SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:             Nº 381

Sucre:                             5 de septiembre de 2014

Expediente:                     O-38-09-S

Distrito:                             Oruro     

Magistrado Relator:     Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Anastasia Villca Albino Vda. de Callahuara contra el Auto de Vista Nº 086/2009 de 15 de mayo, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en el proceso de declaratoria de reconocimiento de unión conyugal seguido por Faviana Choqueticlla Pérez contra la recurrente, la consiguiente respuesta de fojas 296 a 297 vuelta, el auto que concede el mismo de fojas 298, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I: De la Relación de Causa.- Que, el Juez de  Partido, de Sentencia en lo Penal, del Trabajo y Seguridad Social, Niñez y Adolescencia de las Provincias Eduardo Avaroa, Ladislao Cabrera y Pagador del Departamento de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 18/2008 de 17 de octubre (fs. 230 a 236 vuelta), declarando probada la demanda principal  e improbada la reconvención, en consecuencia declaró judicialmente la unión conyugal libre o de hecho entre los convivientes Néstor Juan Callahuara Villca y Faviana Choqueticlla Pérez, produciéndose efectos similares a los de un matrimonio legal en cuanto a las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes; en caso de muerte se estará a lo que dispone el Código Civil en materia de sucesiones, conforme determina el artículo 168 del Código de Familia. Sin costas por ser juicio doble.

Deducida la apelación por la demandada, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro,  mediante Auto de Vista Nº 086/2009 de 15 de mayo (fojas 281 a 284 vuelta), confirmó la Sentencia apelada; con costas.

Finalmente, Anastasia Villca Albino Vda. de Callahuara, presentó recurso de casación en el fondo y en la forma el 25 de mayo de 2009 cursante de fojas 290 a 292 vuelta.

CONSIDERANDO II: De los Fundamentos del Recurso de Casación.- Que, la demandada Anastasia Villca Albino Vda. de Callahuara, en su recurso de casación en el fondo y en la forma de 25 de mayo de 2009 (fojas 290 a 292 vuelta), citando los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación al recurso de casación en el fondo acusó violación, interpretación errónea e incorrecta aplicación del artículo 194 de la Constitución Política del Estado abrogada, debiendo haberse interpretado que las uniones libres o de hecho para que surtan efectos legales necesariamente tiene que cumplir con los requisitos o reglas de capacidad para contraer matrimonio, teniéndose como uno de estos la libertad de estado, considerándose que Faviana Choqueticlla Pérez no cumplió con el mismo, ya que se encontraba casada con Cándido Martínez Mamani, tal como demostraría la documental cursante a fojas 85 y 86, lo que hacen a la violación de los artículo 63 y 410 de la Constitución Política del Estado vigente.

Así también sostuvo que, el Auto de Vista recurrido cometió una violación, interpretación errónea e incorrecta aplicación de los artículos 158 y 159 del Código de Familia ya que la demandante no tenía capacidad legal para contraer un nuevo enlace matrimonial, por lo que tampoco existió estabilidad y singularidad, tomándose en cuenta que cuando falleció su hijo la demandante seguía casada y recién canceló su partida de matrimonio el 23 de febrero de 2005, por lo que recién se habría ejecutoriado su divorcio en esa fecha.



Por lo mencionado indicó que no se tomaron en cuenta las literales de fojas 84, 85 y 86 de obrados.

Refirió que, se violó el artículo 1531 del Código Civil ya que el Auto de Vista recurrido señala que la anotación de la cancelación prevista en dicha normativa sería una formalidad no esencial, como tampoco la previsión del artículo 1534 del citado Código, que indican que en casillas especiales se anotaran las sentencias sobre invalidez del matrimonio, comprobación del mismo, separación de esposos y divorcio, y que las partidas asentadas en los registros del estado civil así como las copias otorgadas por la Dirección de Registros Públicos hacen fé sobre los actos que consten en ellas.

Respecto al recurso de casación en la forma señaló que en el proveído de 13 de diciembre de 2007 (fojas 141 vuelta) el Juez de la causa ordenó la notificación del representante del Ministerio Público, por lo que se notificó a Rafael Vargas Villegas; empero, no se notificó con la Sentencia por lo que se violó el artículo 5 del Código de Familia y 90 del Código de Procedimiento Civil.

Manifestó que, se habría infringido el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, puesto que existiría contradicción en lo pedido por la demandante y lo resuelto en la Sentencia de 17 de octubre de 2008, ya que la demanda planteada por Faviana Choqueticlla Pérez pidió reconocimiento de unión conyugal libre de hecho y en dicho fallo se consigna como una declaratoria de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho, por lo que se actuó ultra petita.

CONSIDERANDO III: De los Fundamentos de la Resolución.- que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el recurso (de casación),…:


2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258”.

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso citado precedentemente, como un requisito de contenido, señala textualmente que “El recurso (de casación)…: 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”, advirtiéndose que el precepto legal que nos ocupa contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse dentro del recurso.

Así, se tiene que el artículo 258 inciso 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

En ese sentido, de la revisión del expediente y del análisis de los antecedentes del caso concreto, se tiene denunciado por la parte recurrente que la demandante Faviana Choqueticlla Pérez no cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 194 de la Constitución Política del Estado abrogada y 158 y 159 del Código de Familia, en cuanto a la singularidad se refiere, por cuanto la nombrada contrajo matrimonio con Cándido Martínez Mamani, argumento sostenido a partir del certificado de matrimonio presentado cursante a fojas 85 como de la fotocopia adjunta a fojas 86 y vuelta de obrados.

Sin embargo, cursa en obrados a fojas 87 una certificación suscrita por la Dirección de Registro Civil del Departamento de Oruro sosteniendo que “…se encuentra registrado el matrimonio de CANDIDO MARTINEZ MAMANI con FAVIANA CHOQUETICLLA PEREZ, partida cancelada en fecha 23 de febrero de 2005 en merito a sentencia de fecha 25 de febrero de 1993, Dr. Emiliano Araoz, Juez de Partido de las provincias Pantaleon Dalence y Poopó” (sic), documental que fue considerada por el Tribunal de apelación, puesto que textualmente se tiene en el Auto de Vista recurrido “…la certificación de fojas 87 da cuenta de la cancelación de la indicada partida de matrimonio en fecha 23 de febrero de 2005 en mérito a la Sentencia de 25 de febrero de 1993 pronunciada por el Dr. Emiliano Aráoz, Juez de Partido de las Provincias Pantaleón Dalence y Poopó” (sic).

Ahora bien, es necesario remitirnos a lo que establece el artículo 141 del Código de Familia, respecto a que toda sentencia de divorcio disuelve el matrimonio desde el momento en el cual se declara su ejecutoria, por lo que si bien, la demandante no procedió a la cancelación de la partida de matrimonio, como lo refieren los artículos 1531 y 1534 del Código Civil, pese a que contaba con una Sentencia de divorcio sino hasta después del fallecimiento de Néstor Juan Callahuara Villca, la Sentencia de 25 de febrero de 1993 no deja de tener sus efectos legales, más aun como se dijo cuándo la misma se encuentra pasada en autoridad de cosa juzgada, entendiéndose como una formalidad la cancelación de la partida de matrimonio, en ese sentido este Tribunal Supremo de Justicia no encuentra violación alguna al artículo 194 de la Constitución Política del Estado Abrogada ni de los artículos 63 y 410 de la Norma Suprema vigente, más al contrario en el Auto de Vista en cuestión se efectuó una correcta interpretación y aplicación de dicha normativa, máxime al haber tomado en cuenta el Tribunal ad quem que justamente la certificación de la Dirección de Registro Civil, precedentemente citada, da cuenta que en el “…Libro Nº3, Partida Nº 10 de fecha 16 de marzo de 1991, se encuentra registrado el matrimonio de CANDIDO MARTINEZ MAMANI con OLGA QUISBERTH HUAYTA” (sic), por cuanto en el Auto de Vista recurrido se señaló: “…que Cándido Martínez Mamani hubiere contraído nuevas nupcias en 1991”(sic), aspectos que demuestran que el Tribunal de apelación efectuó una valoración integra de la documental extrañada por la parte recurrente para emitir el fallo correspondiente.

Por otro lado, en efecto a fojas 141 vuelta el Juez de la causa dispuso la notificación del representante del Ministerio Público “…con todo lo obrado” (sic) al amparo del artículo 5 del Código de Familia; empero, dicho proveído fue un exceso del nombrado Juez, puesto que tomando en cuenta la Ley 2175 de 6 de febrero de 2001 que tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Ministerio Público, dentro de sus facultades no se estipula la de participar en los procesos de divorcio, por lo que corresponde innecesaria la intervención de dicha institución en los procesos familiares.

Finalmente, respecto a que existiría contradicción entre lo resuelto en la Sentencia de 17 de octubre de 2008 y lo pedido en la demanda planteada por Faviana Choqueticlla Pérez, por cuanto se declaró el reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho en dicho fallo y la demandante solicitó el reconocimiento de unión conyugal libre de hecho, corresponde señalar que dicho argumento no deja a un lado el tema de fondo en sí; es decir, el motivo del planteamiento de la demanda, teniéndose este aspecto como un error de forma al presentarse la demanda, por cuando el proceso siguió su curso justamente para determinar si correspondía o no probados los argumentos de las partes que participaron en el proceso, por lo que la falta de una letra en la demanda no altera el fondo de lo pedido y lo resuelto en la mencionada Sentencia.

Del razonamiento precedentemente citado, corresponde emitir fallo conforme a la previsión de los artículos 271 inciso 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 inciso 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículo 271 inciso 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Anastasia Villca Albino Vda. de Callahuara, cursante de fojas 290 a 292 vuelta; con costas.

Se regulan honorarios profesionales en Bs. 1000.- para efectos de costas procesales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.