SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                   Nº 324

Sucre:                                  14 de Julio de 2014

Expediente:                           T-31-09-A

Distrito:                                Tarija

Magistrado Relator        Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por Jaime Amezaga Vidaurre, contra el Auto de Vista Nº 110 de 7 de agosto de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, en el proceso sobre cumplimiento de obligación, seguido por Juan Renato Fernández Ugarte contra Hortencia Vidaurre Vda. de Amezaga, el recurrente y otros, la respuesta de fojas 547 a 549 vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I: De la Relación de Trámite.- Que, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil de la ciudad de Tarija pronunció el Auto Nº 7 de 18 de mayo de 2008 (fojas 511 y vuelta), declarando la perención de instancia, con costas.

Deducida la apelación por el demandante, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija mediante Auto de Vista Nº 110 de 7 de agosto de 2009 (fojas 536 y vuelta), revoca parcialmente el auto apelado en lo relativo a las costas, declarando sin lugar al pago de las mismas.

CONSIDERANDO II: De los Fundamentos del Recurso de Casación.- Que, el demandado Jaime Amezaga Vidaurre en su recurso de casación en el fondo de 15 de agosto de 2009 (fojas 538 y vuelta), acusa que contra el auto que declaró la perención no se interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación, siendo que dicho auto no es definitivo, al efecto anota los artículos 253 numeral 1), 216, 311, 251, 90 del Código de Procedimiento Civil. Por lo que, pide se anule el auto de vista recurrido y se ejecutoríe el auto del inferior.

CONSIDERANDO III: 1. Del Plazo del Recurso de Casación.- Que, la diligencia de fojas 537 y vuelta evidencia que el demandado Jaime Amezaga Vidaurre fue notificado con el auto de vista recurrido el 7 de agosto de 2009, y el 15 del mismo mes, formula el presente recurso de casación, por lo que éste fue presentado en el plazo señalado por el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil.

2. De los Fundamentos de la Resolución.- Que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el recurso (de casación),…: 2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258”.

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso antes mencionado, en su parte de contenido, a la letra indica que “El recurso (de casación)…: 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.

Como se puede advertir, el precepto legal contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse al interior del recurso.

Así, se tiene que el artículo 258 inciso 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

En ese sentido, del desentraño y cotejo del recurso de casación, se llega a las siguientes conclusiones:

La perención de instancia es una forma de conclusión extraordinaria del proceso, según el procesalista Enrique Palacio constituye un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando en el no se cumple ningún acto de impulso durante los plazos establecidos por ley. Asimismo la perención de instancia conforme a la sistemática Procesal Civil boliviana, es una forma de extinción extraordinaria del proceso, extinción derivada de la inercia y de la inactividad procesal de las partes, durante el plazo que determina el Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado, la doctrina señala que los autos interlocutorios, son las resoluciones que deciden las cuestiones incidentales que se suscitan durante la tramitación del proceso; asimismo suele distinguir entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture). Los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Pronunciados en ocasión de un trámite incidental, aparejan en último término la conclusión del juicio,

Con este antecedente, en el caso concreto, el Juez A quo al dictar el auto interlocutorio disponiendo la perención de instancia, el mismo constituye un auto definitivo que pone fin al proceso, conforme lo establecen los artículos 188, 220 parágrafo I, numeral 1), 227 y 255 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, auto -por el carácter de la norma- en el que, efectivamente se esta poniendo termino al litigio.

En consecuencia, no es posible anular obrados como pide el recurrente, ni se advierte que el tribunal de alzada haya incurrido en las causales de casación en el fondo previstas por el artículo 253 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jaime Amezaga Vidaurre de fojas 538 y vuelta; con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bolivianos 1.000, que mandará hacer efectivo el juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.