SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                   Nº 317

Sucre:                                  14 de Julio de 2014

Expediente:                           P-31-09-S

Distrito:                                Potosí

Magistrada Relatora        Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: El recurso de casación de folios 124 a 125 vuelta, interpuesto por Julia Ballesteros Apaza en contra del Auto de Vista N° 273/2009 de fecha 30 de octubre de 2009 cursante a fojas 119 a 120 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Familiar y Comercial de la que fuere Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, hoy Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro el proceso ordinario de divorcio instaurado por José Lino Orta Elías contra Julia Ballesteros Apaza; el Auto de concesión de folios 129, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el proceso de referencia, la Juez de Partido Tercero de Familia de la ciudad de Potosí, pronunció la Sentencia Nº 062/2009 de fecha 8 de septiembre del 2009, cursante de fojas 95 a 100 vuelta, declarando probada la demanda de divorcio establecida en la causal del artículo 131 del Código de Familia interpuesta por José Lino  de fojas 3 a 4 contra Julia Ballesteros Apaza estableciéndose la disolución del vínculo matrimonial de los mismos que contrajeron en fecha 19 de octubre de 1975, ejecutoriada la misma se libre ejecutorial ante la Dirección Departamental de Registro Civil para la cancelación de partida de matrimonio O.R.C. N° 564 de Potosí Partida 173 folio 87 del libro 1-73-L-19  sin beneficio de asistencia familiar por efecto de la causal que determina la desvinculación librando el derecho de sus hijas mayores de edad a hacer valer sus derechos.

Apelada la Sentencia de primera instancia por la parte demandada, la Sala Civil Familiar y Comercial de la que fuere Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, hoy Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 273/2009 de fecha 30 de octubre de 2009, confirmó el fallo recurrido. 

Contra el fallo de segunda instancia, la demandada Julia Ballesteros Apaza, por escrito cursante a folios 124 a 125 vuelta, interpone recurso de casación que se analiza.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente refiere que viene en plantear recurso de Casación en el Fondo y en la Forma, aunque al final de su escrito solo esgrime el antecedente de su Recurso de Casación en el Fondo al amparo del artículo 253 1) del Código de Procedimiento Civil, así del texto de su recurso el mismo sostiene:

Recurso de Casación en el Fondo: 1) Acusa que el Tribunal Ad quem incurrió en una interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, al no considerar la objeción a la prueba de folios 61, no habiendo juramento de reciente obtención, incumpliéndose los requisitos establecidos en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil. El juramento es prestado fuera del plazo probatorio, admitido irregularmente y corroborado por el Ad quem. Jamás se enteró de la supuesta denuncia de abandono de hogar por que el Fiscal no le notifico, por lo que esa prueba es unilateral, además que el proveído del Fiscal no afirma ni asegura el supuesto abandono lo cual no fue considerado a momento de dictar resolución, siendo dicho documento indiciario que hubo desavenencia, pero no debió asegurarse que hubo abandono del hogar conyugal sin tener prueba, por lo que se violo preceptos procedimentales, constitucionales.    

2.- Denuncia que para el Tribunal Ad quem solo participan en la inspección judicial el  juez y las partes, empero no testigos peritos y otros actores del proceso, así la incongruente sentencia debidamente apelada no considera la declaración informativa de su hija Lisbeth Orta quien manifiesta que su Madre y Padre cohabitaron hasta antes de octubre del 2008, que a veces su Padre venia y molestaba a su Madre y ellos dormían, aspectos no referidos ni citados en resolución y Auto de Vista, solicitándose se Case el Auto de Vista por interpretación errónea y mala aplicación de ley.

3.- Denuncia que el Tribunal Ad quem se apoya en los artículos 479 del Código de Procedimiento Civil y 1330 del Código Civil, apartándose del aforismo doctrinario que hacen fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas cosas tiempos y lugares. Así los testigos de cargo hacen referencia tiempos y espacios diferentes de los que señala el documento de folios 61, contrariamente los testigos de descargo establecieron tiempos y lugares específicos lo que hace colegir que nunca estuvo separada si no después del octubre del 2008, lo cual no mencionada el Tribunal ad quem, por lo que solicita se Case y declare probada la demanda por violaciones de derecho por haber aplicación errónea de la norma y pésima aplicación de la misma.

4.- Acusa que los testigos de cargo de descargo y su hija reafirman su posición negación rotunda de su separación, cuestionando la conclusión que no se operó la interrupción de la supuesta separación, siendo que muchas veces se compartió lecho marital, en todo caso no se tomó en cuenta la jurisprudencia que establece la separación continua e interrumpida por dos años o más, pero si existe indicios de que estuvieron juntos, esta separación ha de entenderse que fue interrumpida  G.J. N° 1243 p. 22, y  G.J. N° 1369 p. 22  concluyéndose que el juez se parto de la norma procedimental por lo que hay errónea interpretación, y aplicación indebida de la ley solicitándose Case y declare improbada la demanda.

5.- Al sostener que para que se establezca que no hubo separación debe necesariamente existir reconciliación entre los esposos contendientes, ello es incoherente ya que los testigos de descargo hacen entrever que nunca se separaron, en contra partida los testigos de cargo hacen referencia a separación pero en tiempo y espacio diferentes, por lo que si nunca se separaron existiendo prueba fehaciente de ello, porque pedir reconciliación  de un hecho que nunca existió.

Concluyendo que habiendo anomalías e irregularidades en la apreciación y valoración de la prueba, violación de principios procesales, constitucionales al amparo del artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, articulo 15 de la L.O.J. artículos 252, 253 1); 257 del Código Procedimiento Civil  interpone recurso de Casación en el Fondo  del Auto de Vista 273/2009  solicitándose Case el Auto de Vista  y la Sentencia  con multa  conforme los artículos 274 y 275 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, el impreciso, redundante y confuso recurso interpuesto, no da cumplimiento a lo exigido por el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, lo que en aplicación estricta de las normas procesales que rige la tramitación del recurso de casación, daría lugar a que el recurso sea declarado improcedente; sin embargo, no obstante las deficiencias y contradicción de los mismos y en consideración a los lineamientos y principios del nuevo orden constitucional en el artículo 180, replicados en el artículo 30 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, así como lo establecido en la SCP 2210/2012, se pasan a considerar dichos recursos como fueron interpuestos los mismos.

El recurso trae como elemento de acusación de interpretación  y aplicación indebida de la Ley, primero con relación a la objeción a la prueba de folios 61, denunciando la inexistencia de juramento de reciente obtención, incumpliéndose el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, que el juramento que se tiene fue prestado fuera del plazo probatorio. Al respecto diremos que esta denuncia fue absuelta por el Tribunal ad quem de manera adecuada, pues ciertamente el artículo 331 del mismo Adjetivo Civil, previene que "…después de interpuesta la demanda, sólo se admitirán documentos de fecha posterior o, siendo anteriores, bajo juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos..." exigencias procesales que han sido cumplidas en el sub lite, formalidad cumplida como se evidencia a fojas 88, pero además se tiene el antecedente que previa su admisión conforme la providencia de fojas 62 vuelta se corrió traslado a fines de ley, así de conocimiento de la misma, la ahora recurrente no se pronunció sobre dicho ofrecimiento conforme establece el artículo citado en su última parte “…En tales casos se correrá traslado a la otra parte para los efectos del artículo 346 inciso 2) …”, el silencio o dejadez que no puede ser suplida a través del presente recurso, habiendo además como se dijo que se cumplió con la formalidad del juramento, lo que significa que la literal de fojas 61 fue admitido legalmente conforme establece nuestro derecho procesal y que podía ser considerado como prueba de reciente obtención como prevé el artículo 331 del Adjetivo Civil.

En relación a la denuncia de la no consideración la declaración informativa de su hija Lisbeth Orta realizada en inspección judicial, se debe tener presente el segundo párrafo del artículo 391 del Código de Familia que determina “…En ningún caso los hijos podrán ser llamados para prestar declaraciones, ni siquiera con carácter informativo…” por lo que el actuar de los operadores de justicia no resulta contrario a la observancia debida a las normas jurídicas, lo cual fue recalcado por el A quo que refirió en audiencia de inspección de visu que lo principal era verificar ambientes, por lo que la denuncia sostenida carece de sustento.

La tercera, cuarta y quinta denuncia cuestionan la valoración de las declaraciones testificales de cargo las cuales no habrían concordado en tiempos y espacios de los que señala el documento de folios 61, y que contrariamente los testigos de descargo establecieron tiempos y lugares específicos lo hacen colegir que nunca hubo separación, existiendo interrupción que han sido declaradas por los testigos de cargo de descargo y su hija, así como la inobservancia de la jurisprudencia citada G.J. N° 1243 p. 22, y  G.J. N° 1369 p. 22, en ese ámbito si nunca se separaron resultaría incoherente la postura que para sostener que no hubo separación debe existir reconciliación de algo de nunca existió.  Al respecto de la revisión de actuados, se evidencia que los juzgadores de instancia han valorado la prueba, en su conjunto, dentro de los parámetros de la sana crítica, producidos en la fase probatoria, no existiendo tampoco error en la valoración probatoria referida.  Se recuerda además, que la valoración de la prueba es una atribución de los juzgadores de instancia incensurable en casación, razón por la cual, el recurrente tiene la obligación de acreditar la existencia de errores de hecho, que se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material, en otras palabras, cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con documento auténtico, o errores de derecho, que recae sobre la existencia o interpretación de una norma, dicho de otra manera, cuando los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asignan un valor distinto, exigencia legal no cumplida por la recurrente, por lo que este Tribunal no encuentra evidencia alguna que demuestre que el Tribunal ad quem, hubiere incurrido en las acusaciones que trae el recurso.

Por lo demás la uniforme jurisprudencia de éste Tribunal precisó que la prueba respecto a la causal contenida en el artículo 131 del Código de Familia (separación de hecho, libremente consentida por más de dos años), debe limitarse a demostrar esa separación por el tiempo fijado, sin importar la causal que motivó la separación, sobre esta misma norma legal Carlos Morales Guillén señala "La separación de hecho, como sugiere su propia denominación, importa una simple situación de hecho, creada y determinada por la sola y exclusiva voluntad de los conyugues, que resuelven poner término a la vida en común y vivir separados...".

En la litis se ha evidenciado que esta simple separación que por el tiempo que duró la misma ha sido consentida, aceptada y continuada por ambos esposos, siendo que si bien vivieron en el mismo inmueble, empero no se hablaban y moraban aparte. lo cual también señala la propia demandada en su contestación que esgrime que el mismo su esposo- opto por tener un cuarto aparte no deseando pernoctar en su domicilio. Además la norma en estudio artículo 131 del Código de Familia- es clara al indicar "Puede demandarse el divorcio por la separación de hecho libremente consentida y continuada por más de dos años, cualquiera que sea el motivo de ella...", de la interpretación del mencionado artículo se tiene que el divorcio simplemente se puede iniciar a pedido de uno de los cónyuges, si dentro de esa vida conyugal que tuvieron, se han separado por más de dos años y que dentro de esa separación de dos años no se han reconciliado mucho menos vuelto a la vida en común, así explanados revisados los antecedentes del proceso, se tiene que los tribunales de instancia han evidenciado que ambos esposos después de la separación que se operó en la fecha descrita en la contestación de la demandada no han vuelto a la vida en común, estos antecedentes y las declaraciones testificales de cargo y descargo, la confesión provocada, han probado que el actor se encuentra separado con la demandada subsumiéndose dicho hecho al artículo 131 del Código de Familia, razonamiento que fue acogido por los juzgadores de instancia, razón por la cual resultan infundados los agravios expuestos sobre el error en la valoración de la prueba.

Por otro lado la recurrente explana en cada una de sus denuncias que habría una apreciación errónea de la norma y pésima aplicación de la misma, y en la parte final de su recurso señala que se hubo violación de normas civiles, procedimentales y constitucionales, atendiendo a esta acusación diremos de  acuerdo a lo establecido por el artículo 253 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera -violación- implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, -interpretación errónea- consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, es decir infracción de ley sustantiva a cuyo precepto de da un sentido equivocado, mientras que la última -aplicación indebida- consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose por ello que la recurrente tenga la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida, aspectos no cumplidos por la recurrente siendo además como se fundamentó que las acusaciones carecen de sustento para circunscribir a lo dispuesto en el artículo 253 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil.

En conclusión no siendo evidentes las infracciones y vulneraciones legales acusadas en el recurso, corresponde a este tribunal la aplicación de los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el articulo  42 parágrafo I, numeral 1) de la Ley N° 25 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de Casación o Nulidad, interpuesto por Julia Ballesteros Apaza, cursante de fojas 124 a 125 vuelta, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.