SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                      Nº 403

Sucre:                                      12 de septiembre de 2014

Expediente:                              CH-40-09-S

Distrito:                                      Chuquisaca

Segundo Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

I. VISTOS:

1. El recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 194 a 195 vuelta, interpuesto por Ninfa Enríquez Peñaranda contra el Auto de Vista Nº 237/2009 de 14 de agosto, cursante de fojas 186 a 190, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de nulidad de declaratoria de herederos seguido por Norah Esther Maturano Cueto en contra de la ahora recurrente; la contestación de fojas 202 a 205 vuelta, el auto de concesión del recurso a fojas 206, los antecedentes del proceso, y:

II. CONSIDERANDO:

2.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Que tramitada la causa, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia Nº 134/2009 de 30 de marzo, declarando improbada la demanda cursante de fojas 15 a 16 de obrados.

En grado de apelación, interpuesta por Norah Esther Maturano Cueto en representación de Fabián Silvestre Baspineiro Maturano, de fojas 164 a 169 vuelta, la Sala Civil Primera de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº 237/2009 de 14 de agosto, de fojas 186 a 190, complementado por el Auto de 29 de agosto de 2009, cursante a fojas 198, revocando la Sentencia Nº 134/2009 de 30 de marzo y declaró probada la demanda, disponiéndose la nulidad de la declaratoria de herederos de 5 de septiembre de 1997, debiendo en ejecución de sentencia procederse a cancelar la declaratoria de herederos de la demandada Ninfa Enríquez Peñaranda, de su inscripción en Derechos Reales de Chuquisaca.

Esa resolución de segunda instancia, motivó que la demandada, interpusiera el recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo los siguientes argumentos:

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación:

Recurso de casación en la forma

a) La recurrente señala que, el Auto de Vista Nº 237/2009, omite deliberadamente pronunciarse sobre la respuesta a la apelación interpuesta por ella, en la que señala que no existe fraude procesal, por cuanto la declaratoria de herederos efectuada en Yotala fue efectuada con prórroga de jurisdicción en aplicación del artículo 28 de la Ley de Organización Judicial, además de que dicha resolución salva derechos de terceros que pudieran alegar igual o mejor derecho, indica que existiendo salvedad no puede haber fraude procesal, y la declaratoria de herederos de Fabian Silvestre Baspineiro Maturano recién fue efectuada el año 2008, es decir, once años después de la declaratoria que ella efectuó, por cuanto no conocía a su supuesto nieto, quien recién llevó el apellido el año 2008.

b) Indica que, no sólo existe caducidad sino también prescripción de la acción, por cuanto no puede tramitarse la nulidad de un acto jurídico transcurridos once años de ejecutoriada una sentencia por cuanto para la misma esta la revisión de sentencia y no la presente demanda ordinaria.

c) Reitera que, al no haberse pronunciado el Auto de Vista impugnado, con relación a su pretensión planteada en la respuesta al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, no existiría pertinencia de la resolución, con sujeción a lo señalado por los artículos 236 y 250 y 254 inciso 4) del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo, conforme el procedimiento de la materia.

Recurso de casación en el fondo

1.- Refiere que el Auto de Vista Nº 237/2009, contiene violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, puesto que la demanda principal fue erróneamente planteada, ya que tiene como base legal los artículos 1086, 1094, 1097 del Código Civil, así como el artículo 30 de la Ley de Organización Judicial, que se refiere a la usurpación de funciones; sin indicar en qué artículo o disposición legal vigente se establece la nulidad de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada como es la declaratoria de herederos, puesto que no se trata de la nulidad de un acto jurídico, sino de un acto procesal.

Indica que, el Auto de Vista 237/2009 erróneamente indica y hace referencia al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, sobre la valoración jurídica de pruebas aportadas al proceso, las cuales son incensurables en casación, pero que dicho auto no refiere que disposición legal señala en nuestro ordenamiento jurídico civil y procedimental para dar lugar a la nulidad de sentencias o autos definitivos, por cuanto no se trata de una revisión de sentencia; supuestamente atentándose de esta manera contra el principio de seguridad jurídica, reservada para las resoluciones judiciales ejecutoriadas. Así, acusa la existencia de infracciones a los artículos 192 inciso 2), 327 incisos 4) y 9) y 640 del Código de Procedimiento Civil, 28 de la Ley de Organización Judicial

2.- Señala que, la declaratoria de herederos cuya nulidad se solicitó no fue ordinarizada oportunamente conforme procedimiento de la materia, que el mismo está previsto en los artículos 640 y 641 del Código de Procedimiento Civil, correspondiendo efectuar dicha ordinarización ante el Juez de Yotala in strictu censu, para que el mismo lo derivará ante un Juez de Partido ordinario, lo cual no ocurrió en el presente caso, constituyendo dicho aspecto una infracción a las disposiciones legales señaladas.

Agrega que existe caducidad por no haber efectuado la ordinarización oportunamente, asimismo infracción del artículo 1514 y 1519 del Código Civil.

3.- Denuncia que, existe prescripción de acción, puesto que la declaratoria de herederos correspondiente a Ninfa Enríquez fue efectuada en fecha 8 de junio de 1997, en tanto que la presente acción fue interpuesta el año 2009, debiendo considerarse que la declaratoria de herederos de Fabián Silvestre recién se efectuó en enero del año 2008, es decir transcurridos once años. Que, el artículo 1507 del Código Civil con carácter general establece concretamente que los derechos patrimoniales prescriben en cinco años.

Añade,  que el artículo 1029 del Código Civil señala un plazo de diez años para solicitar la herencia desde que se abre la sucesión, y pasado ese término prescribe su derecho. Lino Baspineiro Enriquez, causante de quien deriva la presente acción, falleció el 6 de febrero de 1997, habiendo transcurrido hasta la interposición de la presente demanda más de once años, por lo cual no sólo existe caducidad sino prescripción de la acción y del derecho.

Finaliza su recurso solicitando se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se confirme la Sentencia 134/2009 o alternativamente se anule obrados hasta el vicio más antiguo, con la consiguiente responsabilidad prevista por ley.

CONSIDERANDO IV.- Naturaleza del Instituto: que, según el doctrinario nacional Morales Guillen, hay aceptación tácita, cuando el heredero ejecuta ciertos actos jurídicos o materiales que hacen presumir su voluntad de conducirse como heredero puro y simple. La regla del artículo 1025.III del Código Civil, supone dos requisitos: Uno de orden intelectual: la voluntad de aceptar, que se presume por el carácter de los actos ejecutados o por las circunstancias en las cuales éstos se cumplen y que demuestran inequívocamente la intención de aceptar. El otro requisito, es de orden material: la conducta del heredero, que es el que en realidad se toma en cuenta por la ley y la jurisprudencia y que se traduce en la realización de actos, que sólo podría ejecutar el heredero en su calidad de tal.

Por otro lado, el artículo 241 parte inicial del Código Civil dispone que “El usufructuario debe restituir a la terminación del usufructo las mismas cosas que constituyen el objeto de su derecho”.

Asimismo, el artículo 242 del Código Civil manda que “Si durante el usufructo un tercero comete algún acto que lesione los derechos del propietario, el usufructuario queda obligado a denunciar dicho acto, y responde, si no lo hace, por los daños que con su omisión le ocasione”. Al respecto, el mismo jurista enseña que, la obligación impuesta por este artículo al usufructuario, tiene relación sólo con las lesiones o intentos de quebrantar los derechos de propiedad, que por no ejercitarlos directamente tan de cerca y en su integridad el dueño, no puede saber tan bien como el usufructuario si esos derechos son puestos en discusión o llegan a ser violados.

De otro lado, también dicho doctrinario sostiene que, a la noción de validez del negocio o acto jurídico se contraponen otras situaciones del mismo (Messineo), de las que emana la idea general de la invalidez. Mientras la validez no admite grados, la invalidez, si, los admite, porque se dan diferentes formas de ella (R. Villegas). La invalidez origina propiamente la ineficacia del acto jurídico que puede relacionarse con la existencia misma del acto por falta de algún elemento esencial que le concierne, o, aun existiendo el acto, con su imposibilidad de surtir efectos, en todo o en parte. El negocio o acto no-válido es a fortiori ineficaz (Messineo).

La inobservancia de las normas legales o la infracción de sus preceptos, contrariando el orden público, o los fundamentos esenciales de la contratación, trae aparejada la idea de ineficacia del acto celebrado en semejantes condiciones.

De ello se infiere que los actos jurídicos pueden ser existentes o no existentes, válidos o nulos. Esta diferenciación dio origen a la clasificación clásica, que distingue en la materia la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad (Aubry y Rau, cit. de Planiol y Ripert), y que Bonnecase reduce sólo a una diferenciación bipartita: inexistencia y nulidades.

CONSIDERANDO V.- Fundamentos de la Resolución: que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el recurso (de casación),…: 2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258”.

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso antes mencionado, en su parte de contenido, a la letra indica que “El recurso (de casación)…: 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.

Como se puede advertir, el precepto legal contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse al interior del recurso.

Así, se tiene que el artículo 258 inciso 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

En ese sentido, del desentraño y cotejo del recurso de casación, se llega a las siguientes conclusiones:

El Tribunal de alzada concluyó que existe un “único bien inmueble de la sucesión hereditaria de Lino Baspineiro Enríquez, padre y causante de su hijo Fabián Silvestre Baspineiro Maturano,…, sobre el cual consta un usufructo a favor de la demandada”, que “la demandada y abuela de Fabián Silvestre Baspineiro Maturano, no solo conocía de la existencia de su nieto, sino que además la visitaba regularmente en su casa…, e inclusive se quedaba a dormir con ella” y que “la demandada no tiene vocación hereditaria, porque la existencia de único descendiente en primer grado la excluía directamente de la herencia del causante”. Así, Fabián Silvestre Baspineiro Maturano -hijo del de cujus- aceptó tácitamente la herencia conforme al artículo 1025 parágrafo III del Código Civil; pues la demandada es usufructuaria del “único bien inmueble de la sucesión hereditaria”, de tal manera que se halla obligada no solo a restituir a la terminación del usufructúo el inmueble en litis, de acuerdo al artículo 241 parte inicial del Código Civil, sino también a denunciar los actos que lesionen los derechos del propietario.

A esto se debe agregar que, la acción de nulidad es imprescriptible conforme al artículo 552 del Código Civil, y en el presente caso, la declaratoria de herederos de la demandada pretende ser utilizada oponiéndose al legal aceptante tácito de la herencia; esto es, la ilicitud requerida por el abuso de la salvedad, ilicitud que permite la aplicación en autos del artículo 549 numeral 3) parte segunda del Código Civil.

Por lo mismo, carecen de asidero, la cita al artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, pues el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos que hubieren sido objeto de la apelación; y a la cita “REVISIÓN DE SENTENCIA”, ya que el recurso de revisión previsto por el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, sólo procede en los casos expresamente señalados en él.

Por lo expuesto, no se advierte motivo para anular obrados ó casar el auto de vista recurrido, como pretende la recurrente.

POR TANTO VI: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Ninfa Enríquez Peñaranda de fojas 194 a 195 vuelta; con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bolivianos 1.000, que mandará hacer efectivo el juez inferior.

Primera Magistrada Relatora Dra. Elisa Sánchez Mamani, de cuyo proyecto fue disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.