 1538, 1540 núm. 1), 1453, 450, 519, 520 y 1454  del Código Civil y 232, 233 parágrafo I numeral 4) y parágrafo II, 235-II, 337 del Código de Procedimiento Civil  no tiene asidero legal e incluso algunos no tiene relación con la tramitación de la presente causa ,tan solo  los recurrentes se dedican a señalar y no cumplir los presupuestos del recurso extraordinario de casación, por lo que resulta  que dicho reclamo no cumple los presupuestos para ser atendidos ya que  tan solo se señaló y no se precisó de que manera se hubiese violado los mismos por los de instancia. Asimismo acusa violación de los artículos 383-1), 398 , 399 y 400 del Código de Procedimiento Civil, es decir, igualmente no señalan de forma se hubiese procedido a la violación, interpretación errónea o aplicación indebida en la que se incurrió, tan solo se limitan a realizar una mera exposición, máxime si en caso de análisis, los recurrentes no diferenciaron su denuncia en cuál de las numerales del artículo 253 del Adjetivo Civil se acomoda su denuncia, simplemente anuncian esta normativa procesal civil, sin precisar si los de instancia hubiesen incurrido en error de hecho o de derecho en la valoración de algunos medios probatorios, sin distinguir cuál el yerro cometido por el juzgador de grado para que este Tribunal proporcione el examen preciso y adecuado sobre la prueba de denuncia, más aun cuando en forma desorientada anuncia simplemente que fueron quebrantados las normas citadas, omitidos, ignorados y desconocidos los documentos precipitados, con infracción de presupuestos.

Sin embargo a ello, como se ha manifestado supra, la Resolución emergió del análisis de todo el conjunto probatorio que decantó como decisivo  de todos los  elementos probatorios, que otorgaron la convicción al Juez y que el actor no cumplió con la carga de la prueba de demostrar  y precisar los presupuestos exigidos  a su demanda.

Por último la apreciación de la prueba constituye facultad privativa e incensurable en casación de los Tribunales de instancia, conforme a los previsto por el artículo 1286 del Código Civil y 397 del Procedimiento Civil, mientras no se acuse y se demuestre error de hecho o de derecho, tal como impone el articulo 253 numeral 3) del mismo Procedimiento Civil, formalidad esencial no cumplida en el recurso, no bastando para el efecto la simple afirmación de la no valoración de las pruebas que cursan en obrados.

Que, sin embargo a estas deficiencias en el marco de la nueva justicia que protege las garantías constitucionales, se dio respuesta  a lo que  se subsumió de las denuncias de su recurso, por lo que el recurso de casación en el fondo deviene en infundado.

Por las razones expuestas, corresponde resolver el recurso en aplicación de los artículos 271 - 2) y 273 del Código de Procediendo Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación contenidos en el memorial de fojas 504 a 513 vuelta, interpuesto por Franz Eduardo Flores A. y Armando Cherro Ch., con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.