SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 294

Sucre:                        11 de Julio de 2014

Expediente:                LP-86-08-S

Distrito:                        La Paz

Segunda Magistrada:   Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación,  interpuesto por Florencio  Callisaya  Requez y Gregoria Mamani de  Callisaya,  de  fojas  190 a  192, contra el Auto  de Vista N° 161 de 15 de abril de 2008, de fojas 186 a  187, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso ordinario sobre mejor derecho de propiedad, reivindicación y daños y perjuicios, seguido por Castro Espejo Delgado en contra de los recurrentes, la contestación, el Auto N° 130/014  emitido por el Tribunal de Garantías,  los antecedentes  y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Mediante sentencia de fecha 5 de noviembre de 2007, de fojas 164 a 167 vuelta de obrados, se declaró  probada  en  parte  la   demanda   con   relación  al  mejor derecho propietario, inexistencia del derecho propietario de los demandados  y  acción  reivindicatoria e improbada  en  lo concerniente  al  pago  de  daños  y  perjuicios;  en  consecuencia  se reconoció  el  mejor  derecho  propietario  que  tiene  Castro  Espejo Delgado respecto  del lote  N° 13 del manzano  "B", sector 9 de abril de  la zona alto  Chijini de  la  ciudad  de  La Paz,  con  una   superficie de   190  mts2, declaró  la  inexistencia  del  derecho  propietario  de Florencio Callisaya y Gregoria Mamani de Callisaya, respecto  al citado  inmueble y se dispuso la cancelación por oficina de derechos reales del folio real N° 2.01.0.99.0111377,  y  la restitución del inmueble a favor del demandado, dentro de tercero día.

Que,   en  grado  de  apelación,  interpuesto  por   Venancio Vásquez Chino, en  representación  de Florencia Callisaya  Requez y Gregaria Mamani de  Ca1lisaya, de  fojas   172  a   173  vuelta  de  obrados,  la Sala  Civil Cuarta  de  la  entonces  Corte Superior del  Distrito de  La Paz,  por  Auto  de Vista  de fecha 15 de abril  de 2008,   se confirmó la sentencia apelada, con  costas.

Contra el referido Auto  de  Vista, por  memorial cursante  de  fojas 190 a  192,   Florencia  Callisaya  Requez y  Gregaria  Mamani  de Callisaya, interponen  recurso  de  casación,  que   se  compendia  a continuación.

El presente Auto Supremo, se emite en cumplimiento al Auto N° 130/014, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, constituido en Tribunal de Garantías, dentro de la acción  de Amparo Constitucional, interpuesto  por  Pastor Mamani Coila, en  representación  de  Castro Espejo Delgado.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Denuncian   que   el Auto   de   Vista  vulnera   y  atenta   contra  lo  establecido   en  los artículos  1544,  485  y  1545  del Código Civil, alegando que  el título de   propiedad  que   presenta  el demandante para alegar  mejor derecho es  un  título   ilícitamente obtenido, por  tanto   es  nulo;   que la  escritura  publica por  la  que  el demandante  adquiere  el terreno no  corresponde  a la  zona   donde está  ubicado el terreno  objeto de la  Litis;  que  adquiere el terreno de  Cesar Felipe Romero Limachi y que  de  acuerdo a los datos del proceso y a la certificación  de Derechos Reales, los  terrenos  de ese  señor estarían  ubicados  en  la zona   de  Alto  Chamocho  Chico; que  la  partida  en  la  que   se  ha inscrito  la  escritura  de  transferencia  entre  Cesar  Felipe Romero Limache y  Castro  Espejo no  corresponde  a  este  lugar,  que   se  ha trasladado  una  partida  de  otros  terrenos para  habilitarse  como titular  de  la  propiedad  que  legalmente han  adquirido. Añade que para  aparentar  la  legalidad e inscribir  en  Derechos reales, hacen escritura  pública de  aclaración y hacen  aparecer  que  esta  partida corresponde a la propiedad signada como lote  13 del manzano "B", sector  9  de  abril  5ta.  Sección,  zona  muy  distinta   a  la  de Tembladerani; que  el título   es  falso  y que  no  reúne  los  requisitos establecidos  en  el  artículo 485  del  Código Civil y  que  se  trata   de un  hecho absolutamente  ilícito y  que  este  extremo está  probado. Afirma que: "Habría supuestamente adquirido  de  Cesar  Felipe Romero  en  fecha  28  de agosto de  2003, cuando nosotros estábamos  en  plena posesión,..."  y luego denuncia  la vulneración de  lo  establecido  por   los   artículos  616   y  620   del  Código Civil. Alegan también que el Tribunal ad quem no habría observado que el título presentado por el demandante no corresponde a la misma propiedad, que corresponde a la zona de Tembladerani ubicada en la zona sur y que su propiedad se encuentra ubicada en la zona este y concluyen as  everando  que   se  habría   dado   una    errónea aplicación de  la  ley,  en  desmedro de  sus   intereses  y  del  derecho propietario  que  les  asiste  luego de  haber  estado  en  posesión por más   de   15  años   y  adquirido  mediante  usucapión   extraordinaria dirigida en  contra del demandado.

Finalmente  señalan: "PLANTEO RECURSO DE CASACIÓN por haberse aplicado erróneamente la ley, pidiendo  vuestras autoridades  me  otorguen la alzada y sea conforme a derecho."

3.2. Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito de fojas 194 a 195, Pastor Mamani Coila, en representación de Castro Espejo Delgado, contesta al recurso de casación,  alegando esencialmente   que  el   recurso  de casación   no  cumple  con  lo previsto por  el  artículo  258   del  Código de Procedimiento  Civil. Añade  que  no  existe  nulidades  de  hecho  sino  de  derecho declaradas   judicialmente,  que  Florencio  Callisaya  Requez  y Gregoria Mamani de Callisaya se aprovecharon del alcoholismo de su mandante,   que  ocuparon   el  inmueble  como  cuidadores  y tramitaron  a su  espaldas  un  juicio de usucapión;  que  el inmueble se  encuentra  ubicado en  la zona  de alto  Chijini y que  no  se  puede sostener que  se hubiera  trasladado  a otro  lugar; que  en  el recurso de   casación  se   hace    mención  que   la   escritura   pública  es   un documento  ilícito nulo   de  pleno derecho sin  precisar  que  norma sanciona  de  esa  forma, por  lo que  no  lo hace   el  artículo  485  del Código Civil que  se  menciona; que  la  única  escritura  pública que legitima el derecho propietario de  su mandante es la N° 3547/2002  de  5 de junio  de  2000, que  fue  aclarada  por  escritura pública  N° 912/2003 y que su derecho propietario está establecido; consiguientemente el  mejor  derecho  de   propiedad. Que  se  sostiene que  se  vulnera los  artículos 616  y 620  del  Código Civil, pero  no  se explica dónde está  la vulneración.

3.3. Fundamentos del Fallo.- Según la doctrina procesal, el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia   nacional; y,  del  otro,   la  de  proveer la realización del  derecho objetivo, función que  en  la  doctrina  se  ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

Con  relación al  recurso  de  casación, ya  sea  en  la  forma o en  el fondo, o  en   ambos,  El  Tribunal  Supremo  (en  todos  los   casos) efectúa dos juicios; primero el juicio de procedencia del  recurso de casación,  lo cual  implica verificar  el cumplimiento  de  los requisitos  formales  impuestos  por  ley y el  que   no  se  presente ninguna  de las causales de improcedencia; y en segundo lugar, siempre y cuando dicho recurso supere el juicio de procedencia, se realiza  el  juicio  de  fundabilidad  o  mérito  del  recurso, pronunciándose  sobre el fondo de las  denuncias.

Precisamente sobre el cumplimiento del juicio de procedencia, el Tribunal Constitucional,  en la Sentencia N° 0001/2013-L, de 4 de enero  de 2013,  señala   "el   Tribunal  de  casación   previo  a  la resolución de la problemática planteada  debe  verificar  el cumplimiento  de  los  requisitos  previstos por  el  artículo  258   del citado  Código, conforme  se  expuso  en   el  Fundamento  Jurídico III.5.1, pues   dicha labor no  hace  más  que  plasmar  el principio de legalidad previsto por  el artículo  180.I de  la  CPE; desarrollado en la  SC  1639/2010-R  de  15  de  octubre,  que  reiterando   el entendimiento asumido en la SC 062/02  de 31 de julio, mencionó: "Que, el  principio de  legalidad en  su  vertiente procesal  (garantía jurisdiccional),  tiende  a  garantizar  que   nadie  pueda  ser sancionado  sino  en  virtud de un  proceso desarrollado conforme a las  reglas establecidas  en  el procedimiento en  cuestión,  en  el que se  respeten  las  garantías  establecidas  por  la  ley... "'. Así,  para   el cumplimiento de los fines  previstos para   el recurso de  casación es necesario que  el recurso planteado precise la ley o las  leyes que  se consideran violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, de ser posible en una  redacción clara y didáctica para evitar que el Tribunal  de casación se  aparte  de  los  puntos  cuestionados, conforme prevé el artículo  258 inciso  2) del CPC, ya  que  sólo  de esta manera  se podrá delimitar el accionar del Tribunal de alzada y exigir luego el pronunciamiento  sobre cada  uno  de  los  puntos  que  fueron cuestionados por las partes -pertinencia de las resoluciones judiciales conforme se desarrolló  en   el   Fundamento   Jurídico III.5.1 del  presente  fallo-; es  decir,  el  deber  de  las   autoridades demandadas  de pronunciarse  sobre lo resuelto por  el inferior y los fundamentos  expresados en el recurso de casación ..."

Tenida cuenta que  el recurso de casación constituye una   demanda nueva de puro  derecho, que  tiene  por  objeto el enjuiciamiento de la   sentencia  de   segunda  instancia;  en   reiterados  fallos, verbi gratia el  Auto Supremo  N° 70 de 11 de  febrero de  2003, entre otros, que marcan línea jurisprudencial,  la entonces Corte Suprema  de  Justicia,  ha  dejado  delineado  que   el recurso de casación, según el artículo 250  del  Código de  Procedimiento Civil, podrá ser en  el fondo y en la forma; el primero está  reservado para los  casos enumerados  en  el  artículo 253  del  mismo cuerpo legal, en   tanto    que   el  segundo  procede  por   violación  de   las   formas esenciales   del   proceso,   cuando   la   sentencia   o   auto    de   vista recurrido hubiere sido  dictado en  los  casos previstos en  el artículo 254  del mismo adjetivo.

Ahora        bien,  por mandato del artículo  258-2)  del Código de Procedimiento         Civil, en  el  recurso  no   solo  se  debe  citar  en términos  claros,  concretos  y precisos la  sentencia  o auto   del  que se  recurre,  su   folio,  la  ley  o  leyes  violadas  o  aplicadas  falsa   o erróneamente, sino   que  también   se  debe especificar  en   qué consiste  la  violación, falsedad  o error, ya  se  trate   del  recurso  de casación en el fondo, en  la forma o en ambos.

En mérito al principio dispositivo que  rige  en el  proceso civil,  el recurrente delimita el Thema decidendum del  fallo  casacional, pues  el Tribunal limitará su pronunciamiento  a las  alegaciones esgrimidas  por   el  recurrente  en  el  recurso,  que  a  la  sazón  se constituye en  el acto  de constitución  del recurso  extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo  el  requisito  de citar en   términos  claros,  concretos  y  precisos  la  ley  o  leyes violadas o aplicadas  falsa o erróneamente y en  especificar en  qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo  258-2) del  Código Adjetivo Civil; pues  dicha  norma  contiene  un imperativo en  propio  interés  del recurrente,  ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el tribunal ingrese a resolver el fondo del asunto, pues en  tal  caso  el recurso deviene  en   improcedente,   por   mandato   del   artículo  272-2)  del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, si bien  es cierto que el recurso se encuentra presentado  dentro  del  plazo legal, que   los  recurrentes intervinieron en  las  instancias  y que  previamente  apelaron  de  la sentencia,  que  el  Auto  impugnado  se  encuentra  dentro  de las resoluciones  recurribles de casación; sin embargo  el  recurso  de casación  es  manifiestamente  defectuoso,  pues  los  recurrentes  no precisan  si el recurso  de casación que  interponen  es  en  el fondo o en  la  forma,  o  en  ambos; y  en  este   último  caso,  no  distinguen cuales de las  denuncias  las  formulan en  la forma y que  otras  en  el fondo; tampoco precisan  las  causales  de  casación,  sea  en  el fondo o en la forma, están   invocando y finalmente el recurso de casación carece de  pedido concreto, pues   en  el petitorio se  limita a señalar "PLANTEO RECURSO DE CASACIÓN, por haber aplicado erróneamente la ley, pidiendo a vuestras autoridades, me otorguen la alzada y sea conforme a derecho"; es decir no indican  que  determinación  pretenden  que  emita  el  Tribunal  de casación, pues  se desconoce si su  pedido es que  se case  el Auto  de Vista  impugnado, y en  tal  caso  cual  es  pronunciamiento  de fondo que  se pretende,  o si por el contrario pretenden  que  se emita una resolución  anulatoria; así planteado el recurso resulta manifiestamente defectuoso por  incumplimiento de los requisitos previstos por  el artículo  258-2) del  Código de  Procedimiento Civil, y que  impide que  el Tribunal Supremo ingrese a examinar el fondo de  las   denuncias,   razón  por  la  cual   corresponde  resolver en  la forma  prevista  por   los   artículos  271-1) y  272-2)  del  Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal  Supremo  de  Justicia del  Estado  Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42- I - 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del  2010,   así  como del parágrafo  II del  artículo 8 de  la  Ley 212  de Transición del  Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272-2) del Código de procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación, cursante de fojas 190 a 192, de obrados, interpuesto por  Florencio Callisaya  Requez y  Gregoria Mamani  de  Callisaya, con  costas.

4.2.- Se regula el honorario  profesional en la suma de Bs. 1.500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.