SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:           Nº 366

Sucre:                           29 de agosto de 2014

Expediente:                   C-66-09-A

Distrito:                           Cochabamba     

Magistrado Relator:  Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en el fondo de fojas 378 a 380, interpuesto por Norma Yolanda Corro Barrientos contra el Auto Interlocutorio de 01 de agosto de 2009, cursante de fojas 371 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro el proceso Ordinario de Anulabilidad de Venta seguida por la recurrente en contra de su hermana Eliana María René Corro Barrientos, la respuesta al recurso de fojas 382 a 383, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I.- De la relación de la causa: que, el Juez Quinto de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, mediante Auto de fojas 332 a 333, de fecha 23 de abril de 2005, declaró PRESCRITA la Acción Ordinaria.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de fecha 1 de agosto de 2009, cursante de fojas 371 y vuelta, CONFIRMÓ el Auto apelado de fojas 332 a 333. Con costas.

A fojas 376, se evidencia que la recurrente Norma Yolanda Corro Barrientos en fecha 21 de agosto de 2009, fue notificada con el Auto Interlocutorio cursante de fojas 371 y vuelta emitido en fecha 1º de agosto de 2009, y como consecuencia de ello, la recurrente en fecha 29 de agosto de 2009, formuló Recurso de Casación en el Fondo (fojas 378 a 380), es decir que el recurso fue presentado dentro del término establecido en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II.- Denuncias del Recurso de Casación en el Fondo: que, la recurrente fundamenta su recurso en el artículo 256-3) del Código de Procedimiento Civil de acuerdo a los siguientes puntos: que, no es cierta la aseveración que realizó el Auto Interlocutorio recurrido, el cual indicó que “a partir del 12 de mayo de 1998, se efectuó el computo de la suscripción y reconocimiento de firmas, aseverando que esa fue la fecha en que se concluyó el contrato y que la demanda fue trabada el 05 de marzo de 2004, fojas 11, transcurriendo 5 años, 9 meses más o menos”. Que, no es cierta la aseveración que realizó el Auto Interlocutorio, pues la fecha del contrato, no ha concluido y para ello, la recurrente transcribe un concepto de Concluir: “Se tiene acabar o finalizar algo”. Que, el contrato no fue concluido por no existir aún la falta del pago de precio pactado de Bolivianos Quinientos 00/100 (Bs. 500), y por otra la entrega del bien inmueble, como Condiciones esenciales para la Conclusión del Contrato y por ello la Redacción y Suscripción del Contrato de fecha 12 de mayo de 1998 y la demanda presentada después de más de cinco años y nueve meses, no cumple con el requisito principal para dicha Prescripción. Que, el Auto recurrido ha aplicado erróneamente lo determinado en el artículo 556-I) y 519 del Código Civil, al computar el plazo desde la suscripción del contrato en fecha 12 de mayo de 1998, como contrato concluido y sólo se refiere a la forma que contiene dicho contrato y no toma en cuenta el fondo, cuyo objeto principal es la entrega del bien inmueble por una parte y el pago del precio por otra, como causa principal de la conclusión del contrato. Que, no se cumplió la condición del contrato, pues no existe el comienzo y el computo de la Prescripción de acuerdo a lo determinado en los artículos 1493 y 1494 del Código Civil. Que, el Auto Interlocutorio recurrido, señaló como derechos no ejercidos los determinado en los artículos 1492-I), 1493, 1497, 1498 y 1507, olvidándose de la Interrupción de la Prescripción prevista en el artículo 1505-2) del Código Civil, al no haberse cumplido con la condición como es el pago del precio como acreedora de ese dinero y la entrega de la cosa, donde operaba el artículo 556-I) del Código Civil.        

CONSIDERANDO III.- De los Fundamentos jurídicos del Fallo: que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el recurso (de casación),…: 2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258”.

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso antes mencionado, a la letra indica que: “El recurso (de casación) deberá citar en términos claros, concretos y preciso, sic.., la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.

Como se puede advertir, el precepto legal contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse al interior del recurso.

Así, se tiene que el mencionado artículo 258 inciso 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del Tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

Con estos antecedentes de orden doctrinal y del desentraño y cotejo del recurso de casación, se llega a las siguientes conclusiones:

Con referencia al Recurso de Casación en el Fondo se tiene que:

De la revisión del proceso señalado en el exordio se tiene que, el Auto Interlocutorio recurrido cursante de fojas 371 y vuelta, al resolver el recurso de apelación de fojas 338 a 341 vuelta, ha atendido todos los puntos que fueron objeto del recurso de apelación, para ello se refiere que: “la Acción de Anulabilidad es Prescriptible” Sic.. y para ello cita el artículo 55-I) del Código Civil, el cual dispone: “La Acción de Anulabilidad Prescribe en el plazo de cinco años contados desde el día en que se concluyó el contrato”, y en el caso de autos se tiene que; “a partir del 12 de mayo de 1998, se efectuó el computo de la suscripción y reconocimiento de firmas, y que esa fue la fecha en que se concluyó el contrato y que la demanda fue trabada en fecha 05 de marzo de 2004, (fojas 11), habiendo transcurrido un plazo de 5 años y 9 meses más o menos.

Con referencia a la conclusión de la fecha del contrato, el Auto Interlocutorio recurrido ha tomado como fecha de conclusión el 12 de mayo de 1998, y esta aseveración ha sido tomada en cuenta por las documentales cursante en obrados de fojas 1-1 vuelta y 3-3 vuelta, documentación en la cual se puede observar que los documentos fueron redactados, suscritos y reconocidos en fecha 12 de mayo de 1998 y es desde esa fecha que se computó y debe computarse el plazo para la prescripción, previsto en el artículo 556-I) del Código Civil, por lo que el recurso intentado en este punto deviene en infundado.

El contrato de fojas 1-1 vuelta y 3-3 vuelta, fue concluido en la misma fecha de su redacción, suscripción y reconocimiento, prueba de ello es que ambas partes firman en señal de conformidad y de manera posterior proceden a realizar el reconocimiento de firmas por ante el Notario de Fe Pública de Primera Clase Dr. Guido Valdivieso Zegarra.

En cuanto a la denuncia realizada por la recurrente en la cual afirma que, el Auto Interlocutorio recurrido hubiera señalado como derechos no ejercidos los determinado en los artículos 1492-I), 1493, 1497, 1498 y 1507, dicha afirmación resulta no ser cierta ni evidente, pues de la revisión minuciosa de dicho Auto, no se encuentra en ninguna parte lo afirmado por la recurrente. Por lo que el recurso intentado en este punto resulta Infundado.

Entonces diremos que del desentraño del Auto Interlocutorio recurrido, se tiene que los Vocales suscriptores de dicho Auto, han efectuado un examen correcto de todas las pruebas en su conjunto.

En consecuencia y por los fundamentos expuestos precedentemente este Tribunal de Justicia no advierte ninguna violación de los artículos denunciados por el recurrente; por lo que el recurso intentado por la recurrente deviene en Infundado.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 378 a 380, interpuesto por la recurrente Norma Yolanda Corro Barrientos. Con costas.

Se regula el honorario profesional en Bs. 1000 que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese notifíquese y devuélvase.