SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:            Nº 369

Sucre:                            5 de septiembre de 2014

Expediente:                    LP-84-09-S

Distrito:                            La Paz     

Segunda Magistrada: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación o nulidad, interpuesto por Alejandra Toque Canaza Vda. de Chipana, de fojas 698 a 702; el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Eugenia Silva Garnica y Teresa Silva Garnica de fojas 709 a 710 vuelta; y el recurso de casación o nulidad, interpuesto por María Chipana Toque, de fojas 714 a 720 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 343 de 21 de septiembre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario doble sobre nulidad de escrituras y otros documentos, seguido por Eugenia Silva Garnica y Teresa Silva Garnica en contra de Alejandra (Alejandrina) Toque Vda. de Chipana, Julieta Silva de Chávez y herederos de Emiliano Chipana Mayta, las contestaciones, los antecedentes y;

II.CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 563 a 566 vuelta de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró probada en parte la demanda de fojas 36 e improbada la acción reconvencional de fojas 110 y 162, sin costas y dispuso la nulidad de las Escrituras Públicas Nº 179/68 de 9 de abril de 1968 y Nº 42/80 de 30 de diciembre de 1980, referido a la compra venta del lote de terreno de 90 Mts.2, otorgado por Jacinto Silva Blanco e Inés Garnica de Silva a favor de Emilio Chipana Mayta y Alejandrina Toque de Chipana y aclaración y ratificación de dicha venta suscrita por Julieta Silva, María Eugenia Silva y Teresa Silva Garnica en favor de los adquirentes. 2) la cancelación de las partidas registradas Nos. 500, fojas 500 del libro 1ro “B” de 10 de abril de 1968 y partida Nº 3, fojas 3 del libro 1ro “B” de 3 de enero de 1981; y la habilitación en Derechos Reales de la partida original Nº 1678, fojas 1489 del libro 1ro. “A” de 16 de agosto de 1961, así como la reivindicación del mismo a favor de la parte actora previa determinación del valor comercial actualizado tanto del lote de terreno y sus construcciones a ser pagado a los adquirentes del bien inmueble; y sin lugar a la devolución de frutos civiles ni al resarcimiento de los daños y perjuicios supuestamente ocasionados, por no haberse demostrado los mismos como corresponde.  

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior  de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 343 de 21 de septiembre de 2007, se confirmó la sentencia apelada.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 698 a 702, Alejandra Toque Canaza Vda. de Chipana interpuso recurso de casación o nulidad; Eugenia Silva Garnica y Teresa Silva Garnica, por memorial de fojas 709 a 710 vuelta, interpusieron recurso de casación en el fondo; y María Chipana Toque, mediante escrito de fojas 714 a 720 vuelta,  interpusieron recurso de casación o nulidad, que a continuación se compendian.

III.CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- La recurrente Alejandra Toque Canaza Vda. de Chipana, en su recurso de casación o nulidad denuncia que la resolución que resuelve las excepciones previas de litispendencia y prescripción cursante de fojas 171 y 172, ha sido emitida fuera de plazo por lo que el juez habría incurrido en pérdida de competencia y violado lo dispuesto por el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil; denuncia también que no se habría cumplido con lo dispuesto por el artículo 55-I del Código de Procedimiento Civil; que no consta en obrados el acta de juramento de desconocimiento de domicilio previsto en el artículo 124 del Código de Procedimiento e invoca los artículos 252, 254 inc.7) del Procedimiento Civil y alega que el Tribunal ad quem no ha cumplido con lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley de Organización Judicial y el artículo 252 del Código Adjetivo Civil; que no se ha subsanado el vicio advertido por el Auto de Vista 075/2002 de declararse la rebeldía antes de designarse defensor de oficio; que el Juez a quo incumplió con lo determinado por el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, lo que no ha sido considerado por el Tribunal ad quem. Finalmente pide que se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

Los recurrentes Eugenia Silva Garnica y Teresa Silva Garnica, denuncian que  es falso que no esté probada la mala fe de los compradores, pues además de demostrar la falsedad y suplantación de firmas y digitales se han descrito el trámite  de reconocimiento de firmas doloso, la cual no se apoyó en ninguna norma adjetiva y sustantiva, que dirigen la acción contra un tercero ajeno y no hacen publicar el edicto contra otros sucesores que pudieran tener los esposos Silva-Garnica, no consta la ejecutoria del auto de reconocimiento en rebeldía, no señalan el domicilio de los demandados, no se demanda al testigo por la digitación de su madre y precisamente en estos vicios de nulidad radica la mala fe y alega que estos fundamentos no fueron considerados en la sentencia, su auto complementario ni en el auto de vista ni en su complementario; es decir que se deje sin efecto el pago del valor comercial del terreno que nunca nadie recibió dinero alguno y dispone que se les pague los daños y perjuicios demandados.

Denuncia la violación del artículo 300 del Código Civil Santa Cruz, ya que esa norma nunca refiere al valor comercial, no refiere a la devolución del terreno, ya que legalmente ese terreno nunca salió del patrimonio de los propietarios sino vía falsificación de documentos y aclaran que no se niegan a devolver las construcciones previo peritaje, pero nunca procede la devolución del valor del fundo o terreno; añade que esa norma es concordante con el artículo 129 del actual Código Civil, desconocida por el Juez a quo y el Tribunal ad quem y alega que las instancias actuaron ultra petita al disponer que paguen del terreno lo que nunca ha sido mencionado ni solicitado por los adversos y finalmente pide que se case el Auto de Vista.

Por su parte María Chipana Toque, en su recurso de casación o nulidad denuncia que la resolución que resuelve las excepciones previas de litispendencia y prescripción cursante de fojas 171 y 172, ha sido emitida fuera de plazo por lo que el juez habría incurrido en pérdida de competencia y violado lo dispuesto por el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil; denuncia que  se ha notificado con las excepciones previas a las demandadas Alejandra Toque Vda. de Chipana, Julieta Silva de Chávez y la parte demandante, sin cumplir la admisión de la demanda; denuncia también que no se habría cumplido con lo dispuesto por el artículo 55-I del Código de Procedimiento Civil; que no consta en obrados el acta de juramento de desconocimiento de domicilio previsto en el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil  y no se ha declarado la rebeldía de los herederos e invoca los artículos 252, 254 inciso 7) del Procedimiento Civil y alega que el Tribunal ad quem no ha cumplido con lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley de Organización Judicial y el artículo 252 del Código Adjetivo Civil; que no se ha subsanado el vicio advertido por el Auto de Vista 075/2002 de declararse la rebeldía antes de designarse defensor de oficio; que el Juez a quo incumplió con lo determinado por el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, lo que no ha sido considerado por el Tribunal ad quem. Finalmente pide que se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

3.2. Contestación al Recurso de Casación.- Eugenia Silva Garnica y Teresa Silva Garnica, contestan al recurso de casación interpuesto por Alejandra o Alejandrina Toque Vda. de Chipana, alegando que dicho recurso de casación no reúne los requisitos previstos en el artículo 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, que la recurrente tenia conocimiento de este proceso, que confunde la interpretación del artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, que es cuando en pleno proceso uno fallece no como Chipana que no fue demandado sino sus herederos, pide que se tenga presente los principios de especificidad, trascendencia y convalidación, finalmente pide que se declare la improcedencia del recurso.

Con relación al recurso de casación interpuesto por María Chipana, alega que dicho recurso no cumple con los requisitos previstos en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, que la tardía notificación mediante edictos  o la omisión de juramento no causa ningún perjuicio ni daño, que se debe considerar los principios de especificidad, transcendencia y convalidación y que no existe nulidad pendiente y finalmente sostiene que el recurso es improcedente e infundado.

María Chipana Toque, responde al recurso de casación de fojas 708 a 710, alega que el recurso de casación planteado por las demandantes, no cumple con el requisito previsto por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, pues no establece con claridad la norma violada, que es copia fiel de su recurso de apelación; que no ocurre error de hecho ni error de derecho y que no es evidente que existiera mala fe y premeditación con la labración de los testimonios labrados y que su madre ha probado la buena fe en la compra del inmueble; que el artículo 300 del Código Civil Santa Cruz en su párrafo segundo  refiere a la actualización de su precio y por consiguiente de su valor comercial; finalmente pide que se declare infundado dicho recurso. Sobre el recurso de casación de Alejandra Toque Canaza Vda. de Chipana dice que lo contesta afirmativamente.

Alejandra Toque Canaza, responde al recurso de casación  planteado por la demandantes, alegando que el recurso de casación planteado por las demandantes, no cumple con el requisito previsto por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, pues no establece con claridad la norma violada, que es copia fiel de su recurso de apelación; que no ocurre error de hecho ni error de derecho y que no es evidente que existiera mala fe y premeditación con la labración de los testimonios labrados y que su fallecido esposo y ella han tenido que erogar pagos en contra y favor de los ahora demandantes, y que ha probado la buena fe en la compra del inmueble; que el artículo 300 del Código Civil Santa Cruz en su párrafo segundo  refiere a la actualización de su precio y por consiguiente de su valor comercial; finalmente pide que se declare infundado dicho recurso

3.3. Fundamentos del Fallo.- Así planteados los recursos, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

Respecto de los recursos de casación  interpuestos por Alejandra Toque Canaza Vda. de Chipana y María Chipana Toque.- Con relación al recurso de casación, ya sea en la forma o en el fondo, o en ambos, el Tribunal Supremo, efectúa dos juicios; primero el juicio de procedencia del recurso de casación, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos formales impuestos por ley y el que no se presente ninguna de las causales de improcedencia; y en segundo lugar, siempre y cuando dicho recurso supere el juicio de procedencia, se realiza el juicio de fundabilidad o mérito del recurso, pronunciándose sobre el fondo de las denuncias.

Precisamente efectuando el juicio de procedencia al que se alude, debe tenerse presente que según la  doctrina procesal, el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. Se trata de una demanda nueva de puro derecho, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia de segunda instancia.

Tenida cuenta que el recurso extraordinario de casación no constituye una tercera instancia, no todas las resoluciones de segunda instancia pueden ser impugnadas en casación, o dicho desde otra perspectiva, la legislación civil boliviana sigue el sistema de relación cerrada o “numerus clausus”, en cuanto a las resoluciones recurribles de casación, de manera tal que dicho recurso únicamente procede contra las resoluciones enunciadas en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, de ahí su denominación de extraordinario.

Por disposición del artículo 272-1) del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación es improcedente en los casos previstos por el artículo 262 del mismo Código Adjetivo Civil. Precisamente el articulo 262 -2) Ídem, prevé como caso de improcedencia el siguiente: “Cuando pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de este recurso ordinario”.

En el caso en examen  se evidencia que Alejandra Toque Canaza fue notificada con la sentencia y auto complementario en fecha 29 de mayo del 2003 y presento su apelación en fecha 11 de junio del 2003; es decir presentó su apelación fuera de plazo de 10 días previsto en el artículo 220-1) del Código de Procedimiento Civil,  tal es así que el Tribunal ad quem, por esa causa, no se pronunció sobre dicha alzada. Consiguientemente no existe apelación válida interpuesta por Alejandra Toque Vda. de Chipana, lo cual implica que dicho recurso de casación se encuadra en la causal de improcedencia prevista en el artículo 262-2) referido por el artículo 271-1, ambos del Código de Procedimiento Civil, pues  no habiendo apelado válidamente de la sentencia no le está permitido recurrir de casación, dado que en la legislación civil boliviana no se encuentra permitido el salto de instancia.

La situación de la recurrente María Chipana Toque, es similar, pues no consta en obrados que dicha demandada haya interpuesto recurso de apelación contra la sentencia, razón por la cual igualmente no le está permitido recurrir de casación, la cual deviene en improcedente por mandato de los artículos 271-1) con relación al 262-2) del Código de Procedimiento Civil.

Con relación al recurso de casación en el fondo interpuesto por las demandantes Eugenia Silva Garnica y Teresa Silva Garnica.- En dicho recurso se hace referencia a que el Juez a quo y el Tribunal ad qem no habrían considerado los hechos que demostrarían la actuación dolosa de los compradores. El recurso de casación no es una tercera instancia, sino un juicio de puro de derecho, pues la definición de los hechos y por consiguiente la valoración de la prueba, por regla general, es atribución exclusiva de los jueces y tribunales de instancia, de manera tal que la revisión de la apreciación probatoria en sede casacional solo es posible excepcionalmente cuando se denuncia error de hecho o error de derecho en la apreciación probatoria, en la forma prevista por el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil, lo cual no acontece en el caso en examen, pues los recurrentes renuevan sus argumentos sobre la prueba de la mala fe de los compradores sin denunciar , ni fundamentar error de hecho o error de derecho en la apreciación de la prueba.

Respecto a la denuncia de violación y aplicación errónea del artículo 300 del Código Civil Santa Cruz. La citada norma legal, dispone “Si el propietario prefiere la conservación de las construcciones y plantaciones, debe pagar el valor de los materiales y el precio del trabajo, sin atender al mayor o menor aumento de valor que el fundo haya podido recibir de ellos. Sin embargo si las construcciones, plantaciones y labranzas han sido hechas por un tercero desposeído, que no haya sido condenado a la restitución de los frutos por su buena fe, el propietario no podrá pedir supresión de dichas obras, plantaciones o construcciones, pero podrá elegir o pagar el valor de los materiales y el precio del trabajo, o pagar una suma igual a aquella en que se ha aumentado el valor de su fundo.”

El recurrente alega que dicha norma legal no se refiere al valor comercial, no refiere a la devolución por el terreno.

Como se advierte en la sentencia el Juez a quo ha invocado el artículo 300 parte in fine del Código Civil abrogado, en alusión a la mejoras introducidas (construcción de tres plantas). El Juez a quo ha fundado su determinación en la segunda hipótesis prevista en dicha norma legal que concede al propietario del terreno la opción de elegir entre pagar el valor de los materiales y el precio del trabajo o pagar una suma igual a aquella en que se ha “aumentado el valor del fundo”, con ésta última expresión evidentemente se hace referencia al precio del inmueble en el  mercado, es decir a su valor comercial, de lo cual resulta que no es evidente que los jueces de instancia  hubieran violado o aplicado erróneamente la norma legal en examen, respecto a la determinación relativa a las mejoras.

Con relación a la devolución por el terreno, la sentencia de marras no invoca explícitamente el artículo 300 del Código Civil abrogado como fundamento de la disposición de devolución del valor del terreno, razón por la cual tampoco hay posibilidad de violación o aplicación errónea de dicha norma legal.

Finalmente en cuanto a que la decisión que ordena la devolución del valor del terreno fuera ultra petita porque no fue mencionada ni pedida por sus adversos, el Tribunal Supremo no ingresa a examinar el fondo de la denuncia en razón a que la misma constituye un error de procedimiento que correspondía ser denunciado dentro del recurso de casación en la forma y de ninguna manera dentro del recurso de casación en el fondo, como se lo ha hecho erróneamente.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde resolver el recurso de casación en el fondo conforme a lo previsto por los artículos 271- 2) y 273   del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava,  los  artículos 41 y  42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1 y 2), 272-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE El recurso de  nulidad, cursante de fojas 698 a 702 de obrados, interpuesto por Alejandra Toque Canaza Vda. de Chipana, con costas; IMPROCEDENTE el recurso de nulidad, cursante de fojas 714 a 720 vuelta, interpuesto por María Chipana Toque, con costas; e INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 709 a 710 vuelta, interpuesto por Eugenia Silva Garnica y Teresa Silva Garnica, con costas.

4.2.- Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Primera Magistrada Relatora Dra. Ana Adela Quispe Cuba, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.