SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                   Nº 323

Sucre:                                  14 de Julio de 2014

Expediente:                           C-54-09-S

Distrito:                                Cochabamba

Magistrado Relator        Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en el fondo de fojas 151 a 153 vuelta, interpuesto por Asteria Villarroel García de Rocha contra el Auto de Vista Nº 166 de 18 de junio de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso de resolución de contrato, interpuesta por José Wilson García contra la recurrente, la respuesta de fojas 156 a 157 vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: (De la Relación de la Causa).-

Que, la Jueza Noveno de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba emitió la Sentencia Nº 145 de 30 de abril de 2004 (fojas 123 a 126 vuelta), declarando probadas la demanda y las excepciones opuestas contra la mutua petición e improbadas la reconvención y las excepciones opuestas contra la demanda, en consecuencia resuelto el contrato objeto de litigio, ordenando a la demanda devolver la suma de $us 3.000 a favor del demandante, mas el resarcimiento de daños y perjuicios a establecerse en ejecución de sentencia.

Por memorial de fojas 130 a 131 vuelta, la demandada interpuso  recurso de apelación en contra de la referida sentencia. Al respecto, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba emitió el Auto de Vista Nº 166 de 18 de junio de 2009 (fojas 146 y vuelta), confirmando la sentencia apelada; con costas.



CONSIDERANDO: (Del Recurso de Casación).-

Que, la resolución de segunda instancia, motivó que la demandada Asteria Villarroel García de Rocha, el 31 de julio de 2009, por memorial de fojas 151 a 153 vuelta, interponga recurso de casación en el fondo, citando el artículo 253 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil y acusando que en el documento, para el cumplimiento de su parte no existe plazo expreso para ello; no existe plazo vencido, estando liberada de suscribir el documento traslativo de dominio mientras no se apruebe la urbanización, al efecto anota el artículo 327 incisos 5), 6), 7) y 8) del Código de Procedimiento Civil; la cláusula tercera del contrato señala la conclusión de la urbanización como condición expresa, al efecto apunta el artículo 494 parágrafo I del Código Civil; no existe fecha límite para la conclusión del proceso de urbanización que sigue vigente aún, es decir no ha vencido un plazo definido o preacordado, o que el plazo para la venta esta supeditada a la urbanización; no hay plazo para el cumplimiento de lo acordado y no se efectuó la urbanización, al efecto señala los artículos 340, 494 parágrafo II, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517 del Código Civil.

CONSIDERANDO: (De los Fundamentos del Fallo Supremo).-

Que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el recurso (de casación),…: 2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258”.

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso antes mencionado, en su parte de contenido, a la letra indica que “El recurso (de casación)…: 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.

Como se puede advertir, el precepto legal contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse al interior del recurso.

Así, se tiene que el artículo 258 inciso 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

Que, en ese sentido, del desentraño y cotejo del recurso de casación, se llega a las siguientes conclusiones:

La propia recurrente en su casación coincide conformemente con la sentencia: “no existir plazo expreso”, “no existir plazo vencido” (fojas 151 vuelta), “NO HABER VENCIDO UN PLAZO DEFINIDO O PREACORDADO” (fojas 152), “No habiendo plazo para el cumplimiento de lo acordado” (fojas 152 vuelta); al respecto dicha sentencia estableció que “al no existir un plazo, la demandada debió haber empleado todos los medios indispensables para que la condición se cumpla… como lo previene el artículo 496 inc. 3) del Código Civil”. En efecto, tal norma es clara al señalar que “La condición suspensiva se tiene por cumplida, cuando: 3) El acreedor ha empleado todos los medios indispensables para que la condición se cumpla y ella no se realiza”.

Asimismo, el auto de vista recurrido concluyó que el demandante y comprador “cumplió con la obligación de pagar el precio del lote de terreno”. Verdaderamente, a fojas 1 y vuelta cursa documento privado que en su cláusula tercera señala que el “COMPRADOR,… hace entrega en favor de la Sra. Asteria Villarroel de Rocha la suma de $us. 3.000 (TRES MIL DOLARES AMERICANOS) a momento de la suscripción del presente documento, siendo el mismo el monto total del valor del lote” y que la vendedora se comprometió “a hacer efectiva la documentación una vez sea concluido el trámite de urbanización”; por ello, la sentencia estableció que el demandante y comprador cumplió “la obligación establecida en el artículo 636-I del Cdgo. Civil, y por su parte la demandada no ha hecho lo mismo puesto que como se tiene acreditado y ella misma ha confesado, no ha concluido, ni siquiera empezado el trámite de urbanización…, mucho menos ha suscrito la respectiva minuta de transferencia”. Sobre estos últimos, a fojas 37 y vuelta la vendedora confiesa que “no he hecho éste trámite por falta de dinero” y que “yo solo tenía un borrador de fraccionamiento”.

Por lo mismo, la sentencia aplicó correctamente además de los citados artículos 496 numeral 3), 636 parágrafo I del Código Civil, el artículo 568 del mismo sustantivo civil que regula la resolución por incumplimiento.

En consecuencia no se advierte que el tribunal de alzada haya incurrido en infracción de los artículos 327 incisos 5), 6), 7), 8) del Código de Procedimiento Civil, 494 parágrafos I, II, 340, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517 del Código Civil, menos que haya incurrido en las causales de casación en el fondo previstas por el artículo 253 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 151 a 153 vuelta, interpuesto por Asteria Villarroel García de Rocha; con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 1500.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.