SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 402

Sucre:                                12 de septiembre de 2014

Expediente:                        C-125-11-S

Distrito:                                Cochabamba

Magistrada Relatora:        Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: Los Recursos de Casación interpuestos por Julio H. Valenzuela Gonzales de fojas 2524 a 2527 vuelta y por Mario Freddy Antonio López Prada de fojas 2532 a 2536 vuelta contra el Auto de Vista de fecha 9 de mayo de 2011, cursante a fojas 2512 a 2515, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ASOCIACION ACCIDENTAL Y OTROS seguido por la empresa recurrente COINBOL S.R.L. representado por Mario Freddy Antonio López Prada contra la empresa también recurrente JUVALGO Ltda. representada por Julio H. Valenzuela Gonzales y la empresa CONTECO Ltda., los antecedentes procesales, la contestación al recurso de fojas 2541 a 2547 vuelta, el auto de concesión de los recursos de fojas 2548 vuelta; y,

CONSIDERANDO I.-

ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que, durante la tramitación del proceso, el Juez de Partido 6º en lo Civil de Cochabamba, pronuncia sentencia en fecha 30 de octubre de 2006, cursante a fojas 2318 a 2325 vuelta de obrados, declarando PROBADA en parte la demanda principal solo con relación a la rendición de cuentas y probadas en parte las excepciones perentorias con relación al cumplimiento de contratos de asociación accidental y de cuentas en participación y restitución de facultades y funciones, interpuestas por el demandado Julio H. Valenzuela Gonzales de ilegalidad, falta de acción y derecho, falsedad, improcedencia, incumplimiento de contratos y las interpuestas por Luis Oni Tórrez Gómez Ortega de falsedad, ilegalidad e improbada la acción reconvencional, por lo que se dispone que el demandado Julio H. Valenzuela Gonzales rinda cuentas de los manejos de la Asociación Accidental o de cuentas en participación conformada por CONTECO S.R.L.- COINBOL S.R.L. Y JUVALGO S.R.L., a partir de 1º de enero de 1998 al 8 de mayo de 1998, sea en el término de 10 días a computarse de su legal notificación con la presente sentencia, bajo conminatoria de procederse en cumplimiento del artículo 34 inc. 1 de la ley 1760.

Contra la sentencia y otros autos emitidos, el demandado y el demandante, por separado interponen recurso ordinario de apelación, que radicaron en la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, pronunciando el Auto de Vista de fecha 9 de mayo  de 2011, cursante a fojas 2512 a 2515, por el que se: 1.- Se anula el auto de concesión de alzada de 12 de febrero de 2011, respecto al proveído de 30 de agosto de 1999 (fojas 792 y vuelta) y de contrario declara ejecutoriado el mismo. 2.- Confirma el auto apelado de 26 de agosto de 2000 (fojas 1160), con costas. 3.- Anula el auto de concesión de alzada de 12 de febrero de 2011, respecto del proveído de 13 de enero de 2011 (fojas 1311) y de contrario declara ejecutoriado el mismo. 4.- Confirma la sentencia apelada, sin costas. 5.- Confirma el auto apelado de 27 de noviembre de 2006 (fojas 2347), con costas.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION.- Contra la referida resolución de vista el demandado Julio H. Valenzuela Gonzales y Mario Freddy Antonio López Prada, independientemente, interponen recurso de casación en la forma y en el fondo, con los argumentos y fundamentos que exponen sus memoriales de fojas 2524 a 2527 vuelta y 2532 a 2536 vuelta respectivamente, recursos que son compendiados a continuación.

Recurso de casación de Julio H. Valenzuela Gonzáles.-

Casación en la forma.- Que la sentencia no cumple con el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, al pronunciarse fuera del marco jurisdiccional y excluir al codemandado Luis Oni Torrez Gómez Ortega del proceso, sin determinar si la demanda le es favorable o contraria. Indica que, si bien fue demandado como persona natural, también se los hizo como persona jurídica, la sentencia no señala nada con referencia a JUVALGO Ltda. como persona jurídica, o sea que no se determina su responsabilidad. Que, en su expresión de agravios explicaron reiteradamente que la sentencia se pronuncia sobre un aspecto no determinado ni comprendido en la relación procesal, que no mereció pronunciamiento del auto de vista, violando este el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. Termina diciendo, se anule el auto de relación procesal  o el auto de vista recorrido.

Casación en el fondo.- Que la sentencia contiene contradicciones, al señalar que las excepciones perentorias son declaradas probadas y sin embargo se le dice que rinda cuentas del 1° de abril al 8 de mayo de 1998. Además, la sentencia se pronuncia sobre una rendición de cuentas que no consta en el auto de relación procesal. Que la sentencia es incompleta, pues de los puntos de hecho a probar, no hubo un pronunciamiento a todos los puntos, violando el artículo 190 y 192 del Código adjetivo Civil. Que se da valides a unas pruebas y a otras no, entre ellas al informe de labores y rendición de cuentas hasta el 16 de julio de 1998, realizado una vez concluido su gestión, habiéndose aplicado erróneamente el artículo 1286 del Código Civil. Que la fundamentación de agravios sufridos existe en la apelación interpuesta, siendo falso lo que el auto de vista señala, violándose el artículo 227 y 236 del adjetivo civil. Por ultimo pide, se declare improbada la demanda de rendición de cuentas y probada la demanda de devolución y cumplimiento de aportes a la sociedad.

Recurso de casación de Mario Freddy Antonio López Prada.-

Recurso de casación en el fondo.- Que de su parte ha cumplido con todos los puntos de hecho  a probar, sin embargo ni el juez de la causa ni los de alzada han considerado debidamente los hechos demostrados incumpliendo lo dispuesto por el artículo 373 y 374 4) del Código de Procedimiento Civil, referido al informe pericial del auditor. En el informe elaborado y presentado por el perito auditor, este señala la falta de documentación básica para la elaboración de una rendición de cuenta, es decir el demandado presento documentos incompletos al juzgado, no pudiendo realizar el perito su trabajo, recomendando que, en vista de las serias deficiencias contables - administrativas se elabore de nuevo los estados financieros, en base a documentos originales, contraviniendo el demandado lo dispuesto por el artículo 689 del Código de Procedimiento Civil. Señala que, el auto de vista al confirmar la sentencia, viola el artículo 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 397 respecto a la valoración de la prueba y 430 del adjetivo de la materia. Que el Máximo Tribunal de Justicia debe revertir todas estas situaciones, casando el auto de vista recurrido, pues esta resolución viola los artículo 236 del Código de Procedimiento Civil y el 253 inciso 3) al haberse demostrado el error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas.

Recurso de casación en la forma.- Manifiesta haberse violado las formas esenciales del proceso previstas por el inciso 7) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que no se ha cumplido con el requisito esencial de decretar autos conforme manda el artículo 234 del adjetivo civil, por lo que esa etapa procesal no ha precluido. Que conforme manda el artículo 90 del Código adjetivo, son nulas las estipulaciones contrarias, correspondiendo en consecuencia anular obrados, al estado de dictarse nuevo auto de vista corrigiendo los errores procedimentales.    

CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Con relación al recurso de casación de Julio H. Valenzuela Gonzáles.- Estando interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde en principio considerar el primero de ellos, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas, éste Tribunal no ingresaría a la consideración de las infracciones de fondo.

Establecido lo anterior, corresponde precisar que el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por su parte el artículo 8 inciso h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de alzada sino con la respuesta que el Tribunal de Alzada respecto a los motivos que fundan la impugnación que además de ser pertinente debe ser motivada, fundamentada; solo así se satisface el derecho a la impugnación.

El recurso de apelación es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

En aplicación del principio de congruencia, establecido por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, el Auto de Vista deberá circunscribirse necesariamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227 del mismo ordenamiento legal.

En el sub lite, se establece que el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primer grado, con el fundamento de que las apelaciones deducidas carecían de la fundamentación exigida por el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no contenían el análisis crítico del fallo de primera instancia, con exposición de motivos y razones de hecho y de derecho que amerite consideración alguna de agravio sufrido.
Sin embargo, de la revisión de obrados se establece que la parte codemandada y ahora recurrente, a tiempo de apelar de la sentencia cursante de fojas 2318 a 2325 vuelta, con los fundamentos expuestos en sus memoriales de fojas 2387 a 2395, impugnaron el pronunciamiento del Juez A quo, respecto a las transgresiones de la norma sustantiva que, en su criterio, contendría el fallo recurrido. Al respecto es el propio Auto de Vista que manifiesta: “…véase que el apelante Julio Valenzuela Gonzales, se limita a señalar que el a quo no dio cabal cumplimiento a lo previsto por el art. 397 del CPC, sobre valoración de las pruebas; que el demandado no cumplió con sus aportes contractuales pactado incurriendo en grave incumplimiento de sus obligaciones; no haberse reparado lo manifestado en sus memoriales de 5 de febrero de 1997, responde y presenta conclusiones; no ha valorado que la esposa del actor ha fungido como administradora general del consorcio Coinbol Juvalgo en forma rentada, quien nunca rindió cuentas como era su deber y obligación; que el presente proceso ordinario les sirvió a los actores para gozar de cuestión prejudicial; luego, hace análisis de los trabajos realizados, sobre los 100.000 m2 de pavimento rígido, asimismo señala que se le agravia terriblemente cuando el a quo pasa por alto sus memoriales que desvirtúan la acción del actor; que jamás se contrato ni se hizo trabajo de asfalto sino de pavimento rígido; que no se ha referido a algunas pruebas cursantes en obrados, para lo que cita las mismas, sin señalar ni puntualizar su eficacia probatoria o desvirtuante; refiere que de haber procedido el  a quo conforme manda la ley, hubiese comprobado que el demandante y su empresa jamás aportaron un solo centavo al consorcio Coinbol Juvalgo, y lo que hicieron fue un abusivo manejo por parte del actor y su esposa, la administradora rentada; que los estados financieros, las declaraciones juradas y los informes de auditoría externa acreditan sin lugar a duda la verdadera situación económica financiera de las empresas; que resulta un agravio contra su persona que se haya dado plena fe al acta de reunión ordinaria del Directorio del Consorcio CONTECO, Coinbol y Juvalgo sin que este suscrito por ninguna de las partes; que se ha cometido exceso al declarar que no son evidentes las excepciones opuestas por su parte; que a tiempo de referirse a su acción reconvencional, no ha tomado en cuenta la evidente concurrencia probada documentalmente de la mala fe y el dolo del demandante y su cónyuge;…”.      

Consiguientemente, el apelante analizó y criticó la sentencia, aunque de forma poco elocuente, empero, constituye indudablemente la fundamentación de sus apelaciones, no siendo evidente que el recurso de apelación deducido por la parte codemandada careciere de fundamentación de agravios, como lo señaló el Tribunal de Alzada, quien con ese argumentó omitió pronunciarse en uno u otro sentido sobre los agravios expuestos en apelación, aspecto que importa no solo el incumplimiento del principio de congruencia y pertinencia previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, que como se precisó, constituyen el marco jurisdiccional sobre el cual debe pronunciarse la resolución de segunda instancia, sino que conlleva la afectación del derecho a la impugnación, omisión que por determinación del artículo 254 numeral 4) del adjetivo de la materia, conlleva la nulidad del pronunciamiento de alzada.

Finalmente, corresponde aclarar que si en criterio del Tribunal de Alzada el recurso de apelación no contenía fundamentación de agravios, lo que correspondía al Tribunal de Apelación era anular obrados, dejando sin efecto la concesión del recurso y declarando ejecutoriada la resolución apelada, en ningún caso confirmar el fallo impugnado, resolución que se da precisamente cuando el Tribunal de Alzada encuentra sin fundamentos los agravios de la apelación. Resultando por ello contradictorio que el Ad quem sostenga que no existen agravios en la apelación y concluya confirmando la resolución impugnada.
Por lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación al recurso de Mario López Prada.- Que de la revisión de antecedentes, la Sentencia Nº 120 de 30 de octubre de 2006 cursante de fojas 2318 a 2325 vuelta, fue notificada a Mario López Prada a través de su abogado patrocinante Dr. Juan Gallegillas a horas 11:20 del día 1º de noviembre 2006, conforme consta en la diligencia de notificación de fojas 2326 de obrados, sentencia de la cual se pide enmienda y complementación, en aplicación del artículo 196 numeral 2) del adjetivo Civil dentro de las 24 horas, mereciendo auto complementario pronunciado por el juez, notificado con este al mismo abogado patrocinante el día 3 de noviembre de 2006 a horas 11:00, corriendo a partir de esa hora y fecha 10 días para presentar su apelación, es decir hasta el 13 de noviembre 2008 a horas 11:00; en virtud a lo previsto en el artículo 220 parágrafo I numeral 1) del Código de Procedimiento Civil que dispone, la apelación, salvo disposición contraria expresa, se interpondrá dentro de los plazos siguientes:

1) Diez días, de las Sentencias y Autos definitivos pronunciados en procesos ordinarios, sumarios y ejecutivos.

2) Cinco días, de las Sentencias y Autos definitivos en procesos sumarísimos.
II. Estos plazos son fatales y se computarán a partir de la notificación con la Sentencia o auto.

Que, en el caso de que las partes recurran a la solicitud de explicación y complementación de la sentencia, tal como lo prevé el artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el 196 numeral 2) y para el caso que nos interesa, deberá aplicarse lo establecido en el artículo 221 del ya tantas veces citado Código Adjetivo Civil, que indica:” En el caso del artículo 196 numeral 2), los plazos quedaran suspendidos y se computaran a partir de la notificación con el auto de explicación o complementación”.

En el caso de Autos y tratándose de una Sentencia dictada en proceso ordinario, el plazo que correspondía para la impugnación de la Resolución de primera instancia, es de diez días, siendo el mismo conforme dispone el parágrafo II del artículo 220, norma glosada supra, fatal y perentorio, entendiéndose que asume esa calidad porque su finalización hace caducar automáticamente su derecho a la impugnación sin necesidad de declaración judicial, debiendo computarse de momento a momento a partir de la notificación con la resolución que se pretende impugnar, plazos que corren ininterrumpidamente.
En ese mismo sentido, el Auto Supremo: Nº 268 de 29 de agosto 2011 respecto a los plazos procesales señala: "…que se cuentan de momento a momento, el cómputo se inicia desde el momento de la notificación y culmina en la hora similar del día en que se cumplen los concedidos como plazo, asimismo el art. 141 del Código de Procedimiento Civil, es claro al mencionar que los plazos transcurrirán ininterrumpidamente y sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales...".

En Autos, el actor apelante Mario Freddy Antonio López Prada presentó su recurso de apelación el día 27 de noviembre de 2006, a horas 09:10 a. m., así se desprende del cargo de recepción de la Auxiliar del Juzgado de fojas 2405 de obrados, consecuentemente, exageradamente fuera del plazo establecido por el artículo 220 del Adjetivo Civil, extemporaneidad que no fue observada por el tribunal de alzada, tribunal que debía rechazar la apelación y en consecuencia anular el auto de concesión del mismo, declarando la ejecutoria de la sentencia, sin embargo terminó resolviendo la apelación sin que se le haya abierto su competencia.

En este contexto, es pertinente referirse a la jurisprudencia adoptada por la Ex Corte Suprema de Justicia con la cual este Tribunal Supremo comparte criterio, así por ejemplo, el Auto Supremo Nº 86/2007 de 14 de febrero de 2007 citando el (A. S. Nº 66/2001, de fecha 2 de abril de 2001. Sala Civil II) señala: "... que el recurso ordinario de apelación fue presentado después de haber fenecido ese plazo "fatal", por lo que era extemporánea la alzada interpuesta y por vía de consecuencia improcedente el recurso de casación, por disposición de los numerales. 1) y 2) del art. 262 del mencionado Código Procesal, encontrándose la Sentencia ejecutoriada...".

Esto ha sido establecido también por el Tribunal Constitucional entre otros mediante Sentencia Constitucional No. 1053/2011 de fecha 1 de julio de 2011, remarcando que "...este Tribunal sentó línea jurisprudencial respecto al plazo para la interposición del recurso de apelación mediante la SC 1643/2004-R de 13 de octubre, criterio que no es contrario a los lineamientos del nuevo ordenamiento constitucional, estableciendo que éste: procederá a favor de todo litigante, que habiendo sufrido algún agravio en la resolución del inferior, solicite que el juez o tribunal superior lo repare; recurso que salvo disposición contraria expresa, se interpondrá dentro del plazo de diez días tratándose de sentencias y autos definitivos...". " Estos plazos son fatales y se computarán a partir de la notificación con la sentencia o auto".

Es preciso aclarar, que la solicitud de aclaración, complementación y enmienda presentada por la parte codemandada Julio Valenzuela Gonzáles y el correspondiente Auto complementario de fojas 2337, notificada a la misma en fecha 17 de noviembre de 2006, de ninguna manera suspende el plazo establecido por el artículo 220 parágrafo I numeral 1) del reiterado Adjetivo Civil para las otras partes del proceso, únicamente se suspende para la parte solicitante.  

Finalmente, se hace necesario dejar establecido que dentro del procedimiento civil al que se sujetan las partes, los plazos procesales deben ser obligatoriamente respetados, lo contrario provocaría inseguridad jurídica para alguna de las partes y vulneración al debido proceso, garantías procesales que deben ser protegidas por los administradores de justicia.

Por lo relacionado, se concluye que en el caso presente, al no haberse agotado la vía ordinaria por la recurrente actual, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en previsión de los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, con relación al artículo 262 numeral 2) de la misma norma, que establece que una de las causas para negar el recurso de casación es no haber hecho uso del recurso de apelación, o como ocurrió en el presente caso presentado fuera del plazo.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Mario Freddy Antonio López Prada de fojas 2532 a 2536 vuelta, y en mérito al recurso de casación interpuesto por Julio Valenzuela Gonzáles, conforme los artículos 252, 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil y 106 del Código Procesal Civil se ANULA el Auto de Vista emitido por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba de fojas 2512 a 2515 de obrados y dispone que la misma Sala, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo inexcusable y recurrente el error en que han incurrido los Vocales de la Sala Civil Segunda signatarios del Auto Vista impugnado, se les impone multa de un día de haber a cada uno de ellos, a favor del Tesoro Judicial. A tal efecto, comuníquese a la Dirección Administra y Financiera.

Por la anulación, cumpliendo lo previsto por el artículo 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.