SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 401

Sucre:                                12 de septiembre de 2014

Expediente:                        CH-38-09-S

Distrito:                                Chuquisaca

Magistrada Relatora:        Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo y en la forma de fojas 588 a 597 vuelta, interpuesto por Blanca Beatriz Dávalos Valda de Vaca Guzmán contra el Auto de Vista N° 223/2009 de fecha 3 de agosto de 2009, cursante a fojas 575 a 582, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de Usucapión Quinquenal, seguido por Juan Pablo Coppe en representación de Juana Roberto, José Luis y Oscar Coppe contra Blanca Beatriz Dávalos Valda de Vaca Guzmán, la contestación al recurso de fojas 610 a 612, los antecedentes del proceso, el auto de concesión del recurso de fojas 613; y,

CONSIDERANDO I:

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, la Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de Chuquisaca, emitió Sentencia N° 087/2009 de fecha 9 de abril de 2009, cursante a fojas 544 al 547 vuelta, declarando PROBADA la demanda de usucapión planteada por los actores, IMPROBADA la demanda reconvencional de reivindicación, mejor derecho propietario y acción negatoria y así como IMPROBADAS las excepciones perentorias de falta de acción y derecho y de cosa juzgada opuestas por la demandada en su reconvención, disponiendo la inscripción del derecho propietario de los actores sobre los lotes de terreno bajo el siguiente detalle: 1) Lote marcado con el Código L-O a nombre de Juan Pablo Coppe Flores con Matrícula 1.01.1.99.0003463.- 2) Lote L-E de Roberto Carlos Coppe Flores con Matrícula 1.01.1.99.0003461.-3)Lote L-C de Juana Claudia Coppe Flores Matricula 1.01.1.99.0003418.-4) Lote L-B de Oscar Coppe Flores con Matricula 1.01.1.99.0003509 y 5) Lote L-A de José Luis Coppe Flores con Matricula 1.01.1.99.0003404.

Que, en grado de apelación incoada por Blanca Beatriz Dávalos Valda de Vaca Guzmán, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial de Chuquisaca, CONFIRMA totalmente el auto de fecha 28 de febrero de 2008 y la Sentencia N° 087/2009 de fecha 9 de abril de 2009, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN: Contra el Auto de Vista, Blanca Beatriz Dávalos Valda de Vaca Guzmán, interpone Recurso de casación en el fondo y en la forma, con los siguientes argumentos:

1.-RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA (TEXTUAL): Denuncia que se hubiese incurrido en errores in procedendo que ameritaría que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, bajo los siguientes aspectos:

Denuncia violación de los artículos 1 parágrafos I y II, 3 incisos 1) y 3), 67, 86, 190, 194, 236, 241 parágrafo I, 327, 328, 348, 350 todos del digo del Procedimiento Civil, lo que recaería en lo previsto en el artículo 90 ídem.

Refiere que en el Testimonio de apelación cursante a fojas 294 a 368 no se hubiese incluido la ampliación a la demanda, en la que se señalaría que como colindante del inmueble objeto de la Litis se encontraría el lote que ocupa Hernán Coppe Flores y tampoco cursaría ningún documento que acreditaría el derecho propietario de las 40 hectáreas de terreno que ostentaría la misma en el ex fundo Tucsupaya de la ciudad de Sucre.

Así mismo refiere que tanto el A quo como el Ad quen a momento de emitir el Auto de Vista N° 248/2008 de 9 de agosto de 2008, omitieron la inclusión de la Sentencia Ejecutoriada, Auto de Vista y Auto Supremo, donde se determinaría la Reivindicación de las 40 hectáreas a favor de la recurrente, proceso seguida contra varios ex hacendados y ex arrimantes del ex fundo y todos sus adquirientes, sean conocidos o desconocidos y cuya citación o notificación se hubiese realizado mediante edictos y en cuya lista se encuentra los causantes de los ahora demandantes.

Denuncia que todos esos antecedentes no se consideraron por el Ad quem al momento de emitir la resolución recurrida, incurriendo en violación de las normas citadas en el marco jurídico del presente recurso, lo cual implicaría que no se hubiese actuado con equidad ante la omisión de actuados señalados.

Manifiesta que nuevamente ante la violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, ya que se hubiese denunciado en el recurso de apelación los hechos expuestos precedentemente y el cual no fue considerada por el Ad quem, habiéndose remitido solamente a resoluciones judiciales no causarían ejecutoria y pueden ser revisados aun de oficio en previsión del artículo 15 de la L.O.J. y 252 de la ley Adjetiva Civil y que no se hubiese considerado: a) La confesión Judicial de los demandantes en la ampliación de la demanda que el terreno vecino seria ocupado por Hernán Coppe Flores, indicando que anteriormente se encontraba registrado en uno solo; b) No hubiese sido observado por los actores el antecedente de dominio de Hernán Coppe Flores, al emerger del mismo antecedente, el cual es de sus causantes, registrados todos en fecha 14 de mayo de 1998, protocolizado el 31 de marzo de 1998; c)Refiere que no se Consideró que su propiedad tiene una extensión de 40 hectáreas y los registros anteriores en Derechos Reales en 1954 y 1971(fojas 60-67 y 68-72) en la que estaría incluido toda la propiedad de los demandantes y del que se pretende integrar a la litis, existiendo inscripción preferente y al no integrarse a la litis a Hernán Coppe se seria afectado su derecho en aplicación del artículo 194 de la ley Adjetives Civil.

Denuncia violación del artículo 50 y de los artículos 227 y 236 todos del Código de Procedimiento Civil.

2.-RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO: Denuncia la violación de los artículos 1319 del Código Civil y 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil, error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, violándole el artículo 1311 de la ley Sustantiva Civil, al haberse demostrado mediante prueba de fojas 134 a 147, 148, 150 a 188 de obrados, para que se declare probada la excepción de cosa juzgada conforme el artículo 1319 del Código Civil y demostrado que existe proceso ordinario de mejor derecho propietario y reivindicación debidamente ejecutoriado violando el artículo 1311 idem, existiendo error de derecho y de hecho.

Denuncia la violación de los artículos 134, 135, 136, 137, 138, 1286,1501 a 1506 del Código Civil, en interpretación errónea del artículo 1325 idem, incurriéndose en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, al considerarse en la resolución recurrida que se hubiesen cumplido los presupuestos exigidos por el artículo 134 de la ley Sustantiva Civil.

Denuncia que en obrados se evidencia que el Titulo Ejecutorial franqueado a favor de Facundo Cabes Castro en cumplimiento a la Resolución Suprema N' 163250 de 7 de junio de 1972 se hubiese anulado, asimismo hace referencia a la resolución suprema N' 188111 de 20 de julio de 1978 y que todas las transferencias sucesivas serian nulas y por tanto no existía título idóneo.

Alternativamente indica que se hubiese violado los artículos 1503, 1505 y 1506 del Código Civil por no haberse aplicado correctamente.

Por último como conclusión manifiesta al haberse incurrido en violación, interpretación errónea y aplicación indebida de las normas solicita a este Tribunal Supremo en aplicación del artículo 274-1 del Código de Procedimiento Civil se case el Auto de Vista N' SCII-223/2009 de 3 de agosto de 2009, declarando en el fondo improbada la demanda y probada la demanda reconvencional y las excepciones perentoria de cosa juzgada opuesta por la recurrente.

CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que, al ser el recurso de casación un medio de impugnación extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise, reforme, case o anule las resoluciones expedidas en revisión por los Tribunales de alzada, que infringen las normas de derecho material, normas que garantizan el derecho a un debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales; su interposición debe expresar en términos claros y precisos las infracciones que el recurrente acusa y la pretensión que persigue. En el caso de Autos que así resumido el recurso de casación, antes de ingresar a su análisis y consideración, corresponde dejar claramente establecido, que el impreciso y confuso recurso interpuesto en la forma y en el fondo, no da cumplimiento a lo exigido por el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, lo que en aplicación estricta de las normas procesales que rige la tramitación del recurso de casación, daría lugar a que el recurso sea declarado improcedente; sin embargo, no obstante a la deficiencia y contradicción en el mismo y en consideración a los lineamientos y principios del nuevo orden constitucional y lo establecido en la SCP 2210/2012, se pasa a considerar dicho recurso, de lo que se tiene :

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.-

En el presente caso, el recurrente acusó de manera general  la trasgresión e infracción de los artículos 1 parágrafos  I y II, 3 incisos 1) y 3), 67, 86, 190, 194, 236, 241 parágrafo I, 327, 328, 348, 349, 350, 252 todos del Código de Procedimiento Civil y 15 de Ley de Organización Judicial, haciendo una mera anunciación de esta normas, sin precisar exactamente  de qué manera  se hubiese violado  o en su caso una mala aplicación de las mismas.

En ese orden, en el sub lite, las denuncias formuladas por el actor en su acción extraordinaria no se acomodan a las exigencias establecidas por los preceptos supra señalados, de lo que se puede deducir de la confusa exposición de agravios vertidos por la recurrente, haciéndose alusión al supuesto agravio referido al hecho de que el Juez A quo como el Tribunal de apelación, no advirtieron que en el testimonio remitido en apelación de fojas 294 a 368 no se incluyó en el señalamiento de piezas la ampliación de la demanda en la que se hubiera consignado que como colindante  de los inmuebles objeto de la litis se encontraría el que ocupa Hernán Coppe Flores y que tampoco cursaría la documentación de fojas  60-67 y de 68-72 que acreditaría el derecho propietario de las 40 hectáreas de terreno y que ostentaría la recurrente en el ex fundo Tucsupaya de esta ciudad de Sucre, tampoco cursaría la Sentencia y el Auto de Vista y Autos Supremo donde se determinaría la Reivindicación a su favor, a esta denuncia es menester referirnos que conforme el artículo 241-II del Código de Procedimiento Civil señala: “ Al conceder la apelación en el efecto devolutivo, el juez señalara las piezas necesarias que contendrá el testimonio, fijando al mismo tiempo un plazo prudencial para su conclusión, computables desde la última notificación a las partes, las cuales podrá pedir se agregaren al testimonio otras que consideren necesarias …”, de lo de lo que se infiere que el a quo señalo las piezas que considero necesarias a efectos de la apelación de fojas  229 a 231 vuelta contra el auto de fojas 226 y vuelta, en virtud que el reclamo se fundó exclusivamente a la no inclusión del señor Hernán Coppe Flores, además la parte demandada podía hacer uso de la facultad conferida por el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil de pedir se agreguen al testimonio otras piezas procesales, entre ellos la ampliación a la demanda, la sentencia, Auto de Vista y Auto Supremo donde se determinaría la reivindicación a su favor, los fundamentos de la demanda reconvencional y los fundamentos del recurso de reposición bajo alternativa de apelación, es decir; si consideraba necesario que estas piezas sean introducidos al testimonio de apelación para  ser valorados por el Tribunal de alzada o en su caso debió observar el auto de concesión de fojas 252 y vuelta en su debido momento y no guardarse dicho reclamo para casación.

En esta circunstancia, el reclamo elevado ahora en casación, no es plausible en su tratamiento, por cuanto, más allá de tener respuesta del superior en grado, la infracción debe ser denunciada de forma oportuna mediante los recursos idóneos establecidos en la norma, observándose que el reclamo sobre la falta de inclusión de piezas en el testimonio no fueron puntos de agravio en el memorial de apelación de fojas 160 a 161, en tal caso no  se cumplió con lo establecido en el artículo 258-3) del Código de Procedimiento Civil que señala: "En el recurso de nulidad no será permitido... alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieran reclamado en los tribunales inferiores", y pretender ahora la nulidad no tiene asidero legal.

Además  una vez más, de manera muy general refiere  que el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista N° SCII-223/2009 de 3 de agosto de 2009 hubiese vulnerado las normas citadas en el marco jurídico del recurso (artículos 1 parágrafos I y II, 3 numeral 1) y 3), 67, 86, 190, 194, 236, 241-1, 327, 328, 348, 349, 350 todos del Código de Procedimiento Civil) sin precisar en qué sentido se hubiese violado las mismas.

La recurrente denuncia la violación del artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, con el sustento de que no se hubiese considerado que las partes que intervienen en el proceso, son el demandante, el demandado y el Juez, al no haberse incluido a la Litis activa o pasiva a Hernán Coppe Flores quien debería ser citado y adecuar su actuar a una demanda nueva con todos sus derechos pretendidos, al respecto se tiene que de la revisión del Folio Real de fojas 223 y la Certificación emitidas por la Oficina de Derechos Reales de Chuquisaca, se evidencia que el bien inmueble del pretendido a la inclusión a la litis, no tiene el mismo antecedente dominial que el bien inmueble objeto de la causa, ya que el bien inmueble de Hernán Coppe Flores tiene como antecedente dominial la propiedad inscrita en el Libro 2do, Partida 325, fojas 325 registrada en 1993, es decir; con anterioridad a los registros de los demandantes, máxime si sobre el cual no existe inscripción de ninguna otra índole, mucho menos a favor de la demandada, y pretender su inclusión no se encuentra prevista por nuestra normativa legal, lo que correspondería es una tramitación por separado en el cual los efectos de la sentencia recaigan conforme el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia su denuncia es impertinente, mucho más cuando se confunde al manifestar que debería aplicarse al caso de autos el litis consorte activo y pasivo a la misma vez, en un planteamiento de una demanda reconvencional de Mejor Derecho Propietario y Reivindicación.

Por otra parte, denuncia la violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, manifestando que no se hubiese considerado por el Tribunal de alzada la indicada nulidad y que solamente se abocó a resoluciones judiciales que por su naturaleza no causan ejecutoria. Al respecto, el artículo 236 de la ley adjetiva Civil, en relación a la pertinencia de la resolución señala: "el Auto de Vista, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación... ».

En ese sentido, es importante establecer que, de conformidad a la exigencia inserta en el artículo 251, concordante con el artículo 254, ambos del Código de Procedimiento Civil y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, se tiene que a efectos de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios; entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho; estableciéndose que el reclamo de la recurrente no es evidente, ya que el Auto de Vista N° SCII-223/2009 de fecha 03 de agosto de 2009 contiene una ampulosa argumentación pertinente; resolviéndose todos los puntos, en términos claros, positivos y precisos, resueltos por el inferior y que fueron objeto de la apelación y fundamentación, advirtiéndose con claridad que los intereses de las partes han sido debidamente sustanciados, por cuanto, al momento de la dictación tanto de la Sentencia como del Auto de Vista, cumplieron con los requisitos previstos en el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil y con la pertinencia prevista en el artículo 236 del citado Código Adjetivo Civil.

La recurrente refiere la falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista recurrido; si bien los Jueces y Tribunales jurisdiccionales deben pronunciar sus resoluciones con la debida fundamentación y motivación, en el marco de lo previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil; vale decir, con la debida pertinencia, aspectos que acontecieron en el caso de autos, toda vez que el Auto de Vista recurrido como se dijo líneas arriba, se produjo circunscribiéndose con precisión a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto del recurso de apelación; además con la debida fundamentación expresa y determinada por el artículo 227 del mismo Código Adjetivo Civil y en estricta sujeción a los artículos 3 inciso 1) y 397 del Código de Procedimiento Civil, en relación a la apreciación y valoración de las pruebas tanto de cargo como de descargo como se evidenció en los puntos pronunciados al respecto.

Asimismo la recurrente de manera errónea e inequívoca realiza una mezcla del recurso al agregar argumentos de fondo como es la falta de apreciación y valoración de las pruebas cursantes a fojas 60-148 y 223­250 y otros, los que demostrarían su mejor derecho propietario, además señala que no se apreciaron las pruebas consistentes en las Resoluciones Supremas emitidas durante la tramitación del proceso agrario, el Auto Supremo N° 34 de diciembre de 1986 y el proceso de reivindicación y cuya omisión        en su apreciación daría lugar a la nulidad de obrados, no correspondiendo está denuncia equivocada en la casación de forma, sino en casación de fondo, aspecto que conforme prevé el articulo 253 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, es causal de casación en el fondo; en todo caso su impugnación en el fondo será considerada y resuelta de manera posterior.

Ahora, ante estas denuncias de fundamentación en la resolución recurrida buscando la nulidad, la recurrente podía hacer uso del derecho que le asistía el artículo 239 de la norma Adjetiva Civil, por lo consiguiente  esta denuncia no tiene sustento legal, por lo que el recurso deviene en infundado.

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

Que en la especie,  una vez más  la recurrente recae  en la mera anunciación de preceptos legales, es así, que anuncia la violación de los artículos 1319 y 1311 del Código Civil, como así los 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil.

En ese orden, la sentencia pronunciada por el Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de Chuquisaca el 9 de abril de 2009 (fojas 544 a 547 vuelta), acredita que los demandantes, interpusieron una demanda ordinaria de usucapión quinquenal contra Blanca Beatriz Dávalos Valda de Vaca Guzmán bien inmueble ubicado en el Barrio Yurac Yurac (zona Tucsupaya Alta) bajo el fundamento que en un principio fue propiedad de sus padres Jacinto Coppe Cano y Miriam Petrona Flores de Coppe, adquirido de su anterior propietario Facundo Caba Castro con una superficie de 1531,50 mts2 en fecha 22 de octubre de 1990; posteriormente fue dividido entre los demandantes de la siguiente manera :1) Lote marcado con el Código L-0 a nombre de Juan Pablo Coppe Flores con matricula 1.01.1.99.0003463.- 2) Lote L-E de Roberto Carlos Coppe Flores con Matricula 1.01.1.99.0003461.-3) Lote L-C de Juana Claudia Coppe Flores con Matricula 1.01.1.99.0003418.-4)Lote L-B de Oscar Coppe Flores con Matricula 1.01.1.99.0003509; y 5) Lote L-A de José Luis Coppe Flores con Matricula 1.01.1.99.0003404. Ahora la recurrente acusa la violación de los artículos 1319 del Código Civil argumentando que con la prueba  literal presentada cursante a fofas 134 a 147, 148,150 a 188 de obrados se hubiese demostrado las condiciones exigidas por la referida norma legal para que se aplique la cosa juzgada, que sobre esa prueba inicio el proceso ordinario de Mejor Derecho y Reivindicación ante el Juzgado de Partido Primero en lo Civil de la Capital contra los ex arrendadores y todos sus adquirientes sea conocidos o desconocidos y no así contra los causantes de los demandantes y mucho menos a estos; además nuestro ordenamiento jurídico exige para la declaratoria de existencia de cosa juzgada, de ciertos requisitos rigurosamente previstos en el artículo 1319 del Código Civil. los cuales a saber son: a) que la cosa demandada sea la misma; b) que la demanda se funde en la misma causa; c) que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas. En el sub lite se puede advertir, que la causa en ambos procesos definitivamente no es la misma al tratar el referido proceso de Mejor Derecho Propietario y Reivindicación, tampoco existe identidad de partes, porque el proceso de reivindicación fue interpuesto por la recurrente contra los ex arrenderos y todos sus adquirientes sean conocidos o desconocidos y no así a los demandantes, mucho menos a los causantes de estos, mucho menos se puede tratar de que la cosa demanda sea la misma, en virtud que no se ha acreditado con precisión que el inmueble objeto de la presente causa este comprendido en el anterior proceso ya que la sentencia emitida por el Juez de Partido Primero en lo Civil de la Capital de Sucre recae de manera general sobre el Lote de 410 mts2 de superficie, Lote Nº 18, Manzano 42 en virtud que cuando los causantes de los demandantes registraron su derecho propietario de 1531,50 mts2 de superficie; condiciones que necesariamente deben coexistir al mismo tiempo para que se pueda hablar de cosa juzgada y ésta sea oponible por el beneficiario, la falta de cualquiera de estos, es suficiente para que se desestime la excepción de cosa juzgada y sea la misma declarada improbada; así además lo han establecido la basta Jurisprudencia de la Ex Corte Suprema de Justicia en su innumerables fallos como también por el actual Tribunal Supremo de Justicia. Además se tiene el razonamiento; que el actor debe determinar en forma precisa a los titulares, identificándolos y dirigir la demanda contra ellos y no así con el término " conocidos o desconocidos" al cual se puede pretender incluir a cualquier persona afectando sus derechos constitucionales, siendo de vital importancia que los propietarios y terceros que tengan interés cierto, conozcan a plenitud de la acción intentada a efectos de que estén a derecho y asuman defensa si ven por conveniente, de lo contrario se llegaría a vulnerar el debido proceso dejando en estado de indefensión a los titulares del inmueble. Consiguientemente, se concluye que el artículo 1319 del Código Civil, no fue vulnerada por los juzgadores de instancia, por el contrario, fue debidamente observada y aplicada a efectos de determinar la existencia de cosa juzgada y por consiguiente tampoco hubo violación del artículo 1311 del Código Civil con relación a la prueba literal cursante de 134 a 147 vuelta, de fojas 147 a 188 de obrados, que supuestamente el A quo no los hubiera considerado, de lo que se infiere que no resulta fundado lo acusado por la recurrente.

Con relación a la violación de los artículos 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil ,la recurrente no señala, mucho menos precisa de qué manera se hubiese violado las mismas, por consiguiente no merece pronunciamiento alguno.

Nuevamente la recurrente ingresa en anunciar de manera general la violación de los artículos 134, 135, 136,137, 138, 12867, 1501 al 1506, interpretación errónea del articulo 1325 y por último que se hubiese incurrido en error de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba "que se indica", de lo que poco que se puede subsumir, se procede a dar la siguiente respuesta:

Resolviendo en el fondo, respecto a la vulneración 1325 del Código Civil, es preciso tomar en cuenta que establece: " Pueden las partes en todo asunto, durante el término de prueba, pedirse recíprocamente juramento sobre los hechos personales relativos al litigio; pero con cargo de estar sólo a lo que les sea favorable, según apreciación que hará el juez."; por lo referido es preciso dejar establecido que la valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los Juzgadores de Instancia incensurable en casación, debiendo formar libremente su convencimiento conforme la sana critica del Juez, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito; a ello, es preciso también establecer que, en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio, con la finalidad de crear la convicción del juzgador sobre el hecho o hechos demandados. En el ejercicio de ésta atribución las pruebas producidas, deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios debe efectuársela de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, siendo por tanto correcta la valoración realizada por el Tribunal Ad quem a tiempo de emitir el fallo objeto del presente recurso, por cuanto si bien la a quo consideró el juramento de posiciones de la parte demandante de fojas 434 otorgándole el valor para determinar su convicción a momento de emitir sentencia, empero no menos evidente es que su decisión no se basó únicamente en dicha prueba sino también en la prueba literal en conjunto que cursa en obrados, no siendo evidentes las transgresiones denunciadas por la recurrente.

Asimismo la recurrente manifiesta que el Titulo Ejecutorial franqueado a favor de Facundo Caba Castro en cumplimiento a la Resolución N° 163250 de 7 de junio de 1972 y que en base a esto se transfirió a favor de los causantes de los demandantes  y el mismo se hubiese "ANULADO" por la Resolución Suprema N° 188111 de 20 de julio de 1972 y por consiguiente todas las transferencias sucesivas serían igualmente NULAS, concluyendo al afirmar que no existe título idóneo.

Con referencia a la Resolución Suprema Resolución N° 163250 de 7 de junio de 1972 y Resolución Suprema N° 188111 de 20 de julio de 1972, se tiene que mediante Ley 4026 de fecha 15 de abril de 2009, en su artículo 1° dispone: "Artículo 1. Elevase a rango de Ley de la República las Resoluciones Supremas Nº 105287, de fecha 13 de julio de 1961, Nº 163250, de 7 de julio de 1972; y, N' 197856 de fecha 3 de marzo de 1983, por constituirse en definitiva e irrevisable la tramitación agraria".

Bajo ese presupuesto y revisado los Certificados emitido por Derechos Reales cursantes a fojas 2 a 5, de fojas 8 a 13, se evidencia que el año 1973,  a fojas 13,  bajo la Partida 23, del Libro de Títulos Ejecutoriales Oropeza a dotación, la señora Martina Viuda de Caba hubiese presentado el Titulo ejecutorial N° 694689 (Colectivo) y N° 604688(Proindiviso) que del cual constaría que Hugo Banzer Suárez en calidad de Presidente de la República de ese entonces, mediante Resolución Suprema N' 163250 de 7 de julio de 19723 se otorgó en calidad de dotación 12. 000 hectáreas de tierras cultivable y 9.200 hectáreas de terreno incultivable en el fundo Tucsupaya, Cantón San Sebastián-Sucre en fecha 30 de mayo de 1973 a los del agro y poseedores de los mismo, y que posteriormente el año 1978, a fojas 76, bajo la Partida 128 del Libro de Propiedades Oropeza se hubiese registrado una División y Partición donde consta que Martina Viuda de Caba, Juana Serrudo Viuda de Caba, Facundo Caba Castro, Andrés Caba Castro y María Caba de Mormeres declaran ser propietarios en lo proindiviso de una parcela de terreno de 21 hectáreas con dos mil metros cuadrados de superficie, ubicados en el fundo Tucsupaya Alta, Cantón San Sebastián, siendo la división de la siguiente manera: Para Facundo Caba se le asignaría los lotes marcados con los números “Dos" y "Dos A" con un total de extensión de tres hectáreas con seis mil ochocientos metros cuadrados, en fecha 4 de agosto de 1978, posteriormente el año 1990 a Fojas 628, bajo la Partida 626 del Libro de Propiedades Capital Cuatro-Venta, se procedió al registro de la Escritura Privada protocolizada bajo la Partida 1332, en el cual Facundo Caba Castro otorga en venta a favor de Jacinto Coppe Cano Y Miriam Flores de Coppe una fracción de terreno con una Superficie total de 1531, 50 mts2 ubicado en la ex Hacienda Tucsupaya Alta, con Código Catastral N' 30-24-1 y después de esta última partida a favor de los causantes de los demandante se procedió a la división entre estos, registrados debidamente en Derechos Reales bajo las Matriculas 1.01.1.99.0003463, 1.01.1.99.0003461, 1.01.1.99.0003418, 1.01.1.99.0003509 y Matricula 1.01.1.99.0003404 respectivamente y cuyas Inscripciones en Derechos Reales se dejaron sin efecto ante la ratificación del título de anticipo de legitima en favor de la recurrente, derecho propietario que hubiese sido ratificado primero por la Resolución Suprema N° 105285 de 13 de julio de 1961 y por Auto Supremo N° 34 de 16 de diciembre de 1985 más Auto Complementario de 21 de febrero de 1986 anulo la Resolución Suprema N° 197856 de 3 de marzo de 1983 que declaro con valor legal los Titulo Ejecutoriales; y en merito a ello se hubiese registrado en el Asiento N° 2, bajo la Matricula N° 1.01.1.99.0009171.

En tal virtud, la Ley 4026 de 15 de abril de 2009, que eleva a rango de Ley la Resolución Suprema N° 163250 de 07 de julio de 1972 en la que los bienes inmuebles objeto de la litis están comprendidos dentro la dotación de tierras realizada por el gobierno de ese entonces que como se tiene de los antecedentes legales realizados supra, de manera concreta, la Ley 4026 en su artículo 2, dispone la derogatoria, es decir, deja sin efecto alguno, todas las disposiciones legales  que contradigan lo dispuesto en el artículo 1, incluida se entiende la Resolución Suprema 188111, mencionada por la recurrente y en virtud de la cual la dotación efectuada a los campesinos mediante la Resolución Suprema N° 163250, ahora tienen rango de Ley.

Asimismo, cabe señalar que conforme al artículo 3° de la ley 4026 de 15 de abril de 2009, se declara la USUCAPIÓN MASIVA de todos los terrenos que tenían títulos ejecutoriales procedentes de la Resolución Suprema Nº 163250, de 7 de julio de 1972 como es en el caso de autos, cuyo antecedente dominial es esta resolución del bien inmueble objeto de la litis. Asimismo esta norma tiene sus precedentes en la Ley 2372 de Regularización del Derecho Propietario Urbano de 14 de mayo de 2002, misma que en su artículo 2, dispone taxativamente los casos en los que procede la regularización masiva, y que debe ser aplicada en forma complementaria con la Ley N° 2718 de 28 de mayo de 2004, la misma que en su artículo único dispone: "Compleméntese la Ley 2372, de Regularización del Derecho Propietario Urbano, incorporando a toda la zona de Tucsupaya de la ciudad de Sucre y reconociendo los Títulos Ejecutoriados de la Reforma Agraria del año 1972". En consecuencia es pertinente, declarar en infundado el presente recurso.

El Tribunal Supremo de Justicia con respecto a esta norma legal, ya emitió criterio a tiempo de dictar el Auto Supremo N' 55/2013, refiriendo: "Que la ley 4026 de fecha 15 de abril de 2009, en su artículo 1' dispone: "artículo 1. Elevase a rango de Ley de la República las Resoluciones Supremas N' 105287, de fecha 13 de julio de 1961, N' 163250, de 7 de julio de 1972; y, N' 197856 de fecha 3 de marzo de 1983, por constituirse en definitiva e irrevisable la tramitación agraria".

Que, la misma ley en su artículo 2, dispone la derogación de todas las disposiciones contrarias a la misma norma, siendo la referida disposición legal la que debe aplicarse imperativamente en los casos dispuestos por las Leyes N' 105287, de fecha 13 de julio de 1961, N' 163250, de 7 de julio de 1972; y, N' 197856 de fecha 3 de marzo de 1983, toda vez que la misma tiene carácter imperativo, no potestativo, teniéndose en consecuencia, que las Resoluciones Supremas 188111 de 20 de julio de 1978 así como el Auto Supremo N' 34 quedan sin efecto por disposición de la Ley 4026 en aplicación del artículo 2', surtiendo por consiguiente el efecto legal que le corresponde al artículo 2' de la Ley 163250 que dispone: "artículo 2.- Los 46 campesinos y sus respectivos arrimantes, comprendidos dentro de las previsiones de los arts. 78, 81, 82 y 83 del Decreto Ley N' 03464 a los mismos que hace referencia al inciso a) de la Resolución que se complementa quedan como propietarios de sus asentamientos que poseían y trabajaban al 2 de agosto de 1953, en conformidad al Artículo 78 del antes citado Decreto Ley…”(…).

El caso de Autos tiene similares antecedentes, de manera que es perfectamente aplicable ese razonamiento a la Resolución a emitir, y todo lo contrario sería ir contra una norma legal vigente de aplicación preferente, seria infringir la ley N° 4026, consecuentemente el artículo 115 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.

Que, cuando acusa la violación de los artículos 1503, 1505 y 1506 del Código Civil la recurrente de igual forma incurre en denunciar de manera incongruente y muy ambigua, no precisa de qué manera se hubiese incurrido en violación de las referidas normas legales, solamente hace referencia que se hubiese demostrado la interrupción de la usucapión con el reconocimiento que hubiesen hecho los actores conjuntamente sus padres al momento de que hubiesen asistido a las reuniones de la junta vecinal y la segunda interrupción se refiere a la notificación mediante edictos con el proceso ordinario de reivindicación y mejor derecho propietario, con este argumento denuncia tal violación a las normas referidas precedentemente, sin embargo ya se dio  respuesta con referencia a la no valoración de las pruebas de fojas 134 a 147, 148, 150 a 188 y que reiterativamente repite los mismos argumentos en el recurso de casación; además deberá tenerse en cuenta que los demandantes estuvieron en posesión del bien inmueble con anterioridad al último registro en fecha 14 de mayo de 1998, cuando los mismos habitaban conjuntamente sus padres y la posesión, pacífica y continuada lo arrastraron de buena fe desde ese primer registro de fecha 22 de octubre de 1990, por tanto dicha posesión no fue interrumpida para que opere la usucapión con el referido proceso de Reivindicación que no fue dirigió contra los causantes el referido proceso, máxime si no se dirigió contra los demandantes, porque los mismos tenían su registro vigente ante las Oficinas de Derechos Reales de Chuquisaca, conforme acredita las Certificaciones de fojas 2 a 5 y de fojas 8 a 13 de obrados, por lo tanto en el presente caso opera la usucapión quinquenal, máxime si se encuentra vigente la Ley 4026 de fecha 15 de abril de 2009.

En cuanto a la denuncia de que se hubiese hecho una interpretación errónea de la ley indicando algunos artículos sin indicar de qué forma o cual hubiese sido dicha violación, mucho menos plantea su recuso precisando en cuál de las numerales del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, mucho menos menciona esta disposición Adjetiva Civil.

Además la recurrente debió tener en cuenta que la violación es la no aplicación correcta de los preceptos legales; interpretación errónea, la infracción de las leyes sustantivas a cuyos preceptos se da un sentido equivocado, y aplicación indebida, la aplicación de esos preceptos hechos no regulados por aquellos; por consiguiente el recurso carece de técnica recursiva en su planteamiento, por lo tanto no tiene asidero legal en su reclamo.

En cuanto a la denuncia de que se hubiese incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, la recurrente reiteradamente y repetitivamente en la parte in fine del recurso de fojas 588 a 597 vuelta en observancia del artículo 1311 del Código Civil, sin embargo luego de la prolija revisión de antecedentes no sólo en función de los hechos denunciados sino, principalmente, en función de la normativa glosada, se constata que tanto el Juez de primera instancia como el Tribunal de apelación han enmarcado sus actuaciones a las reglas anteriormente descritas, toda vez que pronunciaron resoluciones adecuadamente fundamentadas y con el respectivo análisis sobre los institutos jurídicos en tela de juicio y sobre los medios probatorios acumulados en el proceso, en base a los cuales asumieron las decisiones constantes en sus respectivos fallos, sin que sea evidente el error de derecho alegado en la apreciación de la prueba por vulneración del artículo 1286 del Código Civil en relación al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, por consiguiente no se evidencia que el Ad quem hubiera incurrido en las infracciones acusadas, valoraron de forma correcta la prueba documental en su conjunto en el marco legal, por lo que deviene el recurso en infundado.

Por las consideraciones expuestas, no se evidencia que el Ad quem hubiera incurrido en las infracciones acusadas, debiendo en consecuencia este Tribunal, fallar conforme disponen los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo contenidos en el memorial de fojas 588 597 vuelta, interpuesto por Blanca Beatriz Dávalos Valda de Vaca Guzmán, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.