SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                         Nº 365

Sucre:                                         29 de agosto de 2014

Expediente:                                 SC-64-09-S

Distrito:                                         Santa Cruz     

Segundo Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS:

1.- EL recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Freddy Adolfo Burgoa Zalles y María del Rosario Carlota Sebastián de Burgoa, de fojas 155 a 158 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 98 de 25 de marzo de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble sobre cumplimiento de contrato transaccional, seguido por Jorge Landivar Roca en representación de Eugenia Vásquez de Landivar, en contra de los recurrentes,  la contestación, los antecedentes y;

CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 127 a 131 vuelta, el Juez de Partido Séptimo en lo Civil y  Comercial de la ciudad de Santa Cruz, declaró probada la demanda principal de fojas 43 a 47, en todas sus partes, y en consecuencia dispuso que los demandados deben cumplir lo convenido en el “Contrato transaccional” de fojas 8 a 11,  así como el documento complementario de cumplimiento parcial de acuerdos. De igual modo determinó que en el cumplimiento del contrato formal de compraventa de fojas 19 a 20, se incorpore al patrimonio de Inter Tradde Ltda. el inmueble a que se refiere, en cuanto a lo pagado y se proceda de igual modo a su división conforme a lo acordado, más pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia. Asimismo se declara probada en parte la demanda reconvencional de fojas 54 a 57, solo en cuanto al cumplimiento del contrato y no en lo demás, sin costas.  

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, confirmó la sentencia apelada y el auto complementario de 7 de mayo de 2008, con costas en ambas instancias.   

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 155 a 158 vuelta, Freddy Adolfo Burgoa Zalles y María del Rosario Carlota Sebastián de Burgoa, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, que se compendia a continuación. 

CONSIDERANDO.- Fundamentos de la Resolución: que, en su tramitación el recurso de casación se sujeta a las reglas previstas en los artículos 257 al 282 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el artículo 90 parágrafo I del mismo código adjetivo civil dispone que “Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley”.

En la revisión del proceso y previo a emitir pronunciamiento en la forma o fondo del recurso de casación y de advertirse la existencia de motivos de nulidad que afecten al orden público, que se hubieren o no denunciado, el juez o tribunal de casación de oficio está facultado a declarar la nulidad reponiendo hasta el vicio más antiguo. Superada esa etapa, corresponde el análisis del recurso de casación en la forma a efectos de verificar la existencia de infracción a las formas esenciales -vicios procesales- del proceso denunciadas por el recurrente y finalmente ingresar al recurso de casación en el fondo, en razón a que no tendría sentido analizar el fondo cuando existe vulneración a normas procesales.

La nulidad es entendida como la sanción por la cual la ley priva de efectos a un acto jurídico, en materia procesal Eduardo Couture, señala: “Siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico mediante las cuales se hace el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por ley”, formalidades que hacen al debido proceso y garantía de respeto a derechos a fundamentales.

Generalmente la nulidad de un acto procesal opera a pedido de parte cuya interposición podrá hacerse en cualquier etapa del proceso en que se presente la infracción a la norma procesal. También podrá darse de oficio conforme manda el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 106 del Código Procesal Civil, al prescribir la nulidad de oficio por inobservancia a la norma procesal o infracción al orden público, esto significa la facultad conferida por la Ley para que el juez o tribunal que conozca en grado de casación la causa revise de oficio, sin necesidad de pedido de parte, el proceso con la finalidad de resguardar el respeto a las normas procesales establecidas, cuyo cumplimiento de acuerdo al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, es obligatorio. Lo que sin duda se traduce en el resguardo y materialización de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes intervinientes en el proceso y asegurar una correcta administración de justicia. Cabe resaltar que esta facultad privativa conferida por la ley para invalidar un acto procesal de oficio, es aun al margen del recurso de casación conforme previene el artículo 258 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil.

Es decir que, el recurso de casación podrá plantearse en el fondo y en la forma de manera simultánea, pudiendo el Tribunal de Casación, previo a efectuar el análisis sea en la forma o en el fondo, revisar de oficio si en el transcurso de la tramitación de la causa se infringieron normas procesales que afecten el orden público y que amerite la nulidad de obrados por existir afectación a derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes.

Dicho de otro modo, el juez o tribunal de casación está facultado por expresa disposición del artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 106 del Código Procesal Civil, a anular o invalidar de oficio todo proceso en cual advierta inobservancia a la norma procesal o infracción a las formas procesales que interesan al orden público, sin ingresar o pronunciarse sobre el recurso de casación en el fondo o en la forma, cuya finalidad, como se dijo precedentemente, es precautelar por el respeto a las normas procesales que son de cumplimiento obligatorio tendientes a efectivizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes y que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad a efectos de asegurar una correcta administración de justicia.

En el marco de estas disposiciones y por otro lado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la Sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ese mismo sentido el artículo 1451 del Código Civil, prevé que lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes.

Que, el litisconsorcio sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto.

Que, en ese marco, de la revisión del proceso se evidencia que de fojas 43 a 47, Jorge Landivar Roca y Maria Eugenia Vásquez de Landivar interpusieron demanda de 20 de abril de 2007, sobre cumplimiento de contrato transaccional y de sus documentos complementarios, nulidad de contrato de compra venta de 28 de julio de 2001, daños y perjuicios, dirigiendo su acción en contra de Freddy Adolfo Burgoa Zalles y María del Rosario Carlota Sebastián de Burgoa, demanda que fue admitida por el Juez de la causa el 25 de abril de 2007, conforme consta a fojas 49. Empero en la misma demanda, los actores inscriben respecto el inmueble en litis que “en el contrato de compra venta definitivo que se realiza en fecha 28 de julio de 2001, aparece GUILLERMO GONZALO CLAURE PINEL, en representación de NELSON REMBERTO CLAURE PINEL,…, y FREDDY ADOLFO BURGOA SEBASTIAN en representación de INTERNATIONAL CORPORATIÓN BOLIVIA S.R.L. (I.C.B. SRL.)…. …aquí aparece otro beneficiario, que es INTERNATIONAL CORPORATIÓN BOLIVIA S.R.L. (I.C.B. SRL), representado por FREDDY ADOLFO BURGOA SEBASTIAN…. …, con lo cual el anterior traspaso del Departamento de Achumani, edificio Granada 7mo. piso en la ciudad de La Paz a favor de INTERNATIONAL CORPORATIÓN BOLIVIA S.R.L. (I.C.B. SRL) es nulo de pleno derecho”, adjuntando al efecto de fojas 17 a 18: “CONTRATO DE COMPRA VENTA” del inmueble en litis, suscrito entre Guillermo Gonzalo Claure Pinel en representación de Nelson Remberto Claure Pinel e International Corporatión Bolivia S.R.L. (I.C.B. SRL) representado por Freddy Adolfo Burgoa Sebastian.

Que, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil establece que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio; y, las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas.

Que, de lo expuesto, se tiene que la demanda de fojas 43 a 47, fue interpuesta exclusivamente en contra de Freddy Adolfo Burgoa Zalles y María del Rosario Carlota Sebastián de Burgoa, sin considerar que la sentencia que recaiga sobre la demanda, también afectará indudablemente los derechos de Nelson Remberto Claure Pinel, International Corporatión Bolivia S.R.L. (I.C.B. SRL) y Freddy Adolfo Burgoa Sebastian; de ahí que correspondía al Juez a quo integrarles a la litis, a los efectos del artículo 194 del Código Adjetivo Civil, al no haberlo hecho incumplió el deber que le impone el artículo 3 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, por permitir que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad. Por su parte, le correspondía al Tribunal ad quem advertir este vicio y anular obrados disponiendo la integración a la litis de Nelson Remberto Claure Pinel, International Corporatión Bolivia S.R.L. (I.C.B. SRL) y Freddy Adolfo Burgoa Sebastian, omisión que se encuentra sancionada con nulidad prevista por el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido del anterior artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y del actual artículo 106 parágrafo I del Código Procesal Civil.

Que, los Jueces y Tribunales de alzada deben tener presente que la integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados importa que deban ser sometidos al proceso, además que debe ser tarea no sólo de las partes, sino del Juez a quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad. Sólo así, las decisiones que adopte, serán útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada alcanzarán a todos y a quienes deriven sus derechos de aquélla, tal como lo impone el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta la admisión de 25 de abril de 2007, de fojas 49, inclusive, a efectos de que se integre a la litis a Nelson Remberto Claure Pinel, International Corporatión Bolivia S.R.L. (I.C.B. SRL) y Freddy Adolfo Burgoa Sebastian. Con responsabilidad por no ser excusable la omisión del Juez a quo y Tribunal de alzada, que se gradúa en Bs. 300 per cápita, descontable de sus haberes.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primera Magistrada Relatora Dra. Elisa Sánchez Mamani, de cuyo proyecto fue disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.