SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                   Nº 318

Sucre:                                  14 de Julio de 2014

Expediente:                           SC-52-09-S

Distrito:                                Santa Cruz

Magistrada Relatora        Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 642 a 645 vuelta, interpuesto por Ana María Baldivieso Bascope en representación de Claudio Hugo Baluzzo Chiaruzzo, contra el Auto de Vista de fojas 627 a 627 vuelta de fecha 10 de octubre de 2008, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la que fuera Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de hecho sobre resolución de contrato verbal, liquidación final y pago de daños y perjuicios, seguido por Claudio Hugo Baluzzo Chiaruzzo, contra Nilo Francisco Michelon, los antecedentes del proceso, el Auto de concesión del recurso de fojas 650; y,

CONSIDERANDO I:

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitada la causa, el Juez 2do de Partido y Sentencia de Montero de la provincia Santistevan de Santa Cruz, emitió Sentencia en fecha 5 de junio de 2006 cursante de fojas 265 a 268 de obrados, declarando IMPROBADA la demanda planteada a fojas 49 a 51 vuelta, con costas.

Deducida la apelación por la parte demandante, la Sala Civil Segunda de la que fue Corte Superior de Justicia de Santa Cruz hoy Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista en fecha 10 de octubre de 2008 de fojas 627 a 627 vuelta que CONFIRMA la Sentencia apelada. Con costas.

Contra el referido Auto de Vista, el recurrente interpuso recurso de casación en el fondo, el mismo que se pasa a considerar a continuación.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION:

El recurrente interpuso recurso de casación en el fondo amparándose en el artículo 253 numerales 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil de cuyo contenido se extrae  lo siguiente:

Acusa que la demanda interpuesta por Claudio Hugo Baluzzo Ch. contra Nilo Francisco Michelon fue de resolución de contrato de siembra y cosecha de productos agrícolas, resolución que ya se había dado por acuerdo verbal de partes, pero en ningún momento se planteó resolución de contrato por incumplimiento voluntario al que se refiere el artículo 568 del Código Civil por lo que al haberse fundado el Auto de Vista en el citado artículo ha violado el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil.

El tribunal ad quem ha hecho una interpretación errónea del articulo 568 del Código Civil, pues sus alcances son diferentes ya que atañe a situaciones en la que una de las partes no cumplió el contrato voluntariamente,  pero en el caso presente se dio finalizado verbalmente su relación contractual, habiéndose solicitado se declare esa resolución de contrato y se vaya a la liquidación final fijándose montos de pérdidas o ganancias       

Acusa aplicación errónea e indebida de la ley del artículo 568 del Código Civil por cuanto ni en la demanda, conclusiones  menos en su recurso de apelación se hizo referencia a resolución de contrato por incumplimiento, por lo que el Tribunal Ad Quem al fundar su resolución en dicho artículo  hace una aplicación errónea e indebida de la ley  en el punto 3 de su primer considerando que hace referencia el artículo 253 1) del Código de Procedimiento Civil.

Establecida la relación procesal, al ofrecimiento de prueba de contrario se objetó prueba de contrario al amparo del artículo 382 II) del Código de Procedimiento Civil, objeción que no mereció pronunciamiento  alguno por el Ad Quo por lo que se violó por omisión dicho precepto legal, así como el artículo 381 del mismo cuerpo legal, por cuanto dicha resolución podía ser apelada en efecto devolutivo. Omisión que fue reclamada oportunamente  en apelación, habiendo sido sólo  dispuesto  traslado del escrito.

Denuncia una aplicación errónea del artículo 1333 del Código Civil pues este artículo, permite al Juez apartarse de un informe pericial, siendo que  notificado con la designación de perito, así como con la pericia efectuada el demandado no hizo observación alguna dando tácito consentimiento, por lo que se ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba y error de hecho, al no haber la debida y correcta valoración del informe pericial.

Acusa que el tribunal Ad quem violó el artículo 453 del Código Civil, siendo que el presente caso es de resolución de contrato por acuerdo de partes, lo cual en Sentencia y Auto de Vista se desconoce este elemento  fundamental y determinan equivocadamente que no existe causal de incumplimiento, siendo que dicha causal nunca fue invocada  en la demanda infringiéndose el artículo 453 del Código Civil.    

La Sentencia y el Auto de Vista infringen el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, siendo que dichas resoluciones carecen de fundamentación o motivación. Estando improbada la demanda y confirmada la misma, surge la situación jurídica que ya no es querida ni promovida por las partes que se refiere a continuar con un contrato de participación, que en los hechos ha terminado y desaparecido el objeto del contrato por acuerdo de partes, por lo que se atenta contra los derechos dejando en incertidumbre jurídica a los contratantes.

El Auto de Vista vulnera el artículo 1283 del Código Civil que obliga al demandante correr con la carga de la prueba, así el demandante presento toda la prueba de cargo pertinente, lo cual el demandado no objeto en ningún momento, habiendo tácito consentimiento de acuerdo al artículo 346 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco se ofreció prueba  que desvirtué la demanda. Citándose el A.S. de 11 de septiembre de 2000 pág. 78,  Solicitó en definitiva se case el Auto recurrido.

CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión del recurso interpuesto por Ana María Baldivieso Bascope en representación de Claudio Hugo Baluzzo Chiaruzzo, no obstante de los imprecisos, extensos, redundantes y mala concepción del recurso interpuesto, que no dan cumplimiento a lo exigido por el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, lo que en aplicación estricta de las normas procesales que rige la tramitación del recurso de casación, daría lugar a que los recursos sean declarados improcedentes; sin embargo, no obstante las deficiencias y contradicción de los mismos y en consideración a los lineamientos y principios del nuevo orden constitucional y lo establecido en la SCP 2210/2012, se pasan a considerar dichos recursos como fueron interpuestos los mismos.

Que, conforme ha establecido este Tribunal, el fin inmediato del recurso de casación en el fondo, radica en la protección del derecho subjetivo de los afectados por una resolución judicial en la que se viola, interpreta erróneamente o aplica indebidamente la ley, cuando contuviere disposiciones contradictorias, o, finalmente cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho, en cuyo caso deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador- enmendando los agravios sufridos a través de la invalidación de esa decisión; a su vez, tiene un doble fin mediato, cual es, por una parte, la defensa del derecho objetivo que realiza este Supremo Tribunal cuidando que las autoridades judiciales en sus fallos apliquen correctamente la ley, y, por otra parte, la unificación de su jurisprudencia a través de fallos constantes que establecen el sentido coherente y lógico de la ley en defensa del interés general.

Cabe indicar que de  acuerdo a lo establecido por el artículo 253 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera -violación- implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, -interpretación errónea- consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, es decir infracción de ley sustantiva a cuyo precepto se da un sentido equivocado, mientras que la última -aplicación indebida- consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose por ello que la recurrente tenga la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente, o cual la interpretación debida.

En ese contexto, en el presente recurso primero se acusa de violación del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil siendo la demanda de resolución de contrato por acuerdo verbal de partes, y no por incumplimiento voluntario al que se refiere el artículo 568 del Código Civil, si bien plantea como una infracción de fondo, lo correcto es que la misma se ajustaría a la causal establecida en el artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil en la cual se acusa cuando el fallo otorga más de lo pedido infringiendo manifiestamente el precepto legal que obliga al juez fallar sobre las cosas litigadas  en la manera que hubieren sido demandadas (artículo 190 del Código de Procedimiento Civil), de la revisión del Auto de Vista que confirma la Sentencia emitida se tiene que no existe quebrantamiento entre lo pedido y lo resuelto, siendo que la propia demanda en su numeral  “III DEMANDA ORDINARIA” la demanda de resolución de contrato verbal de participación de siembra, liquidación final más el pago de daños y perjuicios  lo hace “al amparo del artículo 327 del procedimiento civil y artículo 568 del Código Civil”   no siendo evidente el sustento del recurso que refiere que en ningún momento se planteó resolución de contrato por incumplimiento voluntario al que se refiere el artículo 568 del Código Civil, por lo que su denuncia carece de sustento.    

Ante la acusación de la interpretación errónea del artículo 568 del Código Civil señalando que la misma corresponde a situaciones en la que una de las partes no cumplió el contrato voluntariamente, siendo que en el presente caso se dio finalizado verbalmente su relación contractual, al respecto de la revisión de antecedentes se tiene que los jueces de instancia no han dado un sentido equivocado al artículo 568 del Código Civil precepto legal en la cual se amparó su demanda el ahora recurrente, sosteniendo en ella que: Nilo Michelon le restringe sus derecho a cosechar, para que no pueda obtener el porcentaje que el corresponde perjudicándole el pago a los proveedores: Tales pedimentos y afirmaciones, son referentes al incumplimiento de lo pactado  pero no al “mutuo disenso” lo que lo condujo a los operadores de justicia a fallar conforme se sustentó y demando, puestas de este modo las cosas, se advierte que el Tribunal no incurrió en el yerro que denuncia la censura en relación a la  interpretación errónea del artículo 568 del Código Civil.

La parte recurrente refiere que al amparo del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, se objetó la prueba de contrario la cual no mereció pronunciamiento, sosteniendo erradamente que se violó por omisión dicho precepto legal así como el artículo 381 del adjetivo civil, siendo que debió denunciarse si vio conveniente hacerlo en consideración que la resolución es “citrapetita” conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados. Ahora si bien el mismo como se dijo se objetó al ofrecimiento de pruebas, empero de legajos se tiene, que no se reclamó oportunamente su pronunciamiento, sin embargo, se debe tener presente que a momento de dictar resolución el operador de justicia se acogió a los argumentos y pruebas que estaban en acuerdo con los puntos fijados en la relación procesal, así lo expresa la propia sentencia en su tercer considerando ante de ingresar a explanar los hechos a probar, por lo que dicho reclamo carece de trascendencia.

La parte recurrente también denuncia una aplicación errónea del artículo 1333 del Código Civil con referencia a un informe pericial que no habría sido objetada, así como su prueba de  cargo también no objetada habiendo tácito consentimiento de acuerdo al artículo 346 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, al respecto débenos indicar que los Tribunales de instancia, son libres en la apreciación y valoración de las pruebas (documental, testifical, inspección judicial, etc.) en las que fundan su decisión, así como la determinación de los hechos que ellas demuestran, estableciendo el grado de convencimiento que puedan producir a efectos del reconocimiento o no de una determinada situación jurídica, incensurables en casación, a no ser que los jueces de grado hubiesen incurrido en error de hecho o de derecho, abriéndose la competencia de este Tribunal para conocer esta supuesta equivocación en la valoración por vicio in judicando.

En la especie, el recurrente no indicó de manera precisa si el error en que incurrió el Ad quem en la apreciación de la prueba, es uno de derecho, o uno de hecho, puesto que si fuera de derecho, debió indicar si el valor otorgado a la prueba considerada, fue diferente al que la ley le atribuye, debiendo, como condición sine qua non, citar de modo expreso, claro y terminante cuál es la norma probatoria que ha sido desconocida o infringida por el Tribunal de alzada. Por otro lado, cuando la ley no da ha cierto tipo de pruebas un valor determinado y deja su valoración librada a las reglas de la sana crítica, tal el caso de la prueba testifical, pericial y otras, se incurre en error de hecho cuando el Juez o Tribunal de instancia equivocadamente cree que se ha probado o negado un hecho que está en contra de lo aseverado en un documento auténtico, en este caso, el recurrente, como requisito, debe señalar los documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, condiciones que la parte recurrente a tiempo de denunciar la supuesta infracción en la valoración de la prueba no ha sido cumplida.

En conclusión no siendo evidentes las infracciones y vulneraciones legales acusadas en el recurso, corresponde a este tribunal la aplicación de los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo, 42 parágrafo I, numeral 1) de la Ley N° 25 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de Casación o Nulidad, interpuesto por Ana María Baldivieso Bascope en representación de Claudio Hugo Baluzzo Chiaruzzo, cursante de fojas 642 a 645 vuelta, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.