SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                   Nº 319

Sucre:                                  14 de Julio de 2014

Expediente:                           LP-66-09-S

Distrito:                                La Paz

Magistrada Relatora        Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz, de fojas 317 a 324 vuelta, contra el Auto de Vista N° R- 212/2008 de 16 de mayo, cursante a fojas 315 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de MEJOR DERECHO PROPIETARIO, seguido por Carlos Reynaldo Zúñiga Armaza contra la institución recurrente, los antecedentes procesales, la contestación al recurso de fojas 327 a 331, el auto de concesión del recurso de fojas 331 vuelta; y,

CONSIDERANDO I.-

ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que, en la tramitación del proceso, el Juez de Partido 4º en lo Civil y Comercial de La Paz, pronuncia sentencia de fecha 23 de junio de 2007, cursante a fojas 283 a 287 de obrados, declarando PROBADA la demanda principal planteada a fojas 4, 5 subsanada a fojas 6 y 7, por Carlos Reynaldo Zúñiga Armaza e improbada la reconvención planteada por el Gobierno Municipal de La Paz, en cuanto al mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación e improbada la acción de daños y perjuicios, sin costas.

Contra la referida sentencia la institución demandada plantea recurso de apelación radicada en la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Distrito de La Paz, la misma que emite Auto de Vista N° R-212/08 de 16 de mayo de 2008, cursante a fojas 315 y vuelta, mediante el cual confirma la sentencia y auto complementario recurridos y se la aprueba de conformidad a lo previsto por el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, sin costas.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION.- Contra el Auto de Vista, el Gobierno Municipal de La Paz interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, mediante memorial de fojas 317 a 324 vuelta, con los siguientes fundamentos:

Casación en el fondo.- Denuncia mala valoración de las pruebas del tribunal de alzada, al afirmar que el actor demostró ser propietario del lote de 400 m2, con los mismos argumentos de la sentencia apelada, cuando le correspondía desvirtuar el agravio formulado en apelación, sin embargo no se toma en cuenta que el informe de tradición treintañal de fojas 203 a 204 demuestra que el origen de los 400 m2 no está claramente definido la creciente de la superficie hasta llegar a los 400 m2, que esa prueba en una correcta y legal valoración del certificado de fojas 47-49 hubiera conducido a concluir que el derecho propietario del actor tiene contradicciones respecto a la superficie. Que el registro catastral de fojas 96 y la planimetría parcial de fojas 97 a 98, determina que el Gobierno Municipal de La Paz tiene derecho de propiedad sobre la superficie de 117.105,00 m2 que se encuentran inmersos dentro de la propiedad reclamada por el actor, prueba que no es valorada. Indica el recurrente que está demostrado con la tarjeta de propiedad partida computarizada N° 01286649 de fojas 199, que está inscrito el derecho propietario de la comuna paceña, informando el técnico también que esa zona donde se encuentra el inmueble de la litis, se considera un lugar de alto riesgo, no debiendo permitirse construcciones ni asentamientos, siendo propiedad municipal. Tampoco se tomo en cuenta la prueba que demuestra que fue un ex botadero municipal desde 1976, terreno caracterizado por erosiones profundas y grandes accidentes topográficos, farallones y quebradas, con una diferencia de altitud entre la cota inferior y la superior de 128 m2, tratándose consecuentemente de propiedad municipal por imperio de la Ley de Municipalidades N° 2028 de 28 de octubre de 1999 de acuerdo al artículo 85, disposición que concuerda con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 696 de 10 de enero de 1985 y Ley de 2 de diciembre de 1942.  Que, por la mala valoración de la prueba realizada por los de instancia, pide al Tribunal Supremo de Justicia se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo este tribunal declare improbada la demanda de de fojas 4 - 5, 6-7 de obrados y probada la demanda reconvencional.

Casación en la forma.- Al amparo de los numerales 4) y 7) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que el auto de vista cita los artículo 236 y 227 del adjetivo civil, empero no la cumple, siendo estas normas procesales de orden público, emitiendo una resolución sin fundamentar ni desvirtuar los agravios expresados en apelación como la no valoración de la prueba presentada por el Gobierno Municipal de La Paz (203 a 204), que el actor no tiene registro catastral que identifique clara, precisa y técnicamente la ubicación física del terreno sobre el cual dice tener derecho, violándose con esta omisión el derecho al debido proceso, por tales motivos interpone el presente recurso en la forma, solicitando alternativamente se anule obrados hasta fojas 315 ordenando se pronuncie un nuevo auto de vista debidamente fundamentado, de acuerdo a la expresión de agravios y a los puntos resueltos por el inferior y que han sido objeto de apelación.

CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- En consideración a que se ha planteado recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, este Tribunal resolverá en primer término los argumentos expuestos con relación al primero, es decir casación en la forma, en consideración a que si fueran evidentes, el fallo a emitir fuera por anular obrados, imposibilitando la consideración del recurso de casación en el fondo. Que así planteado el recurso ingresando a su análisis se tiene:

Que, conforme señala el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que se efectiviza una vez que el Tribunal al que se acude responde a los motivos de su impugnación, respuesta que además debe ser motivada y fundamentada, aspecto que se tiene desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de la SC-0758/2010-R, que señala: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías". En ese orden, también es preciso destacar que el Tribunal Constitucional a través de la SC 0632/2010-R de 19 de julio, entre otras, aclaró que: "...la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas".

En el caso de autos y de la revisión del recurso de apelación que cursa de fojas 295 a 299 vuelta, la entidad recurrente expuso agravios referidos a los fundamentos por los cuales se declaró probada la demanda principal, señalando, entre otras cosas, que el actor no demostró de manera clara y correcta como se origina los 400 m2 de superficie del terreno que el demandante dice tener, basándose el Juez a quo en el documento de fojas 203 a 204 de obrados considerando que esa prueba demuestra el origen de la propiedad con esa superficie, así como la pretensión demandada; de la misma manera otro agravio sufrido dice, ser la no valoración de la prueba documental y pericial adjuntada por parte del apelante, mientras sí, habrían sido consideradas discriminatoriamente las pruebas del actor, lo que llevo a concluir en el razonamiento de que la Alcaldía tiene un registro global técnico sin individualizar que el bien del demandante corresponde a propiedad municipal, derivando en la declaratoria de improbada la demanda reconvencional. Agravios al que el Auto de Vista Nº R-212/2008 no dio respuesta y menos de manera motivada y fundamentada, contraviniendo lo previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que dicha resolución no se ha circunscrito a resolver lo puntos que fueron objeto de apelación, limitándose  a indicar que el Juez a quo efectuó una prolija relación de los medios de prueba y sencillamente confirmando y aprobando la resolución de primera instancia.

Que, el Tribunal de alzada, negó el derecho a recibir una respuesta al petitorio efectuado, sea ésta afirmativa o negativa, pero debidamente fundamentada, aspecto que es corroborado por la SC 0962/2010-R cuya línea jurisprudencial respecto al derecho de petición puntualiza: "...debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas... el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa"; la SC-1068/2010-R, refirió: "La Constitución Política del Estado ha ubicado a este derecho en el artículo 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las personas entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto a otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado”; y la SC 0195/2010-R que determina sobre el derecho a la petición, que: "...no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también de negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada". (Los subrayados son nuestros).
Por lo anterior, el Ad quem ha incurrido en la causal prevista en el artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, correspondiendo a este Tribunal anular el Auto de Vista impugnado a los efectos de que el Tribunal de alzada se obligue a dictar uno nuevo resolviendo los agravios descritos en el recurso de apelación del recurrente debidamente motivado y fundamentado.

Consecuentemente, corresponde a este Tribunal Supremo fallar  en sujeción a lo previsto por los artículos  271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

Al emitirse resolución anulatoria, no se realiza un pronunciamiento con relación al recurso de casación en el fondo, aspecto que debe tenerse presente.

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial ANULA el Auto de Vista Nº R-212/2008 de fecha 16 de mayo cursante de fojas 315 y vuelta, y dispone que el Tribunal de Alzada sin esperar turno y previo sorteo, emita nueva Resolución debidamente motivada y fundamentada con pertinencia a lo previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Cumpliendo con lo previsto por el artículo 17, parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.