SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 388

Sucre:                                12 de septiembre de 2014

Expediente:                        CH-41-09-S

Distrito:                                Chuquisaca     

Magistrada Relatora:        Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: El Recurso de Casación en el Fondo de fojas 113 a 115, interpuesto por  Josefina Medrano Daza contra el Auto de Vista  Nº 245/2009 de fecha 21 de agosto de 2009, cursante a fojas 108 a 109 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario  de Usucapión decenal o extraordinaria , seguido por  Josefina Medrano Daza  y Nicolasa Medrano de Pérez contra  los herederos Sebastiana Daza viuda de Medrano, Basilio Medrano Daza y Andrea Medrano Daza, los antecedentes del proceso, el auto de concesión del recurso de fojas  120; y,

CONSIDERANDO I:

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de Chuquisaca, emitió Sentencia Nº  121/2009 de fecha 20 de marzo de 2009, cursante a fojas 76 a 77, declarando IMPROBADA la demanda de fojas  14-15, con costas.

Que, en grado de apelación incoada por  Josefina Medrano Daza del escrito de fojas  82 a 83, la Sala Civil  Primera de la Corte Superior de Distrito Judicial de Chuquisaca, CONFIRMA la sentencia apelada de fojas 76-77. Con costas en ambas instancias.



CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN: Contra el Auto de Vista,  Josefina Medrano Daza, interpone Recurso de casación en el fondo, con los siguientes argumentos:

Señala que  el auto de vista  fue pronunciado sin considerar los fundamentos en el recurso de apelación de fojas 373 a 376 formulada contra la Sentencia  e interpone el presente recurso para que este Tribunal conozca  las normas violadas y aplicadas erróneamente acusadas.

Señala que en el  segundo considerando de la resolución recurrida se indicaría  que los dos presupuestos para la usucapión se habrían probado por el informe pericial, inspección  judicial y la prueba testifical que fueron uniformes y lo que se demandaría es de las alícuotas partes que tienen sus hermanos Basilio y Andrea.

Asimismo señala que en el tercer considerando del Auto de Vista recurrido  en su punto 2) se indicaría  que el informe pericial de fojas  58-59,  establecería que el bien inmueble tendría una superficie total de 334,62 mts2, con un excedente. Alternativamente manifiesta que el punto 3= del considerando de la resolución recurrida señalaría que la inspección ocular habría probado que la demandante estaría ocupando, existiendo además sembradíos.

Asimismo manifiesta que el punto 4 de dicha resolución indicaría que las declaraciones testificales no habrían probado los fundamentos demandados  y que la declaratoria de herederos es una facultad potestativa de las partes, y que en el presente caso solo se podía heredar las alícuotas partes de los  fallecidos.

En el punto 3) del recurso se denuncia que se hubiese probado que existe un excedente de 54,62 mts2 y estaría identificado en el plano adjuntado de fojas 5 y además comprobado por la inspección judicial de fojas 65 y que en la demanda se hubiese indicado con claridad  que la superficie demandada incluyendo las alícuotas partes que le correspondería a sus hermanos era de 264 mts2, individualizándose la superficie que se demanda ,dándose estricto cumplimiento al artículo 110; 138 y 1283 del Código Civil  y el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.

Denuncia que la prueba de fojas 1 a 12 no ha sido apreciado conforme el artículo 379 del adjetivo Civil  y lo dispuesto por los artículos 1330 y 1334 del Código Civil.

Reitera que las pruebas de fojas 5, la inspección judicial de fojas 65, las testificales de fojas 66 y vuelta y fojas 67 y vuelta no han sido valorados conforme a la sana crítica conforme señala el artículo 397 del adjetivo Civil y 1283 del Código Civil.

Refiere que ni siquiera el excedente de 54,62 mts2  que se ha demandado se ha declarado  probada, en virtud que en la demanda se hubiese indicado que el terreno tenía una superficie de 280 mts2  y que con el excedente se tendría una superficie total de 334,62 mts2 y que dicho excedente se habría probado su existencia y ocupación por la demandante por más de 10 años.

Por ultimo manifiesta que el auto de vista recurrido al no enmarcarse  de lo establecido por el artículo 236 del adjetivo Civil  interpone recurso de casación en el fondo en amparo del artículo 250, 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil  al existir en la sentencia de primera instancia interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, conteniendo disposiciones contradictorias y que en la prueba de cargo se incurrió en apreciación errónea de derecho como de hecho y que este Tribunal Supremo de Justicia  declare CASANDO el auto de vista de fs. 108 a 109.

CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación “anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesen al orden público”, disposición legal que guarda relación con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga el carácter de orden público a las normas procesales y por lo tanto son de cumplimiento obligatorio; asimismo, el artículo 106 del actual Código Procesal Civil, Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013, previene en su parágrafo I que :“La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente”, preceptiva puesta en vigencia por la disposición transitoria segunda numeral 4) del aprobado Código Procesal Civil, en el entendido, de que se hubieran vulnerado las garantías constitucionales de las partes o de una de ellas, o en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; como es la formulación de sus pretensiones, esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Que, analizados los antecedentes corresponde puntualizar aspectos que hacen a la obligación del juez a tiempo de administrar justicia y que los tribunales de instancia están obligados a verificar y revisar de oficio. En el marco de esa facultad fiscalizadora, corresponde puntualizar que, como estableció este Tribunal a través de los Autos Supremos 428/2010 de 6 de Diciembre de 2010; y 344/2010  de 8 de Octubre de 2010 que señala: “Que, el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, dispone que presentada la demanda en la forma prescrita, el Juez la correrá en traslado al demandado para que comparezca y conteste en el término de ley. Por el contrario, el artículo 333 del citado Código establece que, cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el Juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanaren se la tendrá por no presentada. De las normas citadas se establece que frente a la interposición de la demanda el Juez tiene el deber de efectuar un primer examen de admisibilidad, el cual, según las citadas normas, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil”.

No obstante lo que se desprende de las normas transcritas, literalmente consideradas, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad.

En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza antes a cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión, y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la Sentencia definitiva.

Respecto de las condiciones de fundabilidad, el autor argentino Peyrano señala que "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

El concepto de "improponibilidad", fue postulado por A. Morello y R. Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o mérito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto ésta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una sentencia favorable.

El rechazo in limine o ab initio de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales.

Que, de acuerdo a lo descrito precedentemente corresponde analizar el tenor de la demanda de fojas 14 a 15, aclarada a fojas 18, en la misma Josefina Medrano Daza por sí y en representación de Nicolasa Medrano de Pérez en mérito al Poder Nº 447/2008 de fecha 7 de abril de 2008, accionan al amparo de los artículos 110 y 134 del Código Civil demanda de Usucapión Decenal o extraordinaria de las acciones y alícuotas partes que le correspondiesen a su madre Sebastiana Daza Viuda de Medrano y de sus hermanos Basilio Medrano Daza y Andrea Medrano Daza del bien inmueble situado en la calle Daniel Sánchez Bustamante con el Nº 330 de la ciudad de Sucre con una superficie total  de 334,62 Mts2,  además manifiesta que existe un excedente de 54,62 mts2  y tomando en cuenta esta diferencia más las acciones que le corresponde a los tres (no individualiza o precisa)  sería un total de superficie demandada de 264 mts2, esta sería  la superficie que estarían ocupando. Además manifiesta en la aclaración de fojas 18:” que la demanda esta interpuesto también en la alícuota parte que le correspondía a mi madre Sebastiana Daza viuda de Medrano, puesto que en el  inmueble objeto de la demanda tiene la  mayor parte su derecho propietario”. 

Ahora,  en el sub lite, conforme la Certificación extendida por Derechos Reales de Chuquisaca se evidencia que son  propietarios Sebastiana Daza de Medrano, Basilio, Josefina, Nicolasa y Andrea Medrano Daza con una superficie de 280 mts2 y no se encontraría ninguna otra partida de venta u otra forma de trasferencia pendiente que se hubiese realizado, por lo que resulta que la parte actora también son  copropietarias  en acciones y derechos del bien inmueble objeto de la litis, existiendo titularidad sobre el dominio del inmueble en co propiedad , es decir existe un título  compartido entre  demandantes y demandados, en consecuencia no es posible que las actoras pretendan consolidar por vía de usucapión el derecho de propiedad de cierto porcentaje en acciones y derechos que les corresponderían a los  copropietarios Sebastiana Daza de Medrano, Basilio y Andrea Medrano Daza, pues  en lo referente a  la copropiedad conforme al artículo 167 parágrafo I del Código Civil señala: Nadie está obligado a permanecer en la comunidad y cada copropietario puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común”, norma que hace referencia al carácter de la permanencia del derecho de copropiedad, entre copropietarios en la que se faculta, que en cualquier tiempo pueda optarse por solicitar la  división de la cosa  común, que se encuentra en lo proindiviso, ya que no resulta ser atendible una pretensión de usucapión decenal sobre acciones y derechos de un bien en lo proindiviso, en consideración que sobre el total del predio, las actoras también resultan ser propietarias de todo el predio en acciones y derechos, sin que exista una delimitación de su fraccionamiento, esto implica que las demandantes por esa su razón de copropietarias, no pueden accionar la usucapión sobre bienes de la que también resultan ser copropietarias, pues no se puede demandar  porcentajes sobre acciones y derechos de uno de los copropietarios, en estado de indivisión (aun no dividido), ya que en estado indiviso todos los copropietarios tienen derecho de propiedad sobre el inmueble en sus acciones y derechos, ya que hasta que no se haya efectivizado la división, no se sabe que fracción, porción y/o lado le corresponderá en forma individual a cada propietario indiviso, aspecto que también denota que la pretensión de la demandante resulte ser improponible.

En casos análogos la Corte Suprema de Justicia de la Nación (hoy extinta), así como el Tribunal Supremo de Justicia (A.S. No. 499/2012 de 14 de diciembre de 2012) han establecido que la Usucapión no procede sobre bienes en estado proindiviso, al menos que la demanda esté dirigida en contra de todos los co-propietarios y quien pretenda usucapir no sea uno de ellos, en el caso en litis, dos de las co-propietarias del bien inmueble que se demanda son precisamente las demandantes.

Además en el caso en trámite, se interpone  usucapión decenal o extraordinario sobre el excedente de 54,62 mts2 que existiese en el bien inmueble y que el  mismo de igual forma  no  se encuentra debidamente identificado al no existir división y partición del bien inmueble, lo que conlleva que dicho excedente no identificado se encuentra dentro la co propiedad del bien inmueble y que en el  presente caso la parte actora también  es co propietaria  conjuntamente los demandados, y cuyas colindancias no se encuentran debidamente precisadas, máxime si se  argumenta  en la demanda que la madre de las actoras fuese propietaria de la gran parte del bien inmueble, en consecuencia  es necesario identificar la porción o el lugar que le correspondiese a cada co propietario.

En ese sentido la jurisprudencia ordinaria ha exhortado a los Tribunales de instancia, exigir que en los procesos de usucapión el actor a tiempo de interponer la demanda acredite mediante documentación o certificación de Derechos Reales quien es la persona que figura como titular del inmueble más el antecedente dominical que la precede, quien además está en la obligación de cumplir con otros requisitos referentes a la situación física del inmueble como ser la individualización y la ubicación exacta, superficie, colindancias y todos los datos que tengan que ver con la identificación del inmueble o fracción que se pretende usucapir.

Este Tribunal mediante el Auto Supremo Nº 334/2012 de 21 de septiembre de 2012  y Auto Supremo Nº 101/2014 de fecha 26 de marzo de 2014, ha  llegado al  siguiente razonamiento:” que el planteamiento de una pretensión de usucapión sobre acciones y derecho resulta ser una pretensión objetivamente improponible, criterio asumido también por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Por otra parte, al margen de lo expuesto precedentemente,  conforme la Certificación de fojas 10, se tiene claro la titularidad de Sebastiana Daza de Medrano, Basilio y Andrea Medrano Daza, sin embargo de ello, pese de la improponibilidad objetiva deducida precedentemente, en caso de que no se hubiera litigado una pretensión de usucapión sobre acciones y derechos, el operador judicial en el trámite del proceso le correspondía  a que  se subsane la demanda contra los verdaderos  titulares y no así a sus herederos de los mismos a los fines de que a quien se demanda sea el legitimado pasivo, además cuando se demanda sobre un excedente no se  consideró a los colindantes, a quienes puede identificárselos para efectos de la citación, dejándolos en completa indefensión respecto a cualquier derecho que pudieran reclamar a posteriori; aspecto que llama la atención, empero de ello, como en el punto anterior se ha identificado la improponibilidad objetiva de la pretensión, este parágrafo tan solo tiene carácter orientativo.

Consiguientemente, en base a los argumentos precedentemente explanados corresponde emitir anulando obrados conforme a lo previsto en los Artículos 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial ANULA obrados hasta fojas 18 (admisión de la demanda) inclusive y dispone que el Juez A quo, emita nueva resolución, en estricta observancia de lo previsto por los artículos 3 numeral 1) , 87 del Código de Procedimiento Civil y a los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

Se impone la multa de Bs. 200 al Juez de Primera Instancia y a cada uno de los vocales que intervienen en el indicado auto de vista, que les serán descontados por planilla.

Cumpliéndose con lo previsto por el artículo 17, parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.