SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:           Nº 353

Sucre:                           27 de agosto de 2014

Expediente:                   CH-7-11-S

Distrito:                           Chuquisaca    

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 288 a 290 vuelta, interpuesto por Claudia Méndez Olivera contra el Auto de Vista Nº SCII-347/2010, de fojas 282 a 285 vuelta, de fecha 23 de diciembre, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal, interpuesto por Oscar Taboada Vedia, en representación de Ramón Reyes Beltrán y Crescencia Vargas Ibarra de Méndez contra Claudia Méndez Olivera, el Auto Constitucional Plurinacional N° 208/2014 de fojas 440 a 448, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.-

Tramitada la causa, el Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de las Provincias Nor y Sud Cinti Camargo, de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, pronuncia Sentencia Nº 22/06 de fecha 8 de abril de 2006, de fojas 176 a 179 vuelta, que declara probada la demanda de fojas 18 vuelta, sin costas, y reconoce a favor de los demandantes Ramón Reyes Beltrán, y Cresencia Vargas Ibarra Vda. de Méndez, así como a los herederos y/o causahabientes del que en vida fuera Abel Méndez Rivera, el derecho propietario por usucapión decenal o extraordinaria, sobre el lote de terreno ubicado en la calle 25 s/n de la localidad de San Lucas, provincia Nor  Cinti del departamento de Chuquisaca, colindancias y demás características especificados en el referido memorial de demanda de fojas 18 y vuelta del cuaderno procesal, bien inmueble que cuenta con una superficie total de 468 m2.; disponiéndose en ejecución de autos, se libre provisión ejecutoria de inscripción, encomendando su cumplimiento al Señor Sub Registrador de Derechos Reales de las provincias Nor y Sud Cinti del departamento de Chuquisaca, previa protocolización ante cualquier Notaría de Fe Pública de Chuquisaca de la demanda de fojas 18 y vuelta de obrados; todo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1540, incisos 13) y 15) del Código Civil.

Deducida la apelación por la parte demandada, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, pronuncia el  Auto de Vista Nº SCII-347/2010, de fojas 282 a 285 vuelta, que confirma en forma total la sentencia, con costas.

Que, pronunciado el Auto de Vista referido, la demandada Claudia Méndez Olivera interpone recurso de casación en el fondo, bajo los argumentos expresados allí:

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.-

El Justiciable viene en referir que se viene en interponer recurso de casación  en el fondo denunciando que existe una sesgada y errada valoración de prueba documental y testifical que conlleva a una interpretación y aplicación errada del artículo 138 del Código Civil.

Que el Auto de Vista N° 39 de 5 de febrero de 2006 anula sentencia estableciendo que las declaraciones de fojas 74 vuelta 76, y fojas 105 no son uniformes porque algunos señalan que Cresencia juntamente a su esposo Abel Méndez Rivera han poseído el terrero motivo de la Litis y no así del otro demandante. Que la prueba de fojas 82 a 86 de obrados no han sido considerados menos mencionados en Sentencia error que afecta el orden público de conformidad con el articulo 15 Ley del Órgano Judicial artículos 90 y 252 del Código de Procedimiento Civil.

Que el Auto de Vista recurrido con referencia a la prueba testifical y documental en su último considerando valora en forma errada y segada  señalando: a) El Tribunal Ad quem en resolución señala que las pruebas aportadas  han probado indubitablemente  que se ha poseído el inmueble a usucapir por más de 10 años de manera pública, pacífica y continua.  Denuncia que al igual a la sentencia se incurre en defectuosa valoración  de prueba documental y testifical siendo que los demandantes Ramón Reyes Beltrán y Cresencia Vargas Ibarra de Méndez en su demanda reconocen quien pago los impuestos anuales es Abel Méndez Rivera  que es una tercera persona ajena al proceso, en vida esposo de Cresencia Vargas Ibarra Méndez. En referencia a sus pruebas testificales la testigo de cargo Celia Cardozo Barrios refiere que los ahora demandantes vienen trabajando desde 25 años atrás  un terreno ubicado en la calle 25 de mayo de San Lucas,  es decir mucho más antes de que la demandada hubiera comprado  el terreno en fecha 6 de abril de 1983. Que en la demanda ni otro actuado se hace referencia que los demandantes estuvieran continuando la posesión del causante Abel Méndez Rivera, mucho menos Ramón Reyes Beltrán que por ser colindante trata de apropiarse del inmueble. Por lo que existe mala valoración de prueba quebrantando los artículos 375 1) artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, con relación a los artículos  1283, 1286, 1320 y 1330  del Código Civil.    

b) El Auto de Vista sustenta que los recibos que se presentan acreditan la negligencia  de la propietaria al no cumplir con sus obligaciones impositivas por 5 años probando la insistencia de la posesión de la demandante hecho apreciado como confirmación del abandono del lote de terreno.  Sobre este punto el Auto de Vista nada dice las cuales se hallan registrada a nombre de Abel Méndez Rivera un tercero que no es parte del proceso. Por lo que existe vulneración de artículo 375 i y artículo 397  del Código de Procedimiento Civil, con relación a los artículos  1283, 1286, 1320 y 1330  del Código Civil.     

c) el Auto de Vista refiere que la inspección constató que se poseyó el inmueble por 10 años y que los residuos de cultivo muestran indubitablemente que este terreno se encontraba siendo utilizado en la agricultura. Denunciando que para llegar a ese razonamiento debió practicar análisis de carbono 14 para establecer que esos residuos datan de 10 años atrás  de lo contrario no es posible establecer que los demandantes estén en posesión del inmueble, valorándose pesimamente la inspección judicial. Vulnerándose los artículos 375 y 397  del Código de Procedimiento Civil, con relación a los artículos 1283, y 1286 del Código Civil     

d) Las testificales acreditan la posesión de animus y corpus de los demandantes y no de los demandados.  Denunciando que no se hizo una cabal individualización de los sujetos procesales  creando una confusión, a efectos de incluir a un tercero que no es parte del proceso  Abel Méndez Rivera.

e) El Auto de Vista sustenta que el animus fue acreditado por la pretensión de los demandantes siendo sucesores del primer detentador. Denuncia que ello no fue demandado ni tomado como punto a probar y de oficio establece que hay un primer detentador Abel Méndez Rivera lo cual se podría aceptar en referencia a su esposa Cresencia Vargas Ibarra Vda., de Méndez empero no de Ramón Reyes Beltrán quien es ajeno a Abel Méndez Rivera. Que el Auto de Vista señala que los demandantes son simples detentadores y no poseedores por lo que no hay derecho a Usucapir animus menos corpus del mismo.

Solicitando se Case el Auto de Vista  y declare improbada la demanda  en atención de los artículos 253 numerales 1) y 3); 274 ellos del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Interpuesto el recurso por Claudia Méndez Olivera, en consideración a los lineamientos y principios del nuevo orden constitucional y lo establecido en la SCP 2210/2012, se pasan a considerar dicho recurso interpuesto:

A este fin corresponde recordar que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, es indelegable y de orden público. El poder jurisdiccional del Estado que se atribuye al conjunto de jueces, sean estos ordinarios o especializados está limitado en razón de su competencia, que se determina mediante parámetros claramente establecidos en  los artículos 11 y 12 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 glosados supra. Al ser la competencia la medida de la jurisdicción también es de orden público, indelegable y nace únicamente de la ley.

La Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996 - Ley INRA -, creó la judicatura agraria con jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrario y otros que le señale la ley; en ese sentido según el artículo 39 numeral 8) de la citada Ley, la jurisdicción agraria sólo tendría competencia para conocer acciones reales sobre la propiedad agraria. No obstante, el artículo 23 de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que sustituyó los numerales 7 y 8 del Parágrafo I del citado artículo, reconoce como competencia de la judicatura agraria: 7) Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de fundos agrarios, para otorgar tutela sobre la actividad agraria; 8) Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria. (el subrayado y negrilla nos corresponde).

En consecuencia, la normativa citada reconoce competencia a los jueces agrarios, para el conocimiento de las acciones personales, reales y mixtas, que deriven de la propiedad, posesión y actividad agraria, norma que debe ser entendida en sentido amplio, no existiendo justificativo alguno para  efectuar una interpretación restringida de la misma, máxime cuando se encuentran vigentes principios y garantías que coadyuvan en una administración de justicia  en la que se garantiza  la prontitud y oportunidad, amén de que la competencia en razón de materia de ninguna manera resulta delegable.

Por obrados se tiene, que el predio objeto del presente recurso, se encuentra en la localidad de San Lucas inmueble ubicado  en la calle 25 de Mayo s/n de la provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca, y que el mismo tiene una extensión superficial de  468 mts.2 la cual durante  las gestiones de 1997 a 2003 en impuestos fue honrado por Abel Méndez Rivera (ver folios 38 a 44) cuya esposa es la ahora demandante Cresencia Vargas Ibarra Vda. de Méndez, no haciendo dicha literal referencia alguna al otro co-demandante Ramón Reyes Beltrán quien reconoce tener un inmueble contiguo al terreno en litigio, por un lado y por otro se tiene que, ciertamente los testigos coinciden con el antecedente que los demandantes habrían trabajado más de diez años dicho terreno, así en la sentencia se fundamenta lo siguiente: “…testigos de cargo al responder a la pregunta 5 y 7 del cuestionario de fojas 68 y 95  en forma uniforme  y conteste señalan en su orden: Es evidente que el lote de terreno poseído por Ramón Reyes y Cresencia Vargas Vda. De Méndez lo trabajan haciendo siembras anuales de cholo y maíz (…) trabajándolo por más de 10 años sembrando maíz (…) El lote poseído por ramón reyes y Cresencia Vargas lo trabajan por más de 10 años…sembrando y cosechando maíz…”; asimismo, el Auto de Vista contiene el fundamento “…la inspección judicial, el juez ha podido constatar que se ha poseído el inmueble por diez años, pues los residuos de cultivo de maíz muestran indubitablemente que ese terreno  se encontraba siendo utilizado en la agricultura…” aspecto referido por la recurrente,  es decir de las dos citas de las resoluciones se tiene que el acto posesorio lo habrían efectivizado realizando actividad agraria PRO LABORE aspectos que no han sido advertidos ni considerados por el Juez A quo y  Ad quem a tiempo de dictar Resolución.

A este fin debemos diferenciar que en materia agraria y en materia civil en referencia a la usucapión, en la primera tiende a procurar que la tierra cumpla su función social-económica en beneficio si o si de la colectividad, en tanto la usucapión civil procura satisfacer el principio jurídico de la seguridad en su aspecto de certeza.  La primera, usucapión agraria se desarrolla en el derecho agrario más dinámico, el otro lo hace en un campo más estático el derecho civil.  En la usucapión agraria  se protege, se estimula  y premia  el trabajo en la tierra otorgándole la calidad de propietario, en la usucapión civil no es necesario dicha explotación del terreno. Ciertamente en ambas se requiere que la posesión sea pública, pacifica e ininterrumpida, pero como dijimos en la usucapión agraria tiene el componente la explotación económica del inmueble, como en el presente caso el terreno habría sido utilizado para la  agricultura de siembra de maíz, conforme señalan los testigos de cargo, la inspección de visu e incluso la propia demanda de fojas 18 y vuelta,  que textualmente " que inclusive vienen trabajando el lote de terreno con sembradíos de toda índole".  Podemos también decir entonces que en el derecho agrario el trabajo es el fundamento de la usucapión, por ello el animus está caracterizado por la intención de apropiarse económicamente de los frutos producidos en el bien inmueble. En tanto en el derecho civil el animus es conservar para sí o para otro el bien.

La buena fe, que es necesaria en el derecho civil es irrelevante en el derecho agrario porque la misma es sustituida por la necesidad. De lo expuesto la actividad agraria PRO LABORE de explotación del inmueble para obtener productos no fue considerado, por cuanto dichos presupuestos no encajarían dentro la usucapión en el ámbito civil.

De obrados se evidencia que Juez A quo ni el Juez Ad quem vinieron a percatarse que dicha actividad agraria PRO LABORE encuentra perfecta actividad probatoria en el ámbito del derecho agrario, empero no en materia civil.

En esa relación de dar respuesta a las denuncias contenidas en su recurso de casación diremos que conforme al artículo 1286 del Código Civil  la pruebas  deben ser apreciadas por el juzgador de acuerdo a la valoración que le otorga la ley, más si esta no determina otra cosa, podrá hacerlo conforme a su prudente criterio, sobre la base de tales antecedentes corresponde preguntarse si los jueces de instancia han tomado en cuenta lo prevenido la respuesta es negativa,  así en referencia a la denuncia de pago de impuestos desde las gestiones de 1997 a 2003 la cual implicaría el abandono de su derecho propietario de la recurrente, se tiene que dicha contribución tributaria estaría acreditado sólo de 7 gestiones anuales y no de 10 años, concluyendo por ello equivocadamente que la misma habría confirmado el abandono, al margen de ello, el pago de impuestos se encuentran a nombre de Abel Méndez Rivera, aclarando que las últimas gestiones se canceló el 2005 tras la muerte del mismo,  conforme a la declaratoria de herederos, asumiendo derechos del de cujus Cresencia Vargas Ibarra Vda.de Méndez,  no teniéndose información del otro demandante Ramón Reyes Beltrán, y que extrañamente la certificación de folios 6, señala que Abel Méndez Rivera y Ramón Reyes Beltrán cumplirían pago de impuestos, llegando a la conclusión que el tribunal de apelación a incurrido en indebida aplicación e errónea interpretación de la norma denunciada, a no haber valorado ni apreciado la prueba aportada al proceso conforme lo establecido al artículo 1283, 1286 y 1320 del Código Civil y 397 de su procedimiento.

Por los fundamentos expuestos se concluye que el tribunal de apelación al confirmar la sentencia de primera instancia no obró correctamente, ni valoró con sujeción a la ley los antecedentes y la prueba cursantes en obrados, en cuya consecuencia corresponde dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de los artículos 271 numeral 4 y 274 del Código Adjetivo Civil, en el fondo CASA el Auto de Vista Nº SCII - 347/2010 de fecha 23 de diciembre de 2010, de fojas 282 a 285 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Chuquisaca hoy Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca,  y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda de Usucapión decenal o extraordinaria de fojas 18 y vuelta interpuesta por Oscar Taboada Vedia y Cresencia Vargas Ibarra Vda. de Méndez.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.