SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 394

Sucre:                                12 de septiembre de 2014

Expediente:                        O-43-09-S

Distrito:                                Oruro       

Magistrado Relator:        Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en el fondo interpuesto por Franz Gustavo Ríos Camacho contra el Auto de Vista Nº 113/2009 de 6 de junio, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en el proceso de investigación de paternidad seguido por Ivette Claudia Guzmán Terceros contra el recurrente, el auto que concede el mismo de fojas 130, la respuesta de fojas 126 a 127, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I: de la Relación de Causa: que, la Jueza Cuarta de Partido de Familia de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 29/2009 de 3 de marzo (fs. 88 a 89 vuelta), declarando probada la demanda, en consecuencia estableció que la niña Diana Joana nacida el 24 de marzo de 2008 es hija de Franz Gustavo Ríos Camacho y la demandante,  disponiendo que por ante la Dirección Departamental de Registro Civil se complemente en los datos de la inscrita los nombres y apellidos del padre biológico, sea en la Partida de Nacimiento N° 68, del Folio Nº 68, Libro Nº 4-2008 de la ORC Nº 49901, del departamento de Oruro, provincia Cercado, localidad Oruro, correspondiente a la Menor Diana Joana Ríos Guzmán. En cuanto a los gastos que refiere el artículo 210 del Código de Familia, en ejecución de sentencia y en merito a la literal de fojas 74, el demandado deberá cubrir los gastos de parto y en la suma que arroja, previa exhibición de comprobante de pago. Asimismo fijó pensión por seis semanas antes del parto y seis semanas después del parto en la suma de Bs.900.

Deducida la apelación por el demandado, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro,  mediante Auto de Vista Nº 113/2009 de 06 de junio (fojas 113 a 115), confirmó la sentencia apelada; con costas en ambas instancias.

Finalmente, Franz Gustavo Ríos Camacho, presentó recurso de casación en el fondo y la forma el 17 de junio de 2009 cursante de fojas 118 a 119.

CONSIDERANDO II: de los Fundamentos del Recurso de Casación: que, el demandado Franz Gustavo Ríos Camacho, en su recurso de casación en el fondo de 17 de junio de 2009 (fojas 118 a 119), citando el  artículo 253 inciso 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, acusó que no fue probado que la niña Diana Joana Guzmán sea su hija como lo establece el artículo 370 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Indicó que, si bien resulta cierto que uno solo de sus testigos se presentó a declarar, los demás no se presentaron por problemas familiares o por que se encontraban de viaje; empero, el que asistió indicó que lo conocería desde hace más de sietes años y que jamás lo vio con la demandante, siendo falso que enamoró con la nombrada.

Mencionó que si no asistió a la toma de muestra sanguínea para el análisis de paternidad al laboratorio clínico GEN Y VIDA en la ciudad de La Paz fue por falta de recursos económicos, puesto que no trabaja, habiéndose opuesto “…a que se efectúe el análisis de paternidad al Laboratorio Clínico, Genética e Infertilidad GEN Y VIDA…” (sic).

Alegó también que, las testigos fueron a favorecer a la demandante porque no le conocerían, ya que nunca les vieron juntos, por lo que las declaraciones serían falsas, lo que no coincidiría con la previsión de los artículos 1320 del Código Civil y 477 del Código de Procedimiento Civil, ya que su persona “…no puede estar sometido a presunciones de las autoridades judiciales para que se dicte una resolución contraria a mis interese…” (sic).

Finalmente solicitó que se case el Auto de Vista recurrido conforme a la previsión del artículo 271 inciso 4) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III: de los Fundamentos de la Resolución.-

Que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el recurso (de casación),…: 2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258”.

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso citado precedentemente, como un requisito de contenido, señala textualmente que “El recurso (de casación)…: 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”, advirtiéndose que el precepto legal que nos ocupa contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse dentro del recurso.

Así, se tiene que el artículo 258 inciso 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

Del estudio y análisis de los antecedentes del recurso de casación, se tiene que la demandante en su condición de madre de la menor Diana Joana demanda la investigación de paternidad contra Franz Gustavo Ríos Camacho, quien negó dicho extremo a momento de responder la demanda.

Al respecto no se evidencia que el demandado hubiera producido medio de prueba alguno en el proceso que corrobore su respuesta, puesto que el mismo en su recurso de casación admite que solo uno de sus testigos se presentó a declarar, quien además hubiese señalado que no conocía a la demandante y que menos la habría visto en compañía del demandado en el tiempo que conoce a este último; empero, tomándose en cuenta la prueba de la demandante, particularmente las testificales de fojas 56 a 60, la que sostiene ser evidente los argumentos de su demanda, justamente al demandado le correspondía la carga de la prueba para desvirtuar los argumentos de la demanda iniciada en su contra, menos probó la falsedad de estas testificales, pudiendo inclusive haberse presentado a la toma de muestra de sangre para el estudio de ADN al Laboratorio GEN Y VIDA de la ciudad de La Paz para poder probar su tesis de no ser el padre de la menor Diana Joana Guzmán, por lo que este Tribunal Supremo de Justicia no encuentra violación alguna de los artículos 1320 del Código Civil y 477 de su Procedimiento.

Con relación a que el recurrente no hubiese asistido a la toma de sangre al Laboratorio Clínico GEN Y VIDA en la ciudad de La Paz por falta de recursos económicos, corresponde señalar que si bien existe un memorial de oposición cursante a fojas 33 de obrados; empero, el mismo se refería únicamente a la toma de muestra en la ciudad de Cochabamba, no teniéndose en forma posterior al pronunciamiento del Auto de 12 de agosto de 2008, en el cual se determinó que el Laboratorio GEN Y VIDA de la ciudad de La Paz sería el que realice dicho estudio (fojas 35), una oposición a dicho fallo por parte del ahora recurrente, entendiéndose que dicha disposición fue aceptada por el nombrado, por lo que el Tribunal ad quem al emitir el Auto de Vista recurrido no se apartó de las disposiciones legales aplicables al caso de autos.

En ese sentido y conforme se tiene expuesto supra, corresponde también hacer mención a la previsión del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, por cuanto dicha norma incorpora una presunción en el ordenamiento jurídico familiar, puesto que señala: En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación” (las negrillas son nuestras).

Del razonamiento citado, corresponde emitir fallo conforme a la previsión de los artículos 271 inciso 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 inciso 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 inciso 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por  Franz Gustavo Ríos Camacho, cursante de fojas 118 a 119; con costas.

Se regulan honorarios profesionales en Bs. 1000.- para efectos de costas procesales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.