SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                            Nº 384

Sucre:                                            5 de septiembre de 2014

Expediente:                                    SC-72-09-S

Distrito:                                            Santa Cruz     

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I.VISTOS:

1. El recurso de casación y nulidad de fojas 80 y vuelta, interpuesto por Sandra Marcela Rocha Álvarez, contra el Auto de Vista Nº 363 de 25 de julio de 2009, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de  divorcio seguido por Roberto Luis Rocabado Vargas contra la recurrente; el auto concesorio de fojas 85, los antecedentes procesales, y:

II. CONSIDERANDO:

2.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Que, tramitada la causa, la Jueza Tercero de Partido de Familia de la ciudad de Santa Cruz, emitió la sentencia Nº 09 de 14 de abril 2008, declarando probada la demanda de fojas 6 y vuelta, por la causal del artículo 131 del Código de Familia, y disuelto el vínculo matrimonial que unía a los esposos Roberto Ruíz Rocabado Vargas y Sandra Marcela Rocha Álvarez, determinando la guarda y tenencia de los hijos menores a favor de la madre, para quienes el padre deberá pasar una asistencia familiar en la suma de Bs. 700 (setecientos Bolivianos), la misma que corre a partir del presente fallo por su modificación; ninguna medida sobre bienes por no haberse acreditado su existencia y en caso de existir se procederá en ejecución de sentencia, se oficie al Registro Civil, para que proceda a la cancelación de la partida matrimonial.

En grado de apelación deducida por la demandada Sandra Marcela Rocha Álvarez, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 363 de 25 de julio de 2009, confirma la sentencia apelada, con la modificación al monto de la asistencia, que fija en la suma de Bs. 800 (ochocientos Bolivianos) mensuales para ambas. Sin costas.

La resolución de segunda instancia, motivó que la demandada Sandra Marcela Rocha Álvarez, mediante memorial de fojas 80 y vuelta, interponga recurso de casación en la forma.

III. CONSIDERANDO:

3.1. La recurrente en alusión del artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, interpone recurso de nulidad y casación en la bajo los siguientes argumentos:

Acusa que al existir menores de edad en el proceso, se debió notificar a la fiscalía y Defensoría de la Niñez, hecho que no ocurrió hasta el presente, lo que no sólo es causa de nulidad, sino que invalida todas las actuaciones procesales a partir de la falta de esos informes, que al ser terceros interesados deben intervenir todas las partes y representantes, más aun cuando se tratan de procesos ordinarios y leyes imperativas del estado y de orden público, no solo por mandato procesal como dispone el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, sino también como obligación y facultad jurisdiccional como preceptúan los artículos 378, 3 y 4 todos del Código de Procedimiento Civil.           

Finaliza su recurso solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo, vale decir hasta el estado de demanda y citaciones.

3.2. Contestación al recurso de casación:

Roberto Luis Rocabado Vargas, en la contestación al recurso manifiesta que la única autoridad para notificar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es el Juez de la causa; que por promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio Publico Nº 2175 de 13 de febrero del año 2001, y la circular de Sala Plena Nº 25/04 de fecha 21 de junio de 2004 emitida por la Corte Suprema de la Nación, indica que los procesos de divorcio se tramitaran sin la intervención del Ministerio Publico; asimismo la parte recurrente omite explícitamente citar en términos claros concretos y precisos el motivo del auto de vista recurrido; que su hija Mariana Andrea Rocabado Rocha ya no está bajo el cuidado de su madre.

3.3. Fundamentos de la resolución:

Sobre el Recurso de Nulidad o Casación en la forma.- En la tramitación de todo proceso ordinario las autoridades judiciales de instancia podrán dictar sentencia y auto de vista y este Tribunal Supremo podrá emitir el correspondiente Auto Supremo, según hayan planteado las partes recurso de apelación y casación; la emisión de dichos fallos judiciales, se realizará en el marco de lo dispuesto por los artículos 190, 236, y 254 del Código de Procedimiento Civil según los cuales en sentencia contendrá decisiones expresas que recaerán sobre las cosas litigadas, en la manera que hubieren sido demandadas, absolviendo o condenando al demandado; en caso de emitirse auto de vista, deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación y fundamentación; finalmente de pronunciarse auto supremo, se circunscribirá a lo resuelto por el inferior conforme a lo impugnado, estableciendo si las autoridades de instancia han infringido una ley o no, por violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, asimismo se revisará si en la tramitación del proceso o en la resolución impugnada se ha violado o no formas esenciales del proceso.

Traducido ello, la recurrente señala como denuncia el hecho de que las autoridades recurridas no habrían dado cumplimiento a los artículos 90, 378, 3 y 4 todos del Código de Procedimiento Civil, puesto que en la tramitación del proceso no hubiesen intervenido el Ministerio Público, así como la Defensoría de la Niñez y  Adolescencia. Al respecto, debe recordarse lo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley 2175 de 13 de febrero de 2001 o Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala que los fiscales continuarán interviniendo en aquellos asuntos "no penales" en los que a la fecha de la vigencia de dicha Ley estuvieren actuando en representación del Ministerio Público, a contrario sensu de dicha norma se tiene que la intervención del Ministerio Público no es obligatoria en procesos "no penales" (como lo es un proceso familiar de divorcio) que se hubieren iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 2175, con excepción de menores infractores, como se establece en la disposición final quinta II de dicha Ley que modifica los artículos 9 y 272 del Código Niño, Niña y Adolescente, lo que se encuentra claramente expresado en la Circular Nº 25/04 de 21 de junio, emitida por la Ex Corte Suprema de Justicia. En la especie, se tiene que este proceso ordinario de divorcio fue presentado el 11 de diciembre de 2007, como se constata en el cargo de fojas 7 de obrados, es decir que se planteó en forma posterior a la vigencia de la Ley 2175, por lo que la intervención del Ministerio Público no puede ser obligatoria al haber dejado de tener el Ministerio Público atribuciones en las causas de divorcio, en virtud del nuevo rol que cumplen los fiscales en materia penal, como emergencia del cambio legislativo que se ha operado en nuestro país a partir de la promulgación del Nuevo Código de Procedimiento Penal. Por ello, al no haber participado el Ministerio Público en la presente causa, no se ha infringido norma alguna del Código de Procedimiento Civil, tal como manifiesta la recurrente.

Con relación a la falta de intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, si bien las mismas son un servicio municipal público, permanente y gratuito para la promoción, protección y defensa psico-socio-jurídica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se debe tomar en cuenta que en un juicio ordinario como en el caso que nos ocupa, el Juez de la causa, es el único que puede ordenar la intervención de esa entidad, siempre y cuando se encuentren en conflictos los derechos de niños, niñas o adolescentes con los padres, tutores, responsables o terceras personas, para hacer prevalecer su interés superior; o para brindar orientación interdisciplinaria a las familias, para prevenir situaciones críticas y promover el fortalecimiento de los lazos familiares, cosa que no ocurrió en el presente caso, puesto que los padres de los menores en ningún momento se disputaron la tenencia de los mismos, menos se demostró la existencia de conflictos entre padres e hijos, para la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a todo ello se debe de tomar en cuenta que no existe norma expresa para la nulidad de obrados como solicita la recurrente, por la falta de intervención de dicha institución.

Sobre el Recurso de Casación en el fondo.- En cuanto al recurso de casación en el fondo la recurrente solo hace mención de este recurso en la suma, no indica en cuál de las 3 causales previstas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, se encuentran sustentadas sus denuncias, tampoco enuncia la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de ninguna norma sustantiva, ni concretiza su petitorio en torno a dicho recurso;  tomando en cuenta que el recurso de casación en el fondo, tiene como finalidad velar por la adecuada interpretación y correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales que lleguen a su conocimiento, buscando la seguridad jurídica y la igualdad de todos los miembros de la comunidad ciudadana ante la ley, tiene en otros términos, que ver con los errores "in judicando" en que haya incurrido el Tribunal ad quem, lo que decanta en su improcedencia manifiesta.

En cuyo mérito, corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-1, 271-2 y 272-2 del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava,  los  artículos 41 y 42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1, 271-2 y 272-2 del Código de Procedimiento Civil, se declara INFUNDADO el recurso de nulidad o casación en la forma, e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante a fojas 83 y vuelta de obrados, interpuesto por Sandra Marcela Rocha Álvarez. Con costas.

4.2.- Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500, que mandará hacer efectivo el Juez A quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.