SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                   Nº 313

Sucre:                                  14 de Julio de 2014

Expediente:                           SC-51-09-S

Distrito:                                Santa Cruz

Magistrado Relator        Dr. Javier Medardo Serrano

VISTOS: el recurso de casación en la forma interpuesto por Marlene Lizie Knaudt de Barbery, contra el Auto de Vista Nº 124 de 23 de abril de 2009 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso sobre resolución del contrato más pago de daños y perjuicios, seguido por Martha Sonia Montaño de Asfura contra Roberto Barbery Flores y la recurrente, la respuesta de fojas 255 a 259, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I: Relación de Causa.- Que, el Juez Cuarto de Partido en materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció la Sentencia Nº 73 de 20 de junio de 2008 (fojas 180 a 183), declarando probada la demanda sobre resolución del contrato en litis más pago de daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de sentencia, e improbada la reconvención; sin costas.

Deducida la apelación por la demandada, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nº 124 de 23 de abril de 2009 (fojas 241 y vuelta), confirma la sentencia apelada; con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Fundamentos del Recurso.- Que, la demandada Marlene Lizie Knaudt de Barbery en su recurso de casación en la forma de 11 de mayo de 2009 (fojas 244 a 253), anota que el total del precio no fue cancelado, la intención es ley, la contratante no cumplió, el incumplimiento es un hecho ilícito, se adeuda el interés por mora y expensas comunes, la intención es ley, el departamento se encuentra listo, no existió acuerdo para disolver el contrato, la demandante no pagó las expensas comunes, indicando los artículos 450, 454, 519, 510, 344, 345, 346, 341 numerales 1), 2), 984, 291, 302, 568, 1465, 315, 568 al 583, 573 del Código Civil, 1337 del Código de Comercio y acusando que éstos argumentos el auto de vista recurrido no los motivó; el recurso de reposición contra la providencia de 15 de febrero de 2008 presentado por Juan Bautista Almaraz no fue resuelto, al efecto apunta los artículos 1466 del Código Civil, 90, 91 del Código de Procedimiento Civil, 15 de la Ley de Organización Judicial; su alternativa de apelación de su recurso de reposición contra la providencia de fojas 157 no fue resuelta, al efecto apunta el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial; el juez a fojas 228 subsanó vicios cuando su competencia ya cesó; su demanda de 6 y 29 de octubre de 2001, fue rechazada; ella no es parte, al efecto refiere los artículos  50, 327, 52, 491, 7, 120, 130 del Código de Procedimiento Civil, 15, 247 de la Ley de Organización Judicial, 2, 3 del Código Civil, 6, 7 inciso a), 16 de la Constitución Política del Estado anterior, 29 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la defensora de oficio no hizo nada, al efecto menciona el artículo 16 de la Constitución Política del Estado anterior. Agregando que las resoluciones no fueron motivadas. Por lo que, pide se anule obrados.

CONSIDERANDO III: Fundamentos de la Resolución.- Que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el recurso (de casación),…: 2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258”.

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso antes mencionado, en su parte de contenido, a la letra indica que “El recurso (de casación)…: 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.

Como se puede advertir, el precepto legal contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse al interior del recurso.

Así, se tiene que el artículo 258 inciso 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.

Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

En ese sentido, del desentraño y cotejo del recurso de casación, se llega a las siguientes conclusiones:

1. El auto de vista recurrido concluyó que, se agregó “en la parte final de la cláusula del contrato la posibilidad de desistimiento que fue comunicada por la compradora según nota de fs. 1 y aceptada en dos alternativas propuestas por el vendedor de acuerdo al tenor de la nota de fs. 2”.

En efecto, el contrato de compra venta de fojas 19 a 21 -donde cursa firma con nombre de la demandada-, señala que “En caso de desistimiento, el comprador deberá pagar una multa equivalente al 10% del monto total de la venta,…. Si hubiera un saldo a su favor éste le será devuelto en un plazo de 180 días”; así a fojas 1 cursa nota de la demandante al demandado solicitando “la devolución total de los aportes efectuados”, nota de conocimiento del demandado, conforme se desprende del cargo de fojas 1 y de la carta del propio demandado de fojas 2. Esto es que, la demandante desistió de la compra y que existe saldo a favor de la demandante que deberán los demandados devolver a la misma; asimismo, a fojas 154 y vuelta cursa inspección judicial donde se observa que el departamento objeto de litigio no se encuentra ocupado por la demandante. En consecuencia no se advierte infracción a los artículos 450, 454, 519, 510, 344, 345, 346, 341 numerales 1), 2), 984, 291, 302, 568, 1465, 315, 568 al 583, 573 del Código Civil, 1337 del Código de Comercio.

2. No es evidente que el recurso de reposición de fojas 171 contra el proveído de 15 de febrero de 2008 (fojas 169 vuelta), formulado por Juan Bautista Almaraz no haya sido resuelto, pues a fojas 173 vuelta cursa auto que resolvió dejar “sin efecto la conminatoria ordenada en dicha providencia”. En consecuencia, no se advierte infracción a los artículos 1466 del Código Civil, 90, 91 del Código de Procedimiento Civil.

3. El recurso de apelación (alternativo al recurso de reposición) de la demandada de fojas 158 y vuelta contra el otrosí primero del proveído de 28 de junio de 2007 (fojas 157), corrida en traslado por auto de fojas 228 y concedido en el efecto diferido por autos de fojas 165 y 231, refiere “el pago de expensas comunes” (fojas 156); circunstancia accesoria de “expensas” ligada al thema decidendum, el cual fue resuelto por el auto de vista recurrido conforme se señaló líneas arriba.

4. Las demandas sobre “CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, DAÑOS EMERGENTES Y LUCRO CESANTE, INTERESES” de 29 (fojas 7 vuelta a 11) y 6 octubre de 2001 (fojas 12 a 15 vuelta), fueron formuladas por los demandados dentro la medida preparatoria de reconocimiento de firma y rubrica, es decir fuera del thema decidendum del presente proceso ordinario de conocimiento.

5. Los demandados no opusieron la excepción de impersonería de la demandada; en consecuencia, no se advierte infracción a los artículos  50, 327, 52, 491, 7, 120, 130 del Código de Procedimiento Civil, 2, 3 del Código Civil, 6, 7 inciso a), 16 de la Constitución Política del Estado anterior, 29 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6. Es precisamente la defensora de oficio nombrada por providencia de fojas 64 vuelta, quien a fojas 66 se apersona y señala su domicilio, siendo notificada a fojas 79 vuelta con el memorial de fojas 78 y decreto que le corresponde, inclusive en su oficina. En consecuencia, no se advierte infracción al artículo 16 de la Constitución Política del Estado anterior.

7. Por todo lo vertido, no es evidente que las resoluciones de grado carezcan de motivación. Al respecto toca recordar que, la motivación de los fallos judiciales no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión.

Por lo mismo, no se advierte motivo para anular obrados conforme a los artículos 15, 247 de la Ley de Organización Judicial y como pretende la recurrente.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Marlene Lizie Knaudt de Barbery de fojas 244 a 253; con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bolivianos 1.000, que mandará hacer efectivo el juez inferior.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.