SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:           Nº 354

Sucre:                           27 de agosto de 2014

Expediente:                   C-185-11-S

Distrito:                           Cochabamba    

Magistrada Relatora:  Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 206  a 207 interpuesto por Nicolás Torrez Cruz e Hilaria Gutiérrez Rojas, contra el Auto de Vista cursante a fojas 204 y vuelta, de fecha 27 de septiembre de 2011, pronunciado por la Sala Civil Primera de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de  Reivindicación, Declaratoria de Mejor Derecho Propietario, seguido por Margarita Meneses de Michel contra Nicolás Torrez Cruz e Hilaria Gutiérrez Rojas, la contestación al recurso de fojas 209 a 212, los antecedentes del proceso, y el auto de concesión del recurso de fojas 225; y,

CONSIDERANDO I:        

ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que tramitada la causa el Juez de Partido Octavo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba  pronunció la Sentencia de fecha 8 de agosto de 2006 (fojas 163 a 167), declaró PROBADA  parcialmente la demanda de fojas 19 a 20, sin costas. PROBADAS las excepciones Perentorias de fojas 46 vuelta y 66 opuestas contra la reconvención; IMPROBADA la pretensión de Resarcimiento por Hechos Ilícitos, así como los daños y perjuicios, IMPROBADAS las  excepciones opuestas por los demandados a fojas 41 vuelta e IMPROBADA la reconvención de fojas 41. A consecuencias ordena: a) La reivindicación, restitución y entrega por parte de los demandados del lote objeto de la Litis a favor de la demandante en el plazo de 10 días de ejecutoriada la sentencia, bajo conminatoria de lanzamiento; b) Se declara el mejor derecho propietario de Margarita Meneses de Michel sobre el indicado inmueble.

Deducida la apelación por los demandados, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba mediante Auto de Vista  de fecha  27 de septiembre de 2011 (fojas 204 y vuelta), CONFIRMA  la sentencia apelada, con costas.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN: Ante la resolución de vista, la demandante interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, con argumentos que se resumen inmediatamente:

Indica que en el Auto de Vista recurrido, no hizo una valoración adecuada de los datos del proceso y menos de la Sentencia, la misma que fue apelada en sujeción al artículo 227 del Código de Procedimiento Civil al existir agravios en su contra. Desconociéndose el legítimo derecho de posesión por más de 10 años y que en dicho bien inmueble se introdujo mejoras de acuerdo a sus necesidades y posibilidades económicas, desconociéndose lo establecido  por los artículos 1286 y 1453 del Código Civil  al no haberse valorado las pruebas cursantes en obrados.

Denuncia que las apreciaciones del Auto de Vista recurrida no se adecua a la verdad, pretendiendo favorecer a quien no corresponde, por no existir argumento valedero que permita privarlos del legítimo derecho que tuviesen sobre el bien inmueble y que constituyese su único patrimonio como bien ganancial.

Asimismo denuncia que la Magistrada Relatora de la resolución recurrida Dra. Virginia Rocabado Ayaviri  conocía la situación de su familia al ser Juez de Primera Instancia que admitió la demanda  y que estuvo bajo  su dirección la sustanciación del Proceso, la recepción de todas las pruebas  y fundamentalmente  el acta de inspección ocular y desconociendo estos factores  pronuncio la resolución recurrida, violando principios legales y lo establecido por el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el artículo 3 de la Ley 1760 y el  Articulo 316 del adjetivo civil aplicable por analogía, no  se excusó  de la causa la Vocal relatora.

Por último, manifiesta que  conforme el artículo 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, solicitando que este Tribunal Supremo disponga la casación y anule la resolución recurrida.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: Que, el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, que al igual del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación “anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público”, disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga calidad de orden público a las normas procesales y por tanto el cumplimiento obligatorio de las partes, a través de la sucesión de actos procesales desarrollados dentro del proceso, asimismo, el artículo 106 del actual Código Procesal Civil, en ese ámbito, se tienen las siguientes consideraciones:

En el recurso en examen y de una revisión atenta y cuidadosa de los antecedentes procesales, se advierte lo siguiente:
Que, Nicolás Torrez Cruz e Hilaria Gutiérrez Rojas  mediante  escrito de fojas 41 a 42 de obrados interpone demanda reconvencional de usucapión decenal o extraordinaria, figura jurídica prevista por el artículo 138 del Código Civil, intentando adquirir la propiedad del inmueble ubicado en la zona Tamborada, Lote Nº 39  con una superficie de 369 metros cuadrados, acción que interpuso contra  Margarita Meneses de Michel y presuntos interesados, para lo cual adjunta prueba literal cursante a fojas 22 a 40, con la argumentación que se pretende despojar del único bien ganancial que  tiene en posesión en forma  quieta, pacifica, ininterrumpida por más de 15 años y que al principio ese lote constituía un promontorio de basurales y sin ninguna construcción y que en la actualidad realizaron mejoras y una inversión de $us. 12.000.-Sin embargo la autoridad Jurisdiccional admite  la  demanda reconvencional mediante decreto de fojas 14 de marzo de 2002, solamente corriendo en traslado a  la parte contraria constituida por Margarita Meneses de Michel y a presuntos interesados, disponiendo para los últimos la citación por edictos de Ley.

Que,  cuando se plantea  una demanda  de esta naturaleza,  el actor debe necesariamente dirigir su demanda contra el verdadero titular del bien inmueble que se pretende usucapir o contra los herederos del mismo, toda vez que el sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura en el registro de Derechos Reales como titular del bien, para lo cual además debe acompañar a la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es el titular del inmueble contra quien se pretende que se opere el efecto extintivo de la usucapión no siendo procedente la acción de usucapión contra personas desconocidas o presuntos propietarios; en ese sentido la jurisprudencia ordinaria ha exhortado a los Tribunales de instancia, exigir que en los procesos de usucapión el actor a tiempo de interponer la demanda acredite mediante documentación o certificación de Derechos Reales quien es la persona que figura como titular del inmueble más el antecedente dominical que la precede, quien además está en la obligación de cumplir con otros requisitos referentes a la situación física del inmueble como ser la individualización y la ubicación exacta, superficie, colindancias y todos los datos que tengan que ver con la identificación del inmueble o fracción que se pretende usucapir.

Se tiene el razonamiento también; que en caso de que el inmueble que se somete a demanda de usucapión pertenezca a más de un titular, el actor debe determinar en forma precisa ese aspecto identificando a los titulares de esas fracciones que se verían afectados y dirigir la demanda contra ellos, siendo de vital importancia que los propietarios y terceros que tengan interés cierto, conozcan a plenitud de la acción intentada a efectos de que estén a derecho y asuman defensa si ven por conveniente, de lo contrario se llegaría a vulnerar el debido proceso dejando en estado de indefensión al titular del inmueble, aspecto que la ley castiga con la nulidad.

En el caso de Autos, la parte demandada, interpuso demanda reconvencional de usucapión decenal o extraordinaria alegando tener posesión por más de 15 años del inmueble contra  la demandante Margarita Meneses de Michel y dirigiendo también contra presuntos interesados, y mediante providencia de fecha 14 de marzo de 2002 cursante a fojas 42 vuelta se dispone la citación mediante edictos, sin establecer y menos acreditar si dicha superficie se encuentra o no registrada en Derechos Reales, cual su antecedente dominial, quien el titular o titulares del total o parte de esos terrenos que se verían afectados con la usucapión demandada.  

Es así que también el origen del vicio procesal se encuentra en la interposición de la demanda misma, la cual no se encuentra dirigida solamente  contra  la  propietaria registral del inmueble que se pretende usucapir, ni mucho menos cumple con los requisitos de especificidad que debe contener con respecto a la identificación del titular del derecho que se pretende usucapir para efectos de instaurar válidamente el proceso, siendo esta la causa y razón fundamental que amerita la nulidad de obrados; pues si el actor decide adquirir un bien ajeno por prescripción adquisitiva usucapión- resulta absolutamente lógico y razonable que desde el inicio mismo del proceso quede establecido y determinado con total claridad quien se verá afectado con dicha pretensión y por mandato legal se encuentra compelido a dirigir su demanda contra el verdadero titular del inmueble que pretende usucapir y los Jueces de grado están en la obligación de exigir para que se cumpla con esa obligación, garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho a la defensa a la persona o personas que verían afectadas en su derecho de titularidad. 

En el caso presente y como se tiene indicado líneas arriba, el  demandado dirige su demanda reconvencional  de usucapión contra presuntos propietarios desconocidos, bajo el argumento de” que es inaudito e inadmisible que personas inescrupulosas munidos de instrumentos apócrifos pretendan despojarnos de nuestro único bien ganancial que poseemos en forma quieta, pacifica, ininterrumpida por más de 15 años……”; al margen de ello,  tampoco presentó la certificación de Derechos Reales que acredite quien es el titular del terreno requisitos que son indispensables para efectos de establecer la calidad de sujeto pasivo de la acción, toda vez que cuando la Sentencia declara probada la demanda de usucapión, genera la extinción del derecho propietario para su titular, razón por la cual es indispensable conocer quién es el titular registral del inmueble y dirigir la demanda contra esa persona poniendo en su conocimiento la existencia de la misma para que asuma su defensa si así ve por conveniente.

Que,  por otro lado de igual modo no se notificó como obliga la ley a la comuna municipal a efectos legales fundamentados también en esta resolución,   permitiendo la sustanciación del proceso con una serie de vicios procesales que amerita la anulación de obrados hasta la admisión de la demanda reconvencional .

La jurisprudencia nacional, en armonía con tal precepto legal, señala: "... Usucapión-Citación al Gobierno Municipal. El artículo 131 de la Ley  Nº 2028 de 28 de octubre de 1999 imperativamente dispone que en todo proceso de usucapión (sea ordinaria o extraordinaria) sobre bienes inmuebles susceptibles de ser adquiridos mediante este medio derivativo previsto en los artículos 110 y 134 al 138 del Código Civil, debe citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses Municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad. La finalidad de este mandato de la ley es poner a cubierto el patrimonio inmobiliario de una Municipalidad, a fin de que si es afectado asuma defensa y no quede en indefensión.

En consecuencia tratándose del instituto de usucapión, en todo proceso de esta clase, así se trate de usucapión ordinaria o extraordinaria, sobre bienes inmuebles, obligatoriamente deberá citarse al Gobierno Municipal, bajo pena de nulidad, como imperativamente manda el artículo 131 de la Ley de Municipalidades, que a la letra dice: "....En todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad....", de donde se colige, con meridiana claridad, que dicha normativa no prohíbe ni limita la competencia de los jueces de partido en materia civil para conocer procesos de usucapión dirigidos contra personas privadas en los cuales una alcaldía "en función de los intereses municipales" pueda "constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado"; es decir, a mayor abundamiento, aquella norma reconoce, implícitamente, la competencia de los jueces para conocer una demanda de usucapión dirigida contra una persona privada o particular, así como expresamente reconoce el derecho del municipio para conocer esa demanda y constituirse en parte si considera tener algún derecho sobre el bien objeto de la demanda.
Pero eso no es todo, el hecho de que aquella norma disponga la necesaria intervención de una alcaldía en los procesos de usucapión y pueda ésta constituirse en parte directamente interesada en el proceso, no libera a la alcaldía que se constituya en parte de la obligación procesal de probar, en el trámite de la causa, el derecho que arguye y reclama sobre el bien inmueble cuya usucapión se pretende, obligación probatoria que debe hacerlo en las mismas condiciones que el demandante y el demandado, en estricta observancia del principio de igualdad procesal.

De lo fundamentado, se concluye que los  reconvencionistas han omitido por completo cumplir con los requisitos de admisibilidad para la viabilidad de este tipo de demandas, mismos que se tienen descritos de manera extensa en la presente Resolución, y más aún se extraña la falta de citación oportuna al Gobierno Municipal de Cochabamba con la demanda reconvencional de usucapión interpuesta por los recurrentes, conforme  se acreditan  de los antecedentes del proceso, circunstancias que implican la violación  de los presupuestos legales y a efectos de sustanciar la demanda reconvencional de usucapión, es de inexcusable cumplimiento, situación no advertida por el tribunal de segunda instancia y que amerita la nulidad de obrados.

Por todo lo anteriormente señalado, corresponde emitir Resolución en la forma prevista por los artículos 271 numeral  3) y 275 del Código de Procedimiento Civil. 

       POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial ANULA obrados hasta fojas 42 vuelta inclusive, (admisión de la demanda) y dispone que el Juez A quo, emita nueva resolución, en estricta observancia de lo previsto por los artículos 3-1) y 87 del Código de Procedimiento Civil y a los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo, con responsabilidad de multa tanto al Juez de Primera Instancia como a los Vocales signatarios del auto recurrido que se gradúa en Bs. 100.- a cada uno de ellos, descontable por habilitación.

Cumpliendo con el artículo 17 IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al consejo de la magistratura.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.