SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                   Nº 334

Sucre:                                  15 de agosto de 2014

Expediente:                           SC-63-09-S

Distrito:                                Santa Cruz  

Magistrada Relatora        Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 197 a 201, interpuesto por María Belza Céspedes Vda. de Vaca, por sí, y en representación de Roger, Miguel Ángel, María Raquel y Mariel todos ellos de apellido Vaca Céspedes en contra el Auto de Vista N° 147 de fecha 11 de mayo de 2009 de folios 193 a 194, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la que fue Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, hoy Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de Nulidad de Contrato, más pago de daños y perjuicios, seguido por los ahora recurrentes contra Lorgio Núñez Vaca, los antecedentes del proceso, el Auto de concesión del recurso de fojas 204; y,

CONSIDERANDO I:

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitada la causa, el Juez Sexto de Partido Ordinario en lo Civil Comercial de Santa Cruz, emitió Sentencia N° 74 de fecha 1 de octubre de 2008 cursante a fojas 142 a 143 vuelta de obrados, declarando IMPROBADA la demanda de nulidad de contrato de transferencia de fecha 10 de junio de 1987, con costas.

En grado de apelación incoada por los demandantes, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, hoy Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Auto de Vista Nº 147 de fecha 11 de mayo de 2009 de fojas 193 a 194, confirmando la Sentencia apelada.

Contra el referido Auto de Vista, María Belza Céspedes Vda. de Vaca, por si, y en representación de Roger, Miguel Ángel, María Raquel y Mariel, todos ellos de apellido Vaca Céspedes, interpone recurso de casación, el mismo que se pasa a considerar a continuación.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION:

La parte demandante viene en plantear recurso de Casación en la Forma y en el Fondo, el mismo sostiene:

Recurso de Casación en la Forma: Denuncia que en apelación contra la Sentencia en su “Otrosí” se solicitó en apego al artículo 233 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil la apertura de plazo probatorio para producir prueba pericial, que corrido en traslado y sin contestación se denegó dicha solicitud, interponiéndose recurso de reposición bajo alternativa de apelación, resolviéndose no dando lugar a la reposición bajo alternativa de apelación, sin pronunciarse sobre el recurso alterno.

Abierto el término de prueba en primera instancia se propuso pruebas testifical, documental y pericial esta última para que se ratifique el examen grafotécnico y documentológico de folios 30 a 77 lo cual nunca se produjo, ante esta desatención en apelación se solicitó la producción de prueba pericial  lo cual fue rechazada.

El Juez A quo y el Tribunal de alzada tienen facultades y deberes establecidas en los artículos 3, 4  y 233 II del Código de Procedimiento Civil, que habilita disponer se produzcan pruebas que estimare convenientes para el esclarecimiento de los hechos, empero se actuó sin espíritu científico ignorando la prueba pericial, sin haber incluso observación de contrario.

Se cita doctrina que hace referencia a la tarea del juzgador de buscar la verdad real para solicitar y ordenar prueba, no siendo tarea exclusiva de las partes, para mejor resolver la causa. Así también se cita la jurisprudencia del A.S. N° 107 de 8 de julio de 1996, que refiere el alcance del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, no limitado a los jueces de primer grado, si no conforme el artículo 4 inciso 4) del citado procedimiento alcanza dicha facultad especial a los tribunales. Que  el Auto que rechaza la prueba de segunda instancia debió ser fundamentada empero no se indica la norma aplicada ni el trámite del recurso de apelación alterna.

De lo anotado de conformidad al artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil impetra la nulidad del Auto de fecha 11 de mayo de 2009 e incluso hasta el Auto de folios 187.    

Recurso de Casación en el Fondo: El Auto de Vista fundamenta que no se demostró la existencia de la ilicitud de causa y motivo del contrato siendo que: el documento de transferencia cursante, de fojas 6 a 7, por si solo es falso, no solo por las firmas imitadas sino por la ínfima suma por la que se hubiera hecho el negocio que no coincide con la realidad del año 1987.   Falsedad  demostrada además por la certificación y tarjetas de prontuario de identificaciones, concluyendo el peritaje que el documento de folios 6 a 7 es una imitación servil.  Se demostró el legítimo interés de los recurrentes quienes son propietarios del fundo “El Remanzo”, al ser herederos forzosos tras la muerte de su padre y esposo respectivamente del cujus Abelardo Vaca Rojo. Se adjuntó certificación del jefe de archivos de la Corte Superior de Distrito, así como fotocopias legalizadas del reconocimiento de firmas, además el documento de compra y venta con su reconocimiento, a favor de Nasanobu Arakaki, además las declaraciones testificales.

De lo relacionado se demostró el derecho sucesorio de los demandantes tras la muerte de Abelardo Vaca Rojo, la falsedad de firma en el documento de fecha 10 de junio de 1987, que no hubo la intención de vender la propiedad a favor de Lorgio Nuñez Vaca, menos en la suma de Bs. 1.500, que los demandantes se encuentran en posesión del fundo. Que hubo causa y motivo ilícito por quererse apropiar de un bien de herencia. Que hubo objeto ilícito por que el difunto no parcelo ni tuvo la intención de vender, ni ellos consintieron la venta de 98 hectáreas, la cual está además ilegalmente registrado en el I.G.M. con intento fallido de inscripción en derechos reales. Que el negocio nunca existió. Que nunca se pagó la suma de Bs. 1.500, y que existe daños y perjuicios al haberse frustrado la venta entre los legales propietarios a favor de Masanobu Arakaki.

Las pruebas referidas no fueron valoradas conforme el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil no habiendo sana crítica, siendo que se hallan validadas por los artículos 1287, 1289, 1297, 1309, y 1311 del Código Civil.  Además la demanda no fue contestada suponiendo aceptación de la veracidad de los hechos, y no se impugno ninguna resolución, ni prueba.

Por lo que se plantea recurso de casación en el fondo al amparo del artículo 253 incisos 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil por interpretación errónea de la Ley y de las pruebas, violentándose los artículos 397 parágrafos I II y 400 del Código de Procedimiento Civil, solicitándose se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare probada la demanda en cuanto a la falsedad del documento de folios 6 a 7, por inexistencia del negocio y falta de consentimiento, declarando nulo el documento de transferencia de fecha 10 de junio de 1987, ordenándose además el pago de $us. 20.000 más intereses legales y costas, cuantificables en ejecución de Sentencia.            

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Expuestos así los recursos de casación, tanto en la forma como en el fondo, se pasa a emitir pronunciamiento sobre el mismo.

Recurso de Casación en la forma se acusa que en apego al artículo 233 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil se impetro apertura de un plazo probatorio para producir prueba pericial, y corrido en traslado y sin contestación se denegó dicha solicitud, y planteado recurso de reposición bajo alternativa de apelación, se resolvió no dando lugar a la reposición bajo alternativa de apelación, sin pronunciarse sobre el recurso alternativo concediendo o negando el mismo.

Al respecto debemos aclarar primero que es facultativo y no obligatorio de conformidad al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil que el tribunal de segunda instancia abra un plazo probatorio; segundo, por otro lado se tiene que dicho petitorio no resulta ser nuevo siendo que ante el Juez de primera instancia por escrito de folios 110 y vuelta se propuso erróneamente como prueba pericial un peritaje realizado en un proceso penal, sin haber cumplido el artículo 430 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo cual le fue advertido en providencia de folios 111 resolución que no fue objetada. Cabe aclarar que el informe pericial que cursa en obrados fue realizado extra proceso prescindiendo totalmente de lo que dispone el Procedimiento Civil y por tanto no pueden ser consideradas como prueba pericial en el presente proceso; la prueba pericial por su propia concepción y naturaleza tiene un tratamiento procesal muy distinto al de la prueba documental, no siendo posible confundirlas menos asimilarlas; para que tenga validez como prueba pericial se la debe ofrecer y producir con sujeción a los artículos 380 inciso 4), 430 y siguientes del Código de Procedimiento Civil no pudiendo existir prueba pericial preconstituida.

Siendo que, también la misma se nombró dentro las pruebas documentales ofrecidas en Sentencia el Juez de dicha instancia se pronunció respecto a la mismas señalando que no se cumplió con formalidades exigidas por el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil  concordante con el artículo 1331 del Código Civil, al respecto este articulado legal señala “(Prueba de expertos). Cuando se trata de apreciar hechos que exijan preparación y experiencia especializadas, se puede recurrir a la información de expertos, en la forma que dispone el código del Procedimiento Civil”. así en especie no existe desatención a lo impetrado, por el contrario existe pronunciamiento sobre el mismo, si bien el Juez A quo y el Tribunal de alzada tienen facultades y deberes establecidas en los artículos 3 y 4 del Código de Procedimiento Civil incluso el artículo 233 parágrafo  II del mismo Código adjetivo Civil, a ello debemos agregar que el operador de justicia esta reatado a la observancia de todas las normas jurídicas vigentes, ahora si bien como señala los recurrentes a través de su apoderada debiera haber hecho uso de esa facultad para producir las pruebas que estimare convenientes, a ese respecto haciendo un estudio en el caso de Autos, lo que la parte demandante pretende es que se declare nulo el contrato de compra-venta de fecha 10 de junio de 1987 así como su reconocimiento de firmas celebrada entre el padre de los demandantes Abelardo Vaca Rojo y Lorgio Nuñez Vaca, arguyendo que se habría falsificado la firma de su padre Abelardo Vaca Rojo, argumento concatenado a la falta de consentimiento del mismo en la realización de dicho contrato;  empero esta falta de consentimiento es motivo de anulabilidad y no de nulidad; por lo que la pertinencia de ahondar  el antecedente de la falsificación de la firma en una demanda nulidad no sería conveniente tal como se demandó.   

Respecto a la motivación y fundamentación de la resolución del Auto de folios 187, la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, y SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras estableció que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, debiendo ser clara y satisfacer el punto demandado, de lo obrado se tiene se dio respuesta concreta a las solicitudes esgrimidas por la parte demandante.

El recurso de casación en el fondo Haciendo una relación de todas las pruebas presentadas concluye que se habría probado la falsedad de la firma que aparece en el documento de 10 de junio de 1987, habiendo una causa y motivo ilícito siendo que su padre no tuvo intención de vender menos en una suma de Bs. 1.500.oo,  concluyendo que todas esas pruebas no fueron valorados, siendo que las mismas serian validadas por los artículos 1297, 1289, 1297 1309 y 1311 del Código Civil concluyendo que también se habrían violentado los artículos 397 I-II y 400 del Código de Procedimiento Civil.

Por técnica partimos en dar respuesta primero la referencia a las normas transgredidas que cita la recurrente, entonces diremos que violación es la no aplicación correcta del precepto legal; en tanto que la interpretación errónea  es la infracción de leyes sustantivas a cuyos preceptos se da un sentido equivoco, y aplicación indebida es la aplicación de esos preceptos a hechos no regulados por aquellos, por lo señalado se impone la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida. En la especie, la recurrente omite precisar las causales de casación en el fondo, detalladas en el inciso 1) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, haciendo alusión general a este ordinal sin distinguir la violación, la interpretación errónea y la aplicación indebida de la ley, no otra cosa significa que sin esa diferenciación se diga "…violentándose los  artículos 397 I-II y 400 del Código de Procedimiento Civil…”, además de pretender como vimos que en base al presente recurso el Supremo Tribunal ingrese a censurar la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de grado. 

De obrados se evidencia que los juzgadores de instancia han valorado la prueba, en su conjunto, dentro de los parámetros de la sana crítica como previenen los artículos 397 parágrafo I y II del Código de Procedimiento Civil, y 1286 del Código Sustantivo de la materia, recordando que la valoración de la prueba es una atribución de los juzgadores de instancia incensurable en casación, razón por la cual, el o la recurrente tiene la obligación de acreditar la existencia de errores de hecho, que se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material, en otras palabras, cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con documento auténtico, o errores de derecho, que recae sobre la existencia o interpretación de una norma, dicho de otra manera, cuando los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asignan un valor distinto, exigencia legal no cumplida por la recurrente por lo que en el sub lite no se da como para encuadrar la demanda de puro derecho a lo dispuesto en el artículo 253 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Tribunal no encuentra evidencia alguna que demuestre que el Tribunal Ad quem, hubiere incurrido en las acusaciones que trae el recurso. Por lo expuesto, el Tribunal Supremo no encuentra ninguna de las causas previstas en el artículo 253 inciso 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil como para censurar la resolución recurrida.

Reiterar además que dicho informe pericial está referido a presuntos hechos ilícitos de tipo penal, aspecto que corresponde ser resuelto en esa vía y no puede servir de fundamento en materia civil para anular documentos, salvo la existencia de Sentencia condenatoria ejecutoriada.    

Siendo que la demanda de nulidad se sustenta en el articulo 549 inciso 3) del Código Civil, por la ilicitud de la causa y por la ilicitud del motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato, se tiene que respecto a la causa ilícita, ha sido interpretada por el Auto Supremo Nº 252/2013 de 17 de mayo que indicó: “ Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su artículo 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (artículo 489 Código Civil) y al motivo ilícito (artículo 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral). Estableciéndose que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el artículo 489 del Código Civil.”

En cuanto al motivo ilícito el mismo se encuentra comprendido en el artículo 490 del Código Civil que textualmente señala: “(Motivo ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”, entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Consecuentemente, se podrá apreciar que el  recurrente por sí y sus representados erradamente sostiene que se encuentra probado la causal de nulidad sustentada en su demanda, con sola versión de la falsedad de firmas la cual conforme se dijo incumbe a la falta de consentimiento la misma que es un motivo anulabilidad, y  no de nulidad.

En conclusión no siendo evidentes las infracciones y vulneraciones legales acusadas en el recurso, corresponde a este tribunal la aplicación de los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el articulo 42 parágrafo I, numeral 1) de la Ley N° 25 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los articulo 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADOS los recursos de Casación en el fondo y en la forma, interpuesto por María Belza Céspedes Vda. de Vaca, por sí, y en representación de Roger, Miguel Ángel, María Raquel y Mariel todos ellos de apellido Vaca Céspedes de fojas 197 a 201, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.