SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:            Nº 370

Sucre:                            5 de septiembre de 2014

Expediente:                    LP-86-09-S

Distrito:                            La Paz     

Segunda Magistrada:   Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Pascuala Mercado Maidana, José Emilio Mercado, Olga Plata Mercado y Fernando Plata Mercado, cursante de fojas 399 a 401, contra el Auto de Vista Nº 386 de 17 de octubre de 2008, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, en el proceso ordinario doble, sobre división y partición,  seguido por Betzabe Lidia Plata de Calderón en contra de los recurrentes y otra, la contestación, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 354 a 357 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Décimo Tercero en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró probada en parte la demanda interpuesta por Betzabe Lidia Plata de Calderón, en relación  a la división y partición y venta judicial e improbada en cuanto a la asignación de frutos civiles, de fojas 5; declaró también improbada la demanda reconvencional de daños y perjuicios planteada por Olga Plata Mercado a fojas 22; improbada en todas sus partes la contra demanda interpuesta por José Emilio Mercado de fojas 24; improbada la acción reconvencional, incoada por Fernando Plata Mercado a fojas 26; se condena en costas a Pascuala Mercado y sin costas a los otros codemandados. En consecuencia dispuso la venta judicial del inmueble ubicado en calle R.P. Julio Sánchez Nº 653, con una superficie de 384 Mts.2, inscrito en Derechos Reales  con el folio real Nº 2.01.0.99.0067820, para que con el producto de la venta sea repartido en partes iguales a Pascuala Mercado, Emilio Mercado, Magdalena Mercado, “Bethsabe” Plata Mercado, Olga Plata Mercado y Fernanda Plata Mercado.   

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 386 de 17 de octubre de 2009, de fojas 392 a 393 vuelta, se confirmó la sentencia apelada y la resolución Nº 17/2008 de 16 de enero de 2008, cursante de fojas 354 a 357, con costas.  

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 399 a 401, Pascuala Mercado Maidana, José Emilio Mercado, Olga Plata Mercado y Fernando Plata Mercado, interpuso recurso de casación en el fondo, que se compendian a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- En el recurso de casación se denuncia que el Auto de Vista habría sido dictado sin escuchar los fundamentos expuesto en el recurso de apelación, alegando que no tiene la  correspondencia y congruencia que previene el artículo 236 del Código Procesal; añade que esta norma no prevé que el Auto de Vista deba fundamentar o ampliar la fundamentación por las partes y que sienten que hubo una aplicación y fundamentación de parte del Tribunal que no manifestaron ninguna de las partes, excediéndose en sus atribuciones y dejan entrever una parcialización a favor de la actora.

Hace referencia a la prueba pericial dispuesta por el Juez a quo después de tres meses de haberse producido la audiencia de conciliación y de que se le pidió sentencia, y se queja que no fue escuchado por el juez haciendo referencia a la notificación con la designación, da cuenta que la actora propuso prueba pericial, que pero por su abandono no la hizo producir que, a tiempo de ofrecer el peritaje no ha expresado los puntos de la pericia y que lo hizo después violando el artículo 431-1 del Código Procesal. Añade que es paradójico que el Juez acudiendo a su facultad de producción de pruebas produzca esta prueba determinante ( refiriéndose al peritaje) supliendo el descuido, la negligencia, el abandono de la parte, caso en el que no es aplicable el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, y denuncia la violación de dicha norma legal en la sentencia y en el Auto de Vista y que en ambas instancias se hizo el reclamo de la aplicación errónea por extemporánea de esa norma, empero no fueron escuchados.

Dando cuenta que en el Auto de Vista existe una pequeña referencia a su expresión de agravios y fundamentación concluye señalando que disponer y producir una prueba de oficio después de tres meses está fuera de contexto y atenta a los principios de celeridad y suena a favoritismo, parcialidad y suple la negligencia de la parte que la ofreció.

Denuncia la aplicación errónea del artículo 198 del Código de Procedimiento Civil sobre la condenación en costas a la demandada Pascuala Mercado Maidana, alegando que en procesos dobles no procede condenación en costas y que en este caso es evidente que fue un proceso doble.

Finalmente pide que se le conceda el recurso de casación para su consideración. 

3.2.- Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito de fojas 405 y vuelta, Juan Carlos Zegarra, en representación de Betzabe Lidia Plata de Calderón, contesta al recurso de casación pidiendo que sea declarado infundado.

3.3. Fundamentos del Fallo.-  Según la  doctrina procesal, el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

Con relación al recurso de casación, ya sea en la forma o en el fondo, o en ambos, El Tribunal Supremo (en todos los casos) efectúa dos juicios; primero el juicio de procedencia del recurso de casación, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos formales impuestos por ley y el que no se presente ninguna de las causales de improcedencia; y en segundo lugar, siempre y cuando dicho recurso supere el juicio de procedencia, se realiza el juicio de fundabilidad o mérito del recurso, pronunciándose sobre el fondo de las denuncias.

Precisamente sobre el cumplimiento del juicio de procedencia, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia Nº 0001/2013-L, de 4 de enero de 2013, señala “el Tribunal de casación previo a la resolución de la problemática planteada debe verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 258 del citado Código, conforme se expuso en el Fundamento Jurídico III.5.1, pues dicha labor no hace más que plasmar el principio de legalidad previsto por el artículo 180.I de la CPE; desarrollado en la SC 1639/2010-R de 15 de octubre, que reiterando el entendimiento asumido en la SC 062/02 de 31 de julio, mencionó: “Que, el principio de legalidad en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por la ley…”. Así, para el cumplimiento de los fines previstos para el recurso de casación es necesario que el recurso planteado precise la ley o las leyes que se consideran violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, de ser posible en una redacción clara y didáctica para evitar que el Tribunal de casación se aparte de los puntos cuestionados, conforme prevé el artículo 258 inciso 2) del CPC, ya que sólo de esta manera se podrá delimitar el accionar del Tribunal de alzada y exigir luego el pronunciamiento sobre cada uno de los puntos que fueron cuestionados por las partes -pertinencia de las resoluciones judiciales conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.5.1 del presente fallo-; es decir, el deber de las autoridades demandadas de pronunciarse sobre lo resuelto por el inferior y los fundamentos expresados en el recurso de casación…”

Tenida cuenta que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia de segunda instancia; en reiterados fallos, verbi gratia el Auto Supremo Nº 70 de 11 de febrero de 2003, entre otros, que marcan línea jurisprudencial, la entonces Corte Suprema de Justicia, ha dejado delineado que el recurso de casación, según el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, podrá ser en el fondo y en la forma; el primero está reservado para los casos enumerados en el artículo 253 del mismo cuerpo legal, en tanto que el segundo procede por violación de las formas esenciales del proceso, cuando la sentencia o auto de vista recurrido hubiere sido dictado en los casos previstos en el artículo 254 del mismo adjetivo.

Ahora bien, por mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, en el recurso no solo se debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que  también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.  

En mérito al principio dispositivo que rige en el  proceso civil, el recurrente delimita el Thema decidendum del fallo casacional, pues el Tribunal limitará su pronunciamiento a las alegaciones esgrimidas por el recurrente en el recurso, que a la sazón se constituye en el acto de constitución del recurso extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo el requisito de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo 258-2) del Código Adjetivo Civil; pues dicha norma contiene un imperativo en propio interés del recurrente, ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el Tribunal ingrese a resolver el fondo del asunto, pues en tal caso el recurso deviene en improcedente, por mandato del artículo 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, si bien es cierto que el recurso se encuentra presentado dentro del plazo legal, que los recurrentes intervinieron en las instancias y que  previamente apelaron de la sentencia, que el Auto impugnado se encuentra dentro de las resoluciones recurribles de casación; sin embargo el recurso de casación es manifiestamente defectuoso, pues los recurrentes, en su recurso de casación en el fondo, no denuncian alguna de la modalidades de error de juzgamiento en que pudieran haber incurrido los jueces de instancia, contrariamente se quejan de que el Auto de Vista hubiera sido dictado sin escuchar los fundamentos de su apelación, que en el Auto de Vista se habría ampliado los fundamentos de las partes, que no fueron escuchados sobre el reclamo que efectuaron en ambas instancias respecto a  la extemporaneidad de la prueba pericial de oficio, ya que no era aplicable el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil porque la facultad contenida en dicha norma legal  no es  para suplir el descuido, la negligencia o el abandono de la partes y dando cuenta previamente que la prueba pericial de cargo no pudo producirse por su deficiente ofrecimiento ya que no presentó los puntos de la pericia, acusando la violación del artículo 431-I del Código procesal; es decir denuncia errores de procedimiento como son los relativos a la congruencia y la fundamentación de la fallo, olvidando que dentro del recurso de casación en el fondo solo puede examinarse errores de juzgamiento, eso es relativos al fondo del litigio y a la aplicación del derecho sustantivo, pero de ninguna manera errores de procedimiento; si los recurrentes pretendían cuestionar la prueba ( en su admisión, producción y valoración), debieron tener presente que la apreciación probatoria es facultad privativa de los jueces de instancia, que por regla general no puede ser revisada en sede casacional, a menos que se denuncie error de hecho o errores de derecho en su apreciación, en la forma prevista por el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil, lo cual no ha acontecido en el caso en examen, lo que impide al Tribunal Supremo reexaminar la actividad probatoria a la que se alude.

Si bien es cierto que se denuncia aplicación errónea del artículo 198 del Código Procesal respecto a la condena en costas en primera instancia a Pascuala Mercado Maidana; sin embargo, la denuncia resulta incompleta, como todas las denuncias del recurso, ya que los recurrentes omiten concretar su petitorio, pues no señalan cual es el  pronunciamiento que pretenden del Tribunal casacional, ya que se limitan únicamente a pedir la concesión del recurso. Así planteado el recurso, precisamente en mérito al principio de congruencia, el cual compele a los Jueces y tribunales a pronunciarse en estricta correspondencia con el pedido de las partes, al no existir dicho pedido, no es posible que el Tribunal Supremo ingrese a examinar el fondo de dicha denuncia.

En mérito a las consideraciones precedentes, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR  TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por  la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numerales 1) y 272-2) del Adjetivo Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 399 a 401 de obrados, interpuesto por Pascuala Mercado Maidana, José Emilio Mercado, Olga Plata Mercado y Fernando Plata Mercado,  cursante de fojas 399 a 401, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.

Primera Magistrada Relatora Dra. Ana Adela Quispe Cuba, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.