SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                   Nº 314

Sucre:                                  14 de Julio de 2014

Expediente:                           P-33-09-S

Distrito:                                Potosí

Magistrado Relator        Dr. Javier Medardo Serrano

VISTOS: el recurso de casación en el fondo de fojas 235 a 238, interpuesto por Dora Linares Condori, Sandra Garnica Linares, Jimena Garnica Linares y Zulma Garnica Linares contra el Auto de Vista NºS-275/2009 de 30 de octubre de 2009, cursante de fojas 230 a 232, pronunciado por la Sala Civil Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro el proceso de Maltrato Psicológico seguido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia representada legalmente por Elizabeth Romero Menchaca en contra de los recurrentes, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I.- De la relación de la causa: que, el Juez de Partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Potosí, mediante Resolución Nº de fojas 209 a 213 vuelta, de fecha 12 de agosto de 2009, declaró PROBADA la demanda de fojas 10, 11, 50 y 51 de obrados, y como responsable de Maltrato Psicológico a Dora Linares Condori, Sandra, Jimena y Zulma, todos de apellido Garnica Linares, en contra de los menores: Cielo Naira, Jairo, Danna Endira y Richard, todos de apellido Flores Romero, imponiéndoles las medidas de AMONESTACIÓN Y ADVERTENCIA, conforme el artículo caso 219-a) del Código Niña Niño y Adolescente. La misma que se cumplirán una vez quede ejecutoriada la presente Sentencia. Con relación al codemandado Marco Antonio Garnica, se le absuelve de responsabilidad de Maltrato, habiéndose determinado que los menores también son involucrados por su madre en sus conflictos personales se dispone como medida de protección social reciban orientación y apoyo psico-familiar, por el espacio de tres meses en la instancia del Servicio de Departamental de Gestión Social. 

En grado de apelación, la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí mediante Auto de Vista Nº275/2009 de fecha 30 de octubre de 2009, cursante de fojas 230 a 232, CONFIRMÓ íntegramente la Sentencia apelada de los folios 209 a 213, pronunciado en fecha 12 de agosto de 2009.

De la revisión de obrados, a fojas 233, se evidencia que las recurrentes Dora Linares Condori, Sandra Garnica Linares, Zulma Garnica Linares y Jimena Garnica Linares, en fecha 07 de noviembre de 2009, fueron notificadas con el Auto de Vista Nº275/2009 cursante de fojas 230 a 232, y como consecuencia de ello, las recurrentes en fecha 14 de noviembre de 2009, formularon Recurso de Casación, es decir que el recurso fue presentado dentro del término establecido en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II.- Denuncias del Recurso de Casación en el Fondo: que, las recurrentes fundamenta con su recurso en el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil de acuerdo a los siguientes detalles: que, el Auto de Vista recurrido, hubiera incurrido en una errónea valoración de las pruebas documentales, testificales, periciales, así como de los informes psicológicos emitidos por el equipo interdisciplinario del juzgado, pues según las recurrentes nunca hubieran protagonizado acto alguno de Maltrato Psicológico en contra de los menores Cielo Nayra, Jairo, Danna Endira y Richard, todos de apellidos Flores Romero. Que, el Auto de Vista recurrido no ha valorado correctamente el Informe Pericial de fojas 157 a 186 de obrados. Que, las pruebas testificales de cargo de fojas 118, 119 y 126 a 127, son tomadas en cuenta como pruebas que acreditan el maltrato ejercido en contra de los menores, sin embargo esas testificales jamás fueron uniformes y contestes, tanto en tiempos, lugares ni hechos, y que no fueron valoradas al igual que las atestaciones de los señores Alejandro Campos y Leda Martínez las cuales cursan de fojas 118 a 119 y 126 a 127, y sin tener en cuenta que estas personas no acreditaron su solvencia moral, violando de esta manera el artículo 397-I) y II) del Código de Procedimiento Civil. Que, el Auto de Vista hubiera aplicado indebidamente el artículo 220 de la Ley Nº 2026 y ha vulnerado el principio de Seguridad Jurídica al haber sancionado solo a las recurrentes y no a los padres de los menores. Que, las sanciones deberían estar dirigidas también en contra de la madre y la familia de los menores siendo este aspecto una errónea aplicación dela ley. Que, el Auto de Vista recurrido al haber confirmado la Sentencia en la que se les aplica las medidas de Amonestación y Advertencia en contra de las recurrentes, ha vulnerado el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 178 de la Constitución Política del Estado y el principio de Probidad.                   

CONSIDERANDO III.- De los Fundamentos jurídicos del Fallo: que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el recurso (de casación),…: 2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258”.

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso antes mencionado, en su parte de contenido, a la letra indica que “El recurso (de casación)…: 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.

Como se puede advertir, el precepto legal contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse al interior del recurso.

Así, se tiene que el artículo 258 inciso 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

Con estos antecedentes de orden doctrinal y del desentraño y cotejo del recurso de casación, se llega a las siguientes conclusiones:

En la especie, y de la revisión del proceso del exordio se tiene que, las recurrentes no han precisado de manera puntual y concreta en que consiste la errónea aplicación y valoración de la prueba o en que consiste el agravio; es decir que en el primer punto de la denuncia de las recurrentes no cuenta con la debida fundamentación, por cuanto no expresa en forma precisa si se trata de un error de hecho o de derecho, las recurrentes no han señalado cual sería la norma que regula la prueba y que supuestamente hubiera sido infringida por los Vocales suscriptores del Auto de Vista. Entonces no es suficiente efectuar o realizar la protesta o el simple reclamo. Entonces diremos que, del desentraño del Auto de Vista recurrido, se tiene que los Vocales suscriptores de dicho Auto, han efectuado un examen de todas las pruebas en su conjunto y al haberlo hecho han tomado la decisión correcta, cuando señalan (fojas 231 vuelta). “En el caso sub lite, si bien existe Sic.., resulta suficiente observar en calidad de prueba decisiva, los informes de fojas 3 a 9, 46, 100 a 106, 107 a 111, 157 a 185, así como la prueba testifical de cargo que corroboran en la consumación del Maltrato a los menores”. De donde se evidencia que, el Auto de Vista recurrido han realizado una correcta valoración tanto de las pruebas documentales como de las periciales. Por lo que la denuncia en este punto resulta Infundada.

Ahora bien, con referencia a la valoración del informe Pericial realizada por el Auto de Vista, se tiene que el referido Informe fue valorado de manera correcta por los Vocales que suscribieron el Auto de Vista, en efecto, a fojas 162, dicho Informe señala: ”Respuestas emocionales.- La niña siente temor de encontrarse con las personas porque tiene miedo de que la insulten”. A fojas 163 continua señalando lo siguiente: “Afrontamiento del problema.- No afronta directamente lo que le ocurre encerrándose en si misma y las cosas que debe realizar como son los deberes escolares y las actividades propias de la edad”.  La misma fojas continua “Cual la causa o causas de este daño.- La niña presenta ansiedad y temor ante las personas adultas que la sorprenden con agravios o amenazas”. A fojas 171, el Informe señala: “Por tanto existe daño psíquico no cuantificable en el menor, que debe ser atendido de manera profesional en terapia psicológica”. Entonces se tiene que el Auto de Vista recurrido ha valorado correctamente el Informe Pericial referido. Por lo que la denuncia en este aspecto resulta Infundada.

En cuanto a las pruebas testificales de cargo, se tiene que estas han sido valoradas de manera correcta en el Auto de Vista, en efecto  a fojas 118 vuelta, el Testigo de Cargo Alejandro Campos Flores, señala: “Es evidente que los señores Dora, Zulma, Ximena, Sandra y Marco Antonio, todos Garnica, agreden verbalmente a los indicados menores indicándoles que son hijos de ratera y que son alocados”. Para luego continuar indicando el mismo testigo: “Esta situación de maltrato verbal es frecuente y cada que los niños se encuentran con la familia Garnica y ello me consta porque yo siempre estoy en la puerta del taller de sastrería”.   Sic. Sic. “Solo reiterar que las agresiones son frecuentes en contra de los niños”. La testigo de cargo Leda Martínez Ramírez, declaró lo siguiente: “Hace dos años Sic. Sic. La señora Zulma Garnica y Marco Antonio Garnica, insultaban a la menor Dana Flores, diciéndole imilla malcriada y luego la jaloneaban”. Sic. “este último en el mes de enero, cuando estaba por la zona del calvario vi que la señora Dora y Ximena Garnica, insultaban a las menores Nayra y Jayro Flores, diciéndoles hijos de maleantes”. Sic. Sic. “me ratifico que Ximena Garnica insultaba a dos menores, Nayra y Jayro, diciéndoles hijos de maleantes”.

Entonces se evidencia que las declaraciones testificales de cargo, de los señores Alejandro Campos y Leda Martínez; fueron valoradas por los Vocales que suscribieron el Auto de Vista recurrido, y las mismas fueron uniformes y contestes, tanto en tiempos, lugares y hechos, y no se ha demostrado que se hubiera violado de ninguna manera el artículo 397-I) y II) del Código de Procedimiento Civil. Por lo que el recurso intentado en este aspecto resulta Infundado.

Se debe tener en cuenta que, el Auto de Vista recurrido al haber aplicado el artículo 220 de la Ley 2026, ha actuado conforme a derecho, valorando de manera correcta la prueba cursante en obrados y por ello no se evidencia vulneración de ninguna naturaleza mucho menos al principio de Seguridad Jurídica.

El Auto de vista recurrido al haber confirmado la Sentencia en la que se le aplica a las recurrentes las medidas de Amonestación y Advertencia, ha obrado conforme mandan los artículos 236 y 237 del Código de Procedimiento Civil, no siendo cierto mucho menos evidente que se hayan vulnerado el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 178 de la Constitución Política del Estado, por lo que la denuncia en este aspecto resulta Infundada.

En consecuencia y por los fundamentos expuestos precedentemente este Tribunal de Justicia no advierte ninguna violación de los artículos denunciados por las recurrentes; por lo que el recurso intentado deviene en Infundado.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 235 a 238, interpuesto por las recurrentes Dora Linares Condori, Sandra, Ximena y Zulma, todas Garnica Linares. Con costas.

La Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani esta de acuerdo con la forma de resolución respecto a la primera denuncia, sin embargo disidente con relación a la segunda denuncia por que considera que no se abre competencia para pronunciarse.

Regístrese notifíquese y devuélvase.