SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 296

Sucre:                        14 de Julio de 2014

Expediente:                T-30-09-S

Distrito:                        Tarija

Segunda Magistrada:   Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en la Forma y el Fondo de fojas 281 a 285, interpuesto por Wilma Elena Araoz Martínez contra  el Auto de  Vista de 28  de  agosto de  2009,  de  fojas 274 a 276 vuelta, pronunciado  por la Sala Civil Primera  de  la  Corte Superior   del  Distrito  Judicial  de Tarija,  dentro el   proceso Ordinario  de  Nulidad  de  Proceso  Ejecutivo  seguido  por  la Fiscalía General de  la  República en  contra  de  la  recurrente,  los antecedentes   procesales;  y,

CONSIDERANDO I: De la relación de la causa: que, la Jueza  Primero de  Partido en  lo Civil y Comercial de  la  ciudad de Tarija mediante Sentencia 67/2009, de fecha 13 de mayo de 2009 (fojas 251 a 254 vuelta), declaró  IMPROBADA la Excepción  de  Falta  de  Legitimación  opuesta por la parte demandada y con lugar  la  demanda  deducida por la  Fiscalía General de la República, en virtud a lo cual  se Declaró la NULIDAD del Proceso Ejecutivo  tramitado  por Wilma Elena Araoz Martínez, en  contra  de  la Fiscalía General de  la  República y como consecuencia  de  ello,  sin  efecto alguno el Auto de  Vista N°63/2003   emitido por  la  Jueza  Tercero de Partido en  lo Civil de la Capital,  salvando  los derechos de la parte perdidosa para que  los  haga valer en  la vía  de conocimiento.

En  grado de apelación, la Sala  Civil  Primera  de la  Corte Superior  del Distrito Judicial  de  Tarija mediante  Auto de  Vista N°121/2009   S.C.  I, de  fecha 28 de agosto de 2009, cursante de fojas 274 a 276 vuelta, CONFIRMO plenamente  la  Sentencia  N° 67/2009,   de  fecha  13 de  mayo de  2009   (fojas 251  a 254  vuelta). Con  costas.

De la revisión de obrados, a fojas 277, se evidencia que la recurrente Wilma Elena Araoz Martínez,  en  fecha  31  de  agosto de  2009,   fue  notificado  con  el Auto  de  Vista   N°121/2009  S.C.  I, cursante  de  fojas  274  a 276 vuelta,  y como consecuencia   de ello,  la  recurrente   en  fecha  08  de  septiembre  de  2009,   formuló Recurso de  Casación  en  la  Forma y en  el Fondo, es  decir  que  se ha  presentado  el  Recurso  de  Casación   dentro  del  término establecido  en  el artículo  257  del  Código de  Procedimiento  Civil.

CONSIDERANDO II: Denuncias del Recurso amparada en el artículo 254-4 y 7) del Código de Procedimiento Civil, dedujo: Que,  el  Auto de Vista recurrido es Nulo,  por  no  haberse pronunciado con  relación a la Apelación en  el Efecto Diferido y por  ello se habría negado a la recurrente el Acceso a la Justicia. Que,   la   Sentencia  de  primera  instancia  y  el  Auto   de  Vista recurrido se apartan  de la realidad, al declarar la Nulidad de un Proceso Ejecutivo, sin  que  exista norma legal  que  de  manera expresa así  lo refiera. Que,  el Auto de Vista  recurrido adolece de los  requisitos previstos en  el artículo  192-2) y 3) del  Código de Procedimiento Civil y  por  ello  se  torna   Nulo, y  que,   no  existe coherencia entre  la parte   Considerativa (no existe motivación) y la parte  Resolutiva. Que,  amparada en los artículos 250,  y 253- 1) y 3) del Código de  Procedimiento Civil. Que,  el Auto  de Vista recurrido ha   incurrido  en  Violación, interpretación  errónea  y aplicación indebida de  la  ley,  porque no  se  apoya en  ninguna norma legal, conforme se  advierte en  la  parte   considerativa, lo cual  demuestra que  el análisis ha  sido  subjetivo y fáctico. Que, el  Tribunal  de  Alzada al  confirmar la   Sentencia  de  primera instancia  ha  incurrido  en  error   de  hecho y  de  derecho en  la apreciación de la prueba existente en obrados, es decir  que  ante la ausencia de prueba de cargo el Juez  de origen debió declarar Improbada la  demanda, es  decir  que  solo  presenta  el proceso ejecutivo pero  no  así  las  pruebas  conducentes  a  demostrar la nulidad de  dicho proceso ejecutivo, la parte   demandante no ha dado  cumplimiento al  artículo 1283  del  Código Civil y 375  del Código de Procedimiento Civil, referente a la carga de la prueba, por  ello  el Auto  de  Vista habría incurrido en  la  infracción del artículo  1286  del  Código  Civil   y  397  del  Código  de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III: De los Fundamentos jurídicos del Fallo: Con el fin de fundamentar la presente resolución, corresponde referirnos al criterio que esta Sala ha adoptado en torno al juicio de procedencia del recurso de casación.

Que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que “Se declarará improcedente el  recurso  (de casación),...: 2) Cuando el recurrente no  hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258".

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.

El inciso antes mencionado, en  su  parte  de contenido, a la letra indica  que   "El  recurso  (de  casación)...: 2)  Deberá  citar   en términos claros, concretos y precisos..., la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en  qué  consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente".

Como se puede advertir,  el  precepto  legal   contiene  exigencias que   son  de  contenido,  que  necesariamente   deben  contemplarse al interior del  recurso.

Así,  se  tiene  que  el   artículo  258 inciso 2), contiene  éste supuesto concreto  que  merece  ser  analizado.  Con  relación a ésta exigencia; se deduce que éste se constituye  en  un  requisito de  contenido  pues  delimita  la  competencia  del tribunal casacional el cual  deberá  resolver  sobre  los  puntos  contenidos en  el  recurso  de  casación;  por  lo que,   así  fuese un   recurso  de casación  en  el  fondo, en  la  forma o ambos,  debe   contemplar:  i) La  ley  o las  leyes que   se  consideran  fueron  violadas,  aplicadas falsa  o erróneamente;  y,  ii) Especificar en  qué  consiste  la violación, falsedad o error.

En ese entendido, pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta  un   exceso que   desconocería el  propio precepto legal   antes  mencionado, y  claro   está,   implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo  180  de la  Constitución   Política  del  Estado Plurinacional), se  vería   afectado y  limitado por  un   rigorismo exagerado promovido por  el requerimiento de  requisitos  de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien,  considerando  los  principios que  sustentan  a  la potestad  de  impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad,  equidad,  servicio a  la sociedad,  armonía social y respeto  a  los   derechos,  y a su vez, los principios procesales que rigen  a  la  jurisdicción  ordinaria,  entre   ellos, transparencia,  celeridad,  probidad,  honestidad,  legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e  igualdad de  las  partes  ante   el juez;   aquella labor verificativa del  cumplimiento del  requisito antes anotado, no se debe restringir a  que  en  el recurso  de  casación  se contemple de  forma explícita la  especificación de  la  ley  o  las leyes que se consideran  fueron vulneradas,  aplicadas falsa o erróneamente  y  la   especificación sobre  en  qué  consiste  la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con  un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de  la  explicites de  los requisitos cuando fácilmente de una   lectura y análisis integral del recurso se puede  desentrañar el   cumplimiento  de  los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica. Corresponde también mencionar que  dicha norma legal pertenece a una  concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que  ahora contempla la Constitución y que  son  propios de un  "Estado Unitario Social de   Derecho  Plurinacional  Comunitario..."  (artículo  1  de la Constitución Política del  Estado Plurinacional), por  lo que  toda interpretación que  se  efectué debe ser  "desde y  conforme a  la Constitución" ya que una   interpretación literal o gramatical de esta    norma   no    estaría   acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que  proclaman por  sobre todo  formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia. En la especie, y del desentraño y cotejo del recurso de casación, se llega a las  siguientes conclusiones:

1.- Dentro del  presente proceso, se  tiene que  el Auto de  Vista recurrido, ha  realizado una   correcta valoración respecto de  la apelación formulada por la recurrente la cual  cursa de fojas 258 a 262  de  obrados y de la revisión y lectura minuciosa de dicha apelación se evidencia  que  no  se  ha  mencionado absolutamente nada respecto de la "apelación en el efecto diferido", es decir que la recurrente a fojas 169 de obrados, formuló "apelación en el efecto diferido", y  en  el  numeral  2°,  "se  ha   reservado  la fundamentación para  hacerla de manera conjunta si se diera  el inesperado caso  de una  eventual apelación de la Sentencia", sin embargo de  ello,  en  la  apelación realizada  (fojas 258   a  262) respecto  de  la  Sentencia, no se  pronuncia mucho menos fundamenta su "Apelación en el Efecto Diferido", lo cual significa que la recurrente hubiera abandonado su "recurso de apelación en el efecto diferido" al no haberla fundamentado en su oportunidad y por consiguiente ese derecho que tenía para poder fundamentar ha precluído y de ninguna manera se le habría negado el Acceso a la Justicia  a la recurrente,  pues  esta tenía  la libertad para  poder fundamentar en  alzada y no lo hizo, por lo que la denuncia en este  aspecto resulta infundada.

2.- Con referencia al Auto de Vista recurrido, se tiene que al haber confirmado la primera Resolución que declara la Nulidad del Proceso Ejecutivo demandado y solicitado por la Fiscalía General, lo ha hecho dentro del marco de la congruencia, señalando que:  "nuestra legislación no limita los  alcances en el proceso  de conocimiento", en  el  cual  se  puede  observar cuestiones de hecho o de derecho y para ello ha  fundamentado su resolución  mencionando el artículo  490  del  Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 28 de la Ley N°1670, indicando lo siguiente:

Artículo 490-1)-. “Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser  modificado  en ordinario posterior”.

Artículo 490-II).- Este  proceso podrá promoverse por  cualquiera de  las  partes, una   vez  ejecutoriada la  sentencia en  el plazo de seis meses.

Esta  fundamentación la  realiza el Auto  de  Vista recurrido, con el fin de  que  la parte que se sienta agraviada con la resolución emitida dentro de un proceso ejecutivo, pueda  promover el proceso ordinario, en el plazo de seis  meses en consecuencia no se advierte infracción de los artículos 90, 192-2) y 3), Código de Procedimiento Civil.

Por ello, en la Sentencia de fojas  254  de obrados, se tiene  que  el juez  de origen motiva y fundamenta su  Sentencia señalando que “los  antecedentes acompañados  al  proceso   ejecutivo   del  cual ahora  se  demanda  la nulidad (fojas  1 en  el proceso   ejecutivo  y fojas  7  en  la  demanda  del  exordio), no  constituyen  título ejecutivos”  y  por  ende  no  tienen fuerza ejecutiva, y para ello señala  e  indica  que   los   documentos  que   constituyen  título ejecutivo están  consignados en  él  artículo 487   del  Código de Procedimiento Civil. Es  decir  que  la sentencia referida establece que  “la certificación  emitida  por  Jefe  Distrital  de  Finanzas   de  la Fiscalía  de distrito  de   Tarija,  la  cual   no  tiene ni   siquiera reconocimiento  de firmas”, es solo eso una  simple Certificación y carece de la fuerza ejecutiva exigida por ley.

Por su parte, el Auto de Vista recurrido (fojas 274 a 276 vuelta), es congruente y ha sido emitido de manera  motivada  y fundamentada atendiendo los puntos que fueron objeto de apelación por la recurrente entre sus fundamentos invoca el artículo 490 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 28 de  la  Ley 1670, al efecto indican que:  "es  justamente  la  ley quién determina que  título o documento es  el que  tiene  fuerza ejecutiva, por consiguiente las mismas no están a capricho de las partes", concluyen señalando que la juzgadora al  emitir su fallo y al señalar que  ella   Certificación de fojas  7, no constituye título ejecutivo, ha  realizado una   correcta valoración conforme  lo  determina  el  artículo  397   del  Código de  Procedimiento  Civil, por  lo que  la denuncia  en  este  aspecto resulta  ser  infundada.

Por  ello,  no  se  advierte  que   el  Auto   de  Vista recurrido  hubiera Violado,  mucho   menos   aplicado   de   manera   indebida   alguna normativa  legal   pues    las   aplicadas   en   su   Resolución  son   las previstas  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  de  igual   manera  en la  Resolución recurrida  no  se  evidencia interpretación   errónea  y aplicación  indebida  de  la  ley,  pues   los  fundamentos   esgrimidos han   sido   emitidos  atendiendo   todos y  cada   uno   de  los  puntos que  fueron objeto del  recurso  de  apelación,  al  margen  de  ello  se tiene   que  el Auto  de  Vista recurrido  de  manera  clara   y concreta específica y  detalla  que   documentos   son   los  que   tienen  fuerza ejecutiva conforme lo dispuesto  en  el artículo  487  del  Código de Procedimiento  Civil, es  decir   que   sustentan   las   normas  legales que  respaldan  la  Nulidad  decretada  en  la  Sentencia  y para   ello sostienen  que:   "donde  no  hay   título  ejecutivo  no   hay   proceso ejecutivo", por   lo  que   la  denuncia   en   este   aspecto  deviene  en Infundada.

Por último,  el  Auto   de  Vista  recurrido  al  haber  confirmado  la Sentencia  de primera  instancia  ha   procedido  a  realizar  una correcta  valoración   de  la  prueba  existente,   es decir que  ha valorado  la  prueba  ofrecida por la parte demandan te (Fiscalía General) consistente en:  Fotocopias  Legalizadas del proceso ejecutivo que ahora se demanda su nulidad  y  para ello se remiten  a la Sentencia Apelada de fojas 251 a 254 vuelta,  la cual  no desconoce   el  derecho   de  cobrar  lo  que  pagó  a  la recurrente,   y  continua   indicando  que   los  documentos   que   se presentaron  en   el  proceso ejecutivo   de  ninguna  manera constituyen   título  ejecutivo;  demostrando  de esta  manera el demandante   principal,   la  viabilidad  de  la  nulidad   del   proceso ejecutivo  demandado,  pues  de  la  revisión  de  la  misma   se evidencia que  la Certificación de fojas  7, no constituye título con fuerza ejecutiva, por  lo que  la denuncia en este  aspecto también resulta Infundada.

En estas circunstancias el recurso intentado por el recurrente deviene en Infundado.

POR TANTO: la Sala  Civil  Liquidadora  del  Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por  el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial,  conforme los  artículos  271  numeral 2) y 273 del Código de  Procedimiento Civil, declara INFUNDADO   el recurso de  casación de  fojas 281 a 285, interpuesto por Wilma Elena Araoz Martínez. Sin costas.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese Notifíquese y devuélvase.